Programa Suizo de Observación
para el Sur de México
Primera Misión

Dirección de referencia: Dra. Tildy Hanhart, Encargada del Programa
c/o HEKS, P.B. 322, 8035 Zürich - Tel. 00 41 1 361 66 00 / Fax: 00 41 1 361 78 27
email: heks@hekseper.ch

Informe de la primera misión del 6 al 17 de enero de 1999

Por encargo de las siguientes iglesias y organizaciones humanitarias:

· Pan para Todos, Berna

· Caritas-Suiza, Lucerna

· Acción Cuaresmal, Lucerna

· HEKS, Ayuda de las Iglesias Protestantes de Suiza, Zürich

· Conferencia Episcopal Suiza, Friburgo

· Federación de las Iglesias Protestantes de Suiza, Berna

Miembros de la delegación:

· Elisabeth Bäumlin, Berna, lic.jur., jurista, consejera del sínodo

· Hans Schmidt, Zurich, lic.econ., abogado

"Me sugiere una imagen curiosa: los zapatistas están sitiados, pero el poder en México está sitiado por los zapatistas." Vázquez Montalbán

"Quien vulnere la ley tendrá una cita con la Justicia." Albores Guillén

"La reforma jurídica abre más caminos que mil discursos." Grupo Galileo

Situación inicial y finalidad

Hans Schmidt, abogado de Zurich y Elisabeth Bäumlin, consejera del Sínodo de las Iglesias Protestantes de Berna-Jura, viajaron en misión de observación al sur de México del 6 al 17 de enero de 1999. Este viaje tuvo lugar por iniciativa de las organizaciones humanitarias Pan para Todos, Caritas Suiza, Acción Cuaresmal, HEKS y de la Conferencia Episcopal Suiza y la Federación de Iglesias Protestantes. El objetivo de la delegación era visitar lugares de dificil acceso y hacerse una idea de la situación actual. El Centro de Derechos Humanos de la Diócesis San Cristobal, presidido por el obispo Samuel Ruíz, se hizo cargo de la organización de las visitas sobre el terreno.

Esta fue la primera de varias misiones que tendrán lugar en el transcurso de los próximos 15 meses. Hombres y mujeres diputados, así como especialistas con experiencia en cuestión de derechos humanos están invitados a participar en éllas. El Ministerio de Asuntos Exteriores Suizo (EDA) costea las misiones de observación. (véase anexo 1)

Indice

1a parte:

Contactos, instituciones y lugares visitados

2a parte:

Informe de los enviados sobre cuatro temarios

¿Es posible una solución pacífica?

La problemática de los refugiados, visita de dos zonas de conflicto

Instrumentalización de la escisión religiosa

Militarización

3a parte:

¿Es conveniente llevar a cabo otras misiones y cómo deben estar organizadas?

4a parte:

Explicación de voces guías, abreviaturas

(Esta parte será ampliada y actualizada en la próxima misión)

5a parte: (sobre pedido)

Anexo: artículos sobre aspectos parciales del conflicto

(Esta documentación facilitará el acceso a esta problemática a los nuevos miembros de delegación. Profundiza en el planteamiento actual.)

1a parte          Con quién nos hemos reunido y dónde

a)   Política

      - COCOPA, diálogo con dos diputados federales (jueves 7 de enero)

      - Aurora Bazan López, Pino Suarez No 28, Teotitlán del Valle, Oax, Partido Verde Ecológico

        de Mexico, presidenta de COCOPA en enero de 1999 (la presidencia alterna cada mes)

      - José Luis López López, Partido del Trabajo, diputado de Chiapas

b)   Sociedad

      - Anita y Micaela de K'inal Anzetik, Cooperativa de mujeres (viernes 8 de enero)

      - Onécimo Hidalgo, sociólogo CIEPAC, Centro de Investigaciones Económicas y Políticas

        de Acción Comunitaria (viernes 8 de enero)

c)   Iglesia

      - Miguel Alvarez, SERAPAZ, México D.F. (jueves 7 de enero)

      - De la diócesis de San Cristóbal (viernes 8 de enero):

      - Gonzalo Ituarte, ex secretario del CONAI (para las abreviaturas véase el índice)

      - Don Samuel Ruíz García, obispo de la diócesis hasta enero del 2000 (segundo diálogo

        el jueves 14 de enero)

      - Don Raúl Vera López, obispo auxiliar y sucesor del obispo Ruíz

      - En Tila/Zona Norte, párroco Heriberto Cruz Vera (lunes 11 de enero)

d)   Lugares visitados, muy bien organizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé

       de Las Casas, San Cristóbal, (www.Laneta.apc.org/cdhbcasas), abreviado Frayba, véase mapas

       en anexo 1A)

      1.  Unión Progreso/municipio El Bosque (sábado 9 de enero) con Frayba

      2.  Xoyep y Acteal en el municipio Chenalhó (domingo 10 de enero) con Frayba

      ·   En el campo de refugiados Xoyep, testimonios de desplazados de:

          - Yasjemel

          - Los Chorros

          - Yibeljoj

          - Colonía Puebla

      ·  En Acteal reunión con el comité directivo de la asociación "Las Abejas"

      ·  Zona Norte: Mazojá Shucjá/Jochija/Jolnixtie en el municipio Tila, acompañados por

         Marina Patricia Jiménez Ramírez (directora del Centro de Derechos Humanos Frayba) y

         Juan López Villanuevo del Centro Frayba (lunes 11 y miércoles 13 de enero)

      ·  Primero en Tila (lunes 11 de enero), testimonios de desplazados de:

         - Nuevo Limar (véase anexo 2, detenciones, profanación de una iglesia etc)

         - Limar

         - Curva

         - Mazojá Grande

         Después en el municipio Mazojá Shucjá (2 pernoctaciones)

           (lunes 11 de enero) asistencia a la misa

           (martes 12 de enero) caminata a Jochija

           (miércoles 13 de enero) viaje a Jolnixtié

e)   Embajador suizo, diálogo con

       -  Marcus Kaiser, embajador (viernes 15 de enero)

f)   Prensa,

      -  Daniel Birchmeier, corresponsal de la radio suiza/del periódico Bund etc (nos acompañó a 

          la Zona Norte, véase documentación, artículo publicado en el Bund, anexo 3)

      -  Richard Bauer, NZZ (16 de enero, sábado por la mañana en Ciudad de México), véase

          artículo en el NZZ del 18 de enero, anexo 4

      -  Informe de E.Bäumlin y H.Schmidt para la prensa, véase anexo 5

      -  Comunicado de prensa con datos falsos sobre nuestra visita. Debe impedirse este tipo de

          instrumentalización (naturalmente no estábamos al corriente de ello), anexo 5A.

2. Parte          Informe

Planteamientos y temas

2.1.     Ninguna perspectiva de paz hasta julio del 2000

2.2.     Más de 10'000 refugiados esperan regresar a sus hogares, visita de dos focos de conflicto

2.3.     La instrumentalización de la religión

2.4.     Guerra de baja intensidad en un país con una democracia de baja intensidad

2.1.     Ninguna perspectiva de paz hasta julio del 2000

El problema principal es que el proceso de negociaciones se ha paralizado completamente. No hay negociaciones sobre los problemas básicos de la población indígena (pobreza, falta de tierra, marginación generalizada, véase anexo 5B, voz guía economía bajo cifra 4), y tampoco se intenta prevenir la violencia que estalla a cada tanto a nivel local, causada por la toma de partido supuesta o real de los implicados y evidentemente relacionada cada vez más a menudo con sus religiones.

Cuatro "actores" principales participan actualmente en el proceso de paz: el Gobierno Federal, el gobernador y el parlamento de Chiapas, COCOPA (véase voz guía bajo cifra 4) y los zapatistas. Sin embargo desde algún tiempo ya sólo se intercambian propuestas de negociación como ritual. Ya dos ministros de Interior han perdido su cargo a causa del conflicto. Dos gobernadores de Chiapas tuvieron que dimitir (Esteban Moctezuma Barragán y Emilio Chuayffet Chemor).

No hay solución en vista para las negociaciones. Desde septiembre de 1996 los zapatistas se han retirado de las negociaciones de paz. Han declarado que recién retomarán las negociaciones cuando el Gobierno haya cumplido las siguientes demandas:     

· cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés (anexo 21)

· desmilitarización de Chiapas

· liberación de 100 presos políticos

· desarme de los paramilitares

· designación de mediadores respetuosos y con capacidad de decisión por parte del Gobierno.

Los zapatistas rechazan determinadamente al actual coordinador gubernamental para el diálogo y las negociaciones, Emilio Rabasa Gamboa. Tampoco quieren negociar directamente con el Gobierno, sin autoridad mediadora alguna. 

Hasta ahora COCOPA había apoyado algunas de estas demandas de los zapatistas. COCOPA es la Comisión parlamentaria nacional a favor de la Concordia y del restablecimiento de la Paz. Es un gremio que busca el consenso por parte del Gobierno. No se considera sin embargo mediadora en el proceso de paz. Ambos diputados del Parlamento Federal lamentaron en nuestro diálogo con esta institución el hecho que CONAI ya no actuara como mediadora.

El Gobierno y el parlamento (con gran mayoría del PRI) del Estado Federal de Chiapas podrían contribuir considerablemente a una solución de paz. Por ejemplo concediendo a las comunidades indígenas, como en Oxaca, autonomía en base a sus usos y costumbres. Sin embargo, el actual gobernador Albores Guillén intenta constantemente, según nuestra opinión, minimalizar el problema verbalmente. Igual al Gobierno parece defender hacia fuera la actitud de que quien quiera hacer política en este país, tiene que ponerse de acuerdo con nosotros y aceptar nuestras reglas del juego. Durante años el Gobierno ha intentado neutralizar militarmente al EZLN y que el conflicto caiga en el olvido a fuerza de negociaciones interminables. Al mismo tiempo se enviaban cada vez más soldados a la zona de conflicto. En vista de esta estrategia del poder, no extraña que los contrincantes eviten el encuentro elegantemente y contesten con silencio o ridiculicen los hueros discursos retóricos. En estas circunstancias los llamamientos semanales al diálogo dirigidos a los zapatistas no parecen ser serios. Más bien tienen el objetivo de ganar terreno en vista a las visitas internacionales (el Papa, Clinton, el Presidente del Parlamento Europeo) y sobre todo de poder reprochar a los zapatistas su falta de disposición a la negociación. El Gobierno podría ganar votos a corto plazo manifestando su propio empeño.

El zapatismo se distanció poco después del inicio del levantamiento de forma elocuente del marxismo riguroso. Además de Marx, y en parte en su lugar, aparecen Gramsci y Watzlawick. Los zapatistas dominan perfectamente la comunicación paradoja. Esto lleva a que el movimiento tenga un atractivo internacional y explica en parte el gran interés que provoca este problema a nivel internacional.

El presidente Zedillo y sus colaboradores que se ocupan frecuentemente de este tema, Rabasa Gamboa, que dirige las negociaciones y Labastida Ochoa, actual Ministro de Asuntos Interiores, han desaprovechado el tiempo para conseguir una solución de paz con su actitud de quitarle importancia al conflicto en Chiapas y negarle una dimensión nacional. Parece que incluso en el Gobierno Federal se haya impuesto el parecer, que la insurrección no es una manifestación de un conflicto socio-económico, sino que es una lucha política por el poder contra delincuentes, o bien contra rebeldes que no respetan las reglas del juego político. Ahora se trata de ganar esta lucha sea como sea, sobre todo en vista de las elecciones del 2000. Después de las últimas elecciones federales en el año 1997, se predijo la muerte rápida del PRI. Las elecciones en varios Estados Federales en 1998 sin embargo han fortalezido el partido gubernamental. Este puede seguir ganando votos entre la clase media con su actitud dura en el conflicto de Chiapas.

La situación de la población indígena ha empeorado desde el inicio del levantamiento y está marcada por aun mayor pobreza y marginación, y últimamente por la militarización masiva de la zona de conflicto, por procesos de escisión, por desplazamientos y huida. Sin lugar a dudas, el Gobierno ha debilitado la base social de los zapatistas con la militarización de la zona de conflicto, con su bloqueo hacia el exterior y con la escisión provocada sistemáticamente entre las comunidades indígenas. Los pueblos e individuos que sigan al Gobierno, respectivamente al PRI, pueden hacer su trabajo y mantener en gran parte su vida anterior, y también obtienen subsidios y prestaciones públicas. En cambio, la situación de los zapatistas es extremadamente difícil; en estas circunstancias rechazan todo tipo de ayuda estatal que consideran, por experiencia con los mecanismos del poder tradicional, como un instrumento para comprar su lealtad (anexo 5B), pero no tienen alternativas. Muchos fueron expulsados de sus tierras y perdieron su base de subsistencia, la asistencia médica falta o es insuficiente, y a menudo los niños no tienen escuelas. Además sufren bajo las amenazas de grupos paramilitares, que a menudo provienen de sus vecinos y habitantes de las comunidades, con quienes han convivido estrechamente desde siempre. No es sorprendente que bajo esta situación de presión masiva muchos hayan dejado de apoyar a los zapatistas.

Para los mexicanos el levantamiento en Chiapas es un problema que quieren solucionar solos (véase anexo 6, artículo de Proceso del 23 de agosto de 1998). Al menos hasta después de las elecciones en julio del 2000 cualquier mediación extranjera no es tema, mejor dicho, cualquier intento es considerado una intromisión. Tanto los círculos gubernamentales como numerosos miembros de COCOPA subrayan esta actitud. También José Luis López del PRT con quien hablamos.

Aunque tradicionalmente México siempre persiguió una política exterior abierta, y gracias a su actitud fexible frente a Cuba, Nicaragua, El Salvador y Guatemala jugó un papel importante en la solución de conflictos armados en la región. La actual Ministra de Asuntos Exteriores, Rosario Green, fué anteriormente delegada ante la ONU por México. También ella se declaró claramente en contra de una mediación internacional en enero de 1999. Esta actitud defendida ampliamente por representantes de la oposición es comprensible por la historia de México, influenciada desastrosamente por varias intervenciones extranjeras.    

Cuando quisimos conseguir un visado resentimos esta actitud reservada. El servicio de Immigración interpuso grandes obstáculos burocráticos: los observadores tenían que poder demostrar más de 5 años de experiencia en cuestiones de derechos humanos. Tuvimos que aplazar el primer viaje porque esta condición dificultosa se dió a conocer recién en último momento. También en las siguientes misiones habrá que contar con dificultades parecidas.

Después de obtener el visado que no imponía limitaciones pudimos movernos libremente en Chiapas. La policía de migración solamente nos controló en el aeropuerto de Tuxtla y una vez en Chenalhó. Estos encuentros duraron poco tiempo. Varias veces fuimos retenidos brevemente por controles militares: registraron nuestro automóvil y nuestros bolsos en busca de armas etc. Sin embargo estos controles de las fuerzas de seguridad apenas nos molestaron. La población indígena pero vive esta situación muy diferentemente, ya que su libertad de movimiento está muy limitada a causa de los campamentos militares y los retenes de Seguridad Pública.

Aunque no se discuta sobre el problema entre las partes en conflicto, éste está presente en todas partes. Tres cuestiones se plantean en los próximos 17 meses:

·   ¿El plebiscito del 21 de marzo organizado por los zapatistas mobilizará a más de un millón de mexicanos a las urnas? ¿Lograrán los zapatistas tematizar ampliamente los problemas nacionales como la globalización, la democracia, la pobreza y la identidad del pueblo mexicano?

·   ¿Cómo manejarán los candidatos a la presidencia nombrados en el transcurso del año el problema   de Chiapas?

·    ¿Quién será elegido gobernador de Chiapas en verano del 2000?

Es muy realista que los zapatistas pongan sus esperanzas en las elecciones del 2000. Puesto que con los actuales hombres a la cabeza del Gobierno Federal y de las provincias (políticamente atascados y gastados) no pueden llegar a un acuerdo de paz.

Además, hace poco se empezó a discutir entre los diputados, si no se debiera aprobar en el Senado la propuesta de compromiso original de COCOPA, ya que los zapatistas actualmente se niegan a negociar.

El pasado mes de noviembre, después de más de dos años de interrupción, los zapatistas han regresado sin gran entusiasmo a la mesa de negociación. La Cruz Roja Mexicana participó en el transporte de los zapatistas al lugar de negociación. Los dos breves encuentros fueron rudos. Los zapatistas se negaron a abrir dos cartas cerradas con una propuesta de paz del Gobierno entregadas por COCOPA. El primer encuentro duró solamente 45 minutos. Los zapatistas se quejaron amargamente del alojamiento miserable, las camas sin hacer, la falta de mantas, no había ni teléfono ni fax. Los miembros de COCOPA fueron calumniados de rasistas y de "conquistadores españoles". El encuentro se concluyó sin resultados visibles y no se fijó una nueva reunión. 

COCOPA sigue empeñándose y acaba de informarse durante una semana (a principios de febrero de 1999) sobre la solución de conflictos en otras zonas de conflicto. Con la ayuda de la Universidad de Barcelona y de la ONU se observaron detalladamente los conflictos en el País Vasco, en Africa del Sur, Colombia, Guatemala y El Salvador. Además, en febrero de este año varios miembros de COCOPA han discutido su papel legislativo y al mismo tiempo pacificador. Actualmente se discute la disolución, respectivamente la ampliación de esta institución.

El doble papel que juega actualmente COCOPA, por un lado como gremio de decisión, por otro lado en tanto que mediador, le exige demasiado. Otro inconveniente es el cambio mensual de presidencia. Las decisiones de COCOPA se toman por unanimidad de voces. Por eso es improbable que se oponga abiertamente al Gobierno. Y finalmente COCOPA no tiene poder de decisión puesto que la legislación es asunto del Parlamento Federal y no de esta comisión parlamentaria.

Es asombrante qué poca presión parecen ejercer los Estados Unidos en el problema de Chiapas con sus violaciones de los derechos humanos. En la breve visita de Clinton se habló, según nuestra información (artículos disponibles en Internet), sobre todo sobre la lucha contra las drogas y no sobre Chiapas. Clinton incluso se mostró indulgente frente a los flojos resultados de México en la lucha contra la droga. Será que en vista del gran interés comercial entre ambos países las cuestiones de derechos humanos sean un asunto de poca importancia. 

En un principio, la CE puso sus condiciones en diciembre de 1997. En el tratado comercial con México decía que el tratado no se iba a ratificar o se iba a anular en el caso que México violara gravemente los derechos humanos. Poco después sucedió la matanza de Acteal. En febrero de 1998 más de 200 observadores de derechos humanos visitaron Chiapas e informaron de forma impresionante sobre la situación dramática de los derechos humanos en Chiapas. Los observadores recomendaron "Crear un mecanismo para controlar la cláusula de democracia y de derechos humanos por parte de la CE. Este órgano debía estar integrado por diferentes organizaciones mexicanas e internacionales en defensa de los derechos humanos". El tratado comercial todavía no fue ratificado. Ya se verá si este mecanismo de vigilancia se pondrá en práctica, véase anexo 7.

También Suiza tiene previsto un tratado comercial con México. Pero de momento espera el resultado de la ratificación del tratado de la CE (véase anexo 6A, respuesta del Consejo Federal a una moción del consejero nacional Widmer, Lucerna). Según nuestras informaciones este tratado bilateral no incluye una cláusula sobre los derechos humanos. Parece que el consejero federal Couchepin se opuso a la incorporación de tal disposición.

Los círculos de la iglesia católica alrededor del obispo Ruíz, las organizaciones de derechos humanos y los zapatistas aprueban los esfuerzos de mediación internacional. La diócesis por la simple razón que a nivel nacional no hay solución en vista. Las organizaciones de derechos humanos quieren presionar de esta manera al Gobierno y al aparato judicial para que respeten los derechos humanos.

La Cruz Roja con su implantación internacional juega un papel poco importante que podría desarrollarse. En febrero de 1999, la Cruz Roja Mexicana acompaña por primera vez (junto a miembros de Frayba) a refugiados que regresan a sus plantaciones de café de las que fueron expulsados (véase próximo capítulo). Además, la Cruz Roja también puso sus servicios a disposición, al transportar a los zapatistas a San Cristóbal para las negociaciones con COCOPA.

Se mencionan nombres de mediadores mexicanos. Ultimamente sin embargo, el Gobierno dice que solo negociará directamente. Esto es justamente lo que no quieren los zapatistas. Así que probablemente habrá que contar con una situación bloqueada hasta las elecciones presidenciales de julio del 2000.

2.2.     Más de 10'000 refugiados esperan volver a sus casas : visita en dos zonas de conflicto

Frayba nos llevó a dos zonas de conflicto donde la problemática de los desplazados es especialmente dramática. Parece que Frayba tiene previsto publicar en marzo un informe detallado sobre la situación de los refugiados, que se presentará en una conferencia europea.

En ambas zonas de conflicto la mayoría de los desplazados son pequeños campesinos que fueron expulsados de sus casas. Estas fueron devastadas y en parte derribadas y los refugiados tuvieron que dejar atrás sus animales (Zona Norte), o bien su cosecha de café (Xoyep, Acteal).

En la Zona Norte los refugiados ya fueron expulsados en 1995 (5800 personas de 20 comunidades). Detrás de los desplazamientos en esta zona se oculta la lucha entre los seguidores del PRI y del PRD. Los priistas o sus seguidores y partidarios armados, a menudo pertenecen a comunidades evangélicas o fundamentalistas (nos nombraron concretamente a los presbiterianos y adventistas, véase bajo cifra 2.3.). Casi siempre los seguidores del PRD, en tanto que minoría, tuvieron que abandonar sus casas y sus animales.

Sus casas fueron devastads e incluso quemadas. Han pedido una indemnización del Estado, pero hasta ahora no han recibido dinero. En todo caso, su situación es mejor que la de los refugiados en los campos de refugiados del municipio Chenalhó. Pues al menos los desplazados de la Zona Norte viven cerca de sus comunidades de origen, integrados en pueblos del PRD. A pesar de ello es evidente que estas personas muy unidas a su tierra y sus casas sufren bajo el desarraigo y corren peligro de perder su identidad.

Los habitantes de Chenalhó fueron expulsados en septiembre de 1997 (4000) y sobre todo después de la matanza de Acteal en diciembre de 1997 (otros 6000 desplazados). Para una persona de fuera  la situación, sobre todo en el campo de refugiados de Xoyep, parece más desastrosa que en la Zona Norte. El municipio Chenalhó está dividido políticamente. En San Pedro Chenalhó gobiernan los priistas mientras que varias comunidades vecinas han constituido  comunidades autónomas (Polhó, donde queda Acteal y Pantelhó p.ej.). En algunas comunidades las "Abejas" se han independizado del PRI. Las "Abejas" se consideran una organización pacífica  que simpatiza con las reivindicaciones del EZLN pero rechaza la lucha armada.

También hay refugiados del bando priista en pueblos que simpatizan con los zapatistas. Después de Acteal 660 personas huyeron al municipio Chimix. Rabasa visitó esta comunidad a fines de enero de 1999.

2.2.1. Xoyep/Acteal, comunidad autónoma Polhó municipio Chenalhó/Los Altos de Chiapas

Cuando visitamos el campamento llovía a cántaros y hacía frío. En el momento de nuestra visita había 230 familias, un total de 1141 personas, viviendo hacinados en el campo de refugiados Yoyep. No hay escuela para los niños. La Cruz Roja Mexicana, la Alemana y la Española prestan ayuda de emergencia (p.ej. abastecimiento de agua potable). La Cruz Roja Mexicana realiza trabajo en la base en las zonas de refugiados. En estos momentos (febrero de 1999), colaboran 9 extranjeros y 20 mexicanos. La Cruz Roja Alemana también presta ayuda y se espera lo mismo de la Cruz Roja Española. La Cruz Roja provee a 10'500 refugiados de alimentos y agua potable en Polhó, La Realidad y Acteal. Son lugares bajo influencia zapatista y que por lo tanto rechazan toda ayuda estatal. 

Los refugiados fueron expulsados de pueblos con mayoría priista. De Yibeljoj son 435, de Chorros 212, de Yasjemel 188, de Colonía Puebla 53 refugiados.

Una mujer o un hombre de cada pueblo contó su huída, la cual en principio resultó ser muy similar. La expulsión sucedió por razones políticas, cuando los priistas o los paramilitares exigían dinero para el partido o para la compra de armas (entre 10'000 y 15'000 Pesos). El que se negaba a pagar sufría discriminaciones, algunos eran amenazados de muerte y expulsados. Los bienes abandonados y el café en parte ya cosechado eran anectados. A menudo se quemaban las casas.

Los relatos en tzotzil fueron expuestos y traducidos de forma impresionante. Los habitantes del campo de refugiados se reunieron alrededor nuestro bajo la lluvia. Primero mantuvieron una distancia respetuosa. En el transcurso de tres horas hombres y mujeres fueron acercándosenos. Cuando propusimos interrumpir momentáneamente la reunión a causa de la lluvia y del frio helado (nosotros estábamos al cubierto), se rieron y luego discutieron brevemente. Se decidió por unanimidad: queremos continuar.

Los refugiados en Xoyep viven hacinados en unos 20 galpones. Los niños no van a la escuela desde más de un año. La asistencia médica a los refugiados es precaria. Los refugiados están rodeados por un campamento militar. El Ejército ha enviado a supuestos asistentes sociales para ofrecer ayuda a los refugiados, pero éstos rechazaron. Comentario del grupo europeo de febrero de 1998 (más de 200 observadores de once países europeos) respecto a esta situación: "Las condiciones sanitarias, higiénicas, escolares, la alimentación insuficiente, la estrechez de espacio, el frío ... son totalmente indignos de un ser humano, son de una crueldad y violencia estructural increíbles y empujan a la gente al borde de la desesperación. En este contexto parece lógico que el rechazo de la ayuda ofrecida por el Ejército Federal sea la última posibilidad de demostrar la voluntad colectiva y de no perder su dignidad frente a los asesinos." Estos refugiados viven actualmente en una prisión al aire libre.

La mayoría de los refugiados son partidarios de los zapatistas, 2500 pertenecen a la asociación "Las Abejas". Todas las víctimas de la matanza de Acteal eran miembros de esta organización  de la sociedad civil consecuentemente pacífica.

El tema de discusión principal durante la visita en esta región fué naturalmente el deseo de regresar a los poblados. Algunas familias han regresado, muchos lo intentaron pero fueron amenazados de muerte. Es más fácil regresar si los refugiados se reorientan políticamente y se adhieren al PRI.

No está prevista la disolución del campo de refugiados de Xoyep. Al menos hubo un intento en último momento de cosechar el café de 1998/99 con la ayuda de observadores. Normalmente la cosecha finaliza a fines de enero. A causa de los obstáculos por parte del presidente del municipio de Chenalhó, Antonio Pérez Arias, y porque la organización de derechos humanos estatal, CNDH se volvió a retirar después de haber firmado un acuerdo corrrespondiente, esta acción se llevó a cabo recién en febrero. Se supone que tres grupos de refugiados fueron acompañados por representantes de la Cruz Roja Mexicana y del Frayba a sus cafetales. 

Información de la prensa por la asociación "Las Abejas" en febrero: En Tzanembolom/Chenalhó los priistas hubieran prohibido la entrada a los cafetales a los refugiados acompañados. Un informe anterior (fines de 1998) decía, que el café ya había sido cosechado por paramilitares.

Un año antes los refugiados tampoco habían podido cosechar su café. Entonces hubo problemas en X'cumumal, Chimix, Bajoveltic, Pechiquil, Tzajalcum, Yibeljoj, Los Chorros, La Esperanza, Majomut, Aurora Chica, Canholal, Yaxjemel.

2.2.2. Municipio Tila: Poblados Mazojá Shucjá/Jochija/Jolnixtie: Un ejemplo de la ausencia de derechos de los ciudadanos

En 1995, 5000 personas huyeron de aquí, muchos regresaron; unos centenares viven expulsados en los pueblos vecinos, también en Mazojá Shucjá y en Jochija. Comparación con la situación en la Zona Norte, NZZ del 7.11.97, anexo 8.

Aquí nos vimos confrontados contundentemente con los problemas que originan los paramilitares. Durante el vaje que duró cinco horas a los pequeños pueblos, nuestra acompañante Marina Patricia (directora de Frayba) se mostró muy nerviosa. El 15.2.1997 había sido ametrallada en camino a Sabanilla/Zona Norte. Su acompañante, José Montero, miembro de Frayba, fue herido de bala en un brazo. También Don Samuel había querido utilizar esta carretera, pero amenazaron con capturarlo y utilizarlo como rehén a cambio de los supuestos autores de la matanza de Acteal, detenidos en Tuxtla. Por eso, Don Samuel renunció pasar por ahí.

Por primera vez después de estos acontecimientos miembros de Frayba volvían a pisar la región de Tila. En nuestra compañía esta misión les parecía un poco más segura.... 

La región se nos presentó tranquila, pero tuvimos noticia del peligro mortal que reina por parte de los paramilitares a través de numerosos testimonios, tanto en la iglesia de Tila como en Mazojá Shucjá. Desde junio de 1996 se cuentan 20 muertos en esta comarca, 8 de ellos tan sólo de las 33 familias de refugiados de Mazojá Shucjá. Se conoce a todos los culpables por sus nombres, sin embargo sólo uno fue detenido hasta ahora y ninguno condenado. La vía de Mazojá a Tila es conocida por peligrosa. Los pueblos Miguel Alemán y Curva están en manos del grupo paramilitar Paz y Justicia. Varias personas fueron fusiladas arbitrariamente al pasar por ahí. Esto sucedió a menudo en presencia de fuerzas de seguridad sin que éstas intervinieran.

El asesinato de José García, presenciado por su padre, está bien documentado. Hablamos con éste en su actual domicilio en Jochija. José Tila, de 23 años, fue asesinado el 21.2.1998 por 6 miembros del grupo Paz y Justicia muy cerca de una comisaría. Sólo uno de los culpables fue detenido pero hasta ahora no hubo juicio. Los demás culpables siguen en libertad a pesar de que se conozcan sus nombres. José Tila vivía con su familia como refugiado en Jolnixtié. Era catequista en la comunidad y simpatizante de los zapatistas. Testimonio véase "La Legalidad de la Injusticia" D-199 sig.9

José Tila fué asesinado justo después de haber declarado como testigo ante la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH: más de 200 miembros de esta organización, europeos de 12 países, visitaron en febrero de 1998 la Zona Norte). Frayba tiene previsto presentar ahora este caso ante la Corte Interamericana por los Derechos Humanos en San José, Costa Rica.

El punto flaco (no solamente en Chiapas) es el desamparo de los indígenas que ponen en duda las condiciones de poder y las estructuras de gobierno. Los delitos, incluído el asesinato de oponentes reales o supuestos del partido gubernamental PRI y de sus representantes locales, apenas son perseguidos eficazmente. Porque la jurisdicción prácticamente no funciona. Sólo algún que otro culpable fué detenido, aunque se conozcan los nombres de muchos. Por eso apenas hubo condena alguna. Y cuando hubo condena, ésta no se cumplió, si el delincuente pertenecía al círculo dominante (véa también NZZ núm. 12 del 16/17 de enero de 1999, pág. 2, bajo punto Human Rights Watch). Además: no sólo no se persiguen los delitos por parte del Estado, sino que en parte los miembros de los servicios de seguridad incluso participan ellos mismos activamente en los hechos delictivos o proveen de armas y uniformes a los autores.

Carlos Ayala, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) resume esta "Legalidad de la Injusticia": "La sociedad mexicana tiene la sensación de encontrarse asediada por el crimen, no confía en sus policías ni cree que los delincuentes sean procesados y sancionados conforme con la ley penal."

También en la Zona Norte hay intentos de que las familias de refugiados regresen a sus domicilios. A fines de febrero de 1999, 14 familias van a regresar a Cruz Palenque/municipio Tila. Hay que plantearse si en estas acciones no entrarían la mediación o los buenos servicios de las organizaciones internacionales.

El problema de los refugiados, sobre todo en la región Chenalhó, todavía tiene para rato hasta que se solucione. Es necesario ir paso a paso para desenredar esta situación tan tensa.

2.3. Confesionalización del conflicto

(Esta información es fragmentaria y debería ir completada por informaciones de las iglesias a través de sus propios canales. Compare en este contexto el libro publicado por teólogos y antropólogos: "Chiapas: el factor religioso", editado en febrero en México y que parece ser advierte ante la posibilidad de conflictos graves).

2.3.1. Escisión de las comunidades indígenas

Muchos testimonios de personas afectadas y varios informes de las ONGs señalan que las diferencias religiosas fueron utilizadas para dividir a las comunidades indígenas y para la formación de grupos paramilitares o de grupos armados (y siguen siendo utilizadas). Estos grupos también proceden contra miembros de su propia comunidad. A los grupos paramilitares se les reprocha amenazas, secuestros, desalojamientos, robos, incendios provocados, asesinatos y homicidios.

Fuentes oficiales afirman que se trata de conflictos internos de las comunidades indígenas. Es verdad que a menudo los autores y las víctimas son del mismo poblado. Muchos indicios señalan que los grupos armados están organizados por círculos cercanos al Estado (miembros del partido gubernamental PRI en Chiapas y en los municipios), promovidos por órganos del Estado de Chiapas e instruídos y equipados o apoyados logísticamente por el Ejército Federal y la Seguridad Pública, respectivamente, y que en todo caso actuan a sabiendas de éstos. A este respecto remitimos al informe bien fundamentado "Entre el Duelo y la Lucha" del Centro Frayba, el cual resulta agravante para los círculos del partido gubernamental PRI, pero también para el Ejército y la Seguridad Pública. El resultado más terrible de estas manipulaciones fué la matanza de Acteal, llevada a cabo con toda probabilidad por paramilitares evangélicos o fundamentalistas. No está claro a qué comunidades evangélicas pertenecían los paramilitares. Nos nombraron a los Pentecostales, los Presbiterianos y los Adventistas.

En los sucesos mencionados aparentemente se trataría de contradicciones religiosas. Detrás de estos acontecimientos se ocultan conflictos sociales, entre aquéllos que fundan sus esperanzas 

de futuro en el partido gubernamental y los otros que desean el desarrollo autónomo de las comunidades indígenas. Entre los que apuestan por el desarrollo económico moderno y los que al contrario confían en el fomento de los recursos tradicionales y locales. Esto es evidente, ya que en realidad la escisión entre los partidos no corre entre católicos y evangélicos /fundamentalistas, sino que entre aquéllos que se guían por la teología de la liberación y los que la rechazan.

2.3.2. Instrumentalización de la escisión religiosa

Esta instrumentalización tuvo su inicio hace unos 20 años con la expulsión masiva de indígenas Chamula de sus comunidades en el minicipio de San Juan Chamula, mucho antes del levantamiento zapatista. Aquellos Chamulas que ponían en duda las estructuras de poder de la comunidad fueron expulsados. Los afectados pertenecían en su gran mayoría a comunidades evangélicas. Se les reprochaba poner en duda las tradiciones y a las autoridades locales, con lo cual desunían a la comunidad. En realidad pero se trataba de mantener el poder político y económico de la camarilla dominante, unida a los círculos del PRI de este Estado. El cambio de religión sirvió como pretexto para la expulsión de la comunidad y facilitó la movilización de miembros de la comunidad contra otros miembros heterodoxos de la misma comunidad. Más de  20'000 Chamulas, según otras fuentes más de 40'000, fueron expulsados de este municipio hasta estas fechas. Durante años las autoridades estatales no intervinieron en este problema, ahora desde 1995 intentan impedir este proceso y desde entonces las expulsiones se han reducido notablemente.

Siempre se atribuyeron estos sucesos a la élite en el poder, tradicionalmente católica, dominante a nivel económico y religioso en el municipio de San Juan Chamula, quien no está relacionada con la diócesis. La diócesis se opuso a estas expulsiones e intentó prestar ayuda a las víctimas. No hubo conflictos entre la diócesis y las comunidades evangélicas por esta cuestión.   

Desde el levantamiento este problema ha tomado proporciones cada vez mayores y se ha agudizado a causa de las grandes tensiones políticas, sociales y económicas. Sobre todo en las comunidades indígenas tradicionales y rurales se puede abusar de la religión para crear partidos y para justificar la violencia masiva; estas personas son muy religiosas, ven el mundo como una unidad religiosa, social y económica y la comunidad como un orden armonioso.

Por otra parte es evidente que el mensaje de la teología de la liberación indígena de la diócesis de San Cristóbal es rechazada por aquellos que apostan por la modernización y el desarrollo económico liberal. Son los mismos que no esperan nada de las reivindicaciones de los zapatistas. Esta gente quiere una iglesia que se atenga "a la palabra de Dios", que no sea "parcial" y que no opine en política.

Todos estos intentos de manipulación se apoyan en el gran número de hombres jóvenes que viven en la miseria y sin perspectivas de futuro. 

En esta compleja situación de tensión la instrumentalización de la religión es terriblemente destructiva (asesinatos, expulsiones masivas, robo, terror diario de los paramilitares) y amenaza la existencia de las comunidades indígenas.

2.3.3. Relaciones ecuménicas difíciles

Las iglesias y comunidades evangélicas ya estuvieron misionando hace decenios en el Chiapas indígena, donde la iglesia católica hasta este último tiempo estaba poco presente ( parroquias inmensas, falta de sacerdotes). El actual obispo católico, Samuel Ruíz, se encontró en 1960 al entrar en funciones con el resultado de estas intensas actividades misionarias evangélicas. En un primer momento parece que adoptó una actitud negativa frente a las iglesias evangélicas y que recién bajo la impresión del Segundo Concilio del Vaticano reconoció la importancia de una colaboración ecuménica. Es un hecho que desde años aboga con gran credibilidad por la convivencia ecuménica de las religiones en su diócesis y que mantiene periódicamente contactos con predicadores y pastores evangélicos.     

Durante las guerras civiles en Centroamérica a principios de los años 80 muchas comunidades religiosas, casi todas de Estados Unidos, empezaron a misionar entre los indígenas de México. Muchos observadores, no sólo eclesiásticos, vieron en ello un intento de dividir la población indígena y así conseguir que la iglesia católica que defendía la teología de la liberación y los movimientos de insurrección perdieran terreno. Esta opinión también fue compartida por el obispo Samuel Ruíz en un encuentro en 1983. En la discusión con Richard y Elisabeth Bäumlin no dejó lugar a dudas que detrás de estas nuevas actividades misionarias de muchas comunidades religiosas hasta entonces desconocidas se ocultara una estrategia de los Estados Unidos dirigida contra la iglesia católica. Sin embargo excluyó explícitamente de sus inculpaciones a las iglesias evangélicas históricas (sobre todo a los luteranos, anglicanos y baptistas). Por otro lado era evidente el potencial conflictivo que acarreaban las comunidades evangélicas o las comunidades que prescinden en su predicción de toda relación con la vida cotidiana social y política y que rechazan los principios de la teología de la liberación. Sin embargo el obispo Ruíz siempre vuelve a recalcar que los problemas en la región, en los que cada vez más amenudo se enfrentan católicos y evangélicos, no son conflictos religiosos sino que socio-económicos: la cuestión es el poder local (económico y político), el control de la tierra escasa, el acceso al trabajo y a los servicios públicos.

Hasta hace poco no hubo problemas graves entre la diócesis de San Cristóbal y las iglesias y comunidades evangélicas. El obispo también mantenía buenas relaciones con diversas comunidades evangélicas fundamentalistas, entre otras con las comunidades pentecostales de San Cristóbal. Además, anteriormente, los contactos con las iglesias que pertenecen a la organización central evangélica CONFRATERNICE (véa índice) eran buenos. Esta organización pero se opone ahora claramente a las actividades de la diócesis San Cristóbal.

En 1995 una delegación ecuménica europea aún pudo constatar en encuentros con representantes de diferentes confesiones evangélicas en Chiapas, que muchos evangélicos compartían los análisis y las reivindicaciones sociales planteadas por el obispo Ruíz y los colaboradores de la diócesis, y que existía una colaboración estrecha entre la diócesis y los grupos evangélicos (sobre todo con relación a la expulsión de indígenas Chamula). En vista de las numerosas tensiones que puso de manifiesto el conflicto, es evidente, que con el levantamiento también estaban programadas las diferencias y los conflictos "religiosos" entre las iglesias y las comunidades religiosas. Según hemos podido constatar, las relaciones ecuménicas hoy por hoy no están rotas, pero sí bloqueadas, sobre todo por la presión por parte de los grupos paramilitares en su mayoría evangélicos.

2.3.4. Reproches a la teología de la liberación

Al obispo Ruíz y a sus coloboradores siempre se les echa en cara el análisis marxista (véase el artículo de Enrique Krauze, El Profeta de los Indios, Letras Libres núm 1, 1999). Ruíz le opone que en este caso se trata de los repercusiones reales de la política o de la economía de mercado desenfrenada para la población marginada, a favor de quien no existe ningún tipo de medidas de protección y desarrollo, ni tampoco posibilidades de amortiguar las consecuencias sociales. El citado artículo de Krauze por un lado contiene una parte informativa y objetiva sobre las actividades de Ruíz en tanto que obispo. Por otra parte, Krauze no acepta la teología de la liberación (al menos en la forma de teología indígena defendida por Ruíz) y reprocha a Ruíz y a su equipo un planteamiento totalitario que aspira a la liberación y no a la democracia. En la misma edición de letras libres aparece un artículo del sociólogo Roger Barta, quien critica la reivindicación de autonomía en base a los "usos y costumbres". Esta reivindicación sería reaccionaria, totalitaria y antidemocrática en su planteamiento. Un tal orden atentaría contra el derecho de libertad de las personas y crearía gettos indígenas. Es aconsejable tratar de profundizar en estos argumentos, que no hay que desechar de antemano.

2.4.       Guerra de baja intensidad en un país con una democracia de baja intensidad

             (Gonzalo Ituarte)       

En una excursión de un día a Unión Progreso/municipio El Bosque experimentamos de forma impresionante la calma precaria y la fuerte militarización que reinan en Chiapas.

La zona de conflicto está totalmente militarizada. El Ejército tomó Acteal como pretexto para reforzar aún más su presencia. Antes de la matanza de Acteal, el Ejército se había concentrado sobre San Cristóbal, Cómitan, Altamirano, Ocosingo, Las Margaritas, Larraínzar, Palenque y Sabanilla. Después de Acteal se instalaron campamentos militares en El Bosque, Chenalhó, Pantelhó, Simojovel, Huitiupan, Bachajón Mitontic, Sitalá, Nuevo Solistahuacán, Socoltenango, Tecpatá, Jitotol y Ostuacan. Alrededor de la mitad del territorio está controlado por el Ejército. Se han intensificado los controles de carretera y triplicado los campamentos militares. Según el Gobierno, las fuerzas de seguridad garantizan la protección de la población. Frayba estima que entre cincuenta y setenta mil soldados del ejército mexicano están estacionados en la zona de conflicto. Estos representarían más o menos a la mitad de las tropas. El Gobierno desmiente estos números: en los campamentos militares y controles de carreteras solamente habría veinte mil soldados. Esta militarización es una forma de guerra de baja intensidad como se les enseña a los mexicanos entre otras cosas en las escuelas militares de Estados Unidos.

Después de la toma de posesión del gobernador Albores Guillén, elegido por el Parlamento en enero de 1998, la situación en Chiapas se agravó dramáticamente. También para distraer de la matanza de Acteal, el nuevo gobernador decidió disolver varios municipios y comunidades autónomas que se habían independizado del Estado después del levantamiento zapatista. El Ejército Federal y fuerzas de Seguridad del Estado de Chiapas se adentraron en repetidas ocasiones en la zona de las comunidades autónomas para "hacer justicia a la ley". Así hubo operaciones militares de gran envergadura en las comunidades Jerónimo Tulija/Chilón, La Hormiga/San Cristóbal, Taniperla/Ocosingo, Altamirano, Ampara Aguatinta, Las Margaritas, Navil, Tenejapa, Nicolás Ruíz y en El Bosque, véase La Legalidad de la Injusticia, Centro Frayba. Junto a estas actividades también se registraron numerosos abusos por parte de los paramilitares.

El Gobierno reaccionó agresivamente contra turistas extranjeros, contra observadores de derechos humanos y contra sacerdotes católicos. 300 extranjeros, quienes en parte vivían ya desde decenios en Chiapas, tuvieron que abandonar el país. 87 de ellos incluso fueron expulsados por el Gobierno por haber intervenido en tanto que turistas en "la política nacional".

También los esfuerzos de mediación de Don Samuel y de la CONAI fueron blanco de las críticas. El 7 de junio de 1998 Don Samuel se retiró como mediador. Su argumentación:  En vista de la situación de tensión no podía cumplir su mandato:" Expulsión de siete sacerdotes por falsas acusaciones, negación práctica de residencia a los agentes de pastoral extranjeros, encarcelamiento de cuatro sacerdotes falsamente acusados y en franca violación a sus derechos humanos, cierre de unos 40 templos (algunos ocupados por el Ejército), órdenes de aprehensión a numerosos sacerdotes, religiosas y misioneros; presión a varios campesinos para que afirmen que la diócesis entrega armas a las comunidades, directrices a varios medios de comunicación para que tergiversen las noticias, generación de un clima de linchamiento, profanación del santísimo sacramento en varios templos por la policía de Seguridad."

El 1de junio, justo antes de la dimisión del mediador, hubo una escalada de violencia. Iba a ser por el momento la última tentativa del gobernador de Chiapas de ocupar una comunidad autónoma para restablecer el orden. Ocho indígenas y un policía murieron en esta ocasión. El objetivo principal era la toma de la administración municipal autónoma de El Bosque y la detención de varios pobladores, después de que una agresión supuestamente provocada por partidarios de los zapatistas se cobrara cuatro heridos y un muerto. Visitamos a los habitantes de la pequeña comunidad Unión Progreso, los afectados de este ataque. El lugar se encuentra a una distancia de dos horas de viaje en auto y una hora a pie desde San Cristóbal.

En la mañana del 10 de junio más de 1000 miembros de la PSP, de la PJE y de la ENM entraron a pie a Unión Progreso. También entraron en acción un helicóptero, 75 vehículos, entre ellos tanques y jeeps armados. Detuvieron a seis supuestos partidarios del movimiento zapatista y los mataron bajo circunstancias extrañas. Según testigos presenciales, seis de los ocho muertos sólo tenían lesiones leves cuando se los llevaron detenidos. Probablemente los detenidos fueron ejecutados posteriormente. Según declaración de los lugareños, las víctimas fueron llevadas detenidas con vida en camiones. Unos días más tarde fueron devueltos al pueblo muertos y en ataúdes. Sus cadáveres estaban mutilados y en parte descompuestos. Cuando entró el Ejercito hubo saqueos y la mayoría de los habitantes huyeron del pueblo por unos días. Los responsables de estos hechos, conocidos por sus nombres, no fueron perseguidos. Esto es típico para la situación fuera de la ley que reina en Chiapas.

La situación pareció tranquilizarse en el segundo semestre del año. El Gobierno dejó de atacar  las comunidades autónomas. Seguramente ha reconocido que, intentando solucionar estas divergencias militarmente, creaba problemas insuperables en cuanto a la política interior y exterior. Se registraron muchos menos actos de violencia por parte de los paramilitares.

Durante nuestra visita en Unión Progreso en enero de 1999, constatamos que la tensión sigue siendo fuerte en esta zona. Justo al lado de este lugar que simpatiza con los zapatistas se encuentra el pueblo Los Plátanos (500 habitantes), vinculado al PRI. En abril de 1996 34 familias simpatizantes con los zapatistas fueron expulsadas del pueblo. Los Plátanos es el único lugar en el municipio autónomo de El Bosque, llamado ahora San Juan de la Libertad, en el que dominan los priistas.

Un niño de once años de este pueblo había sido asesinado el 13 de diciembre de 1998 cerca de El Bosque cuando viajaba en camión con otros habitantes del pueblo. Varios compañeros de viaje resultaron heridos de bala. 

Inmediatamente el Gobierno transmitió la información que los culpables eran miembros del EZLN. Los zapatistas sin embargo rechazaron toda responsabilidad en este terrible crimen y dijeron que este tiroteo era el resultado de la lucha por el poder entre grupos paramilitares. Como consecuencia algunos habitantes de Los Plátanos se acercaron una noche al pueblo Unión Progreso probablemente para vengar el asesinato. (Después del crimen un vecino del pueblo dijo: "Nos vamos a organizar para cazarlos.") Una parte de los habitantes de Unión Progreso pudieron huir a tiempo y se ocultaron varios días en una comunidad vecina. Ahora han regresado pero temen constantemente que el conflicto se reavive. Un representante de Los Plátanos declaró que en 1998 habían muerto cinco vecinos y 24 resultaron heridos como consecuencia de actos de violencia.

Quiere decir, que también los priistas sufren bajo esta situación fuera de la ley, ya que se puede partir del hecho que los delitos casi nunca se esclarecen.

Nuestra visita mostró claramente: la situación es muy tensa. El Gobierno no ha vuelto a llevar a cabo acciones para disciplinar a las comunidades autónomas, pero la presencia militar se mantiene y sigue reinando la tensión y el miedo en ambos bandos de los habitantes del municipio El Bosque. En las zonas de conflicto hay un soldado por cada familia. Militarización también significa prostitución, drogas y alcoholismo.

Desde enero de 1999 cobraron actualidad otro tipo de acciones militares (seguramente relacionadas a las visitas del Papa y de Bill Clinton). Varios centenares de soldados cercaron y destruyeron pequeñas plantaciones de marihuana (p.ej. 2000 m2). Los militares declararon que se trataba de plantaciones de los zapatistas. Estos, por su parte, declararon que la cosecha destruída pertenecía a los paramilitares.

El próximo momento crítico será el plebiscito del 21 de marzo. ¿ Los zapatistas podrán colocar sus urnas en todos los municipios?

El balance de los últimos cinco años resulta desilusionador para la población indígena. Sobre todo: no hay perspectiva alentadora en vista, por lo menos hasta las elecciones de julio del 2000. La pobreza, la violencia y el peligro de conflicto son enormes. Fuera de eso hay que añadir los problemas económicos en todo el país, la disminución de ingresos del petróleo, la reducción de los gastos sociales, el escándalo del sistema bancario, el narcotráfico, los grupos armados y  los grupos insurrectos como los paramilitares.

Elisabeth Bäumlin, Hans Schmidt

Berna/Zurich, marzo de 1999