CIEPAC, A.C. :

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Diciembre 1999

Programa Suizo de Observación en Chiapas, México

Informe breve da la segunda misión (19 de junio - 2 de julio de 1999)

. Elisabeth Bäumlin, jurista, miembro de la dirigencia de la Iglesia Protestante de Berna-Jura

. Gret Lustenberger, pedagoga, Presidente del Consejo Suizo de las Misiones Católicas

. Monica Giambonini, asesora en derechos humanos y derecho internacional humanitario

ÍNDICE

Además de dos representantes de las agencias mandatarias de las Iglesias, esta segunda misión del programa suizo de observación aportó, a diferencia de la primera, la presencia de un miembro del Parlamento suizo y de un asesor en derechos humanos propuesto por la sección Política de Paz del Departamento de Asuntos Exteriores del Gobierno suizo. De especial modo la participación de un parlamentario llamó mucho la atención de la prensa y de los interlocutores, y coincidió con la decisión de ampliar los contactos de la delegación a nivel gubernativo. La misión asumió inevitablemente un tono distinto, sumándose a lo que inicialmente había sido un programa esencialmente enmarcado en la solidaridad un carácter más oficial. Durante sus salidas la delegación trató dar mayor atención al contacto con autoridades civiles y militares para explicarles de forma transparente los objetivos de su presencia. Desafortunadamente esto no ha sido siempre posible por falta de planificación, sin embargo la delegación espera seguir ampliando los contactos oficiales durante su tercera misión.

El programa fue muy amplio e incluyó entrevistas con un variado espectro de interlocutores. A los encuentros organizados por el Centro Frayba, algunos más se anadieron por intermedio de la Embajada suiza, que también trató, lamentablemente sin éxito, de fijar una entrevista con la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez. Tampoco la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), contactada por el Centro Frayba, aceptó un encuentro con la delegación suiza. Dentro del programa establecido fueron canceladas las visitas a Cruz Palenque y a la cárcel Cerro Hueco. En el primer caso la delegación juzgó importante, ante la situación muy tensa en el municipio, de entrevistarse con las autoridades oficiales de Tila y con miembros de la organización Desarrollo Justicia y Paz antes de acercarse a las comunidades. Por no haberlo planificado a tiempo estos encuentros no pudieron realizarse así que la delegación decidió no visitar la comunidad de Cruz Palenque. En el segundo caso la visita fue cancelada ante la imposibilidad de entrevistarse con el director de la cárcel.

La delegación agradece la Embajada suiza en México y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas por el apoyo organizativo y logístico brindado a los delegados suizos durante su permanencia en México, así como todas las ONGs y las personas contactadas que con su testimonio han contribuído en la realización de este informe. También agradece los miembros de la COCOPA y las autoridades federales y estatales y por la disponibilidad y amabilidad con la cual fue recibida. Especial agradecimiento también al Departamento de Asuntos Exteriores del Gobierno suizo por apoyar financiariamente este proyecto de observación facilitando así su continuidad.

El presente informe tiene por objeto hacer una evaluación de la situación de violencia vigente en Chiapas, a la luz de los datos recogidos por los miembros de la delegación a través de las numerosas entrevistas, visitas a comunidades y análisis de documentos.

Los representantes gubernativos[1] entrevistados por la delegación suiza coincidieron en destacar la determinación por parte del Gobierno de solucionar el conflicto de forma pacífica, refiriéndose para ello a los Acuerdos de San Andrés tomados con el EZLN y subrayando su disposición firme a concretarlos democráticamente a nivel constitucional y legislativo. Según las autoridades encontradas el único inconveniente para reanudar el diálogo es representado por la falta de flexibilidad del mando zapatista. Explicaron que las exigencias del EZLN en lo que se refiere a la realización de los Acuerdos de San Andrés son incompatibles con la Constitución, argumentando que para poner en práctica el acuerdo de autonomía se requiere revisar la Constitución Federal y Estatal y que esto debe hacerse con estricto apego al orden constitucional establecido. Además hicieron valer que quedan por aclarar diferencias de contenido, sobre todo en lo que se refiere a la libre determinación de los pueblos indígenas, a los niveles de Gobierno (art.115 de la Constitución Federal), y al régimen jurídico de la tenencia de las tierras. Los acuerdos necesitarían por consecuencias negociaciones ulteriores.

A pesar que el EZLN nunca reaccionó ante el comentario del Gobierno Federal a la iniciativa de la COCOPA del 2 de febrero de 1998 sobre los puntos que necesitarían aclaraciones, el coordinador para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, Emilio Rabasa Gamboa, defendió la opinión que el proceso de paz no ha fracasado y anunció nuevas propuestas para el 1ero de julio de este ano con el objetivo de reanudar el diálogo. Destacó sin embargo que había que actuar urgentemente, “las cosas no pueden seguir así” puesto que en las comunidades zapatistas que rechazan toda ayuda gubernativa reina una gran miseria.

Según la opinión de otros interlocutores es improbable que haya diálogo antes de las elecciones presidenciales del ano 2000, ya que ninguna de las dos partes demuestra interés en dialogar en el periodo pre-electoral. El EZLN en su obstinado y desesperante silencio expresa su falta de confianza en el actual Gobierno y parece apostar por una derrota electoral del PRI. El Gobierno por su parte parece debilitarse alrededor de discusiones internas y cuestiones relacionadas a la selección de sus candidatos. Si bien le interesa una solución rápida al conflicto en vísperas de las elecciones, es incapaz, o no está dispuesto, de hacer concesiones decisivas. En esta situación parece muy posible que el Gobierno opte por una mayor presión militar y policial con el objetivo de aislar y estrangular las zonas de influencia zapatista.

Los interlocutores oficiales explicaron a la delegación suiza que el Gobierno Federal y Estatal, al reconocer que el levantamiento del EZLN está relacionado con el rezago socio-económico y con la extrema pobreza y marginación en que vive la gran parte de la población de Chiapas, decidieron erradicar las causas del conflicto a través de medidas adecuadas a nivel económico, social y jurídico. A fin de superar el rezago socio-económico de Chiapas fueron lanzados a partir de 1995 un número importante de programas costosos, como por ejemplo el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), con especial atención a la educación pública y al servicio sanitario, pero considerando también fuerte inversiones para mejorar agricultura, ganadería, transportes, comunicaciones y telecomunicaciones, así como la protección de los recursos naturales[2].

A principios de este ano el Gobierno presentó indicadores muy favorables en el ámbito social. Entre otro, los documentos gubernativos mencionan que desde 1994 el número total de escuelas en Chiapas ha aumentado más del 40% (actualmente 15147) y el número de maestros del 24% (actualmente 54279), que en total son 1'225'400 los ninos y jóvenes que reciben educación frente al 1'028'100 de 1994, de los cuales 732'500 alumnos de escuela primaria que en 1994 sólo eran 658'900. Según estos datos el número de escolares de los diferentes grados ha aumentado en Chiapas más que el promedio nacional. También en la salud pública los datos oficiales reflejan resultados positivos, con un aumento de los centros de salud, retroceso de la mortalidad infantil causada por enfermedades intestinales, mejora de la inmunidad vacunal así como en el aprovisionamiento de aguas potables. Otros proyectos mencionados se relacionan a situaciones de extrema pobreza y abarcan ayuda alimenticia, programas para facilitar trabajo, créditos, infraestructuras y la construcción de carreteras. Según un comunicado oficial 56 caminos están siendo construidos en 20 municipios de Chiapas.

En este contexto cabe mencionar que el Secretario General del Gobierno de Chiapas, el profesor Luis Alfonso Utrilla Gómez, en una conversación principalmente enfocada en la explotación forestal, en la construcción hidráulica y en la lucha contra la erosión del terreno, destacó los grandes esfuerzos necesitados, manifestando el interés de México y Chiapas en poder contar con la disponibilidad de apoyo económico y técnico también del extranjero.

La delegación suiza recibió sin embargo la información que muchas de las comunidades a las cuales estos programas se dirigen critican y se oponen a su implementación. Las argumentaciones que los recursos se utilizan mal o negligentemente, en cuanto las escuelas no se construyen en las comunidades más necesitadas, los nuevos centros de salud a menudo no funcionan por falta de personal y en estos últimos tiempos hasta fueron reducidos los presupuestos para la salud pública y la educación. Las comunidades además denuncian que las carreteras construídas son de pésima calidad y sólo sirven para abrir el camino al Ejército. Los delegados suizos en sus visitas a Tila, Acteal y Roberto Barrios pudieron comprobar personalmente gran parte de lo mencionado aquí arriba.

Mucho más graves son sin embargo las denuncias recogidas durante las entrevistas acerca de la manipulación de los recursos. Los programas y presupuestos estatales se gastarían en las campanas electorales del PRI y se utilizarían para asegurar la lealtad de la población a los gobernantes locales, para hacer perder simpatizantes a los partidos de oposición y a las ONGs, o para corromper a funcionarios. Según los testimonios recogidos bajo una política de clientelismo solamente los simpatizantes del PRI tienen acceso a los programas de trabajo, y gran parte de los recursos también sirve para financiar los grupos paramilitares. De esta forma las inversiones más que el desarrollo y la conciliación fomentarían las divisiones entre la población.

Paralelamente y en coordinación con las iniciativas federales, el Gobierno Estatal ha elaborado a partir de 1998 un programa en varios puntos cuyo objetivo es reducir las tensiones combatiendo pobreza y marginación. Dentro de las propuestas, que abarcan proyectos de desarrollo, de mejor manejo de los recursos, de fortalecimiento de la estructura jurídica y de la seguridad pública, el Gobierno de Chiapas también sumetió iniciativas de ley sobre derechos y cultura indígena y desarme de los grupos civiles armados, así como un proyecto para una nueva división municipal del estado.

La propuesta de Ley de Derechos y Cultura Indígena, presentada al Congreso local en marzo de este ano, quiere ser una respuesta concreta a los acuerdos de San Andrés. Sin embargo, al igual que la iniciativa de ley indígena sumetida al Congreso de la Unión por el Presidente Zedillo en 1998, la propuesta elaborada por el Gobernador Roberto Albores Guillén carece de profundidad y se aparta de lo acordado en San Andrés en muchos de sus puntos, sobre todo en los que tratan el tema de la autonomía de los pueblos indígenas.

Ante la presión social por el deterioro de la seguridad pública y con el fin de erradicar la violencia en el Estado, el Gobernador de Chiapas propuso en diciembre de 1998 un proyecto de “Ley de Amnistía para el Desarme de Grupos Cíviles del Estado de Chiapas”. Esta propuesta, aprobada por el Congreso local el 25 de febrero de este ano, ha generado grandes controversias sobre todo por no precisar quiénes son los beneficiarios de la amnistía y por ser ésta aplicada sin la necesaria aprobación a nivel federal.

En la coyuntura actual donde la gran mayoría de las violaciones siguen impunes, no parecen existir condiciones maduras para una ley de amnistía que proyectaría, al ser aplicada, una imagen más de impunidad en vez de favorecer un clima de conciliación. Además, en un contexto como el de Chiapas, donde no sólo existe una violencia directamente relacionada con el conflicto, sino también una fuerte criminalidad ligada al narcotráfico, al tráfico de armas y carros, al control de diferentes comercios y pasos ilegales hacia el norte, una propuesta de amnistía que no da definición alguna de los “grupos civiles armados” que a ella pueden acogerse deja espacios de interpretación demasiados peligrosos. A eso cabe anadir la ambigüedad de su aplicación. Por un lado esta iniciativa de ley quiere ser entendida como una medida gubernamental para acabar con la violencia generada por los grupos paramilitares, aunque oficialmente no reconocidos bajo este término, y en su artículo 2 excluye explícitamente a los zapatistas de su jurisdicción. Por otro lado utiliza mediáticamente los resultados de su aplicación, confundiendo la opinión pública con imágenes de supuestas deserciones zapatistas.

La propuesta estatal de crear 33 nuevos municipios en las zonas Norte, Altos y de las Canadas, formulada a partir del análisis llevado por la Comisión Estatal para la Remunicipalización creada en 1998, tampoco parece ganar gran simpatía en las comunidades. Según las autoridades entrevistadas por la delegación suiza, ese proyecto responde a una demanda popular anterior al conflicto y tiene como objetivo luchar contra la marginación facilitando los contactos entre comunidades y cabeceras municipales y mejorando así también la representación política de los indígenas. Buena parte de la población ve sin embargo en la iniciativa de remunicipalización un mecanismo administrativo para lograr mayor control sobre las comunidades, agudizar la polarización y desmantelar a los municipios autónomos.

Asegurar el retorno de los casi 11.000 desplazados a sus comunidades bajo condiciones de seguridad, también había sido contemplado dentro de los puntos prioritarios del programa estatal. El Gobierno de Chiapas se comprometió en sostener el retorno con proyectos de apoyo económico e iniciativas de reconciliación. Los desplazados de Cruz Palenque y Acteal encontrados por los delegados suizos siguen sin embargo en condiciones de extrema indigencia y en un clima de gran tensión. Según los testigos nada de lo prometido llegó a sus comunidades y los pactos de no agresión no sirven para protegerlos de las amenazas y violencias que sufren a diario.

Para entender mejor la problemática expuesta en los puntos anteriores, cabe mencionar también ciertos rasgos hereditarios del sistema gubernativo mexicano, como los restos de caciquismo y clientelismo, el empleo de fondos públicos para manipular a los ciudadanos, a grupos de la oposición o a funcionarios. Estos instrumentos utilizados para el ejercicio y el mantenimiento del poder llevan a que cualquier reforma y todo proyecto de desarrollo por iniciativa del Gobierno pierda, por bien intencionada que sea, credibilidad, siendo entendida como parte del sistema de manipulación. Además éstos son mecanismos que también pueden ser utilizados en la lucha contra la insurgencia, lo que perjudica gravemente todas las iniciativas gubernativas destinadas a crear o mejorar las condiciones para una solución pacífica.

Uno de los aspectos concreto del problema es que no se cumplen los principios fundamentales del estado de derecho. Si bien es cierto que la creación del estado de derecho plenamente desarrollado corresponde al ideal modernizador del Gobierno de México, que tuvo su mayor expresión en el Tratado de Libre Comercio (TLC), también se sabe que hasta la fecha la plena vigencia del orden legal establecido no se logró y que existen grupos de poder que se resisten a que las cosas cambien.

Cabe recordar que la impunidad y la cultura de la violencia son parte integrante de este sistema. Impunidad significa que graves violaciones del derecho vigente, incluyendo hasta detenciones ilegales y asesinatos, queden sin consecuencias jurídicas porque los autores son vinculados con, o son ellos mismos, personas de gran influencia económica y política, o incluso representantes del Estado. Por ello se situan por encima de la ley y difícilmente son perseguidos por las autoridades judiciales y sancionados legalmente. Esta situación se encuentra especialmente en Chiapas donde sigue prevaleciendo el derecho del más poderoso, e indígenas, mestizos pobres y pequenos empleados están a menudo a la merced de acusaciones falsas y de castigos arbitrarios.

Según lo explica el sociólogo Pablo Gonzalez Casanova en su artículo “Causas de la Rebelión en Chiapas” [3], la impunidad es parte de un tipo de ejercicio de poder despótico que gobierno tradicionalmente con características brutales y racistas, utilizando según al caso manipulaciones y negociaciones. Siempre en la opinión del autor, en estos últimos tiempos para solucionar los conflictos se está practicando “la violencia con negociaciones”, utilizada así mismo por el Estado. Si bien la enérgica política de modernización del Gobierno de la República indica que toma en serio el estado de derecho como parte integrante del estado moderno y es corriente que las autoridades digan que a eventuales transgresores de la ley se les aplica justicia, todavía perduran graves carencias del sistema judicial. Las autoridades mexicanas siempre han hecho profesión de los principios constitucionales, sin embargo llama la atención que este concepto parece entenderse esencialmente en función de la obligación de los ciudadanos a cumplir con las leyes y no tanto del compromiso del Estado con el orden constitucional y la legislación vigente.

Es preciso constatar que las instituciones encargadas de la procuración e impartición de la justicia son ineficaces y parciales, excluyendo con frecuencia el acceso a sectores marginados de la población, las normas aplicándose a discreción y en beneficio de ciertos grupos de poder. Cabe subrayar en este escenario la falta de independencia del poder judicial, que parece, según opinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, favorecida por la misma estructura constitucional de los tribunales. La dependencia de los tribunales del poder ejecutivo agrava la situación de los derechos humanos. La grave inoperancia del sistema de justicia permite su abuso político para solucionar conflictos. Se afirma, por ejemplo, que ésto fue el caso de los operativos de desmantelamiento de los municipios autónomos en 1998, llevados bajo el pretexto de restablecer el estado de derecho y a raíz de los cuales se dieron cientos de detenciones. Fuera o no correcta esta interpretación de los hechos, no cabe duda que los defectos senalados del sistema de justicia existente destruyan la credibilidad del Gobierno y, sobre todo, afecten la fé en su voluntad política de superar las causas del conflicto en Chiapas y de erradicar la marginación y discriminación de los pueblos indígenas.

Muchos de los entrevistados han senalado el hecho de que por lo menos en las regiones rurales marginadas sigue rigiendo el derecho del más poderoso y que la ley se aplica de forma distinta según los casos, donde por crímenes útiles a los poderosos a lo sumo se castiga a los complices pero nunca a los mandatarios. Como ejemplo para Chiapas se pueden citar entre otros, la matanza de Acteal, el asesinato de José Tila y otros crímenes en la Zona Norte, los acosamientos y las expulsiones en Chamula por razones supuestamente religiosas, las detenciones arbitrarias y la más reciente desaparición y asesinato de José Hidalgo Pérez en San Cristóbal. También existen informaciones sobre acontecimientos similares en otros estados federales[4] e incluso crímenes que afectaron el centro político del país siguen impunes.

Otro factor que le resta credibilidad al Gobierno mexicano es su discurso ambiguo respecto a la autonomía de los pueblos indígenas. No cabe duda ninguna que para los alzados es central la exijencia de una autonomía auténtica que rompa con el sometimiento secular de los pueblos indígenas. Lo que reclaman es un verdadero cambio así como lo fijaron claramente Gobierno y EZLN en los Acuerdos de San Andrés tomados el 16 de febrero. En el documento 2 de los Acuerdos las partes se comprometen a “impulsar una profunda transformación del Estado, así como de las relaciones políticas, sociales, culturales y económicas con los pueblos indígenas que satisfaga sus demandas de justicia”[5] y fijan “la creación de un nuevo marco jurídico que establezca una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado, con base en el reconocimiento de su derecho a la libre determinación ...”[6] Los Acuerdos dejan bien claro que “... dicho marco jurídico ha de edificarse a partir de reconocer la libre determinación de los pueblos indígenas...” y definen la autonomía como “la expresión concreta del ejercicio del derecho a la libre determinación, expresada como un marco que se conforma como parte del Estado Nacional ”[7]

Si bien es verdad que las disposiciones de los Acuerdos necesitan ser concretizadas en nuevas normas constitucionales y legales, no cabe duda que estas transformaciones deben ser muy profundas y hasta “revolucionarias” para que erradiquen las injusticias y la marginación existente. Tales son las expectativas creadas por los Acuerdos y es previsible que la menor ambigüedad en las tomas de posición y en las proposiciones del Gobierno acerca de la implementación de los acuerdos provoque graves dudas respecto a la buena fé del Gobierno o a su voluntad política de cumplir con lo acordado. A la luz de ésto, las propuestas y declaraciones del Gobierno referentes a la autonomía indígena parecen funestas por ser reductoras y, sobre todo, por aplicar reservas acerca de la unidad nacional, de la democracia y de la tenencia de la tierra, y enfocarse en ellas provocando así la interpretación de que el Gobierno se haya retractado, ya que es patente que lo ofrecido no corresponde a lo acordado en San Andrés. La propuesta presidencial del 15 de enero de 1998, por ejemplo, reduce la libre determinación de los pueblos indígenas a las solas comunidades.

En lo que es del significado de los Acuerdos de San Andrés cabe senalar que México firmó y ratificó el Convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en los paises independientes de 1989, la cual reformuló los derechos de los pueblos indígenas basándose en los conceptos del respeto y de la participación. Este Convenio, que entró en vigor el 6 de septiembre de 1991, anticipa lo acordado en San Andrés. Es bien cierto que las disposiciones del Convenio no son directamente aplicables, sin embargo las tergiversaciones verbales del Gobierno cuando se trata de dar los primeros pasos efectivos hacia la transformación profunda del Estado, patéticamente proclamada en los acuerdos, le causan asombro a esta delegación.

Chiapas es el único estado donde operan cuatro zonas militares. La zona 31, Rancho Nuevo, en el municipio de San Cristóbal, la 36 con base en Tapachula, la 39, más reciente, en Ocosingo, y la 38 con base en el estado de Tabasco pero con batallones operativos en la parte norte de Chiapas. Las cuatro zonas están bajo la jurisdicción de la VII Región Militar con sede en Tuxtla Gutiérrez. El número de efectivos militares desplegados en Chiapas es de estricto dominio del Ejército, sin embargo se manejan a nivel oficial cifras que varían entre 10 y 20mil, mientras fuentes menos oficiales, pero más directamente en contacto con la realidad chiapaneca, aproximan una presencia de 60/70mil efectivos, o sea más del 30% del Ejército mexicano. Según los datos del Centro de Investigaciones Políticas y de Acción Comunitaria (CIEPAC) de fines 1998, los puntos de control militar y policiacos en Chiapas son 257, cubriendo el 55.85% de la totalidad de los municipios. De estos el 62.64 % son puntos de control del Ejército, como retenes permanentes, cuarteles y campamentos.

El municipio de Ocosingo es el más militarizado del Estado con 37 puestos de control militar y policiaco, siempre según datos emitidos por CIEPAC el primer semestre de 1999. Mientras el Ejército está tomando nuevas posiciones en Las Canadas de Ocosingo, la construcción del cuartel de San Quentín, el más grande de la región, está a punto de acabarse, y otro está siendo construido en Yajalón (zona Norte). Después de Ocosingo el segundo municipio más militarizado de Chiapas es Chenalhó, donde la masacre de Acteal trajo un incremento de 2000 efectivos repartidos en 22 campamentos, lo que corresponde a un soldado por cada 10 habitantes, en un municipio donde cada tres personas una es desplazada.

La presencia del Ejército y de la Seguridad Pública se está agudizando cada día más en las zonas de influencia zapatista, así que las cifras expuestas aquí arriba reflejan únicamente por defecto la situación vigente en el segundo semestre de 1999. Los efectivos militares aumentan de forma constante, sin embargo la opinión pública no logra tener una percepción real del amplitud del fenómeno en cuanto el Ejército se posiciona de forma gradual y bajo diferentes pretextos, como por ejemplo las inundaciones de septiembre 1998 en la costa del Soconusco o el más reciente programa de reforestación que trajo en el noreste de la Selva Lacandona unos 5000 soldados. En los retenes de operaciones mixtas, cada vez más numerosos en Las Canadas, zona Norte y Los Altos, los militares, las policías y las autoridades migratorias en los últimos meses se han puesto más agresivos y desmedidamente inquisidores. Los patrullajes en las comunidades también son más frecuentes y llevados con la misma agresividad intimidatoria. Lo que además genera seria preocupación es la tendencia creciente del Ejército a desempenar funciones policiales que no le competen, sea en los retenes que en los operativos de rastreo en las comunidades, y la militarización de los mandos policiales que le permite mantener una presencia militar constante en la Seguridad Pública.

El Gobierno Federal y del Estado justifican la presencia del Ejército aduciendo razones como la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la lucha contra el narcotráfico y el cultivo de marihuana, el control de las zonas fronterizas, la protección de la Reserva Ecológica y de las reservas de petrolio y uranio y la protección de la población en general. Según las autoridades federales y estatales el término “militarización” no se puede aplicar en el contexto de Chiapas. En las entrevistas con la delegación suiza explicaron que el Ejército en Chiapas no representa una fuerza de agresión, sino más bien una fuerza disuasiva de contención en un contexto donde sigue vigente una declaración de guerra por un grupo armado.

La aparición en 1995 de grupos civiles fuertemente armados no fue un fenómeno totalmente desconocido para Chiapas, donde los ganaderos acostumbraban proteger sus ranchos por medio de individuos armados conocidos como “guardias blancas”. Instancias de poder regional también empezaron, sobre todo con el estallar del conflicto, a apoyarse en grupos armados para mantener el control sobre cualquier tipo de oposición. En los últimos dos anos, o sea con el estancamiento de los diálogos de San Andrés, algunos de estos grupos, principalmente en la zona Norte, se radicalizaron intensificando sus acciones criminales en contra de la población no conforme al PRI, de religiosos, de representantes de organizaciones no gubernamentales civiles y políticas y de promotores y defensores de los derechos humanos.

Aunque la existencia de estos grupos es un hecho reconocido por el Gobierno mexicano, el término “paramilitar” no es aceptado oficialmente en cuanto según las autoridades no existen pruebas de que haya vinculación entre estos grupos y las fuerzas del orden. Sin embargo algunos de estos grupos, que además operan en los lugares más militarizados como la zona Norte y el municipio de Chenalhó, son tan abiertamente conocidos en su actuar que hasta los nombres de sus líderes e integrantes y el tipo de armamento que poseen es de dominio público. La impunidad en la cual siguen cometiendo actos de violencia en contra de la población civil es indicadora de que estos grupos gozan de la protección de sectores de poder a los cuales una solución pacífica no le conviene.

La utilización de personal civil militarizado para socavar la base social de las fuerzas enemigas al gobierno, es también un elemento caracterizante de las estrategias contrainsurgentes, así como dictan los manuales militares norteamericanos de Doctrina de Defensa Nacional elaborados para situaciones de guerra de baja intensidad y aplicados en las últimas cuatro décadas en diferentes países, principalmente de America Latina y Central. Este tipo de estrategia ensena que por medio de grupos armados aparentemente descontrolados, cuyo origen se atribuye oficialmente a criminalidad común o dísputas intercomunitarias, se logra, sin danar la imagen pública del Ejército, crear un clima de total inseguridad e impunidad que por un lado sirve como pretexto para aumentar los dispositivos militares y de seguridad y por el otro para ganarse la población prometiéndole protección y apoyos asistenciales.

Otro elemento de esta estrategia de desgaste es agudizar, o crear cuando no existen, conflictos intercomunitarios polarizando las comunidades hasta la confrontación violenta que a su vez justifica más militarización. Las redes sociales que apoyan la insurgencia se rompen principalmente a través de la manipulación de los recursos. Como explicado bajo el punto 3.1, en Chiapas los programas de desarrollo no benefician de forma equitativa a todas las comunidades y la distribución de los recursos sigue criterios de clientelismo que favorecen los sectores vinculados a las instituciones oficiales. De la misma forma la población denuncia que las autoridades tienden a encubrir y dejar impunes los delitos cometidos por los aliados del Gobierno, llegando a veces a perseguir y encarcelar las mismas víctimas que sufren la violación.

Todo eso, junto con la tensión constante ejercida por los grupos paramilitares, no solamente alienta las luchas intercomunitarias y desarticula cualquier iniciativa de solución pacífica, sino que destruye hasta los tejidos familiares fomentando una cultura de violencia e intolerancia que destinada a sobrevivir al conflicto.

La coordinación entre los tres mecanismos de contención y desgaste, que son, como expuesto arriba, el cerco militar, la paramilitarización y la manipulación de los recursos económicos, se vio muy claramente en el triángulo formado por los tres municipios de Tila - Sabanilla - Tumbalá en la Zona Norte. Este mismo fenómeno se está reproduciendo ahora, según la información recogida, en el municipio de Ocosingo.

El grupo paramilitar Paz y Justicia se fortaleció en Tila a partir de 1995 después que los candidatos del PRI, vinculados a la organización Desarrollo Paz y Justicia, ganaron la presidencia municipal con casi el 80% de abstención. Según los testimonios el financiamiento hacia ese grupo empezó a canalizarse a través de programas estatales cuya implementación sigue siendo difícilmente verificable. La aparición de este grupo coincidió con la instalación del primer campamento del Ejército en El Limar bajo pretexto de querer acabar con la violencia. Con la llegada del Ejército, sin embargo, la ola de violencia aumentó.

En Ocosingo el presidente municipal priista no consiguió instalarse en 1995 a raíz de una fuerte movilización de grupos independientes que lograron formar un consejo municipal plural, integrado por el PRI y 5 organizaciones independientes. El control del presupuesto municipal canalizado en obras fue gracias a eso muy fuerte y los grupos priistas no consiguieron fortalecerse por el medio utilizado en la Zona Norte. En la elecciones municipales de octubre 1998 sin embargo ganó el PRI con más del 80% de abstención. En el segundo trimestre de 1999 es cuando empieza una campana, con gran cobertura en los medias, de supuestas deserciones zapatistas. Al mismo tiempo el Ejército y la policía fuertemente armados, como también pudo constatar la delegación suiza por lo menos en dos ocasiones, empiezan a incursionar las Canadas de Taniperla y Las Tazas, con el pretexto de contener la violencia, mientras se habla de entrenamiento en las mismas Canadas de un grupo paramilitar.

En esta segunda mitad de 1999 el Gobierno está promoviendo, como parte de la estrategia federal para la superación del rezago socio-económico en Chiapas, un programa productivo que abarcará 116 comunidades de las Canadas de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano. Sobre este amplio programa de desarrollo también informó el periódico La Jornada el 29 de junio bajo el título “Milionario programa productivo en zonas de influencia zapatista”. Algunos interlocutores expusieron sus preocupaciones a los delegados suizos acerca de los reales objetivos de este programa. Según su opinión sería parte de una estrategia de contrainsurgencia para fortalecer la posición local del PRI y paralelamente la presencia del Ejército y de los grupos paramilitares, y así agudizar el conflicto social en estas áreas y desarticular la base social del EZLN.

La justificación gubernamental que la presencia militar es solicitada por las comunidades para asegurar su protección no encuentra comprobación en los hechos. Como mencionado más arriba el municipio de Ocosingo es el más militarizado del Estado, sin embargo los últimos casos de violaciones, tal como amenaza, detención ilegal y agresión, denunciados a los centros de derechos humanos proceden todos de este municipio. El desproporcionado despliegue de efectivos militares en el municipio de Chenalhó a consecuencia de la masacre de Acteal, tampoco sirvió a detener la circulación de individuos cargando armas de grueso calibre, así como denunciado por las comunidades de Yashgemel y Yibeljoj la primera semana de mayo de este ano, ni tampoco a dar protección a los miembros del grupo Las Abejas que siguen siendo amenazados por conocidos militantes priistas.

Cuando bajo el pretexto de buscar a tres asaltantes de carretera, 500 elementos del Ejército y de la policía entran en una comunidad, como sucedió en La Trinidad de Ocosingo el 10 de junio de este ano, quedan evidentes la utilización desmedida de la fuerza y la intención intimidatoria de tales operativos. Una semana antes de las incursiones en La Trinidad, y con justificaciones similares, unos 70 vehículos habían entrado a Nazareth, otra comunidad de Ocosingo, llevando alrededor de 700 soldados junto con Policía de Seguridad Pública y de la Procuradoría General de la República. En ambos casos la población reaccionó con gran determinación para echar de sus comunidades a las fuerzas militares y policiacas, lo que se interpretó por las autoridades como una confirmación de la presencia en la zona de campos de entrenamiento militar zapatista.

La consecuencia más tangible del clima de terror y amenaza en que viven las poblaciones de Los Altos y de la Zona Norte, son los desplazamientos de una comunidad a otra que afectan decenas de miles de indígenas, los últimos siendo unas 50 familias que salieron de la comunidad de Nazareth, municipio de Ocosingo, a raíz de las incursiones militares del 4 de junio.

Las personas entrevistadas por la delegación suiza, así como fehacientes organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los Relatores Especiales de Naciones Unidas de Ejecuciones Sumarias y sobre la Tortura, coinciden en afirmar la existencia de hechos muy graves, particularmente abrumadores en un país que profesa valores liberales y democráticos. Así se afirma que es corriente la impunidad de los autores de violaciones graves a los derechos humanos (sobre todo las cometidas contra miembros de comunidades indígenas) y que la situación de derechos humanos continúa degradándose. En particular se confirman tanto la práctica de detenciones arbitrarias como los casos de desaparición forzada. Con respecto a la tortura el Relator Especial confirmó que esta práctica es frecuente en muchas partes de México

Entre enero y mayo de 1999 el centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas recibió 208 denuncias, de las cuales 66 violaciones explícitas a los derechos humanos. Lo que aparece mayormente en este primer semestre es una violencia selectiva, donde predominan las detenciones ilegales con malos tratos durante la captura y el traslado al Ministerio Público. Normalmente las capturas son efectuadas por elementos de seguridad pública, sin embargo en abril, en una comunidad de Ocosingo, se produjo en un retén un caso de captura por parte de efectivos militares quienes antes de soltar al preso le tomaron fotos acusándole de ser zapatista y amenazándolo con torturarlo.

Siempre en este primer semestre siguen sin resultados tres casos de supuesta desaparición forzada. En un cuarto caso, el cuerpo del desaparecido, José Hidalgo Pérez, fue encontrado el 24 de junio, quince días después de su desaparición, con dos orificios en la frente y uno en la parte posterior. Si bien no hay bastante elementos y es prematuro interpretar estos cuatro casos como la inauguración de un nuevo patrón de represión, surgen, sobre todo ante el asesinato de Hidalgo Pérez miembro de una conocida familia de activistas sociales de San Cristóbal, gran desconcierto e interrogativos acerca del mensaje intimidatorio que estos hechos quieren lanzar.

A la hora de finalizar la redacción de este informe se están registrando en Chiapas nuevos acontecimientos de extrema gravedad que violentan la Ley para el Diálogo y avaloran la tesis aquí expuesta. Varias centenas de efectivos militares, bajo pretexto de dar protección a los trabajadores empenados en la construcción de caminos, han incursionado de forma violenta Amador Hernández, comunidad del municipio de Ocosingo, apretando el cerco militar alrededor de La Realidad, bastión de la directiva del EZLN.

La delegación suiza pudo constatar a través de las entrevistas llevadas con autoridades federales y estatales que hay una tendencia general a interpretar como cuestiones de intolerancia religiosa la mayoría de los actos de violencia intercomunitaria. Es cierto que la sociedad chiapaneca ha desarrollado, sobre todo en los últimos anos, una diversidad religiosa muy compleja, donde al lado de católicos y evangélicos, como resultado de esciciones de estos últimos, se han multiplicado nuevos grupos y sectas y que esto es causa en ciertas circunstancias de tensiones. Pero más cierto es recordar que por razones de poder político-económico, los sectores líderes de la sociedad, desde siempre han impulsado divisiones en las comunidades tratando, en contradicción con lo que aparentan y proclaman, quitarles su identidad cultural. De esta forma facilitaron un sistema social que promueve como puntos de referencia e identificación la confesión y la filiación política, siendo éstas fuertemente interrelacionadas y actuando una como definición de la otra. Cada grupo encuentra así su cohesión alrededor de ventajas político-económicas que la confesión elegida le otorga, un fenómeno que es también causa de varias esciciones internas y de mucha confrontación.

Resulta entonces demasiado reduccionista enfocarse únicamente en la cuestión religiosa para buscar soluciones de conciliación, en cuanto en el fondo estos conflictos parecen tener muy poco de religioso. La definición más apropiada de estas tensiones violentas que afectan muchas comunidades sería la de luchas político-económicas y caciquiles por el poder, donde la intolerancia religiosa se acentúa artificialmente para servir de pretexto y fortalecer el control sobre la población.

Expresión más cruenta de esta dinámica es San Juan Chamula, donde el monopolio del comercio de alcohol y la lucha a la oposición política sigue siendo la verdadera causa de las expulsiones a carácter religioso empezadas en 1974. A partir de febrero de este ano hubo en el municipio un incremento significativo de la violencia y persecución en contra sea de católicos que de evangélicos. Esta intolerancia se manifiesta principalmente bajo forma de destrucciones de lugares de culto, robos, amenazas y lesiones físicas. Tampoco son raras las detenciones arbitrarias relacionadas a la construcción de ermitas, lo que demuestra la implicación directa de las autoridades locales en los hechos de “intolerancia religiosa”.

El centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas recibió en mayo tres denuncias de agresión en el solo espacio de cinco días, y todas relacionadas con la construcción de templos católicos. La delegación suiza pudo constatar personalmente el clima de temor vivido en Tres Cruces, comunidad de San Juan Chamula, donde a finales de mayo, después de la destrucción de una ermita y de las agresiones sufrida al intento de construir otra, la población fue de nuevo atacada por un centenar de elementos encapuchados y armados llegados en vehículos de la policía municipal. Según los testigos no se trataría de un conflicto interno con los agresores, en cuanto “ellos son personas como nosotros, católicos e igual de pobres”, ni tampoco de conflictos con los evangélicos, sino agresiones provocadas por incitación de los caciques.

La total impunidad en que se mantienen las violaciones sistemáticas a los derechos de libertad religiosa en San Juan Chamula es en manifiesta contradicción con los compromisos tomados por el gobernador de Chiapas en su programa de conciliación.

El sistema gubernativo de México se caracterizó a partir de la revolución por la existencia de un partido único por medio del cual pretendía representar, hasta hace muy poco tiempo, a todos los sectores y aspiraciones de la sociedad. El PRI y las organizaciones afiliadas a él (campesinos, indígenas, trabajadores, estudiantes, mujeres, ect) controlaron durante décadas la vida política y social de México. Durante anos cada organización que intentaba crecer independientemente terminaba, cuando no era disuelta o reprimida, siendo acaparada por el partido oficial. También los movimientos de campesinos e indígenas estaban organizados y controlados verticalmente, desde arriba, y lo mismo sucedía hasta con pequenas agrupaciones locales. Así fue, por ejemplo, como fue fundada en 1984 por el Instituto Nacional Indigenista (INI) la primera cooperativa de tejedoras de Chiapas (J’Pazjolovolelik). De acuerdo con las informaciones de miembros de la organización de asesoras K’inai Antzetik, esa cooperativa todavía no ha logrado ganar autonomía.

Esta situación ha cambiado en los últimos tiempos. A partir del PRI se han ido formando partidos oposidores que han logrado relativizar el control que el PRI ejercía sobre la sociedad mexicana. Si bien en las regiones más atrasadas socioeconómicamente sigue dominando un sistema dominado por el caciquismo y por los sectores más retrógados del partido oficial, han surgido en el país numerosas organizaciones autónomas, de derechos humanos, de mujeres y vecinales, de estudiantes, de jóvenes, de grupos pacifistas y en promoción de la democracia, cooperativas de producción y más, que tratan de interrelacionarse, contando también con una fuerte presencia en Internet para mantener contactos con agrupaciones similares al extranjero.

La delegación suiza se entrevistó en Chiapas y en Ciudad de México con representantes de la organización civil las Abejas, K’inal Antzetik (asesoramiento de artesanas indígenas), ARIC Independiente y Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia al que pertenecen numerosas agrupaciones activas, sobre todo en el trabajo pacifista, de derechos humanos y en apoyo a las mujeres. Pudo así apreciar el empeno continuo de estas organizaciones y su contribución en varios sectores, como en la educación a los derechos humanos, a los derechos de la mujer, en la educación cívica a la paz, a la democracia y tolerancia por medio de proyectos y actividades concretas en zonas conflictivas; en el desarrollo de proyectos de trabajo y formación en técnicas artesanales, comercialización de tejidos, contabilidad, alfabetización y otro; en establecer contactos y relaciones solidarias con comunidades y organizaciones autónomas; en el análisis de la situación socio-económica y política y en propuestas para proyectos de alternativas políticas.

La sociedad civil mexicana manifiesta una fuerte capacidad de movilización y compromiso y con su aporte creciente en favor del desarrollo democrático y pacífico está promoviendo, sobre todo en Chiapas, un proceso de trasformación muy importante. Su presencia activa en los diálogos es lo que caracteriza el proceso de paz en México, y que ha favorecido el fortalecimiento de la solidaridad nacional e internacional frente a la crisis de Chiapas. Por eso el cambio en favor de la paz tiene que pasar por las numerosas iniciativas que la sociedad civil está promoviendo también a nivel comunitario, iniciativas que merecen el respaldo de los sectores gubernativos convencidos que la solución al conflicto debe ser pacífica.

Pese los esfuerzos a nivel federal y estatal para superar los problemas de marginación y violencia, Chiapas sigue siendo, según el último informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicado en el mes de junio, uno de los estados donde se registra mayor violación a los derechos humanos. Durante sus visitas en las comunidades la delegación suiza pudo constatar personalmente el clima de temor y violencia en el cual vive la población de las zonas de conflicto, así como la extendida presencia de retenes donde fuerzas militares y de seguridad piden identificación y justificaciones sobre los desplazamientos sin que existan medidas constitucionales que lo autorizen. Los representantes gubernativos entrevistados han negado la existencia de un estado de excepción, y de hecho esto nunca ha sido declarado. Sin embargo Chiapas vive restricciones de derechos cuales libertad de tránsito, de asociación, de expresión y de culto, entre otras, como si estuviera bajo medidas excepcionales.

La violencia en Chiapas se alimenta en un contexto muy complejo donde la variedad de los actores y sus multiples intereses enredan los caminos hacia soluciones negociadas y oscurecen los intentos de quienes realmente están trabajando para la paz. Espacios para soluciones pacíficas existen y hay ejemplos a nivel comunitario de conflictos resueltos a través del diálogo y de la interacción entre grupos de diferentes partidos y religiones. Sin embargo estos espacios siguen siendo reprimidos y sofocados por las acciones desestabilizadoras de los sectores que temen perder control y poder aceptando la via pacífica. La fuerte militarización

en las zonas de influencia zapatista, la impunidad en que actúan los grupos paramilitares y las últimas ofensivas en el municipio de Ocosingo y Las Margaritas, indican que las fuerzas a favor de la solución armada han logrado despojar los Acuerdos de San Andrés de su valor y significado, imponiendo una ley de la violencia que quiere perpetuar el conflicto.

· Teniendo cuenta del contenido de los Acuerdos de San Andrés, la delegación estima que para poder alcanzar la solución pacífica del conflicto es indispensable buscar soluciones mucho más radicales que las ofrecidas por las propuestas gubernamentales presentadas hasta la fecha. No será posible reanudar el diálogo sin un discurso del Gobierno más abierto y concreto, y por esto más credible, sobre todo respecto a la autonomía indígena (o sea la unidad nacional) y la tenencia de la tierra.

· La desproporcionada presencia militar en las comunidades, sus consecuencias desestabilizadoras en la vida cotidiana de la población y las violaciones a los derechos humanos que genera, no refleja el compromiso, tomado por el Gobierno mexicano en los acuerdos de San Andrés, de solucionar el conflicto políticamente. Al reducir los efectivos militares en Chiapas retirándolos de las comunidades el gobierno mostraría la voluntad de respetar los acuerdos y dialogar y le daría la oportunidad de rescatarse superando así la crisis de credibilidad que causó la suspensión del diálogo en 1996.

· De la misma forma urgen investigaciones serias y profundas sobre el operar de los grupos civiles armados, conocidos por las comunidades como "grupos priistas" o "grupos paramilitares", y su vinculación con las fuerzas públicas.

· El recrudecimiento de la violencia y la impunidad en que se mantienen muchos crímenes muestran la inexistencia, en el Estado Federal y con mayor grado en Chiapas, de un correcto funcionamiento de los sistemas policial y jurídico.

· Para crear una credibilidad del Gobierno basada en el respeto del orden constitucional resulta imprescindible y de suma urgencia la reforma profunda del sistema de procuración e impartición de la justicia, reforma que establezca la plena vigencia del estado de derecho y garantize el igual acceso de todos los ciudadanos a la justicia, la efectiva independencia y la imparcialidad de las autoridades judiciales, así como el pleno respeto de los derechos humanos y de las garantías procesales

En cuanto a medidas inmediatas esta delegación urge a los Gobiernos Federal y Estatal fortalecer el sistema público de protección de los derechos humanos, garantizando la plena autonomía de la Comisión Nacional y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CNDH y CEDH), para asegurar la investigación exhaustiva, imparcial y efectiva de todas las quejas y denuncias de violaciones por un cuerpo independiente y con suficientes recursos.

· El uso de fondos públicos de los programas asistenciales y de desarrollo para fines políticos y destabilizadores, son también, como expuesto, un factor que le resta credibilidad al Gobierno mexicano. Como este fenómeno alienta las divisiones al interior de las comunidades y seguramente se aprofundizará en el periodo de la campaña electoral inminente, una solución es de suma importancia.

2nda recomendación

La delegación urge que se estudie muy detalladamente la creación de nuevos organismos independientes con mandato de controlar la implementación de los programas gubernativos y el uso de fondos públicos a todos los niveles de gobierno, incluso municipal. Estos organismos, para ser efectivos, tendrían que ser pluripartidistas y efectivamente independientes de los poderes ejecutivos encargados de la administración de fondos y programas públicos. Tales instrumentos son susceptibles de controlar eficazmente el uso y la distribución de recursos públicos y así garantizar que no se den deviaciones de fondos hacia fines ocultos o en beneficio de grupos o estructuras „paralelas“.

· Según muchos testigos el uso político de los aparatos policial y jurídico es un problema grave. Considerando que este fenómeno perjudique gravemente las iniciativas gubernamentales en busca de la paz en Chiapas, la delegación urge que se tomen medidas inmediatas.

3era recomendación

Por ultimo esta delegación sugiere que se estudie a fondo la posibilidad de extender el mandato de la COCOPA habilitándola de efectuar investigaciones parlamentarias acerca de quejas concretas que denuncian casos de presunto uso político del sistema de justicia y autorizándola de interrogar los eventuales funcionarios públicos involucrados. Si resultara inoportuno encargar la COCOPA, otra comisión parlamentaria con el mismo mandato - de preferencia a nivel federal - debería ser creada. Para que fuera eficaz este organismo debería tener la facultad de publicar sus resultados y de proponer medidas adecuadas a los órganos parlamentarios y gubernamentales, tanto federales como estatales.

[2] Véase en el anexo 4 el informe oficial “Chiapas Vive - La superaciòn del rezago social 1995 - 1998”

[3] Véase en el anexo 4 el artìculo “Causas de la rebeliòn en Chiapas” de Pablo Gonzalez Casanova.

Segùn este autor “Estado y organizaciones tienen una cultura relativa del derecho. Saben que la ley no se aplica necesariamente antes de la violencia ni después. Practican una cierta forma de legislar y de interpretar el espìritu de la ley dentro de un orden a la vez violento y civilizado. Legalizan las concesiones después de ejercida la violencia por ambas partes, o con la amenaza implicita de volver a ejercerla (...) pag. 9.

[4] Véase en anexo 4 el informe “El Imperio de la Violencia y la Impunidad”, del Centro de Derechos Humanos de la Montana, Diòcesis de Tiapa, mayo 1999.