Programa
Suizo de Observación Chiapas
Cuarta Misión
DEL 30 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DEL 2000
Zurich Febrero 2001
Por Théo Buss, en acuerdo con la delegación
Traducción Isabel Lügstenmann
Por encargo de las siguientes Iglesias y organizaciones humanitarias:
Acción Cuaresmal, Lucerna
Caritas Suiza, Lucerna
Conferencia Episcopal Suiza, Friburgo
HEKS, Ayuda de las Iglesias Protestantes de Suiza, Zurich
Federación de las Iglesias Protestantes de Suiza, Berna
Pan para Todos, Berna y Lausanne
Miembros de la delegación:
Cécile Bühlmann, Lucerna, miembro de la Cámara de Diputados del Parlamento
Nacional, Partido ecologista suizo “Los Verdes”
Théo Buss, pastor, Neuchâtel, secretario de Pan para Todos en la Suiza francesa,
Federación de las Iglesias Protestantes de Suiza
Lucrezia Meier-Schatz, St. Peterzell (SG), miembro de la Cámara de Diputados
del Parlamento Nacional, Partido demócrata-cristiano
P. Roland-Bernard Trauffer, o.p. Secretario General de la Conferencia Episcopal
Suiza
Acompañados por Tildy Hanhart, Zurich, coordinadora del programa
Dirección de referencia: Dra. Tildy Hanhart, Encargada del Programa
c/o HEKS, P.B. 322, 8035 Zürich - Tel. 00 41 1 361 66 00 / Fax: 00 41 1 361 78 27
email: heks@hekseper.ch
Introducción
En una región marcada desde el 1º de enero de 1994 por el levantamiento de los pueblos indígenas en torno al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), los enfrentamientos con el Ejército del Estado federal de México y con otros cuerpos armados (véase pág. 6 bajo CIEPAC y anexo A) han creado una situación explosiva, marcada por numerosas violaciones de los derechos humanos, por ejecuciones extrajudiciales y deportaciones. A causa de este conflicto, las organizaciones mencionadas en la 1ª página lanzaron en 1999 un programa de observación con los siguientes objetivos:
1. Envío de delegaciones de observación para documentar el proceso de
paz y la situación de los derechos humanos.
2. Contribuir a reanudar el diálogo y a desarrollar la confianza entre las partes.
3. Apoyar iniciativas para la reconciliación y para la formación de alianzas en virtud de la paz.
4. Propagar el programa de observación a nivel internacional.
Para alcanzar estos objetivos se recurrió al envío de delegaciones mixtas sobre el terreno, encargadas de dialogar con todas las fuerzas presentes. Los informes de las tres primeras delegaciones están a su disposición en la oficina de la coordinación del programa.1
1ª misión: del 6 al 17 de enero de 1999
2ª misión: del 19 de junio al 2 de julio de 1999
3ª misión: del 18 al 29 de febrero del 2000
1. Objetivo de la cuarta misión
Este informe, reflejo de la cuarta misión de observación, no pretende volver a presentar y analizar la situación general. Más bien es un complemento y una actualización de los tres informes anteriores. Nuestro cometido fue intentar comprender la dimensión religiosa de los conflictos.
2. Comentarios previos
El análisis de la situación en Chiapas se basa en diferentes aspectos: en primer lugar, antes de viajar, la delegación tuvo que dedicarse a la lectura de múltiples informes que hacían hincapié en el conflicto zapatista y las violaciones de los derechos humanos. Después, sobre el terreno, la delegación comprendió que la situación resulta ser mucho más compleja de lo pensado inicialmente. Todos los interlocutores recalcaron la complejidad de la situación, tanto a nivel político, como económico, social, jurídico y religioso.
Por otra parte, numerosos interlocutores de la delegación perciben el análisis del cambio político que se realizó el 2 de julio del 2000 con la elección a la presidencia de Vicente Fox del Partido de Acción Nacional (PAN) como señal de esperanza y apertura. Otras personas, sobre todo las vinculadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI), aportan un análisis diferente de la situación ya que su partido sigue manteniendo la mayoría en 19 de 32 Estados.
3. Exposición cronológica
3.1. Lunes 31 de julio
º Serapaz: Servicios y asesoría a la paz
Después de nuestra tardía llegada la víspera a la capital de México, nos reunimos para comer con los representantes de Serapaz (Servicios y asesoría a la paz), Miguel Alvarez y Dolores González. Ambos subrayan las consecuencias de las elecciones a la presidencia del país y proponen un primer acercamiento general. Opinan que la situación actual está marcada por la tensión entre dos puntos de vista:
- el de las personas que consideran que el resultado de las elecciones federales
del pasado 2 de julio de por sí significa un cambio ya que puso fin a la
preponderancia del PRI (Partido Revolucionario Institucional) y dio lugar a la
victoria del candidato a la presidencia Vicente Fox y a su partido PAN (Partido
de Acción Nacional);
- el de las personas que opinan que es necesario actuar para que el cambio se
realice, sobre todo en vista de la elección de varios gobernadores de Estado
(de 32 Estados 20 están todavía en manos del PRI), especialmente del de
Chiapas, prevista para el 20 de agosto.
º Conferencia episcopal mexicana
Monseñor Abelardo Alvarado Alcántara, secretario general de la Conferencia episcopal mexicana, y el padre Javier notifican que la Iglesia católica publicó el 25 de marzo del 2000 una carta pastoral bajo el título: “Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos” que llamó mucho la atención. Hacía 30 años que no se publicaba un tal documento.
Monseñor Abelardo Alvarado Alcántara, secretario general de la Conferencia episcopal mexicana, nos presentó un resumen de la situación general. Según él, reina un grave problema de injusticia e inseguridad, de mala repartición de recursos y bienes, de corrupción desenfrenada promovida por el régimen político. Las agresiones contra la población, la toma de rehenes y los crímenes son hechos cotidianos. A causa del desempleo permanente, de tanta injusticia y tanta violencia numerosos grupos de la población se sublevan, sea de forma no violenta, sea de forma armada (existen grupos guerrilleros armados en ocho Estados: en Guerrero, Oaxaca; Hidalgo, Veracruz, Puebla, Chihuahua, Tamaulipas y Jalisco).
Ocho obispos, representantes de todas las regiones del país, se reunieron con el nuevo presidente, Vicente Fox. No le pidieron privilegios para la Iglesia, en un país donde la separación de la Iglesia y del Estado tiene una larga tradición. Debe gobernar para todos, respetando las minorías y poniendo especial atención en:
- tener en cuenta a los pobres
- la formación nacional
- la política familiar y los problemas demográficos.
Para Monseñor Alvarado está claro que el gobierno del Sr. Zedillo cambió de idea después de firmar los Acuerdos de San Andrés y se negó a ponerlos en práctica.
º Embajada Suiza
El Sr.Marcus Kaiser, embajador suizo en México y su consejero, el Sr.Jean-Pierre Villard, nos presentaron su análisis de la situación actual:
- crecimiento económico y justicia social (cierto distanciamiento de un sistema que acrecenta la desigualdad)
- educación, formación de “recursos humanos”
- Estado constitucional: intensificar las medidas para mejorar el ejercicio de la justicia, mayor separación entre los tres poderes, lucha contra la impunidad.
º Serapaz – 2º encuentro
Entrevista con Don Samuel Ruiz, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, el vicario episcopal de Justicia y Paz de la diócesis, padre Gonzalo Ituarte, o.p., y varios ex miembros de CONAI (Comisión nacional de mediación): Juan Bañuelos, Oscar Oliva, padre Pablo Romo (o.p.), Pedro Nava, Conchita Nava, Salvador Reyes.
º Gobierno mexicano
Entrevista con el lic. Emilio Rabasa, acompañado por el embajador Salvador Campos Icardo del Ministerio de Asuntos Exteriores, la lic. Adriana Aguilera Real de la oficina de relaciones, la lic. Odelia Castro de la subsecretaría de asuntos religiosos, en presencia del Sr. Jean-Pierre Villard.
El Sr. Rabasa hizo un análisis del informe de la tercera delegación subrayando las inexactitudes. Entre otras cosas manifestó su desacuerdo con la opinión que el gobierno del PRI hubiera perdido su credibilidad, tal como lo expresaron los autores de nuestros informes II y III. El padre Roland Trauffer, miembro de la 3ª delegación y coautor del informe analizado, tomó cartas en el asunto y reafirmó la interpretación realizada en febrero de 1999.
El Sr. Rabasa explicó que las elecciones del 2 de julio revolucionaron el cuadro político nacional: por primera vez en la historia de México se pudo asistir a un cambio pacífico en el poder político.
3.2. Martes 1º de agosto
Viaje en vuelo regular de México a Tuxtla Gutiérrez, capital del Estado de Chiapas.
º Gobierno del Estado de Chiapas
Ya que el secretario del gobierno del Estado, Sr. Lescieur Talavera, se encontraba ausente, fuimos recibidos por el Sr. Jorge Aranda Hernández, subsecretario del gobierno, el Sr. Jesús Manuel Grajales Romero, encargado de los asuntos religiosos y el lic. Gilberto Manzón Velasco, encargado de las relaciones políticas. El presidente del Consejo Estatal Electoral, encargado de llevar a cabo la elección del nuevo gobernador del Estado, el lic. Eduardo Pineda Arenas, nos recibió a pesar de nuestro retraso a la reunión. Ponderó el proceso de ciudadanización de la sociedad mexicana en el que los ciudadanos deciden sobre su porvenir. El Consejo dirigido por él se esfuerza por conseguir claridad, transparencia e imparcialidad y combate el abstencionismo. Lo importante es el proceso electoral y no quien lo gane. Decide la mayoría: cada ciudadano dispone de una fracción de poder.
º Instituto Federal Electoral
El presidente del Instituto Federal Electoral, encargado de las elecciones nacionales, el lic. Esteban Garaiz Izarra, nos describió el 2 de julio como una jornada blanca, sin fuego ni sangre (en las últimas elecciones de 1997 fueron incendiadas 200 urnas electorales). Uno de los problemas más delicados fue la composición de las oficinas electorales locales. El 52% de la población son mujeres, sin embargo en la cultura indígena no se acepta fácilmente que las mujeres participen en la vida pública. Además, la ley prescribe que los miembros de las oficinas electorales tienen que estar alfabetizados. A pesar de ello hubo oficinas electorales integradas únicamente por mujeres.
º Fray Bartolomé de las Casas – 1er encuentro
El padre Gonzalo Ituarte nos recibió en San Cristóbal de las Casas junto a Blanca Martínez del Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas (FrayBa).
3.3. Miércoles 2 de agosto
Visitamos la comunidad Nicolás Ruiz a unos 80 km de San Cristóbal, conducidos por el excelente chófer Alfonso Vega Coello. Ahí, los representantes de cuatro grupos de la parroquia católica nos recibieron solemne y calurosamente – entre cantos y plegarias. En esta comunidad tuvieron lugar graves enfrentamientos relacionados a la propiedad de las tierras, pero encubiertos como problemas de índole religiosa.
En resumen, los machines, un grupo de gente de mucha influencia, intentaban manipular el pueblo en su beneficio desde los años 80. Desde los años 90, los jóvenes empezaron a rebelarse contra este dominio. Ocuparon unas tierras para cultivarlas y fueron desalojados por las fuerzas públicas. En 1995 regresaron para ocupar El gran poder. Soldados armados y con gas lacrimógeno intervinieron por solicitud de los caciques del PRI y mataron a algunos miembros de la comunidad y detuvieron a un centenar de personas que exigían una repartición más justa de las tierras. Transcurrido el juicio, quedó solamente un detenido.
El pueblo hizo todo para conseguir su liberación. A su regreso se alió con los machines y se empeñó en dividir a la comunidad. El PRI acusa a los lugareños de tener armas y de estar a favor de los zapatistas. Ante tantas mentiras, todos se pasaron al PRD (Partido de la Revolución Democrática). El 3 de junio de 1998, el PRI y sus agentes atacaron la iglesia. El cielo se oscureció a causa de las bombas lacrimógenas, los aviones sobrevolaron el pueblo, los tanques entraron al pueblo y los soldados hicieron pasar a las mujeres entre dos filas de soldados para intimidarlas. Nuevamente fueron detenidas 120 personas que permanecieron en prisión hasta el 20 de octubre del mismo año. Desde ese momento, una guarnición militar controla el pueblo exigiendo que todos sus habitantes vuelvan al PRI. Después de lo sucedido esto es impensable pero los católicos liberales lamentan que se haya dividido a propósito a la comunidad, dejando en un bando a 23 familias que cuentan unas 100 personas (según otra fuente serían 38 familias) y en el otro bando a unas 600 personas.
El Gobierno quería transformar en parcelas las tierras del ejido que pertenecen a la comunidad y a sus habitantes para venderlas únicamente a quienes apoyan al PRI. La mayoría de la gente sin embargo se oponen a ello diciendo: “Nosotros, los campesinos, sabemos trabajar la tierra sagrada”. Añaden que siempre quisieron la unión y hablan de reconciliación. Hubo varios intentos pero las 23 familias quieren constituir una Iglesia disidente.
º CIEPAC
El representante del CIEPAC, Onésimo Hidalgo, nos presenta una visión de la situación basada en una documentación de primera calidad. Este “Centro de investigaciones económicas y políticas para la acción comunitaria” realiza un trabajo de análisis sobre los deportados, los sin papeles, la militarización, la “paramilitarización”, los acuerdos comerciales e interviene en los pueblos dando cursos de formación.
Actualmente, el CIEPAC registra en Chiapas
287 puestos militares
34 retenes de carreteras permanentes
58 retenes provisionales
195 campamentos militares y cuarteles.
La Policía de la seguridad pública mantiene 126 puestos de control con 16 barreras.
La Policía judicial federal mantiene 38 puestos, la Policía judicial del Estado de Chiapas 44 puestos y el Instituto Nacional de Migración 45. La Policía rural, un cuerpo constituido recientemente, está presente en 9 municipios. Esto significa un aumento de la militarización de un 180% desde 1995. Según el CIEPAC esto quiere decir que hay entre 50 000 y 80 000 hombres armados en la región. (Para más información, vea el análisis del CIEPAC en el anexo A).
3.4. Jueves 3 de agosto
Día en la campaña en compañía de Gerardo Tavera (FrayBa) visitando:
º Tribunal indígena de San Pedro Chenalhó
El Tribunal indígena de San Pedro Chenalhó, del que hablaremos más abajo.
º Campamento de deplazados de Xoyep
Visita del campamento de desplazados o deportados de Xoyep, de los pueblos Acteal2 y Polho, municipio libre zapatista (no pudimos entrar por falta de pase).
3.5. Viernes 4 de agosto
º Justicia y Paz
Por la mañana nos dirigimos a la curia, al lado de la famosa catedral de San Cristóbal, para reunirnos con el responsable de la diócesis de Justicia y Paz, el padre Gonzalo Ituarte Verduzco.
º Fray Bartolomé de las Casas: Centro de derechos humanos
Después visitamos el Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas (FrayBa) y nos reunimos con algunos de sus colaboradores. Ahí nos entrevistamos con Manuel Gómez Hernández, un representante de las comunidades rurales del distrito de Chamula que vivieron tiempos muy agitados.
º Centro de formación en ecología y salud de los campesinos
En el Centro de formación en ecología y salud de los campesinos (CCESC) nos reunimos con el doctor Marcos Arana y la doctora Deyanira González. Este centro defiende la neutralidad médica frente a un gobierno que persigue, según ellos, la politización y el clientelismo en la mayoría de sus instituciones sociales. Los colaboradores del CCESC promueven otro tipo de política sanitaria: la defensoría, quiere decir, la formación de los ciudadanos para que conozcan y defiendan sus derechos.
º Episcopado de San Cristóbal de las Casas
Cuando ya declinaba el día, fuimos recibidos muy amablemente por Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, el nuevo obispo de San Cristóbal de las Casas, en su residencia. Llevaba solamente tres meses ejerciendo este cargo y asumiendo una difícil sucesión, como dijo él mismo: ¡sucesor indigno de Bartolomé de las Casas y de Samuel Ruiz!
A una pregunta respecto al subcomandante Marcos, que parece ser el jefe de la guerrilla zapatista (EZLN), respondió: él quiere conseguir un cambio sociopolítico en el país y en el mundo; nosotros también. Oponerse al neoliberalismo es una postura necesaria y bienvenida. Sin embargo, Marcos está perdiendo su poder de mobilización porque desde 1994 han habido muchos más conflictos pero no menos pobreza y las comunidades están divididas y han sufrido muchas muertes. Algunos municipios están a favor de los zapatistas, otros no, algunos desean la ayuda del Gobierno, otros no.
En medio de todos estos problemas – étnicos, políticos y culturales -, que arremeten contra la población de Chiapas, el obispo hace constar en las parroquias un profundo deseo de paz y de unidad político-religiosa. Considera que es asunto de su ministerio de asumir responsabilidades en el ámbito político, en favor de la anulación de la deuda externa, en favor del comercio justo, contra la pobreza y la marginalización.
3.6. Sábado 5 de agosto
º Comisión evangélica de defensa de los derechos humanos
Entrevista con el abogado y pastor evangélico Abdias Tovilla Jaime en la sede de la CEDECH (Comisión evangélica de defensa de los derechos humanos en Chiapas). “Estudié para abogado para defender a mis hermanos en la fe”, declaró. Pastor de la Iglesia nacional presbiteriana (miembro de la Alianza reformada mundial con sede en Ginebra), el pastor Tovilla es uno de los responsables del CEDECH y de Confraternice. También participa en las actividades y responsabilidades del Centro cultural El Buen Samaritano que organiza cursos de alfabetización y de formación en derechos humanos. En algunas ocasiones, los presbiterianos colaboran con FrayBa, pero “en algunos puntos defendemos diferentes principios”, explica.
4. Temas principales
Este año México sobrepasará los 100 millones de habitantes. Es el segundo país en población de América Latina después de Brasil.
Según la Asamblea indígena pluralista para la autonomía (ANIPA) hay actualmente en México 56 pueblos indígenas con lengua y cultura propia. En un mapa del país hemos leído el título “los pueblos indígenas y sus 62 lenguas”.
El nombre Chiapas, el Estado situado más al sur del país, significa “lugar encima del agua, desde abajo”. Su capital desde 1934: Tuxtla Gutiérrez. Superficie: 75 634 km2, casi dos veces la de Suiza. Población: más de 3 500 000 habitantes con un 38% de indígenas.3
4.1. Situación económica y social
4.1.1. Política gubernamental de los últimos años
En un informe del Gobierno leímos antes de viajar que el Gobierno central de México y el Gobierno del Estado de Chiapas han realizado grandes esfuerzos para mejorar la situación. Sin embargo, según nuestros interlocutores, los beneficiarios de estos esfuerzos no fueron los más necesitados.
4.1.2. Situación económica
º El territorio
El territorio está dividido en 111 municipios o distritos. Grande es el desequilibrio respecto a la propiedad de la tierra. 6000 familias que se dedican a la cría de ganado en gran escala son propietarias de 3 millones de hectáreas, quiere decir, de casi la mitad del territorio del Estado. Una sola familia posee 121 000 hectáreas, mientras que 1 032 000 de indígenas disponen de menos de una hectárea por persona.4
º Recursos
El informe de la primera misión enumeraba los enormes recursos del Estado, unido hasta 1824 al reino de Guatemala. A esta lista hay que añadirle: maderas preciosas, turismo, azúcar, productos lácteos, uranio, petróleo y gas natural.
Gran parte de la talla y de la exportación de las maderas preciosas es ilegal, pero encubierta por el Gobierno quien se queda con una parte de los beneficios.5
Según los indicadores de la situación económica de cada país, México ocupa el 16º rango respecto al producto nacional bruto, pero sólo el 81º, si se tiene en cuenta los ingresos per capita.
4.1.3. Salud
El Centro de formación en ecología y salud de los campesinos (CCESC) dirigido por el doctor Marcos Arana obtiene apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) y del Fondo de las Naciones Unidas para la población (FNUAP).
El CCESC ha comprobado en estos años de actividades que la esterilización forzosa es algo corriente. Ha registrado numerosas denuncias provenientes todas de las regiones indígenas. En estas protestas se mencionan regularmente a PROCAMPO y PROGRESA, así como al IMSS, el Instituto mexicano de seguridad social. El Sr. Arana dio todas las explicaciones sobre este asunto en compañía de una joven doctora. Según él, las leyes mexicanas respecto a la salud son buenas pero los médicos las desconocen. El CCESC no persigue ambiciones demográficas. Sólo quiere que hombres y mujeres tomen conciencia y asuman sus responsabilidades. El CCESC organiza dos tipos de consultas colectivas:
- con mujeres embarazadas que se reunen para los controles de embarazo. En esa ocasión se trata toda la problemática de la esterilización, insistiendo en que ésta tiene que ser voluntaria;
- con los hombres, maridos o compañeros de las mujeres embarazadas. Ahí, entre otros, también se trata el tema de la esterilización y se pone hincapié en que los hombres (quienes prefieren tener hijos varones) no le den importancia al sexo del niño.
Es imposible abordar el tema de la natalidad sin situarlo en su contexto general. Las culturas indígenas están colmadas de fecundidad y fertilidad, tanto en las cosechas como en las crías y en los hijos. La esterilización es un daño grave que se causa a esta dimensión esencial, aunque hoy en día cada vez más mujeres deseen limitar el número de hijos.
A este dimensión cultural se agrega una cuestión de supervivencia. El intruso europeo siempre ha intentado reducir, integrar o incluso hacer desaparecer totalmente la población autóctona, con tendencias genocidias. Esta tendencia genocidia persiste. El Sr. Arana nos explicó: el Fondo Monetario Internacional apoya aquellos organismos que practican la esterilización.6 Frente a todas las tentativas de reducir la natalidad, las comunidades indígenas han reaccionado ... haciendo más hijos. Es muy común ver familias con diez hijos. En este contexto no sorprende que la mujer se valore a si misma según su capacidad reproductiva.
Los Médicos por los derechos humanos (Physicians for Human Rights / PHR)
obtuvieron en 1997 el Premio Nobel por ser una de las organizaciones que promueven la Campaña internacional para la prohibición de las minas terrestres. En 1999 publicaron un fascículo de 64 páginas titulado “Health Care Held Hostage: Human Rights Violations and Medical Neutrality in Chiapas, Mexico”. En este informe aparece un capítulo entero sobre las “violaciones del derecho internacional y mexicano por parte del gobierno de México”. Resumen así los resultados de sus investigaciones:
“Los testimonios y las pruebas reunidas por los PHR subrayan el hecho que el Gobierno ha renunciado a su responsabilidad de garantizar servicios médicos adecuados para la población civil residente en la zona de conflicto y en otras regiones del Estado de Chiapas. En el mejor de los casos, los servicios gubernamentales de salud y otros servicios pasan a un segundo plano frente a los esfuerzos del Gobierno contra la insurrección. En el peor de los casos, estos mismos servicios participan en la represión, manipulando y ofreciendo premios a quienes apoyan al Gobierno y castigando y desmoralizando a los disidentes. En todo caso, los servicios médicos del Gobierno en toda la región son discriminatorios, fomentan la división política y fracasan totalmente en su mandato de cubrir las necesidades de la población en el ámbito de la salud.” (pág. 4)
4.1.4. Situación social
Actualmente, en Chiapas
el 75% de los niños sufren subalimentación
el 55% de la población (72% de los indígenas) sufre desnutrición
2/3 de los habitantes no tienen acceso al agua potable (en el resto de México: el
83% sí tienen)
el 70% no están conectados a la red de electricidad
el 60% de los niños no van a la escuela (en el resto de México: el 100% sí van) y
sólo el 22% siguen estudios más allá de la primaria
el estado de salud es inquietante: la cuota de tuberculosis es la más alta del país,
en diez meses se registraron 3000 nuevos casos de malaria y la cólera está
propagándose.
Después de 6 años de gobierno de Ernesto Zedillo, se calcula que el número de mexicanos pobres ha aumentado del 70%, pasando de 22,3 a 38,1%. En las ciudades se ha duplicado el número de indigentes, pasando de 8,26 millones en 1994 a 16,68 millones en 1999. En cuanto a la totalidad de pobres, éstos han aumentado de 10,63 millones en sólo cinco años. Según las palabras de Cuauhtémoc Cárdenas, candidato a la presidencia, la economía neoliberal tuvo la función de fabricar pobres con un nivel de productividad aterrador.
En su “Primera declaración de la Selva Lacandona”, proclamada el 1º de enero de 1994, el EZLN exigía para Chiapas “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz.”7 Además de sus demandas políticas y étnicas, los zapatistas también reivindican el usufructo de los recursos naturales de Chiapas. “Indudablemente esto no sólo atenta a los intereses del poder político y económico local pero también a los intereses de las empresas multinacionales.” (ibidem, pág.21).
Ante esta afrenta hemisférica, como dicen los americanos (del norte y del sur), algunas voces quieren minimizar la amplitud de Chiapas. Durante nuestra estadía en la región, el ex presidente de Costa Rica y antiguo secretario de la OEA (Organización de Estados Americanos), Oscar Arias, calificó el conflicto en Chiapas como “pequeña imperfección” de México. Algunos articulistas han imitado al ex premio Nobel de la paz, como por ejemplo el del diario Excelsior (1.8.2000). Sin embargo, el nuevo obispo de San Cristóbal de las Casas no comparte esta opinión, tal como lo citamos en la pág. 7.
4.2. Situación jurídica y violaciones de los derechos humanos
Los grupos armados que operan actualmente en México surgieron a principios de los años 50 (según otras fuentes incluso antes) bajo el nombre de “guardias blancas”. Estos grupos organizados por los grandes terratenientes tenían que combatir y castigar a las personas que ocupaban sus tierras y robaban el ganado. Primero actuaron con toda libertad. Agunos de estos grupos se reorganizaron a partir de 1994 y comenzaron a perseguir y a matar a oposicionistas políticos y a dirigentes campesinos e indígenas. “Actualmente se trata de grupos armados vinculados al PRI, entrenados por el Ejército y/o la Policía; en ciertas ocasiones utilizan uniformes de policías, armamento exclusivo del Ejército y de la Policía, patrullan, torturan, asesinan, controlan e intimidan a la población...” (op. cit., punto 29).
4.2.1. Personas desplazadas
Expulsión, desplazamiento como consecuencia de intimidaciones, deportación: decenas de miles de habitantes de Chiapas han sufrido este destino sin tener la culpa de las causas profundas del conflicto, conflicto que antes de estallar el 1º de enero de 1994 ya era latente desde mucho tiempo.
La visita de la delegación de la IVa misión – después de la Ia y la IIIa delegación – al campo de desplazados y deportados8 de Xoyep, nos mostró con evidencia cómo las comunidades rurales en principio inocentes son, al encontrarse entre los frentes, víctimas de enfrentamientos por la tierra, la influencia política y la justicia. Acompañada por un colaborador del FrayBa, la delegación llegó al campamento exceso de población de Xoyep en el municipio de Chenalhó después de un viaje por carretera y media hora de marcha por un sendero. Varios centenares de desplazados (de 1200 personas que viven en el campo) nos recibieron con gran pompa, como suelen hacer para los visitantes, con música, canto, discursos etc.
Desde 1997 los responsables del campo han pedido trece veces al gobierno del Estado que sean indemnizados por las cosechas perdidas, las casas incendiadas, los daños sufridos con una suma de 6 901 000 pesos; hasta ahora en vano. A pesar de la presión del Gobierno, no quieren regresar a sus tierras antes de cobrar una indemnización y de la partida de sus verdugos, los paramilitares. “Exigimos que se haga justicia”, dijeron repetidas veces.
En el “campo civil por la paz Juan Diego Xoyep” los desplazados sufren: barracas permeables al agua, falta de agua potable, latrinas deficientes, enfermedades contagiosas, inactividad abrumante. Sobreviven más mal que bien gracias a la ayuda externa (entre otras de la Cruz Roja) y la solidaridad de los campesinos del lugar que les han cedido algunas tierras para que puedan cultivar sus alimentos básicos: maíz y frijoles. Los desplazados nos contaron que un grupo de paramilitares irrumpió en su campamneto después de que ellos se hubieran instalado provisionalmente lejos de sus comunidades de origen.
La asociación civil “Las Abejas” fue fundada ya en 1992 en la región de las comunidades de origen de los desplazados del campo de Xoyep: Colonia los Chorros, Yibeljoj, Yaxjemel, Puebla, Ch’uchtic, Xoyep-Pueblo. Las abejas están organizadas, son trabajadoras y creyentes, no sólo comen pero también producen una rica miel para la exportación. Entonces los fundadores del movimiento quisieron oponerse de forma no violenta a la tortura, a la lucha por la tierra, a la impunidad y a la muerte. Para el Gobierno Las Abejas es un terrible problema porque están muy reconocidas a nivel nacional e internacional y no entran en el esquema de violencia – contra-violencia. También los paramilitares han agredido a diferentes grupos de las Abejas, asesinando a varios miembros de esta asociación. Los desplazados de Xoyep que conocían la misión de observación suiza habían preparado una carta-mensaje para nuestra delegación, reproducida en el anexo D, tanto en la versión original del informe como en la traducción. Escriben Las Abejas: “No nos cansamos ni nos humillamos ante el Gobierno. Esperamos que ustedes no se olviden de nosostros.”
Las Abejas estuvieron representadas en Washington el 2 de agosto en la gran marcha-manifestación, que incluía también ayuno y plegarias, reuniendo a latinoamericanos de varios países que exigían que se clausure la Escuela de las Américas por su mala reputación (comp. pág.8).
Los representantes de las Abejas nos entregaron un texto en el que resumen su historia y sus convicciones. En su análisis se allegan a las conclusiones de Severo Martínez Peláez (comp. anexo B): “Nosotros, los pueblos indígenas, hemos vivido más de 500 años en la miseria, sufriendo explotación, prejuicios, racismo, centralismo, planificación familiar forzada, agresiones, asesinatos, privación de nuestros derechos en la ecología, violaciones de los derechos humanos, especialmente la violación de las mujeres, fraudes electorales, conflictos religiosos...”. Las Abejas se oponen especialmente a la revisión del artículo 27 de la Constitución mexicana (dictada durante la presidencia de Salinas de Gortari, en tanto que condición para el Tratado de Libre Comercio) que ha impuesto, sin consultar a los primeros habitantes del país, “la parcelación de nuestras tierras, la división de las comunidades – repercusiones del Tratado de Libre Comercio y de la política neoliberal, que solamente nos aportan perjuicios y ningún beneficio...”9
San Juan Chamula es otro municipio muy afectado por los desplazamientos-deportaciones. En un solo año fueron desplazadas 432 personas.10
El informe más completo sobre este tema a nuestra disposición es un libro bien documentado de Gustavo Castro y Onésimo Hidalgo: Población desplazada en Chiapas, 1999, 120 pág., CIEPAC/Project Counselling Service.
Los autores estiman que entre 35 000 y 40 000 indígenas están afectados por los desplazamientos, mientras que actualmente todavía quedan 15 000 personas deportadas.11
Este documento muy elaborado distingue tres etapas o olas de deportaciones desde 1994, incluyendo en las investigaciones la presencia de cientos de miles de refugiados guatemaltecos. Las conclusiones respecto a las deportaciones se recapitulan en un párrafo. “Las causas del fenómeno de los desplazamientos se pueden identificar así: intereses de los caciques locales en las regiones e imposición de grupos políticos del poder vinculados al partido oficial; la estrategia de la guerra de baja intensidad, aplicada para provocar un desgaste entre la población autóctona utilizando las fuerzas militares, paramilitares y policiales para debilitar las fuerzas socialdemócratas y minar la resistencia de las comunidades, del EZLN y sus bases de apoyo; importantes intereses económicos respecto al subsuelo (minerales, hidrocarburos etc.), la explotación de los recursos naturales, las inversiones en el “agro-business” exportador, en la infraestructura de la red de carreteras, hidroeléctrica, turística etc.”12
4.2.2. Hechos peristentes: impunidad, tortura
Según las informaciones obtenidas, las últimas masacres sufridas por la población tuvieron lugar el 28 de junio de 1995 en Aguas Blancas (17 muertos), el 22 de diciembre de 1997 en Actéal (45 muertos), el 6 de junio de 1998 en El Charco (11 muertos y 22 prisioneros) y poco después en El Bosque (10 muertos, 8 zapatistas, 2 policías).
Las investigaciones realizadas por las autoridades mexicanas después de tales matanzas sirven para escribir “libros blancos” pero no para que se haga justicia ante los tribunales.
Cuando las autoridades publican comunicados informando sobre víctimas, éstas a menudo se atribuyen a “enfrentamientos”. Estos enfrentamientos son extraños ya que nunca causan heridos o muertos por parte del Ejército, de las fuerzas policiales o de los grupos armados que los acompañan. La Asamblea nacional indígena pluralista para la autonomía (ANIPA) que informa sobre estos sucesos subraya, que cuando hay muertos, “como en todos los casos de tortura y de trato cruel, inhumano y denigrante nunca hubo sancción alguna contra el Ejército o la Policía.”13
Una excepción fue la masacre de Acteal que tuvo como consecuencia la detención de unas cien personas. Sin embargo, según varios testigos, entre estos detenidos se encontrarían muchos inocentes mientras que los verdaderos culpables siguen en libertad.
ANIPA denuncia que cuando intervienen los militares los resultados son siempre los mismos: “robo de animales y bienes personales, destrucción de las provisiones de alimentos y de los campos sembrados, quema de casas, violación de las mujeres, tortura, ejecuciones sumarias, personas desaparecidas, detenciones arbitrarias etc. Sin hablar de comunidades enteras deportadas o huidas a las montañas.” (punto 116)
Los representantes de los pueblos autóctonos declaran que, a pesar o a causa de estos abusos, “hasta ahora no existe en México ningún recurso legal eficaz para denunciar la violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Todo parece señalar que – a pesar de las denuncias – tampoco existe una autoridad competente para hacer justicia, o al menos, escuchar a las comunidades que reclaman por las operaciones militares.” (punto 124)
El informe anual de Amnistía Internacional (AI) de 1999 condena a México sobre todo por la persecución de los defensores de los derechos de los seres humanos. Llama a las autoridades mexicanas a combatir la tortura y a tomar medidas para poner fin a la impunidad de los torturadores. También protesta contra el hecho que las “confesiones” hechas bajo tortura sean utilizadas como pruebas en los tribunales.
El informe anual de AI para el año 2000 – que confirma a grandes rasgos nuestras informaciones aquí presentadas (detenciones arbitrarias, torturas, matanzas, amenazas de muerte, militarización creciente, dudas acerca de la sinceridad del Gobierno cuando dice estar dispuesto a negociar) – subraya la ineficacia del sistema judicial. La falta de personal, la corrupción, el exceso de trabajo crónico no permiten más que en casos contadísimos que se persiga por la justicia a los culpables o incluso que se les condene.
Las autoridades y los diplomáticos mexicanos por principio han negado que la práctica aborrecible de la tortura exista en su país. Sin embargo, la antigua presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Mireille Roccatti, vinculada al Gobierno, reconoció que “en México persiste la degradante práctica de la tortura.”
Los representantes de las víctimas resumen sobriamente: “Para la Asociación nacional indígena pluralista para la autonomía (ANIPA) no cabe duda que en México se registra un cuadro general grave, sistemático y repetitivo de violaciones de los derechos humanos y de las libertades fundamentales... la represión aumenta en las regiones indígenas ocupadas por las fuerzas militares, policiales y los grupos armados; las ejecuciones sumarias o extrajudiciales (camufladas como “enfrentamientos”); la tortura y otros tratamientos crueles; las desapariciones, las detenciones arbitrarias y la violación de mujeres continuan...” (op. cit., punto 145).14
4.2.3. Situación de las mujeres
A menudo se dice de las mujeres pobres que son dos veces víctimas, en tanto que pobres y mujeres. Las mujeres autóctonas lo son tres veces, porque 500 años después de la llegada de los españoles, los indígenas siguen siendo discriminados, explotados y despreciados.
Los miembros de la IIa delegación habían ya notificado (pág.22 y sig.) que las mujeres indígenas – y los niños – son los primeros afectados por la discriminación y la opresión sufridos por los pueblos autóctonos. También reconocen que el movimiento zapatista y la diócesis de San Cristóbal han contribuido ampliamente a hacer progresar la causa de las mujeres.
En varios informes mencionados (comp. 4.1.3) se habla también de las esterilizaciones forzadas de mujeres. Teniendo en cuenta que la planificación familiar (bien concebida) es necesaria, ANIPA denuncia que las esterilizaciones involuntarias o bajo presión de las mujeres forman parte de una política general en México, estando a veces acompañada por proyectos de “ayuda” a las comunidades indígenas. Algunas organizaciones incluso tienen objetivos numéricos por alcanzar. En base a unos estudios realizados sobre el terreno y una investigación de las publicaciones de prensa, ANIPA llegó a la conclusión que las esterilizaciones responden a cuatro variantes:
- las personas (mujeres y hombres) ignoran que fueron esterilizados y
solamente lo realizan con el tiempo;
- el personal médico pone la condición: o te ayudamos en este parto difícil (o pintado como tal) y te haces esterilizar, o no te ayudamos;
- para poder beneficiarse de algunos programas de ayuda del Gobierno (PROGRESA, PROCAMPO) hay que ser “voluntario” para la esterilización;
- a cambio de la esterilización se hacen promesas (que se cumplen más o menos).
ANIPA presenta dos páginas enteras de ejemplos de esterilización individuales y masivas y de experiencias de esterilización química con píldoras efectuadas en chicas jóvenes, tanto en Chiapas, en Guerrero y Oaxaca como en la capital (puntos 92-108). 15
4.2.4. Tribunales indígenas
Como consecuencia de los Acuerdos de San Andrés (1996) se realizó en siete ciudades de Chiapas una serie de foros regionales sobre la justicia en las comunidades indígenas. Después, el Estado de Chiapas organizó otra serie de encuentros con las comunidades indígenas sobre la forma tradicional de rendir justicia para solucionar sus problemas internos. En 1998, el gobernador del Estado de Chiapas, Roberto Albores Guillén, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (de Chiapas), Noé Castañón León, presentaron al parlamento del Estado enmiendas de la Constitución y de las leyes para institucionalizar Tribunales indígenas de paz y reconciliación. Los documentos que tenemos en manos hablan de un “importante e innovador adelanto en la administración de la justicia”, respecto a la aprobación unánime de estas modificaciones por el parlamento local.
Pudimos reunirnos con las autoridades del Tribunal indígena de San Pedro Chenalhó que se encuentra a una hora de camino de San Cristóbal. Tienen su sede en un edificio novísimo. En el frontón está escrito:
Supremo Tribunal de Justicia del Estado
Juez de paz y conciliación indígena.
En el estrado el presidente (un indígena en traje europeo) y el secretario (un blanco en traje europeo) celebran sesión con los asesores, sentados en un costado bajo la inscripción Autoridades tradicionales vistiendo traje tradicional (blusa y falda de algodón blanco y sombrero pitoresco con cintas de colores). Este tribunal se constituyó hace un año. El actual presidente, nombrado por tres años, fue antes presidente del anterior tribunal municipal donde dominaban los mestizos de la pequeña burgesía de San Pedro situado en un valle muy verde. Empieza la discusión, la delegación está sentada en los bancos de los testigos, del público o de los acusados (no hay orden reconocible).
Este tribunal no tiene competencias en los casos de asesinatos, violaciones y casos graves. Estos son transferidos al Tribunal de derecho penal de San Cristóbal. Aquí el juez es algo así como un juez de paz (también se podría denominar “Tribunal de arbitraje” – y está constituido sólo por hombres) Se ocupa de casos de robo, de peleas etc. Cuando preguntamos qué asunto se trataba con más frecuencia, nos contestaron: los casos de separación. Aquí las parejas no tienen la costumbre de casarse pero conviven en comunidad conyugal. Entonces aquél que tome una mujer que está viviendo con otro hombre para convivir con él tiene que pagar una “indemnización” al compañero anterior; ahí surgen a menudo problemas. Estamos estupefactos: significa que en nombre de los “usos y costumbres” de hecho se venden a las mujeres.16
El Tribunal que visitamos funciona sin abogados: cada persona se defiende a si misma. El público está siempre presente, entrando y saliendo cuando quiera. La sancción más frecuente es la multa (hasta 6 000 pesos; un peso = 20 céntimos). En caso de violación las “Autoridades tradicionales” juegan sobre todo el rol de figurantes, nos dijeron en San Cristóbal. Las deliberaciones se hacen en tsotsil pero el secretario del tribunal, licenciado en derecho y encargado de aplicar la ley, no entiende tsotsil. Nos aseguró que lo estaba aprendiendo...
Los Acuerdos de San Andrés iban más allá de lo que se ha realizado con esta nueva institución. Tenían previsto “que se respetaran las normas y los procedimientos indígenas para resolver los conflictos, que se aplicara la justicia en función de sus propios sistemas normativos y que las sentencias dictadas de esta manera fueran ratificadas por las autoridades judiciales del Estado.”17
De hecho, los Tribunales indígenas de Chiapas son un pálido reflejo de la tradición maya. Esta incluía fórmulas originales de mediación, como el cargo del melsanwanej (persona que resuelve los problemas) entre los Tzeltales. Los representantes del SIPAZ que hemos encontrado opinan así de estos Tribunales:
“Las medidas propuestas por el gobierno del Estado o a nivel federal sobre los
derechos y la cultura indígena fueron elaboradas de forma unilateral. No tienen
en cuenta la opinión de los indígenas, ni su propio concepto al resolver sus
problemas. La aplicación verdadera de los Acuerdos de San Andrés, resultado de
las negociaciones entre el EZLN y el Gobierno federal en 1996, permitiría tener
en cuenta la manera de resolver los conflictos propia de los pueblos indígenas
aunque los mecanismos comunitarios sean insuficientes para responder a la
problemática actual.” (ibidem, pág.4)
4.2.5. Expulsión de extranjeros
Entre 1995 y el 2000 hubo al menos 418 casos de extranjeros expulsados de México, sobre todo de Chiapas. Las autoridades son muy sensibles a la imágen que pueda tener el país en el exterior. Por esta misma razón seguramente no se admitieron a más de 65 observadores internacionales para la elección del gobernador de Chiapas (habiendo cientas de solicitudes).
La coordinadora de nuestra misión solicitó un visto bueno por quince días. Obtuvo solamente un permiso de estadía en Chiapas por diez días.
La publicación “Country reports on Human Rights Practices”18 1999 describe detalladamente las restricciones para obtener vistos buenos, especialmente rigurosas para los observadores de la situación de los derechos humanos.
4.3. Grado de militarización
Diferentes fuentes mencionan que a mediados del año 2000 había unos 70 000 soldados en Chiapas.19 Sin embargo, el Ejército y las fuerzas policiales también se han desplegado en los siguientes Estados: Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Puebla Chihuahua, Tamaulipas y Jalisco. La Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que “a pesar del hecho que el estado de excepción no fue proclamado en las zonas de conflicto, la población está sufriendo restricciones de sus derechos, por ejemplo con cierres militares de carretras que imposibilitan la libre circulación.”20
Los miembros de la IVa delegación también recogieron testimonios que confirmaban las conclusiones de la IIIa delegación, según cual, en la región de Chiapas se registra “una auténtica militarización, intensificada estos últimos meses, de forma que cada vez más militares y policías están siendo estacionados en la región y que las comunidades que supuesta o realmente simpatizan con los Zapatistas se sienten cada vez más importunadas.” (Informe III, pág.7)
El Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, describe en su informe dirigido a la Sra. Mary Robinson “un dramático aumento de la presencia militar – miles de soldados – en la selva de Lacandona, especialmente en la reserva Biosfera de Montes Azules. El pretexto dado para este aumento – una campaña de reforestación – contrasta totalmente con la construcción de carreteras que probablemente servirán, como sucedió en el pasado, para transportar caobos y otras maderas preciosas.”21
La construcción de estas carreteras no sirve a las comunidades locales, como lo pretende el Gobierno. Aquella que atraviesa Amador Hernández (al borde de la selva Lacandona), por ejemplo, fue construída contra la voluntad de los campesinos, zapatistas o no. En realidad estas carreteras tienen un triple uso: incursión del Ejército con material pesado, extracción de petróleo con implementos adecuados, extracción de maderas preciosas.
Esta hipótesis se confirma en el documento “With War There can Be No Democracy”, que describe la elección de San Quintin como centro estratégico donde convergen seis ejes de carreteras, permitiendo no sólo un acceso rápido a las principales regiones petrolíferas de la selva, sino que también a su excepcional biodiversidad. Asímismo es “el mejor centro para el control militar general de todo el valle.” (op. cit. pág.4)
El alto grado de militarización y “paramilitarización” de la zona de conflicto, “no obedece solamente a motivos políticos, pero también sirve para proteger el acceso a los recursos naturales estratégicos”, según notifican Onésimo Hidalgo y Gustavo Castro. (op. cit. pág.22)
Además, añaden, las tropas han introducido la prostitución, la droga y el alcoholismo, sin hablar de la contaminación de los ríos por sus aguas residuales y sus depósitos de desechos.
4.4. Conflictos religiosos
4.4.1. Contactos con el círculo católico
Las tres misiones anteriores trataron poco este aspecto del conflicto en Chiapas. Además, los miembros de la IVa delegación viajaron con el cometido de acordarle especial atención. Por esta razón, abordaremos este tema antes de formular nuestras recomendaciones.
Nuestros numerosos interlocutores utilizaron frecuentemente la palabra complejidad al hablar de la situación religiosa en el Estado del sur y en el país en general. Existe un problema confesional entre las diferentes Iglesias y las comunidades pero éste no desencadenaría por si sólo hostilidades tan graves o enfrentamientos tan violentos como los que tienen lugar bajo el pretexto religioso. Círculos vinculados al poder, por no decir el poder político de la misma capital, han atisbado estas diferencias con la intención evidente de dividir para reinar.22
Grosso modo, se enfrentan tres grandes grupos de creyentes:
- Los católicos tradicionalistas, practicantes de un culto sincretista en el que mezclan elementos básicos de la antigua religión maya con fiestas y elementos de la fe católica. Ya que consideran todo cambio como una amenaza contra su identidad, los representantes de las comunidades de este tipo de culto a menudo reaccionan violentamente frente a los dos otros grupos y tienen la tendencia a expulsar a sus seguidores. Sin embargo, esta actitud intolerante también puede ocultar otros apetitos como por ejemplo el deseo de apropiarse de las tierras de los expulsados.
- Los católicos liberales hacen un análisis de la situación socioeconómica y política y se identifican con los pueblos indígenas para defender sus intereses partiendo del Evangelio de Jesucristo. A este grupo pertenecen miles de catequistas instruidos durante el largo episcopado de Tatic (Padre o Papá) Samuel (como suelen llamarlo familiarmente los indígenas) quien se fue acercando durante 40 años a los pueblos indígenas, aprendió seis de sus lenguas, y recorrió camino con ellos. Sus adversarios le reprocharon seguir la linea de la teología de la liberación; él prefiere hablar de la teología india. Los apodos de los católicos liberales, fortalecidos por la teología del Concilio del Vaticano II, son significativos: algunos tradicionalistas los llaman evangélicos, otros les dicen ¡samuelistas!
- Este grupo está formado por las Iglesias protestantes históricas (reformadas, quiere decir presbiterianas y sobre todo metodistas) y por un gran número de pequeñas Iglesias pentecostales, evangélicas, fundamentalistas con diferentes nombres: Asamblea de Dios, Adventistas, Nazarenos etc. Además de esta familia existen sectas como los Testigos de Jehova. Es muy dificil adquirir una vista de conjunto de estas pequeñas iglesias, dada su fragmentación, sus subgrupos, su desaparición esporádica y las nuevas fundaciones. Todos se remiten al Evangelio de Jesucristo pero su actitud antiecuménica (salvo algunas excepciones dignas de atención) no convence mucho.
Desgraciadamente no disponemos todavía de los números del censo demográfico de 1999 para levantar una estadística. En 1950, el 98,2% de la población de México era católica 23 (en Chiapas el 97,5%), mientras que en 1990 había descendido al 90,2% (el 68,6% en Chiapas). Esta tendencia debería mantenerse. En 1950 los evangélicos sólo representaban un 1,3% de la población (en Chiapas un 2,1%) y un 4,9% en 1990 (en Chiapas un 16,5%). Los evangélicos exageran mucho al afirmar que cuentan con un 40% de adeptos entre la población de Chiapas.
La revolución mexicana había “distanciado” el Estado de la Iglesia católica, utilizando un eufemismo. México se dió una Constitución de Estado laico, mucho antes que los demás países latinoamericanos. Las relaciones con el Vaticano, interrumpidas en 1861, fueron retomadas recién en 1992.
El Estado criticaba seriamente y obstaculizaba el trabajo de la Iglesia católica, sobre todo en las diócesis encabezadas por obispos progresistas como Don Sergio Mendez Arceo (+) en Cuernavaca, Monseñor Bartolomé Carrasco en Oaxaca, Monseñor Arturo Lona Reyes en Tehuantepec, Monseñor José Llaguno en Tarahumara y Don Samuel Ruiz en Chiapas. El asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara todavía no se esclareció.
Apenas se produjo el levantamiento zapatista que voces próximas al Gobierno e incluso algunos ministros acusaron a Don Samuel Ruiz de ser el inspirador de la rebelión armada. Sin embargo, él siempre siguió una línea de acción no violenta.
Los caciques del PRI a nivel local, provincial y federal intentaron apostar ya en los católicos tradicionalistas, ya en los evangélicos para asentar su poder. Desde 1994 el Ejército les proporciona armas y entrenamiento (con asesoramiento estadounidense de especialistas en la lucha contrainsurgente).
Hubieron predicadores evangélicos que justificaron la violencia.24 Basándose en una interpretación literal del capítulo 13 de la epístola a los romanos, exhortan a la
obediencia de la autoridad como voluntad de Dios.25
Don Samuel Ruiz fue muy categórico en la entrevista que mantuvimos con él en México: el conflicto en Chiapas no es religioso, ¡es político! Es un problema de represión contra auqellos que solicitan justicia. Recuerda que fueron indígenas protestantes que lo defendieron cuando poderosos mestizos fueron a asediarlo en la catedral el 19 de febrero de 1995.
Encuentros ecuménicos efímeros
Él mismo lamenta que haya pocos fieles de las Iglesias históricas en Chiapas que se adhieran al movimiento ecuménico. Después de 1994 hubo una serie de diálogos entre ellos y la diócesis, pero la masacre de Acteal y las amenazas de los paramilitares les pusieron fin. El nuevo obispo, Felipe Arizmendi, antiguo titular de la diócesis de Tapachula en la costa del Pacífico, participó en estos diálogos, así como Abdias Tovilla Jaime, pastor de la Iglesia presbiteriana nacional.
Desde 1992, cuenta Don Felipe Arizmendi, los tres obispos de Chiapas se reunieron con los feligreses protestantes (una docena incluyendo a los presbiterianos, los adventistas, los nazarenos, los bautistas etc.). La última tentativa – después de la masacre de Acteal, y para intentar demostrar que no se trataba de un problema religioso – se suspendió. La organización protestante progubernamental “Confraternice” ha provocado muchos problemas queriendo defender a miembros del comando que intervino en Acteal.
Los problemas de San Juan Chamula, mencionados anteriormente, tienen entre otros motivos (tradiciones y ritos ancestrales, propiedad de la tierra) un trasfondo religioso. Las autoridades de los católicos tradicionalistas que han abandonado la diócesis de San Cristóbal y se han unido a una “Iglesia católica ortodoxa” disidente, prohiben a los habitantes del municipio construir iglesias. Y si a pesar de ello los católicos liberales o los presbiterianos levantan un templo, mandan destruirlo.
Los católicos tsotsiles de Chamula abusan de su situación dominante. Se ufanan abierta e impunemente de su apoyo por parte del PRI. Relación de fuerzas aproximada: 70 000 habitantes, 30 000 expulsados (muchos de ellos regresaron posteriormente). El conflicto religioso será uno de los problemas más difíciles a resolver por el nuevo gobernador Pablo Salazar.
El testimonio de Manuel Gómez Hernández, representante de los católicos liberales expulsados de San Juan Chamula, es interesante en muchos aspectos: según él hay dos puntos de fricción entre los “liberales” y los “tradicionalistas”: la señal de la cruz y el hecho de llevar o no llevar imágenes de santos en procesiones. También dice que los samuelistas no mienten, no buscan pendencias con sus vecinos y no compran cirios (lo cual provoca la ira de los comerciantes).
El responsable de los asuntos religiosos del Gobierno de Chiapas, el lic. Jesus Manuel Grajales Romero, nos dijo en Tuxtla Gutiérrez que las autoridades intentaron promover un clima de tolerancia y una ética que acepte el proselitismo. Considera que los Testigos de Jehova y otras sectas venidas de Estados Unidos (p.ej. la Luz del mundo) son los más radicales e intolerantes. Existen sectas que siguen la práctica que obliga a las mujeres jóvenes a pasar unos días con el pastor!
Hay voces que se levantan para reclamar ante el representante del Gobierno que el PRI no hace respetar la libertad religiosa, pretendiendo que hay que respetar los “usos y costumbres” tradicionales; ya que hay “usos” que atentan contra los derechos del hombre, especialmente contra los derechos de la mujer.
4.4.2. Contactos con los círculos protestantes
El pastor Abdias Tovilla fue nuestro último interlocutor en el tema religioso. También él recuerda las reuniones del CICH (Consejo interreligioso de Chiapas) desde 1994. Según él las reuniones fueron interrumpidas porque el padre Heriberto no cumplió sus promesas en cuanto a la pacificación de la comunidad de Tila26. También confirma que numerosas comunidades tradicionalistas han practicado expulsiones forzadas, han oprimido a los que no practican su propia fe, han violado, han robado los bienes personales de los expulsados, han quemado sus casas, han desterrado a los “disidentes” para acaparar sus tierras. Interpreta los conflictos en Chenalhó con que hubo primero un acuerdo entre los católicos liberales y los presbiterianos (habla de un 50% a 50%). Las causas de la división se situan sobre todo en la violencia política entre los seguidores del PRI, del PRD, de las Abejas, de los que han proclamado la autonomía de la comunidad Polhó27. Estas escisiones repercutieron luego en las Iglesias y abocaron en el baño de sangre del 22 de diciembre de 1995 en Acteal. Antes de esta fecha, 18 personas (evangélicos y católicos vinculados al PRI) habían sido asesinados aisladamente.
El pastor Tovilla reprocha al FrayBa haber publicado un documento en el que sostenía que los evangélicos formaban a paramilitares en un seminario en Palenque, sin verificar sus fuentes ni presentar el texto a los evangélicos. Este documento fue publicado en todo el mundo antes de que el FrayBa reconociera su error. Finalmente, en un documento en común, ambas partes reconocieron que se trataba de una información falsa.
Según el pastor Abdias Tovilla existe una alianza evangélica en cada lugar importante que reune con regularidad a sus ministros, manteniendo cada Iglesia su autonomía. No todas las comunidades evangélicas participan en los encuentros ecuménicos. Opina que algunas de estas comunidades son retrógradas, que niegan la misión social de la Iglesia y no se comprometen a formar a sus fieles. Respecto a Romanos 13 está de acuerdo con Karl Barth (vea nota 25) y cita al reformador Jean Calvin para apoyarlo.
Lea el anexo E: El punto de vista de los evangélicos de la Reserva Agapé Chiapas.
4.5. Eco en los medios
Los miembros de la delegación tuvieron la oportunidad de dar sus comentarios en entrevistas, entre otros a APIC/KIPA, Radio Vaticano, Radio suiza internacional (español, alemán), Radio Berna (RABE), Radio de la Suiza francesa etc. Tildy Hanhart fue entrevistada por la TV en México.
5. Conclusiones y recomendaciones
5.1. Conclusiones
- El momento oportuno:
Al planificar esta misión nos preguntamos si era oportuno enviar una misión en un momento de cambios (después de las elecciones legislativas y presidenciales y antes de la elección del gobernador de Chiapas). El viaje sin embargo mostró que era correcto e importante estar ahí y manifestar nuestra solidaridad en esos momentos de inseguridad. También fue oportuno poner el acento en Chiapas y visitar las comunidades rurales. Además, aprendimos mucho observando los preprativos de la elección.
- Cometido de la delegación:
El examen del aspecto de los conflictos religiosos fue de gran actualidad y muy instructivo. En todas las comunidades visitadas se discutió sobre este tema. Al entrar en materia pudimos comprobar que este conflicto cubre y encubre otros conflictos. También en la batalla electoral para el cargo de gobernador se utilizaron las tensiones religiosas.
- Contactos importantes:
El primer encuentro de una misión con el nuevo obispo de San Cristóbal, monseñor Felipe Arizmendi, fue importante, al igual que el único encuentro con un representante evangélico, el pastor Tovilla. Sin embargo, es una lástima que hasta el momento haya sido el único encuentro con un evangélico.
- Continuidad:
La continuidad es muy valiosa en cuanto a la composición de la delegación y a la promoción de los contactos. La continuidad es sumamente importante para profundizar los conocimientos.
- Duración:
Una semana es muy corto. Las misiones anteriores duraron unos días más. También sería interesante que la delegación tuviera al menos un día a su disposición para informarse acerca de la rica cultura mexicana.
- Traducción:
Si los miembros de la delegación necesitan traducción, deberían disponer de un servicio de calidad profesional.
5.2. Recomendaciones
Recomendación primordial: fortalecer el papel de las mujeres
El hecho que los derechos de la mujeres estén muy coartados ha afectado y preocupado mucho a los miembros de la delegación. Las mujeres tienen que poder fortalecerse, conocer y hacer valer sus derechos, tanto en el nucleo familiar, o en tanto que madres solteras, como en la comunidad. El respeto de los derechos de los niños es parte integrante de este empeño. La igualdad de derechos y la participación de las mujeres es un aspecto importante en el trabajo a favor de la mujer, el trabajo de las Iglesias, la vida de las comunidades, la actividad política y los proyectos con vistas a obtener más autonomía. En este sentido trabajan el programa CODIMUJ (Comisión Diocesana de la Mujer) de la diócesis de San Cristóbal y otros programas de apoyo a las mujeres. Las organizaciones humanitarias solamente deberían apoyar programas que tengan también como objetivo la consolidación de la posición de las mujeres.
Recomendación a la Iglesia católica y a las Iglesias evangélicas de Chiapas
Una condición indispensable para aclarar y reducir las múltiples tensiones religiosas e interreligiosas es que se retomen el diálogo y los encuentros ecuménicos.
Llevar a cabo talleres ecuménicos en las comunidades podría ser una manera de reunir a los fieles de diferentes confesiones y de crear un espacio de aceptación de la diversidad y de otras profesiones de fe.
Recomendaciones al gobierno de Chiapas y al gobierno mexicano
El Gobierno considera que la realización de los Tribunales de paz indígenas, medida que remonta a la ley del 29 de julio de 1999 sobre los derechos y la cultura indígenas del Estado de Chiapas, significa una realización de los Acuerdos de San Andrés. Aunque el acceso sin impedimentos de la población indígena a la jurisdicción es conveniente, preocupa el hecho que los tribunales refuercen la posición de los caciques que están presentes durante las deliberaciones y las controlan. Esto es una manera de respaldar una serie de “usos y costumbres” que sirve para oprimir a la población. La delegación pide insistentemente al Gobierno que cumpla con la exigencia de democratización de los “usos y costumbres” establecidos en los Acuerdos de San Andrés que él mismo ha firmado.
Resulta que la mayoría de los procesamientos están relacionados a la violencia sufrida por mujeres y muchachas. Estas están obligadas a presentar sus causas delante de organismos con representación únicamente masculina, sin obtener asistencia jurídica. Además, el secretario que asiste al presidente en general no habla la lengua indígena y por lo tanto no entiende el contenido de las discusiones. En estas circunstancias no es posible una jurisdicción independiente. Es pues indispensable tomar medidas que garanticen una jurisdicción independiente y que ofrezcan protección jurídica a los/las demandantes.
Respecto a los cambios en el gobierno central y en el Estado de Chiapas, con la entrada en funciones del presidente Vicente Fox y del gobernador Pablo Salazar Mendiguchia en diciembre del 2000, es importante fijar nuevas directrices que correspondan a los Acuerdos de San Andrés para así dar una nueva oportunidad al diálogo con el EZLN. Algunas directrices posibles serían: retirada total o parcial del Ejército, supresión de los puestos de control militares o policiales a la entrada de los pueblos, disolución de los grupos paramilitares, abolición de la impunidad respecto a las violaciones de los derechos humanos y consolidación por ley del derecho a la identidad y la cultura indígena, reconocido en los Acuerdos.
El programa de observación suizo ha realizado varios intentos para lograr una entrevista con el comandante militar en Tuxla Gutiérrez, sin éxito. La delegación recomienda al gobierno mexicano y al gobierno de Chiapas organizar una representación adecuada del poder militar para la próxima entrevista con el gobernador.
Recomendación al EZLN
Desgraciadamente no fue posible reunirse con un representante del EZLN. La delegación comprende que los dirigentes del EZLN hayan preferido tomar una actitud expectante durante el proceso electoral. Sin embargo desea, en vistas de la nueva constelación en el poder de México y del Estado de Chiapas, que el EZLN dé una señal mostrando claramente cómo se podría retomar el diálogo bloqueado durante años (entretanto esta señal fue dada).
La delegación desea que se consiga realizar un encuentro entre representantes del EZLN y los delegados de la próxima misión.