DECLARACIÓN POR LA PAZ, LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO LOCAL
Encuentro
por la Paz los Derechos Humanos y el Desarrollo Local
Tlaxcala, Tlaxcala
14, 15 y 16 de agosto
de 2003
Las organizaciones reunidas en este Encuentro, con el fin de compartir problemáticas y experiencias de trabajo, así como acordar acciones conjuntas, luego del trabajo realizado, expresamos lo siguiente:
Reconocemos que la dinámica de la globalización neoliberal tiene efectos profundamente inhumanos y devastadores para el medio ambiente, el tejido social, el comportamiento de los actores políticos, y nuestra cultura; agudizando las brechas entre las personas que detentan poder económico y la mayoría de la población cada vez más empobrecida.
En este contexto, en el que el gobierno federal encabezado por el presidente Vicente Fox ha diseñado una política económica que acelera la inserción de nuestro país en esta dinámica neoliberal, vemos con preocupación la agudización de la pobreza, la falta de empleos y las precarias oportunidades de los distintos sectores productivos de nuestro país; en especial la situación que viven los campesinos, los obreros, y los trabajadores del sector informal. La dinámica privatizadora de nuestras principales industrias nacionales, la poca activación de la pequeña y mediana empresa, y los privilegios que se brindan a las empresas transnacionales para que operen en nuestro país, constituyen un motivo más de preocupación.
Esta dinámica neoliberal provoca, además, efectos en las políticas sociales que se orientan a la promoción de programas sociales que dividen a las comunidades, fomentan la simulación entre la población y hacen terribles distinciones entre los beneficiarios de los mismos, como es el caso del Programa Oportunidades y algunos otros. Los efectos sociales del neoliberalismo se observan en la poca capacidad de las instituciones gubernamentales para dar solución a los problemas de vivienda, educación, salud, alimentación y seguridad social, promoviendo esquemas de privatización de los servicios sociales reivindicados en las luchas históricas de nuestro país.
La globalización neoliberal trae consigo la promoción de una cultura individualista, injusta e inhumana, que provoca actitudes y relaciones autoritarias, egoístas y represoras entre la población, y entre las autoridades y los ciudadanos. La situación que guardan los grupos vulnerables, la niñez, las personas con discapacidad, los adultos mayores, los homosexuales y todos aquellos grupos minoritarios en la sociedad, son producto de una cultura que atenta contra la dignidad humana.
Estas actitudes se manifiestan también en una cultura política de los gobernantes y los partidos políticos que se expresa en el juego de intereses particulares que se sirven de los recursos públicos, en municipios, dependencias estatales y federales, y hasta en la influencia que se ejerce entre legisladores y miembros del poder judicial, llegando al extremo de sostener estructuras organizadas para la corrupción, la represión y el sojuzgamiento de comunidades y grupos independientes.
La globalización neoliberal promueve una cultura de la muerte, que se expresa en las facilidades que se otorgan a los grupos de poder económico para explotar los recursos naturales, apropiarse de los saberes tradicionales y generar efectos devastadores sobre la salud, la cultura de los pueblos y el medio ambiente.
Las organizaciones presentes en este Encuentro reconocemos también que todos estos efectos dan pie al surgimiento de relaciones que provocan desigualdades y violencia. La generación de una cultura de la paz debe expresarse en el respeto de la dignidad humana y en la defensa y promoción de los derechos humanos.
Por esta razón y frente a esta realidad avasalladora, compartimos las pequeñas experiencias que desde nuestras comunidades y municipios hemos desarrollado para abrir caminos de esperanza a los más pobres y necesitados, y a quienes se ven violentados en sus derechos humanos. Las organizaciones estamos convencidas en que la construcción de pequeños esfuerzos de solidaridad y la promoción de alternativas viables que se enlazan entre sí, pueden dar como resultado un gran tejido que se construye con los hilos de la dignidad, la justicia y la paz:
g Frente a la globalización económica, oponemos nuestras alternativas productivas de economía solidaria, cajas populares, la promoción del comercio justo y la defensa de los derechos de los trabajadores, los migrantes, los desempleados,
g Frente a los efectos sociales del neoliberalismo, nuestros encuentros, nuestras esperanzas y nuestros proyectos de vivienda alternativa, educación popular, medicina tradicional y alimentación,
g Frente a los efectos culturales, el esfuerzo por recuperar la autonomía de nuestros pueblos, la identidad popular y las expresiones culturales de respeto a la diversidad, la construcción de una cultura de la paz y los derechos humanos,
g Frente a la corrupción, falta de rendición de cuentas y a la negación de la participación ciudadana en los asuntos públicos por parte de nuestras autoridades municipales, indicativos de la ausencia de una democracia sustantiva y participativa, la generación de iniciativas ciudadanas para la participación y control de las funciones públicas,
g Frente al deterioro ambiental y la producción de semillas genéticamente transformadas, el rescate de nuestros bosques, la separación de los residuos sólidos, la instalación de letrinas secas y plantas tratadoras de aguas, el monitoreo ambiental, la defensa de los derechos a la salud y la promoción de un desarrollo que cuide los recursos naturales que necesitan nuestros hijos para vivir,
g Frente a la importación y producción de semillas genéticamente transformadas, el cuidado y la reproducción de semillas criollas, el mantenimiento de su capacidad germinal, la creación de bancos locales y regionales de semillas para fomentar su uso y comercialización justa,
g Frente a las violaciones a nuestras garantías individuales, la promoción de los derechos humanos, la defensa de los grupos vulnerables y las acciones urgentes de exigencia a los gobiernos para que cumplan con sus obligaciones para una justicia pronta y expedita,
g Frente a este contexto adverso, la lucha por la defensa de nuestros derechos humanos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales, culturales y ambientales, y la reivindicación del derecho que tenemos a ser defensores de los derechos humanos y promotores de desarrollo local y de una cultura de paz,
Los Estados de la región centro-oriente presentes en este Encuentro somos el Distrito Federal, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
A las más de 70 organizaciones civiles y sociales que nos hemos encontrado en este evento, nos preocupan problemáticas dolorosas para nuestras comunidades rurales y urbanas, que se manifiestan de modo similar en toda la región.
Como en todo el país, la región centro-occidente plantea una problemática compleja y llena de matices. Durante los días de trabajo del Encuentro se ubicaron las siguientes problemáticas:
Resaltan los flujos de migración hacia el extranjero, en la propia región y entre distintas áreas de la República, del campo y la ciudad hacia las zonas industriales. Esto se debe básicamente a la implementación de proyectos de desarrollo desequilibrantes y pasajeros. Estos flujos de migración se traducen en el rompimiento del tejido social, en la pérdida de la identidad, en la generación de cinturones periféricos de miseria, en la creación de una economía familiar dependiente de las remesas de quienes emigran y en abandono del campo, entre otras.
El fenómeno migratorio causa que una gran parte de la población víctima del abandono en sus regiones, sufra nuevamente la insuficiencia de infraestructura y servicios básicos en general, sobre todo en las zonas de atracción poblacional. Ejemplo fehaciente de esto es el desbordamiento del sistema educativo, de salud y judicial en la ciudad de México.
La región se ve también marcada por la problemática del desempleo y la constante violación de derechos laborales básicos. Las políticas de generación de empleo se reducen básicamente a la atracción de inversiones privadas, nacionales y extranjeras, a las que, sin embargo, se exime de toda responsabilidad para con las(as) trabajadoras(es) en el cumplimiento de sus derechos, el medio ambiente y la economía local. Las precarias fuentes de empleo que llegan a generarse, están marcadas por la inestabilidad: despido masivo e injustificado de trabajadores(as), como en el caso de 4500 en la planta de Tarrant en Ajalpan, Puebla; paros técnicos en empresas, como en la Volkswagen de Puebla; retiro súbito de maquiladoras; etcétera. Con esta problemática se ve especialmente afectada la población juvenil y las mujeres: la primera porque vive en la zozobra y la angustia por la falta de una formación profesional adecuada, de oportunidades y por la inseguridad ante la falta de vigencia de sus derechos laborales. Y las segundas, porque se ven sometidas a dobles o triples jornadas, a jornadas laborales de 12 y 13 horas con salarios muy bajos..; además de la violencia intrafamiliar. Y específicamente hablando de las empresas textileras, se considera que hay aproximadamente 4000 niños trabajando en ellas.
Otra de las grandes problemáticas es la desarticulación de la economía nacional, que impacta notoriamente en esta región. Han caído los precios de productos internacionalizados como el café, los cítricos y las fibras vegetales, que se mantienen a niveles irredituables desde hace más de cinco años. Más alarmante resulta aún la importación sin control legal alguno de granos transgénicos e híbridos, que prácticamente han desplazado, desvalorizado y ahora amenazan la riqueza genética de los granos criollos. Específicamente en algunas zonas del Estado de Tlaxcala no se cuenta ya con semillas nativas de chícharo, cilantro, cebada y trigo.
La violación de los derechos ambientales es también agobiante en nuestros Estados. Por un lado se manifiesta como la imposición de un modelo de desarrollo orientado al mercado y el consumo desmedido, sin importar los impactos que áste tenga en el deterioro ambiental, en la negación de las identidades culturales y en el debilitamiento del mercado interno. Por otro, se manifiesta como la negación de disfrutar los recursos naturales y de ejercer sobre ellos el control local y autónomo desde un proyecto sustentable. Y por último, como la insalubridad del medio ambiente. Todo lo cual tiene impactos en ámbitos como el de la salud, la alimentación, el trabajo, la agricultura y otros.
Para dar algunos ejemplos, queremos referirnos a los siguientes casos: la instalación arbitraria de un relleno sanitario o tiradero de basura a cielo abierto en el municipio de Jalapa, Veracruz. La contaminación con desechos químicos del río Atoyac en los Estados de Tlaxcala y Puebla, mismo que es usado para riego de grandes extensiones de hortalizas que se comercializan en los mercados de las ciudades de Puebla y México. La instalación de dos megatiendas en el ex Casino de la Selva, en Cuernavaca Morelos, donde se destrozó un invaluable patrimonio ecológico y cultural.
Nuestra región es rica por su diversidad cultural y étnica; sin embargo, son abundantes y sistemáticos los casos de violación a los derechos culturales y a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Dos ejemplos paradigmáticos de ello son: la realización anual del evento Cumbre Tajín, en el que se destroza la zona arqueológica y se menosprecian las costumbres de la cultura totonaca, origen de la grandeza monumental utilizada para fines mercantilistas. El otro es el del municipio veracruzano de Coyutla, donde el cacicazgo y la discriminación hacia la población indígena, ha derivado en la negación violenta del ejercicio de su autonomía.
Por último, nos resulta sumamente preocupante que el conjunto de la problemática anterior esté provocando una criminalización de sectores vitales para nuestra sociedad. En efecto, las autoridades de los distintos Estado y niveles, ante el cúmulo de demandas y proyectos populares, en muchos casos no tienen otra respuesta que el ejercicio de la represión, justificándola mediante condenas basadas en prejuicios hacia la juventud, los pueblos indios, las personas de diferentes preferencias sexuales, hacia las(os) trabajadoras(es) y hacia la población en resistencia. Así ha sucedido, por ejemplo, con el Sindicato de Transportistas de Papantla, que fueron reprimidos en su huelga, con detención de 20 de ellos. Lo mismo con las comuinidades que se han opuesto al proyecto de relleno sanitario en Jalapa, hay 28 activistas con órdenes de aprensión. La muerte de Griselda Tirado en la Sierra norte de Puebla, en el municipio de Huehuetla.
Toda esta problemática latente en la región continúa evidenciando una sistemática y creciente violación a los derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales, culturales y ambientales. Derechos que se ven violados en su integralidad.
La imposibilidad de acceder a la justicia y a la seguridad se refleja en las detenciones arbitrarias que se cometen principalmente hacia los jóvenes, violándose con ello el derecho a la integridad física y psicológica, a la seguridad personal y a la libre expresión. Estos derechos son igualmente violentados cuando se coarta el trabajo de las y los defensores de derechos humanos, habiendo represión policial en muchos casos, desapariciones, presos políticos e incluso violentándose el derecho a la vida.
La ineficacia en la impartición de justicia se hace latente, y en el mismo sentido se vienen dando una serie de irregularidades en el sistema penitenciario, donde el abuso, la discriminación, la insalubridad y la corrupción permean dicho sistema, siendo atropelladas las condiciones mínimas y derechos que corresponde a las y los internos.
El abstencionismo, el fraude electoral, la falta de legitimidad de los partidos políticos, el nepotismo en las instancias de gobierno, la presencia de un solo partido en el gobierno por mucho tiempo.., nos reflejan que los derechos políticos, como el de ser representados, elegir democráticamente a los gobernantes y el acceso a cargos públicos tanto de mujeres como de hombres, siguen siendo obstaculizados a pesar de la imagen democrática que se nos quiere vender. Ligado a ello hay una falta de transparencia en el uso de los recursos públicos y una manipulación de gobiernos municipales.
Por otro lado es necesario señalar la discriminación y marginación hacia ciertos grupos de la sociedad como son las mujeres, la niñez, adultos mayores, migrantes, campesinos, indígenas, personas con preferencias sexuales diferentes y portadores de vih-sida; la cual se traduce en aislamiento, violencia, abuso, acoso, pocas oportunidades de trabajo, pésimas condiciones laborales, acrecentándose con ello su condición vulnerable.
En cuanto al derecho a la vivienda, salud y la educación, en la región nos encontramos con una falta de vivienda digna, así como la escasa o nula atención médica en las ciudades y comunidades rurales e indígenas, por otro lado existen carencias de opciones educativas así como apoyo en las escuelas de las comunidades y colonias marginadas. La desnutrición en la población presenta porcentajes alarmantes, violentándose con ello el derecho a la alimentación, ligado a la seguridad económica.
La situación laboral en la región, evidencia que las condiciones de trabajo son ineficientes, insalubres e injustas, violándose con ello el derecho al descanso, al pago justo, a la seguridad social y al trabajo. Todo esto resultado de la política económica impulsada por el gobierno federal, donde a su vez el derecho a la seguridad económica, tanto en el campo como la ciudad se ve atropellado, por el pago injusto de los productos y los salarios indignos que se ofrecen.
Encontramos, por otro lado, que los derechos para preservar y conservar nuestra cultura, la lengua, los usos y costumbres de nuestros pueblos no son promovidos, respetados y valorados, ya que la problemática presentada en nuestras comunidades es seria y alarmante. De manera concreta podemos enumerar lo siguiente: la masificación e imposición de otra cultura por parte de los medios masivos de comunicación, las fiestas populares de las comunidades indígenas y rurales han perdido su significado ancestral y trascendental, incorporando a ellas costumbres provenientes de otros países; esto trae como consecuencia otra forma de relacionarse en las comunidades. La lengua materna de los pueblos indígenas ya no se habla y de parte del gobierno no existen apoyos serios para el fomento y la preservación de dichas lenguas, lo cual es un derecho que está obligado a procurar. Otra situación alarmante es la pérdida de identidad como resultado de la emigración de muchas personas de las comunidades indígenas y rurales a las grandes ciudades de nuestro país, así como a los Estados Unidos. Los partidos políticos y las sectas protestantes con sus acciones han dividido al pueblo en relación a usos y costumbres como son la elección de parte de la comunidad de sus autoridades, así como a la preservación de su lengua, sus costumbres y tradiciones.
Pronunciamiento
público urgente
Defensoras de Derechos Humanos: Casos Griselda Tirado
y Digna Ochoa
Frente al deterioro en la vigencia de diversos derechos humanos y colectivos en México por parte de actores nacionales y trasnacionales, la población continúa organizándose para la defensa de sus derechos, actividad que es reconocida por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos. Sin embargo, existen graves riesgos para los luchadores por los derechos económicos, sociales y culturales, los activistas campesinos y ambientalistas, así como a los periodistas y defensores de derechos civiles y políticos, y la región registra múltiples ejemplos de actos graves de hostigamiento que demandamos sean frenados o esclarecidos por las autoridades competentes.
Caso Griselda Tirado
Griselda Tirado Evangelio, abogada defensora de los derechos humanos de los habitantes indígenas de la región Totonaca de la Sierra Norte de Puebla, fue asesinada el 6 de agosto. Además de su labor de defensa y gestoría legal en materia agraria, penal y civil, Griselda fue consejera del IFE en el Tercer Distrito de Puebla así como profesora universitaria. Colaboró en la fundación de la Organización Independiente Totonaca y del Centro de Estudios Superiores Indígenas Kgoyom. Su identificación con los indígenas totonacas más pobres le generó muchas enemistades en una región donde el cacicazgo y el racismo permean las relaciones entre mestizos e indígenas. Este homicidio es una muestra de la vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos los luchadores sociales y defensores de derechos humanos.
Ante este grave hecho se han sumado actos de hostigamiento contra la familia, por lo que existe temor fundado por su seguridad.
Ante lo anterior exigimos:
1. Se realice una investigación imparcial, pronta y expedita del homicidio de Griselda Tirado, a fin de identificar a los responsables, proceder a su procesamiento y sanción de acuerdo a la ley, garantizando a su familia el derecho a la justicia y a la verdad.
2. Se adopten las medidas necesarias a fin de proteger la vida e integridad personal de la familia de Griselda y de los miembros de la OIT.
Caso Digna Ochoa
Es del conocimiento público que la muerte violenta de la defensora de casos de derechos humanos Digna Ochoa y Placido, ocurrida el 19 de octubre de 2001 en la ciudad de México, ha sido limitadamente investigada y su persona y trabajo han sido desacreditados por la misma fiscal encargada de la investigación de los hechos, elemento que utilizó para reforzar su conclusión de que la defensora se suicidó.
Ante esta indignante situación exigimos:
1. Que se revise integralmente la conclusión del caso presentada por la fiscal Margarita Guerra, a la luz del Informe de los Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las pruebas recabadas por la coadyuvancia y que no han sido analizadas adecuadamente por la Procuraduría.
2. Que el Procurador General de Justicia del Distrito Federal haga una declaración pública rectificando la descalificación hecha por la Fiscal Especial contra la persona y trabajo de Digna Ochoa, como defensora de casos de violación a los derechos humanos.
Problemática ambiental en la región
El caso del Río Atoyac
Es alarmante el que se hayan detectado 61 casos de personas enfermas de leucemia y diversos tipos de cáncer, cantidad que representa casi el 5 por ciento de los casos de este tipo de padecimiento a nivel nacional en una población que es menor al uno por ciento del total nacional. La población ha denunciado que esta crisis de salud se debe a la presencia de sustancias tóxicas que son vertidas por industrias del corredor industrial “Quetzalcoatl” y del Complejo Petroquímico “Independencia” de San Martín Texmelucan, Puebla, así como los talleres y empresas productoras de mezclilla, especialmente en territorio de Tlaxcala. Frente a lo anterior la actuación de las autoridades locales ha sido omisa evitando reconocer la problemática y la evaluación realizada por la Comisión Nacional del Agua en Puebla presenta resultados parciales al señalar como única fuente de contaminación los drenajes domésticos.
Por ello exigimos:
El caso del relleno sanitario de la Ciudad de Xalapa
A raíz de la reciente implementación del relleno sanitario en la zona del Ejido de Chiltoyac para el depósito de la basura y desechos provenientes de la ciudad de Xalapa, los mantos freáticos de la zona junto con el Río Atocpan se encuentran en grave riesgo de contaminación. Consciente de esta problemática, la población de Chiltoyac realizó una movilización de protesta el 4 de marzo de 2003, a partir de la cual las autoridades municipales presentaron una querella en contra de más de 20 miembros de dicha comunidad, así como en contra del periodista Javier Hernández Alpizar, del periódico Política de Xalapa.
Frente a estos actos de hostigamiento exigimos:
Problemática municipal de Coyutla, Veracruz
Es preocupante que en diversos municipios de la región oriente del país se dé un manejo corrupto de los recursos municipales y de las distintas partidas presupuestales, lo que genera inconformidad y movilizaciones por parte de la ciudadanía organizada en la defensa de sus derechos políticos, en demanda de la rendición de cuentas.
Uno de los ejemplos más representativos de esta situación es el de Coyutla, Veracruz, en el que el Movimiento Ciudadano Coyuteco se ha organizado alrededor de la exigencia de realización de una auditoría por parte del Congreso del Estado a la autoridad municipal que lo ha llevado a establecer un Concejo Municipal elegido por la asamblea del pueblo desde mayo del 2002. Ante la falta de respuesta a esa demanda el Movimiento se ha visto obligado a utilizar distintas formas de protesta que han sido objeto de brutalidad policíaca y represión, incluyendo el asesinato del ciudadano Eusebio , representante de dicho Movimiento, el pasado 8 de agosto en un paraje de Coyutla.
Frente a lo anterior demandamos:
1. Una investigación imparcial, exhaustiva y pronta de este homicidio por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz.
2. Se tomen medidas para dar respuesta a las demandas justas del Movimiento Ciudadano Coyuteco, como es el reconocimiento del Concejo Municipal por parte del Congreso del Estado de Veracruz.
Organizaciones firmantes
Amigos de Cleto, A.C., ANELIDH, Arquitectos Ecologistas de México, ASDES, Asociación Civil Ecologista San Gabriel, ATENTLI, CAMAND, A.C., CEBS, CEDUAM, Centilizchicahualistli, A.C., Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C., Centro Antonio de Montesinos, Centro de Encuentros y Diálogos, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional, CESDER – Zautla, CIOAC – D, Colectivo “Los de Acá”, Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, Comisión Parroquial de Derechos Humanos “San Martín de Tours, Comité de Derechos Humanos “Digna Ochoa y Plácido”, Comité de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vittoria”, Comité de Derechos Humanos CERESO, Comité de Derechos Humanos de Acuamanala, Comité de Derechos Humanos de Apizaco, Comité de Derechos Humanos de Atlangatepec, Comité de Derechos Humanos de Españita, Comité de Derechos Humanos de Ixtacuixtla, Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, Comité de Derechos Humanos de Nanacamilpa, Comité de Derechos Humanos de Villa Real, Comité de Derechos Humanos de Xicohtzinco, Comité Sergio Méndez Arceo, Comunidades Eclesiales de Base – Jalapa, Cong. Adolfo Ruiz Cortínez, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, Coordinadora del Movimiento Amplio Popular, DECA – Equipo Pueblo, A.C., Defensa Integral Ciudadana, Dinámica Juvenil, ENLACE – Tlahuapan, Enlace Rural Regional, A.C., FUDINAM, Grupo de Estudiantes de la Facultad de Sociología y Trabajo Social – UAT, Instituto de investigaciones Jurídicas – UNAM, JOVEMIX, La Preciosita, Liga Estudiantil Democrática, Macehualli – Pepeyolac, Movimiento Ciudadano 1° de Agosto, Movimiento Ciudadano Coyuteco, Movimiento Ciudadano por la Democracia, Organización Regional de Campesinos Sustentables, Pastoral de Derechos Humanos, Pastoral Social Veracruz, Promoción Ecológica, A.C., Promoción y Desarrollo Sustentable del Golfo, Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero, Red de Derechos Humanos “Cualli Nemeliztli”, Red de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos”, RMALC – Morelos, RMALC, Sindicato de Autotransportes Papantla, Sociedad de Producción Rural, Takachihualis, Telesecundaria Francisco Márquez, UNICEDES – UAEM, Unión Campesina Emiliano Zapata, Universidad Iberoamericana de Puebla, USEPCH – Coxcatlán.