Aclaración del Abogado Miguel Angel de Los Santos
al Gobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía sobre los Derechos Humanos

23 de marzo de 2002.

“Toda persona tiene derecho…a estudiar y debatir

si esos derechos y libertades fundamentales se observan,

tanto en la ley como en la practica…”

CUARTA ACLARACION

(Ataques contra defensores de derechos humanos)

A la opinión Pública

A los familiares de la victimas del Ejido Morelia

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

A los organismos que defienden los derechos humanos

Al gobernador de Chiapas

1. Una vez mas el gobernador de Chiapas arremete con ataques infundados en contra del que escribe, y ahora también en contra de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos. Cada uno de los infundios proferidos por el gobernador han sido desvirtuados puntualmente por el que escribe. Las aclaraciones pueden ser consultadas en www.laneta.apc.org/sclc/
2. En la medida que el gobernador continúa con sus ataques se aísla cada vez mas, se debilita, se empequeñece. Pretende evadir abordar la situación de los derechos humanos en Chiapas, difamando a quienes le critican. Esa actitud ha asumido con lideres de organizaciones, a quienes ha encarcelado para callarlos, con periodistas y con defensores de los derechos humanos.
3. Aclararé las nuevas calumnias, no sin antes reiterar al gobernador la exhortación a debatir públicamente con los organismos no gubernamentales la política, las leyes y la situación de los derechos humanos en Chiapas; y si es motivo de preocupación del gobierno, también podemos debatir sobre la moral y mística de trabajo no solo de los defensores y defensoras de los derechos humanos, sino también la moral, gastos y sueldos de los servidores públicos.
4. El día 21 de marzo, el gobernador de Chiapas emitió el comunicado de prensa No. 783/02 cuyo encabezado fue: Los Derechos Humanos no deben ser propaganda ni negocios. En el mismo incluye dos párrafos que hablan del compromiso del gobierno con el respeto a los derechos humanos. Al respecto no tengo nada que aclarar ni decir, las imágenes y los testimonios de victimas de violaciones a los derechos humanos durante la presente administración han sido muy claros y hablan por si mismos: las violaciones continúan.
5. El gobernador dice que como prueba de su compromiso con los derechos humanos “reabrió el caso del Ejido Morelia para esclarecer la ejecución de tres indígenas bases de apoyo zapatistas.” Dice además que “en solo seis meses se ha avanzado sustancialmente en la investigación” Al respecto es menester aclarar que el único avance en la investigación del caso ha sido determinar que las victimas efectivamente existieron y fueron ejecutadas por militares, puesto que no ha sido escuchados en declaración ni uno solo de los militares implicados.
6. Dice el gobernador que en las reuniones de la CIDH “se ha comprobado que la defensa de los derechos humanos no siempre obedece a razones altruistas…sino que constituye un negocio de abogados particulares.” Esta desafortunada afirmación del gobernador revela una vez mas su contradicción en materia de derechos humanos, mientras dice respetarlos, pretende restar legitimidad al sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
7. El gobernador también afirma que en el caso del Ejido Morelia, “los defensores solicitan una indemnización de 3 millones 291 pesos para los familiares y 841 mil 381 pesos por concepto de honorarios para los propios abogados: Miguel Angel de los Santos y Abelardo Méndez Arcos por la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos.” Al respecto, debo recordarle al gobernador que sus afirmaciones violan acuerdos sostenidos ante la CIDH, en el sentido de guardar reserva del procedimiento sobre reparación de daños. Por el bien de las victimas, los familiares y los peticionarios, las pláticas sobre reparación de daños suelen llevarse a cabo con reserva. Solo el gobernador de Chiapas será responsable de las consecuencias que sus afirmaciones produzcan.
8. En cuanto a la cantidad que menciona, debo decir que no me resulta extraño que el gobernador se sorprenda de la cantidad exigida como reparación de danos, acostumbrado como está a pagar 50 mil pesos por concepto de reparación de daños en casos de muerte. Sin embargo, los estándares internacionales son diferentes: las reparaciones de daños buscan ser justas y que sirvan como medio para evitar futuras violaciones a los derechos humanos por parte de quienes viola los derechos humanos. No es el caso ridiculizar al gobierno de Chiapas, ni continuar con su indiscreción, pero la contra-propuesta de reparación de daños presentada por el gobierno raya en el absurdo y el insulto a las victimas.
9. En cuanto a los honorarios de los abogados, debo afirmar categóricamente que el gobernador miente con malicia y sin sustento alguno. Las victimas, la CIDH y el propio gobierno cuentan con una propuesta de reparación de daños en que los nombres de los abogados que menciona no aparecen, ni tienen porque aparecer en tanto que no son peticionarios. Por otra parte, debo ilustrar al gobernador que así como la reparación de daños es inherente a la justicia, también los gastos y costas son inherentes a la reparación de daños. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido jurisprudencia sobre el caso y ha considerado, que estos “derivan naturalmente de la actividad desplegada por la victima, sus derechohabientes o sus representantes para obtener la resolución jurisdiccional en la que se reconoce la violación cometida…” (Caso Garrido y Baigorria, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos).
10. El gobernador afirma que los honorarios son mayores a los que se cobran en los casos de Lankenau, Villanueva Madrid, “El divino” o Cabal Peniche. Al respecto no tengo la respuesta ni sabría como contactar a los abogados de las personas que menciona. Al parecer el gobernador si tuvo acceso.
11. Finalmente, debo decir al gobernador que los derechos humanos se defienden en los hechos, y la practica de su gobierno en contra de los derechos humanos ha sido ampliamente documentada por los medios de información. No es con discursos vagos, dolosos y malévolos, o con descalificaciones y calumnias a los defensores de derechos humanos como recuperará la confianza y credibilidad en su gobierno. El gobernador debe demostrar con hechos su respeto por los derechos humanos y aceptar debatir públicamente con los organismos no gubernamentales que defienden los derechos humanos. Resulta triste y frustrante constatar que en el primer año de gobierno, el gobernador perdió totalmente credibilidad y confianza entre los chiapanecos y chiapanecas, y se encuentra muy próximo a perder la diferencia de 60 mil 593 votos que lo llevaron al gobierno.

Atentamente

Miguel Angel de los Santos.