San Cristóbal de Las Casas, Chiapas                                                                             23-03-2002  

BOLETÍN DE PRENSA

Pablo Salazar Mendiguchía.

Gobernador del estado de Chiapas.

Sr. Gobernador.

Por el presente escrito nos dirigimos a usted por lo siguiente.

Como organismo internacional con Estatus Consultivo en la Organización de las Naciones Unidas, Global Exchange ha mantenido una presencia en el estado de Chiapas desde el año de 1995. Durante este periodo hemos mantenido un monitoreo constante sobre la situación que impera en las comunidades indígenas y en el estado de Chiapas en materia de derechos humanos.

Uno de los preceptos básicos de cualesquier gobernante es procurar el bienestar de sus gobernados, este precepto se encuentra acuñado en el concepto de Procuración de Justicia.

Operativos militares. Basados en un monitoreo sobre los operativos militares y en las denuncias de las comunidades indígenas del Estado, hemos sistematizado un periodo determinado que abarca el periodo abril del 2001 - mes en que fue aprobada la ley indígena - hasta el mes de enero del 2002. Contabilizamos un total de 259 operativos militares en 10 meses, esto nos arrojó un promedio de 25.9 operativos intimidatorios por día. El 35% de estos operativos militares está concentrado en el municipio autónomo Ricardo Flores Magón y se califican de la siguiente manera:

Patrullajes intimidatorios:  68

Hostigamientos: 59

Interrogatorios: 46

Sobrevuelos rasantes: 33

Disparos al aire en el interior y exterior de las comunidades indígenas: 15

Reinstalación de retenes militares intermitentes o permanentes: 38  

Más del 90% de estos hostigamientos han sido denunciados públicamente por las comunidades. En el caso del municipio autònomo Ricardo Flores Magòn, existe un amenazante rumor sobre un posible desalojo forzado de algunas comunidades concentradas en la regiòn de los Montes Azules.

Para mayor información, le anexamos una base de datos sistematizada de estos incidentes, por fecha, municipio y tipo de operativo.

En materia de grupos paramilitares. Con alta preocupación vemos que desde el periodo en que usted asumió la gubernatura del Estado, hasta la fecha, sólo ha sido posible la detención del integrante de un grupo paramilitar, Diego Vázquez. Existe una seria preocupación también por el caso del líder del grupo paramilitar Paz y Justicia, Samuel Sánchez Sánchez y 10 miembros más, que fueron liberados el 19 de

abril del 2001, diez días antes de la aprobación de la Ley Indígena, A la fecha de hoy, todos ellos siguen gozando de total impunidad. Esto es, durante su sugestiòn como Gobernador del Estado de Chiapas – han sido 15 meses – han sido liberados 11 integrantes de grupos paramilitares por una detenciòn.

En materia de defensores de derechos humanos. Nos parece alarmante la actitud mostrada por usted contra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, la Red de Defensores Comunitarios, el Lic. Pedro Raúl López Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y contra el abogado Miguel Angel de los Santos.

Con intranquilidad vemos costosas inserciones públicas pagadas por el Gobierno del Estado en medios de comunicaciòn nacionales contra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas o contra la CEDH. Así mismo, resulta preocupante su agresividad contra la Red de defensores Comunitarios y contra el abogado Miguel Angel de los Santos.

Tanto el Centro Fray Bartolomé de Las Casas, como el abogado Miguel Angel de los Santos llevan laborando en el estado de Chiapas por varios años en materia de derechos humanos. En los hechos, han demostrado profesionalismo, ética y credibilidad ante las comunidades indígenas, a quienes han defendido en términos jurídicos y ante organismos nacionales e internacionales.

En los reportes que tenemos , nos llama la atención que ninguna de las personas o comunidades indìgenas defendidas por los defensores de derechos humanos, que segùn la versiòn de usted han sido usados o robados, haya presentado denuncia o queja alguna contra ellos.  

Generar climas de linchamiento contra cualesquier defensor de derechos humanos que cumpla con su trabajo, no facilita un ambiente propicio para el diálogo ni para la procuración de justicia, por el contrario lo enrarece.

Los presos políticos, los operativos militares y los hostigamientos hacia las comunidades indígenas, tienen fecha, ubicación y nombres. Consideraríamos apropiado retomar el concepto de Procuración de Justicia, haciéndola valer y no acusando a quienes dignamente la defienden.     

El enfoque de los defensores de derechos humanos radica en el cuidado de la Procuración de Justicia, por lo tanto, ellos son y deberían ser considerados por usted, como coadyuvantes de un proceso democrático y de justicia.

Le hacemos un llamado a reflexionar sobre su actitud beligerante contra los defensores de derechos humanos y lo invitamos a proceder jurídica y penalmente contra quienes violentan flagrante y sistemáticamente los derechos humanos de las comunidades indìgenas.    

Atentamente:

Ernesto Ledesma Arronte
Director del Programa Chiapas de Global Exchange.