México D.F., a 15 de febrero de 2005.
Boletín de Prensa
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas insta al Gobierno Federal a colaborar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad en el estado de Chiapas.
• Agotados todos los recursos jurídicos en México, el gobierno debe contestar a la CIDH respecto de la queja interpuesta.
• El Centro de Derechos Humanos sostiene que los crímenes denunciados no son cosa del pasado en tanto prevalecen las mismas condiciones y riesgos.
• Insta a la COCOPA para verificar la situación de militarización y paramilitarización en el Estado, así como las acciones y responsabilidades de gobierno frente a esta situación.
Don Samuel Ruiz García y Don Raúl Vera López, representantes del Consejo Directivo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, hacen un llamado al residente Fox para que el gobierno federal colabore con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para una investigación eficaz, deslindar responsabilidades y castigar a los culpables, reparar los daños y establecer medidas de no repetición en los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Zona Norte del Estado y por la Masacre de Acteal.
En ambas quejas que el Centro de Derechos Humanos hace a la CIDH, se han agotado los recursos del Estado mexicano para hacer justicia a las víctimas, dado que ha habido una constatada incapacidad para investigar a los grupos paramilitares responsables de esos crímenes y por tanto para deslindar responsabilidades de las autoridades estatales y federales, incluyendo al Ejército mexicano, involucradas en su formación. En todos los casos abiertos ha prevalecido la teoría de los problemas intercomunitarios; se han tratado como crímenes aislados en que ni siquiera se acusa a los presuntos responsables de crimen organizado; se han omitido las diversas pruebas que señalan responsabilidades de autoridades federales y estatales que en diferentes momentos el Centro de Derechos Humanos presentó a la PGR, incluyendo el testimonio presentado en los días anteriores a los medios de comunicación de un comandante de Paz y Justicia que ha sido “informante” de la PGR desde hace varios años. Todavía el Centro de Derechos Humanos presentó una denuncia formal ante la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada de la PGR (UEITA/50/2004) que en quince días declinó competencia a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.
Por otro lado, la falta de una investigación seria ha permitido que las condiciones que llevaron a la comisión de los delitos señalados permanezcan intactas. Los paramilitares no han sido desarmados y siguen organizados, y la presencia militar persiste de manera desproporcionada y en control del territorio que ocupan los Pueblos indígenas en Chiapas, por lo que la población civil sigue amenazada de sufrir hechos como los que ahora denunciamos a la CIDH.
Este Centro de Derechos Humanos en voz de su presidente, Don Samuel Ruiz García presentó el 20 de julio pasado, la información que hoy es de conocimiento público, al Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, a la oficina de la presidencia a través de su vocero Rubén Aguilar y a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), días posteriores de haber hecho lo mismo con el Gobernador Pablo Salazar.
Hemos notado la disposición manifestada por el Secretario de Gobernación para que estos crímenes sean atendidos por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP). Al respecto este Centro de Derechos Humanos no considera que sea ésta la instancia idónea, dado que estos crímenes no pueden ser considerados del pasado toda vez que se enmarcan en el contexto de un conflicto vigente y actuante.
La justicia y el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario son la base fundamental de un acuerdo auténtico de paz. La violación a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado en Chiapas deben ser atendidos con un compromiso de Estado, con independencia del proceso de diálogo con el EZLN.
El Estado mexicano debe garantizar en todo momento la procuración y administración de justicia, con especial interés cuando se trata de delitos de lesa humanidad y vigilar que las fuerzas armadas actúen con apego al derecho internacional y con pleno respeto a la población civil. La Cocopa tiene un papel fundamental para revisar con toda transparencia el papel actual de los gobiernos federal y estatal, y de las fuerzas armadas en Chiapas para la protección de la población civil y la prevención de crímenes similares en el futuro.
La CIDH ha trasladado al Estado mexicano la queja P-1121/04 presentada por este Centro de Derechos Humanos y en breve deberá responderle con sus observaciones. Instamos al Gobierno federal a que ofrezca su disposición a colaborar con este órgano internacional para deslindar responsabilidades, llamar a juicio a los culpables, reparar los daños a las víctimas y garantizar medidas de no repetición desmantelando a los grupos paramilitares y desactivando la estrategia militar contra la población civil en Chiapas.
En resumen:
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas:
• Insta al Ejecutivo federal que en su calidad de representante del Estado mexicano, colabore con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el esclarecimiento de estos crímenes, el castigo a los responsables y la reparación a las víctimas, procurando medidas de no repetición.
• Exhorta al Presidente de la República a desmilitarizar las comunidades indígenas de Chiapas.
• Hace un llamado a la Cocopa para que de acuerdo a sus facultades verifique la situación militar en el estado de Chiapas, su presencia y sus tareas; revise las políticas gubernamentales encaminadas a atender las consecuencias del conflicto armado, y proponga acciones para que el Congreso y el Gobierno federal protejan a la población civil, atienda las necesidades de los desplazados de guerra y prevengan nuevas situaciones de violencia y de
violaciones a derechos humanos.
• Demanda a los gobiernos federal y estatal, vigilen y tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y proteger la integridad física de los integrantes de las comunidades de desplazados en las Zonas Norte y Altos del estado de Chiapas, particularmente de las víctimas y sus familiares, del denunciante de Paz y Justicia y sus familiares, y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, sus miembros y familiares.
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El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C (FrayBa) es una organización de promoción y defensa de los derechos humanos en el estado de Chiapas, México. Las premisas orientadoras de su labor son: La integralidad y la indivisibilidad de los Derechos Humanos, el respeto a la diversidad cultural y al derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. La justicia integral como requisito para la paz. El desarrollo de una cultura de diálogo, tolerancia y reconciliación con respeto a la pluralidad cultural y religiosa. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C es una organización no gubernamental sin fines de lucro.