Compañeros
de la sociedad civil organizada:
Preocupados
por la manera como la PGJDF intentó concluir su investigación sobre el caso
de la compañera Digna Ochoa, un grupo plural de organizaciones sociales y de
derechos humanos se ha reunido en varias ocasiones para generar una postura
común.
Ésta se expresa
en la siguiente propuesta de pronunciamiento, que sometemos a su consideración
para ser firmada hasta el 1º de septiembre, en espera del nuevo anuncio de la
Procuraduría.
En defensa de las defensoras y
defensores
Pronunciamiento de organismos
y miembros del movimiento de
derechos humanos, a propósito del caso Digna Ochoa
Septiembre de 2003
Profundamente preocupados y consternados
por recientes acontecimientos públicos en los que se ha cuestionado el trabajo
de la sociedad civil organizada en la defensa de los derechos humanos, así como
por la descalificación del trabajo de Digna Ochoa y la continuidad de la práctica
de los asesinatos y hostigamientos en contra de defensores y defensoras, los
firmantes deseamos dar a conocer nuestra postura común como miembros del movimiento
de derechos humanos en México.
Reconocimiento a defensores y defensoras
- Todo ciudadano o ciudadana que ejerce
un compromiso con la justicia social y un proyecto de convivencia basado en
la dignidad humana, es reconocido como defensor o defensora de los derechos
humanos, de acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores
aprobada en 1998. Su labor de defensa y promoción es una contribución a la
construcción de un orden social democrático basado en el respeto de los derechos
individuales y colectivos.
- La labor cotidiana por el respeto
de los derechos humanos es lo que determina quién merece el reconocimiento
como defensor o defensora, lo que es contrario a la visión reduccionista que
plantea la necesidad de contar con una profesión determinada o pertenecer
a ciertas instituciones para ser calificado como tal. Por ello la postura
de algunas autoridades que establecen criterios que descalifican a los ciudadanos
activos en la lucha por los derechos humanos, debe ser rechazada por formalista,
por no decir autoritaria.
- Los defensores de derechos humanos
están presentes en todos los rincones de nuestro país y luchan para desterrar
los abusos y las arbitrariedades que existen en México, aún cuando ponen en
riesgo su vida, teniendo como herramientas los principios de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Son defensores y defensoras quienes trabajan
en el ámbito de los derechos y libertades individuales, al igual que quienes
lo hacen con los derechos colectivos. Sin embargo, no pueden quedar excluidos
de este reconocimiento quienes asumen la defensa de los derechos de los pueblos
ante las amenazas de una globalización inhumana, en frentes tan diversos como
la lucha por el medio ambiente, la autodeterminación de los pueblos y la soberanía
alimentaria, por el derecho a la no discriminación por ningún concepto y el
derecho a la no privatización de los recursos y saberes que son considerados
por los pueblos como patrimonio común y de la humanidad.
Situación de los defensores en México
- Frente al deterioro en la vigencia
de los diversos derechos humanos en México, por parte de actores nacionales
y trasnacionales, la población continúa organizándose para la defensa de los
mismos. Sin embargo, existen graves riesgos para los luchadores por los derechos
económicos, sociales y culturales, los activistas campesinos y ambientalistas,
así como para los periodistas y defensores de los derechos civiles y políticos,
y en particular de las mujeres que luchan por sus derechos frente a la violencia
sistémica de que son objeto, como se ha evidenciado este año de manera grave
en los estados de Chihuahua, Puebla, Oaxaca y Chiapas.
- Pese a que su actividad está legitimada
por el derecho internacional, incluso en la realización de novedosas formas
de denuncia, sensibilización pública y de protesta no violenta, en todo el
país se registran anualmente decenas de casos de hostigamiento en contra de
estos activistas, la mayoría de los cuales no son esclarecidos ni sancionados
por las autoridades competentes. Los contados mecanismos institucionales de
protección establecidos por algunas autoridades han arrojado muy pocos resultados
en materia de protección y sanción de los responsables de estos hechos, lo
que se torna alarmante ante las señales de retraimiento enviadas por algunas
autoridades federales y estatales respecto del compromiso ofrecido por hacer
respetar de manera irrestricta los derechos humanos.
Los casos de Digna y Griselda
- El tratamiento que se ha dado a diversos
casos recientes nos lleva a manifestar preocupación por las condiciones para
la defensa de los derechos humanos. En el caso de la investigación de la muerte
de Digna Ochoa, injustificadamente se ha buscado desvirtuar su labor como
defensora, lo que ha causado grave indignación en México y el mundo. La descalificación
de su trabajo atenta contra todo el movimiento de derechos humanos e inclusive
contra la lucha de los movimientos sociales cuyas causas defendió en vida.
- Este caso se suma a otros donde las
conclusiones dejan al descubierto las “fallas estructurales” en la procuración
de justicia en México. Dichas fallas, mientras no sean atendidas y corregidas,
seguirán generando impunidad, negligencia y falta de credibilidad en los órganos
y personas encargados de procurarla. Una de las fallas ya conocidas es la
falta de seguimiento y profundización en la investigación de las distintas
líneas de investigación que se abrieron en el caso de Digna Ochoa.
- Finalmente, el reciente asesinato de Griselda
Tirado Evangelio, abogada defensora de los derechos humanos e indígenas en
la Sierra Norte de Puebla ocurrido el pasado 6 de agosto, no puede dejar de
ubicarse en el contexto de los conflictos ocasionados por violaciones a los
derechos humanos que la llevaron a enfrentar el cacicazgo y el racismo que
permean las relaciones entre mestizos e indígenas. Este homicidio que no fue
condenado adecuadamente por las autoridades, es una muestra de la vulnerabilidad
a la que hoy en día se encuentran expuestos las luchadoras sociales que defienden
los derechos humanos.
Ante ello exigimos al Procurador General de Justicia del Distrito Federal y
al Jefe de Gobierno del Distrito Federal:
- Agotar todas las líneas de investigación.
- Revisar la actual conclusión del caso a
la luz de la Verificación Integral de la Prueba Técnica de los Expertos de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- Arribar a una conclusión definitiva
sustentada en pruebas científicas.
- Hacer una declaración pública rectificando
la descalificación hecha por la Fiscal Especial contra la persona y trabajo
de Digna Ochoa, como defensora de casos de violación a los derechos humanos
de los más pobres.
Enviar firmas a: redtdt@redtdt.org.mx