CHIAPAS: Las Acciones Dicen Mas que las Palabras

Miguel Angel de los Santos.

            Ha transcurrido el primer año de lo que fue anunciado como el nuevo gobierno para Chiapas. Encabezado por una alianza de partidos y apoyado por organizaciones sociales, Pablo Salazar ganó por primera vez las elecciones al Partido Revolucionario Institucional.

            Un gobierno que se presentó como diferente a los gobiernos autoritarios que han gobernado Chiapas. Un nuevo gobierno que prometió reconciliación, respeto a los derechos humanos y un nuevo estilo de gobierno. Un año después, el nuevo gobierno se ha desnudado y se ha mostrado tal cual puede ser en los siguientes cinco años: el mismo gobierno de antes, pero diferente en el discurso.

De las promesas a los hechos.

A. Situación de presos.

1. Prometió cancelar órdenes de aprehensión para aquellos que injustamente fueron encarcelados. La lista de cientos de órdenes de aprehensión fue entregada al gobernador pocas semanas antes de su toma de posesión. Un año después, la lista de ordenes de aprehensión no ha sido atendida, al contrario su volumen aumento con las nuevas ordenes de aprehensión decretadas por el nuevo gobierno.
2. También prometió liberar presos injustamente detenidos. Un año después no se ha liberado a ninguno, después de los zapatistas liberados en el marco de un eventual reinicio de pláticas entre el gobierno federal y el EZNL. Es más, el número de presos políticos ha aumentado.
3. A los presos comunes se les niega el derecho a la libertad que ya se han ganado vía preliberación, como es el caso de Víctor Manuel Trinidad, quien a pesar de alcanzar la preliberación permanece en la cárcel de Tapachula.

B. El sistema de Justicia.

1. Pablo Salazar prometió una nueva procuración e impartición de justicia, que terminara con el clientelismo y las irregularidades con que se conducían las instancias correspondientes en el pasado.
2. Un ano después, la Procuraduría de Justicia sigue operando bajo el mismo esquema que antes. La tortura continua siendo el método de investigación aplicado en la investigación de los delitos. Los casos de tortura han sido documentados por algunos medios de información. Los torturadores y malos funcionarios del pasado continúan en la dependencia.
3. La impunidad continúa imperando en el sistema de procuración de justicia. Los casos no resueltos de crímenes que ha impactado a la sociedad, hablan por si solos:

1. La tortura y ejecución de Reyes Penagos a manos de funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado. Los victimarios pasean por los pasillos de la dependencia ostentando su impunidad.
2. La ejecución del periodista Roberto Mancilla Herrera, cuyo expediente solo es librado de polvo cada aniversario de su muerte.
3. Las ejecuciones de homosexuales durante los primeros años de la década pasada.
4. Las ejecuciones, secuestros y demás crímenes cometidos por grupos paramilitares durante los gobiernos de Julio Cesar Ruiz Ferro y Roberto Albores Guillen.

La lista puede ser muy amplia si cada quien hace memoria, pero la conclusión es lógica: el nuevo gobierno se desentiende de los crímenes pasados y los cobija con la impunidad.

4. En cuanto al Tribunal de Justicia del Estado, el esquema de funcionamiento es el mismo. En esta instancia se encuentra como presidente, uno de los colaboradores de campana del gobernador. Su relación con el gobernador habla por si sola de la falta de autonomía e independencia. Las recientes designaciones de magistrados del nuevo Tribunal abonan nuestro análisis: son magistrados o magistradas, quienes fueron denunciados como malos funcionarios en el pasado, los mejores amigos del gobernador y los garantes de la subordinación al Ejecutivo. La sola revisión de la trayectoria de los magistrados revela la ausencia de cambio.

C. La Reconciliación.

Como he dicho antes, los grupos paramilitares que operan en el estado no han sido combatidos seriamente. El gobierno del Estado tiene responsabilidad en ello; Paz y Justicia cometió crímenes que corresponde combatir al Estado, la mayoría son delitos que se persiguen de oficio; no obstante, el nuevo gobierno se lava las manos y dice que el combate a los paramilitares se encuentra en el ámbito de investigación de la Procuraduría General de la Republica. Cuando acudimos a esta instancia, nos dicen que el gobierno del Estado no está haciendo nada en su ámbito de competencia, que no investiga los delitos, que no colabora con la dependencia federal, que no muestra interés por castigar a Paz y Justicia.

La impunidad de que goza Paz y Justicia se entiende claramente a partir de entender el proyecto de reconciliación que impulsa el gobierno del Estado. Como hizo en Chenalhó lo hace en la zona norte: entregar dinero y apoyo para la producción a las victimas para que retornen a los lugares de donde fueron desplazados, y publicitar estos eventos como la reconciliación comunitaria. A los paramilitares además se les ofrece impunidad por sus graves crímenes.

La pacificación que impulsa el gobierno de Pablo Salazar no es duradera, se sustenta en bases monetarias, no en la justicia. Durará tanto como alcance el dinero.

D. El problema agrario.

El gobierno actual, como los anteriores, impulsa la misma política de respuesta a los problemas agrarios: convertirlos en asuntos penales. Un alto porcentaje de los presos injustamente detenidos que se encuentra en las cárceles de Chiapas, y de los que cuentan con órdenes de aprehensión, han sido acusados por delitos de despojo.

El despojo es la expresión penal de un problema agrario. Esta claro que la justicia penal no resuelve la causa del problema, que es la necesidad de la tierra: no obstante, los campesinos siguen siendo perseguidos o condenados por pelear la tierra. Los casos de Ixtapa y de San Juan Cancuc, en donde recientemente condenaron a campesinos, son los más cercanos ejemplos.

En el fondo, también se refleja la ausencia de una política agraria para resolver estos problemas, cuando los campesinos acuden a las instancias de gobierno para buscar solución a este tipo de problemas solo encuentran practicas de entretenimiento o amenazas veladas de no acudir a movilizaciones “puesto que están siendo escuchados.”

Un año después, los derechos humanos son solo un discurso.

Las acciones e inacciones del gobierno del estado lo reflejan tal cual: Es un gobierno cuyo eje no es la observancia de los derechos humanos. Y podría ser que los escritores y defensores de oficio del nuevo gobierno, rebatan esta conclusión diciendo que no he mencionado abusos del actual gobierno, como se suele contra-argumentar. Lo cierto es que tanto los abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado como en el presente son responsabilidad del gobierno en turno. La responsabilidad de los gobiernos no termina cada seis anos.

Los abusos del actual gobierno ya los he mencionado antes en Los Saldos de la Esperanza. Son detenciones arbitrarias y masivas en Ixtapa, Marques de Comillas,  Venustiano Carranza, y Chiapa de Corzo (las 81 personas detenidas que demandaban apoyos de Procampo), entre otros.

Se suele decir que la frustración con el nuevo gobierno deriva de las altas expectativas que se generaron; sin embargo, eso equivale a que en la consulta a un psicólogo, este explique la tristeza del paciente porque espera mucho de la vida. Desde luego que el nuevo gobierno genero amplias expectativas, pero lo que se ha visto es que no se acerca a la satisfacción de las mismas, y eso lo reflejan los hechos, no los discursos o apologías de su gobierno que se publican, como el reciente Perfil de La Jornada.

También se tiende a justificarlo, diciendo que el actual gobierno es de transición y que como tal le llevara tiempo sentar las bases de un gobierno verdaderamente democrático. La posición es valida, pero solo como consuelo, porque después de un año solo se percibe descomposición social, autoritarismo y soberbia en el ejercicio del poder. Un año no es poco tiempo para hacer notar resultados de un verdadero cambio. Es posible que hayan cambios que requieran recursos, pero hay otros que solo requieren voluntad política, como terminar la impunidad y respetar derechos humanos básicos.

Al nuevo gobierno no se le exige un ejercicio perfecto, pulcro y absolutamente democrático. Seria suficiente con que el eje de todas sus acciones fuera el respeto a los derechos humanos. Y de eso, no se dan señales concretas.

Desde luego que existen diferencias respecto a gobiernos anteriores, pero no se puede evaluar a un gobierno solo en relación con los otros, se le debe evaluar por si mismo, por sus acciones y omisiones.

Las acciones dicen más que las palabras. Hace unos días el Colegio de la Frontera Sur (La Jornada, 21 de noviembre 2001) dio a conocer la triste noticia de la existencia de entre 12 y 15 mil personas infectadas por el tracoma en la zona de los Altos. Las cifras son más que reveladoras del no cambio. Como se puede aceptar fríamente que durante un año los números de infectados crecieran, cómo se puede justificar la inacción del gobierno del Estado. Como podrán ver el cambio los miles de infectados que ha quedado ciegos por el tracoma. O es que acaso también se dirá que el combate a esta enfermedad es competencia del gobierno federal? El tracoma es una de las expresiones más vergonzosas de la marginación, la falta de acceso a servicios de salud y las precarias condiciones de vida de los indígenas; pero también refleja la inacción del gobierno. Ojalá que un día los medios publicitaran una marcha de ciegos por el tracoma hacia los hospitales y fueran encabezados por los funcionarios de gobierno, como suelen exhibirse en los retornos de desplazados.

Por que el cambio no se refleja en hechos concretos? Por que se engaña impunemente a los electores? Por que no se castiga este tipo de fraude? Por que se le niega la esperanza a un pueblo sufrido como lo ha sido Chiapas?

Los hechos reducen el Primer Informe de Gobierno a un mero discurso político adornado con oraciones demagógicas, que no encuentran sustento en el primer año de gobierno; o quizás sea un discurso de falsas autocríticas y justificaciones. Le quedan cinco años para hacer realidad el cambio, por lo pronto, este primer año fue de violaciones a los derechos humanos, confrontaciones con sectores que se oponen al gobierno y de sometimiento a la voluntad del gobernador de organismos desconcentrados, partidos políticos, organizaciones sociales y poderes constitucionales.