37 Oxfam Briefing Paper
Comercio con Justicia para las Américas
Agricultura, Inversiones y Propiedad Intelectual, tres razones para decir no al ALCA
Mientras la pobreza, desigualdad y concentración de la riqueza, siguen siendo una constante en América Latina y el Caribe, se vienen promoviendo acuerdos comerciales y de inversión que limitan seriamente las posibilidades de desarrollo y erradicación de la pobreza en los países de la región. El Area de Libre Comercio de las Américas pretende sellar un acuerdo que privilegia los intereses de las grandes corporaciones por encima de los derechos de la población de las Américas.
El comercio y las inversiones tienen un gran potencial para el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y la satisfacción de los derechos básicos. Sin embargo, en lugar de realizar este potencial vemos una pobreza creciente, más desigualdad entre y dentro de los países y una mayor concentración de la riqueza producida por la economía mundial.
Oxfam Internacional considera que esta contradicción es producto de las reglas injustas que rigen el comercio y la inversión internacional y una práctica de dobles estándares, a través de la cual los intereses de países ricos y sus grandes empresas están definiendo sus propios términos de integración con la economía global, en detrimento de los países más pobres.
Oxfam Internacional ha lanzado la campaña Comercio Con Justicia, que busca cambiar el marco negativo de las reglas internacionales de comercio, especialmente aquellas en discusión en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Sin embargo, en las Américas avanza paralelamente y a toda velocidad la pretensión de integrar a América Latina y el Caribe en un sistema de reglas bajo el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), cuyos contenidos pretenden ir mucho más allá de los aspectos más preocupantes de la propia OMC, como es el caso de Inversiones y Propiedad Intelectual.
Además del ALCA, otra serie de acuerdos bilaterales y sub-regionales se están negociando de manera acelerada en el continente, impulsados por los EE.UU. En particular, parece cobrar especial ímpetu el proceso de adopción de un área de libre comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA por sus siglas en inglés), que reproduce el mismo marco de reglas.
En el 2001, 214 millones de personas, casi el 43% de la población latinoamericana vivía en la pobreza y, de éstos, 92.8 millones (18.6%) en la indigencia. Las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para el 2002 apuntan a un aumento de la pobreza en alrededor de 7 millones de personas, de las cuales cerca de 6 millones corresponderían a indigentes. [i] [1] Cualquier proyecto de integración tendría que responder a esta realidad social, pero los postulados propuestos por el ALCA pretende enraizar en el continente reglas que limitan las posibilidades de que las políticas y prácticas de comercio e inversión puedan contribuir a la reducción de la pobreza, y de ser aprobadas, podrían profundizar aún más el cuadro de desigualdad y exclusión en la región.
Oxfam Internacional se opone al ALCA, y conjuntamente con organizaciones sociales y civiles en el continente, proponemos la discusión de reglas alternativas para una integración distinta a la propuesta en el borrador actual del acuerdo; tal como ha venido siendo reclamado por la Alianza Social Continental (ASC) y la Campaña Continental contra el ALCA.
La eliminación de la pobreza y la promoción del desarrollo en las Américas requieren de cambios radicales en las reglas. Oxfam Internacional ha priorizado tres temas: Agricultura, Inversiones y Propiedad Intelectual, y proponemos cambios que deben permitir:
Oxfam Internacional ha lanzado la campaña Comercio con Justicia, que busca cambiar el marco negativo de las reglas internacionales de comercio, para hacer que el comercio y las inversiones puedan contribuir al desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y la satisfacción de los derechos básicos.
Este documento forma parte de esta campaña y sustenta los argumentos de nuestra oposición al ALCA y las alternativas que proponemos. No aborda toda la amplia agenda del ALCA, sino que se centra en tres temas claves para la región: Agricultura, Inversión y Propiedad Intelectual. Estos temas ilustran la relación entre las reglas de comercio y la pobreza, y están cercanamente ligados al trabajo de contrapartes y aliados de los programas de Oxfam desde hace muchos años. A partir de esta experiencia, Oxfam Internacional considera que la eliminación de la pobreza y la promoción del desarrollo en las Américas requieren de cambios radicales en el comercio y la inversión, y de un modelo de integración distinto.
La agricultura es una fuente crucial para los medios de subsistencia en América Latina y el Caribe, y un catalizador potencial clave para las estrategias de reducción de la pobreza y el desarrollo en la región. La agricultura es también una de las industrias más grandes del mundo, aunque su alcance internacional es más limitado de lo que inicialmente puede aparentar, dado que apenas el 10% de la producción agraria se comercia internacionalmente.
Sin embargo, la región encara una crisis crónica de seguridad alimentaria y de crecimiento de la pobreza en las áreas rurales. En toda América Latina y el Caribe, 54 millones de personas sufren de desnutrición (11% de la población total), en su mayoría mujeres y niños, [ii] [2] debido en gran parte a los flagrantes dobles estándares en las políticas de liberalización del comercio agrícola -que mantienen subsidios y protección en los países ricos y obligan a una liberalización en los países en desarrollo, combinado con el retiro de la inversión pública en los países en desarrollo y la caída de los precios e ingresos.
En la región, la agricultura es fuente de subsistencia para millones de personas. En América Latina y el Caribe, alrededor de 123 millones de personas viven en las áreas rurales (25% del total de la población) y dependen directa o indirectamente de la agricultura. De estos, 77 millones (63.7%) viven en la pobreza, 47 millones de ellos en extrema pobreza. [iii] [3] En los EE.UU. y Canadá también existe un gran número de pequeños productores que vive en la pobreza. En EE.UU. el 14.2% de la población rural es pobre, y más de 500 pequeñas empresas agrícolas van a la quiebra cada semana.
Los países en desarrollo tienen necesidades especiales con respecto a sus sectores agrícolas: asegurar el acceso a alimentos para sus ciudadanos más pobres; promover medios de vida sostenibles para sus grandes poblaciones rurales; y garantizar el ingreso de divisas para el pago de las importaciones esenciales. En la última Revisión de la Cumbre Mundial sobre Alimentación, los gobiernos del mundo reconocen estas necesidades especiales reafirmando “la importancia fundamental de la producción y distribución nacional de alimentos, la agricultura sostenible y el desarrollo rural, en el logro de la seguridad alimentaria”. [iv] [4]
Sin embargo, la actual política y práctica de comercio agrícola y la acelerada liberalización propuesta bajo las reglas del ALCA, ignoran esta dimensión importante de la agricultura, actúan en favor de la producción a gran escala para la exportación, e incrementan en los países de América Latina y el Caribe la dependencia de alimentos importados. La supervivencia de pequeños productores, para quienes no existen alternativas a la agricultura, está siendo amenazada por el auge del poder de las corporaciones agro comerciales y su control sobre los mercados. Aunque la producción agrícola para la exportación ofrece oportunidades para algunos, ella constituye sólo un elemento para el logro de medios de vida sostenibles. La agricultura es un sector demasiado importante para la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental, como para ser dejado solamente a las fuerzas del mercado global.
Las políticas de liberalización agrícola representan un evidente ejemplo de los dobles estándares en el comercio internacional. Mientras que los Estados Unidos (EE.UU.), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) promueven la liberalización indiscriminada de los mercados agrícolas en los países en desarrollo, en los países ricos se mantienen políticas de subsidio y protección. Tanto los EE.UU. como la Unión Europea, continúan otorgando volúmenes masivos de pagos directos a los agricultores.
Los EE.UU. van más allá que cualquier otro país en el continente en su apoyo a la agricultura doméstica y, a pesar de la retórica respecto a reducir las medidas de distorsión comercial, incrementaron sus subsidios internos a través de la Ley Agrícola del 2002, en un 80% respecto de la Ley anterior (1996), superando los US$ 180 mil millones en distintas medidas de apoyo a los productores estadounidenses, para los próximos diez años. Los subsidios para las exportaciones directas e indirectas también se incluyen como una herramienta de esta política.
Es preciso notar que dichos subsidios opulentos no llegan a los pequeños productores norteamericanos, sino que se concentran en beneficio de las grandes empresas agrícolas. El 60% de los pagos directos se destina a tan sólo un 10% de empresarios agrícolas, que son dueños de enormes operaciones comerciales. De otro lado, el 50% de los agricultores recibe poco o ningún apoyo estatal. Es particularmente significativo el ejemplo de los barones del algodón del Oeste de Texas, quienes obtuvieron US$ 3,600 millones el año pasado en subsidios, más de lo que recibieron por vender algodón.
Debido al volumen de las exportaciones de los EE.UU., su política agraria juega un papel preponderante en la caída mundial de los precios de los productos. La combinación de políticas de apoyo interno y los subsidios para la exportación le permiten producir y exportar granos por cerca del 60% de su costo de producción, causando estragos entre pequeños productores, tanto en EE.UU. como en los países en desarrollo. [v] [5] Al mismo tiempo, las medidas que los países en desarrollo empleaban para protegerse del impacto de esta competencia injusta, han sido ampliamente eliminadas durante los últimos 15 años.
Además de las medidas de apoyo a sus productores, los EE.UU. han venido empleando diversos tipos de aranceles y medidas no arancelarias sobre las importaciones procedentes de América Latina y el Caribe. Así, se estima que Brasil pierde US$ 1,000 millones al año en ventas de jugo de naranja a los EE.UU., debido a estas medidas proteccionistas [vi] [6].
En América Latina y el Caribe, la liberalización comercial comenzó con el mandato del FMI de implementar programas de ajuste estructural a mediados de los años 80. Al final de la Ronda Uruguay de negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT por sus siglas en inglés), en 1994, justo cuando estaba a punto de crearse la OMC, todos los países de la región ya habían recortado significativamente sus aranceles y eliminado muchas de las barreras no arancelarias a las importaciones. Comparada con otras regiones en desarrollo, América Latina y el Caribe tienen los aranceles más bajos. El límite promedio del arancel agrícola para todos los países en desarrollo es de 59%, para la región es de 40% (desde 25% en Chile hasta 52% en Colombia). El promedio del arancel agrícola aplicado –que es el arancel que se implementa en la práctica- para todos los países en desarrollo es de 21%; mientras que para la región es de 14% (desde 9.8% en Chile a 20% en República Dominicana) [vii] [7].
La mayoría de los gobiernos de la región también han eliminado las medidas no arancelarias, tales como los permisos de importación, cuotas y precios mínimos, que les permitían mecanismos para manejar los niveles de importación. Las políticas de apoyo interno a la agricultura en América Latina y el Caribe también han sido socavadas. Los mismos programas de ajuste estructural que buscaban equilibrar los presupuestos exigieron el desmantelamiento del crédito rural e instituciones de comercialización y otros servicios estatales de apoyo, de los cuales dependían los pequeños agricultores, así como la reducción de la inversión pública en infraestructura rural. En Bolivia, la inversión pública agrícola cayó drásticamente de un 10% del total de la inversión pública nacional en 1989 a sólo un 4.45% en 1997 [viii] [8], durante los años cruciales de aplicación del ajuste.
Si bien, en muchos casos, dichas estructuras estatales fueron ineficientes y subsidiaban los intereses de las elites en vez de los intereses de los agricultores pobres, estas instituciones proporcionaban importantes servicios requeridos por los productores para relacionarse con mercados en términos más equitativos, servicios que el sector privado difícilmente puede reemplazar sin la intervención significativa del estado. Particularmente, el desmantelamiento de las estructuras crediticias y de comercialización, ha perjudicado a las mujeres rurales, que por tener menos garantías y titulación sobre la tierra, han perdido acceso a recursos claves para su desarrollo.
Estos dobles estándares han llevado a resultados predecibles: un incremento en el dumping agrícola con la caída de precios y deterioro de los medios de vida de las y los pequeños agricultores a lo largo del continente, un creciente control corporativo de la agricultura y concentración de la riqueza, y un aumento en la pobreza y la desnutrición en las áreas rurales.
Una de las causas más importantes de pérdida de medios de subsistencia rural en América Latina y el Caribe es el dumping por parte de las transnacionales de los EE.UU., esto es, la exportación de productos por debajo del costo de producción, que compiten injustamente con los productores locales y fuerzan a la baja de manera artificial los precios mundiales. Los EE.UU. exportan trigo a un 46% por debajo del costo de producción y maíz a un quinto por debajo del mismo costo. Y, cuando los países pobres adoptan las políticas de mercados abiertos, como lo han hecho en mayor o menor medida todos los de América Latina y el Caribe excepto Cuba, el precio mundial se convierte en el precio local y los agricultores locales son privados del acceso a sus propios mercados nacionales con efectos devastadores sobre sus ingresos.
Cuadro 1: El dumping agrícola en México
Las importaciones de granos básicos en México durante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se han duplicado, creciendo entre 1994 y 2001 en 110 millones de toneladas, con un valor de US$ 18,500 millones. En el caso del maíz, México importa un promedio de 6 millones de toneladas anuales comparados con 2.5 millones de toneladas antes del TLCAN. El precio del mercado de granos ha ido bajando y los precios reales al productor han caído entre un 35% y un 60%. Hoy el precio al productor de maíz es de US$ 80 por tonelada, sin embargo sus costos de producción son de US$ 120 por tonelada.
Esto ha llevado al estancamiento de la producción nacional de granos básicos y un aumento en la dependencia alimentaria, impactando en los medios de vida de más de 2.5 millones de productores de maíz. Sin embargo debido a la concentración de la cadena comercial entre importadores y distribuidores, esta reducción de precios no ha beneficiado al consumidor, ya que los precios de venta al público siguen subiendo. El precio de la tortilla, dieta base de la mayoría de los mexicanos, ha subido de 0.80 pesos/kg en 1993 a 5.00 pesos/kg en el 2002.
La actual crisis en el campo mexicano ha obligado a una movilización sin precedentes de las organizaciones del campo -“El campo no aguanta más”- que aboga por una revisión del capítulo agrícola del TLCAN y medidas de financiamiento y de subsidio más equitativas y dirigidas hacia los pequeños productores (más o menos el 40% del total). En el año 2003, el TLCAN obliga a que se reduzcan a tasa cero todos los aranceles sobre productos agropecuarios, excepto maíz, frijol y leche en polvo, y a que desaparezca la limitación de cuotas de importación, dejando sin ninguna protección a los productores mexicanos de la competencia desleal del dumping. [ix] [9]
Los EE.UU., sin embargo, tienen una estricta y sofisticada legislación anti-dumping, para proteger a su propio mercado y no tienen escrúpulos en imponer las obligaciones anti-dumping y medidas de compensación contra otros países. La legislación estadounidense más importante para enfrentar unilateralmente lo que considera como prácticas de comercio injustas es la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que le da al Representante de Comercio de EE.UU. (USTR por sus siglas en inglés) considerable discrecionalidad a la hora de determinar qué constituye dumping. La ley anti-dumping de EE.UU. ha sido usada contra el salmón y hongos chilenos, el jugo de naranja congelada brasileño, las flores frescas de Colombia, Chile, Ecuador y México, los tomates de México y la miel de Argentina. [x] [10]
Ningún país latinoamericano o caribeño ha sido capaz de utilizar medidas comparables contra los EE.UU. De hecho, la experiencia de América Latina y el Caribe con la Sección 301 los ha hecho recelosos de las normas anti-dumping como un medio para contener las prácticas de los EE.UU. La mera amenaza de invocar la ley ha llevado a muchos países a contravenir involuntariamente sus propios intereses. A pesar de ello, la existencia de normas multilaterales para combatir el dumping es una necesidad urgente.
La progresiva reducción de la intervención estatal en el sector agrícola de América Latina y el Caribe ha ido de la mano con la creciente concentración e integración vertical del sector privado. Vale la pena recalcar que, a pesar de que las negociaciones en materia de comercio agrícola se realizan formalmente entre los gobiernos -supuestamente para defender los intereses de los agricultores y consumidores de sus países-, son las empresas transnacionales de agro-exportación las que realmente comercian y se benefician del sistema de apoyos en los EE.UU. y las reglas internacionales que en gran medida diseñaron ellas mismas. El sistema persigue y consigue el desplome de los precios internos de los productos, de manera que las grandes transnacionales del agro pueden comprar su materia prima a muy bajo precio. A la vez, las transnacionales se benefician de un complejo sistema de créditos a la exportación y del programa estadounidense de “ayuda alimentaria” que les permite colocar fácilmente sus productos en los mercados internacionales.
El resultado ha sido una consolidación del sector empresarial vía la integración vertical (compran, transforman y distribuyen) y horizontal (acaparando todo un sector). Por ejemplo, cinco grandes oligopolios (Cargill, Continental, Louis Dreyfus, Bunge y Archer Daniel Midlands) controlan cerca del 90% del comercio mundial de granos [xi] [11]. Esas empresas compran, transportan y muelen granos, alimentan después a su ganado o lo convierten en cereal, a menudo cruzando varias fronteras nacionales en el proceso.
La consolidación del control del mercado por poderosos grupos de compradores corporativos contrasta con la fragmentada oferta de los productores. Millones de proveedores y pequeños agricultores desesperados por vender sus cosechas por dinero en efectivo, están en una masiva desventaja de negociación frente a las transnacionales. A esto se ha sumado el retiro de la intervención estatal en la producción de productos primarios y de la asistencia en la comercialización en los últimos quince años en América Latina y el Caribe, lo que ha alentado a las empresas transnacionales a estar más directamente activas en los países productores.
Los agricultores que producen para el mercado nacional en México o Bolivia no están compitiendo con los agricultores de los Estados Unidos, sino con las corporaciones que exportan alimentos, las que son las principales beneficiarias de los subsidios y demás políticas agrícolas de los EE.UU. La concentración de la propiedad y la integración vertical en la agricultura tienen enormes implicancias para América Latina y el Caribe, incrementando su dependencia de los alimentos importados.
El ALCA ignora la injusta relación entre millones de productores individuales y unas pocas grandes corporaciones de compradores, y no contempla la necesidad de que el estado regule el comportamiento monopólico de las agro-industrias transnacionales.
Miles de familias rurales de América Latina y el Caribe, que producen para los mercados locales han visto destruidos sus medios de subsistencia por la inundación de productos baratos, principalmente de los EE.UU. Éste es el caso particular de las familias de pequeños agricultores, la mayoría de las cuales tienen baja productividad, poco desarrollo de capacidades, y enfrentan los retos de infraestructuras precarias e instituciones débiles. Estos agricultores no están en condiciones de competir con la producción a gran escala de las economías más desarrolladas.
Cuadro 2: Impacto en los arroceros haitianos.
En Haití, la pobreza y desnutrición aumentaron dramáticamente durante el período de rápida liberalización del mercado. Cuando el arancel del arroz fue drásticamente reducido de 35% a 3% en 1994/95, las importaciones de arroz subsidiado de EE.UU. irrumpieron y la producción local cayó, arrastrando consigo los medios de subsistencia de 50,000 familias productoras de arroz. En la actualidad, dos tercios del arroz consumido en Haití son importados. Lo que es peor, Haití no ha sido capaz de generar suficientes ingresos en divisas para mantener el ritmo de la importación de alimentos, llevando al país al incremento de su deuda.
Historias similares pueden ser contadas sobre el sector lechero jamaiquino que fue sacado del mercado por la leche subsidiada de Europa, y de las granjas de pollos de Guyana que fueron cerradas por el ingreso de pollo subsidiado de los Estados Unidos.
Sin embargo, no sólo los agricultores que producen para los mercados nacionales han sido empobrecidos por la liberalización del comercio agrícola. Los millones de pequeños productores del campo que producen café, algodón y plátanos para la exportación, así como las y los trabajadores rurales en esos productos, también han enfrentado la caída de los precios, la masiva pérdida de medios de subsistencia y la concentración del control corporativo.
La desregulación del comercio internacional de materias primas en los años 90 ha hecho que los precios caigan con un impacto devastador en los pequeños productores y en los países que dependen de esas exportaciones para financiar la educación, la atención de la salud y la inversión en el desarrollo. Muchos de esos países tienen pesadas cargas de financiamiento de deuda, lo que también disminuye los recursos necesarios para invertir en el desarrollo humano.
Los subsidios masivos al algodón por parte de los EE.UU. hacen que los precios desciendan aún más, devastando sobre todo a la pequeña producción algodonera de la región. En el Perú, miles de pequeños productores de algodón han tenido que reducir severamente sus campos de cultivo mientras la importación de algodón, mayoritariamente de origen estadounidense, creció abruptamente en 284% en el 2002. [xii] [12]
Un grupo de transnacionales localizadas en EE.UU. han dominado por mucho tiempo el comercio de la región, especialmente en productos tropicales. Estas compañías han intervenido activamente en negociaciones comerciales para promover sus intereses privados, a menudo a costa de los pequeños productores. Como ha sido el caso de la demanda en la OMC, llevada a cabo por los EE.UU. contra la Unión Europea, para desafiar su precio preferencial sobre los plátanos producidos por pequeños agricultores en el Caribe, llevó a miles de agricultores bananeros a la indigencia.
Las posibilidades de que el ALCA pueda ordenar estas injustas prácticas de comercio, están mitigadas por la increíble asimetría de poder entre los países que toman parte en sus negociaciones.
Gracias al ajuste estructural, la mayoría de países de América Latina y el Caribe han cedido muchas de sus medidas de protección fronteriza y de apoyo interno; ellos no han tenido subsidios significativos a la exportación. Por lo tanto, tienen poco poder de negociación para lograr la regulación de las prácticas de los EE.UU. que son tan dañinas para sus propios productores agrícolas. Esto se hizo evidente dentro de las negociaciones del ALCA, que tuvieron su punto más crítico en la Reunión de Ministros de Comercio en Quito, que culminaron el 1 de noviembre de 2002, cuando varios países de América Latina y el Caribe insistieron para que en las negociaciones del ALCA se detengan las prácticas injustas, como el dumping de exportaciones agrícolas subsidiadas. A pesar de haber incorporado en la declaración oficial, por primera vez, el tema de los subsidios agrícolas, no se logró alcanzar un acuerdo unificado al respecto, derivándose al marco de las negociaciones de la OMC.
Significativamente, el borrador del capítulo sobre agricultura del ALCA perpetúa esta asimetría al plantear una acelerada eliminación de aranceles, impuestos y otras herramientas de la política agrícola nacional; la no utilización de la salvaguarda existente en la OMC; y el mantenimiento de los programas de crédito para la exportación (las cuales contribuyen al dumping). El tratamiento especial y diferenciado sólo es considerado para ofrecer un plazo más largo para la eliminación de los subsidios en los países en desarrollo y permitir la no derogación de los derechos de apoyo interno que los países más pequeños de la región reciben en la OMC [xiii] [13].
Las causas claves que subyacen a la miseria rural -falta de inversión pública, comportamiento monopólico de las agro-empresas transnacionales y caída de precios de los productos- son temas que requieren de la atención y regulación internacional para que el comercio agrícola contribuya al desarrollo y a la erradicación de la pobreza. Una integración regional que favorezca el desarrollo incluiría medidas para incrementar la inversión pública en áreas rurales, impondría disciplinas anti-trust sobre las transnacionales y alentaría políticas alternativas para incrementar los precios mundiales de productos básicos (como reservas, cuotas de producción, etc.). Las negociaciones del ALCA, sin embargo, no abordan esta problemática estructural.
El propósito explícito de las negociaciones sobre comercio agrícola en el ALCA es promover las oportunidades de exportación, frenando los tres métodos principales usados por los gobiernos para favorecer a los productores nacionales: medidas arancelarias, apoyo a la producción interna y subsidios a las exportaciones. La tesis subyacente es que dicha interferencia gubernamental en el mercado desalienta a los productores a innovar y modernizar, y evita que los productores más eficientes tengan éxito.
Este argumento no toma en consideración la experiencia histórica. Todos los países actualmente desarrollados, lograron su desarrollo industrial protegiendo y desarrollando su sector agrícola, para garantizar la seguridad alimentaria y satisfacer a una creciente población urbana. Ningún país de la región es capaz de generar suficientes opciones de subsistencia fuera de la agricultura que compensen la actual destrucción de medios de vida rurales ocasionada por la liberalización.
La velocidad y secuencia de la integración son consideraciones cruciales si los costos sociales van a ser minimizados. La liberalización rápida, como ha ocurrido en la mayor parte de América Latina y el Caribe, se afianzará con el ALCA propuesto, imposibilitando un camino al desarrollo, como puede ser el seguido exitosamente por varios países de Asia Oriental que lograron una reducción significativa de la pobreza, como Corea del Sur, Tailandia, Vietnam y Taiwán. Estas naciones usaron la agricultura en pequeña escala como punto de apoyo para impulsar su desarrollo económico, liberalizando gradualmente las exportaciones agrícolas y desarrollando fuentes alternativas de empleo no agrícolas mucho antes de que se reduzcan las restricciones a las importaciones.
Las negociaciones comerciales en curso perciben a la agricultura para la exportación como la meta del desarrollo económico rural, en vez de considerarla como un elemento dentro de un plan más amplio para lograr medios de vida sostenibles. En las actuales negociaciones sobre comercio agrícola, los intereses de los exportadores han predominado, y el acceso al lucrativo mercado de los EE.UU., para aquellos productos que América Latina y el Caribe pueden producir más baratos –verduras, flores y otros productos con nichos de mercado-, aparece como casi único objetivo de los gobiernos del continente. La apertura de mercados demandada a los países a cambio del acceso al mercado de los EE.UU. frecuentemente tiene implicancias negativas para los agricultores que producen para el mercado interno, y restringen las opciones de políticas para el desarrollo agrícola.
La eliminación de la pobreza y la promoción del desarrollo en América Latina y el Caribe requieren cambios en las reglas de comercio, partiendo del reconocimiento del derecho a medios de vida sostenibles para todas y todos.
En las negociaciones de la OMC, varios países en desarrollo han propuesto medidas que les permitan la flexibilidad política necesaria para defenderse contra prácticas de comercio injustas, y emprender las inversiones públicas pertinentes en desarrollo rural y seguridad alimentaria, exceptuando de los compromisos de liberalización a los productos claves para su seguridad alimentaria. Estas medidas crearían mejores condiciones para que los gobiernos comprometidos con el desarrollo apoyen el fortalecimiento de mercados locales y regionales a través de incentivos y medidas de protección, incluyendo el aumento de los aranceles y el aumento del apoyo interno.
Un acuerdo de integración hemisférica que favorezca el desarrollo debería permitir a los países en desarrollo:
· · Flexibilidad para apoyar un aumento en la producción de alimentos, y orientarse hacia el desarrollo rural, particularmente de cultivos básicos;
· · Exoneración de los requisitos de reducción de aranceles de los cultivos básicos producidos por pequeños agricultores y renegociación de aranceles para estos productos;
· · Exoneración de compromisos de reducción para todas las medidas de apoyo interno que persigan metas de seguridad alimentaria;
· · Creación de un fondo especial para apoyar la producción y comercialización de los pequeños productores, con énfasis en la eliminación de toda barrera que excluya a las mujeres de sus beneficios.
Las negociaciones comerciales en el continente deben evitar que las transnacionales de los EE.UU. continúen vendiendo sus excedentes agrícolas a precios por debajo del costo de producción local. El dumping baja los precios mundiales y debilita a los pequeños agricultores al establecer una competencia injusta en sus propios mercados internos. Es por ello que se requieren medidas tales como:
· · Acabar con cualquier subsidio que permita exportar por debajo del costo real de producción y regular estrictamente los créditos a las exportaciones y la ayuda alimentaria;
· · Permitir a los países importadores elevar los aranceles como defensa contra el dumping de alimentos, y colocar salvaguardas para proteger sus mercados de importaciones baratas;
· · Reformar las políticas de apoyo interno de los EE.UU., a fin de eliminar sus efectos en la competencia injusta o en dumping de exportación, y concentración de riqueza y prácticas monopólicas de la gran agroindustria. El gran presupuesto norteamericano para la agricultura debe, en cambio, utilizarse para proteger el medio ambiente y la seguridad alimentaria, propiciar vidas dignas a los pequeños productores e incrementar el precio de los productos en todo el continente.
Los países en desarrollo han abierto sus mercados unilateralmente, mientras que los países ricos mantienen la protección donde desean, delimitando áreas protegidas para su agricultura. Así, las naciones más pobres del continente han perdido gran parte de su poder de negociación, por lo que se requiere:
· · Los EE.UU. y Canadá deberían desistir de sus demandas de mayor acceso a los mercados de los países de América Latina y el Caribe, renunciando incluso a la obligación de acceso mínimo ahora codificado en la OMC;
· · Canadá y los EE.UU. deberían reducir unilateralmente los aranceles sobre los productos que provienen de la región, particularmente aquellos producidos por los agricultores más pobres;
· · Los EE.UU. y Canadá deberían eliminar los aranceles escalonados, que desalientan el desarrollo de actividades de valor agregado en la región.
Las normas liberalizadas para el comercio agrícola colocan a los agricultores de pequeña escala en competencia directa e injusta con las transnacionales agro-comerciales más grandes del mundo. Se requieren urgentemente normas que alienten el apoyo estatal para aumentar el poder de mercado de los pequeños agricultores. De igual importancia son las normas disciplinarias sobre el comportamiento monopolizador de las corporaciones transnacionales, que ayudarían a eliminar el dumping de exportaciones. Por lo tanto se debe:
· · Permitir a todos los países la flexibilidad para apoyar a los pequeños agricultores a través de empresas estatales de comercialización controladas por los agricultores, juntas de comercialización y mecanismos similares;
· · Instituir normas disciplinarias sobre el comportamiento monopolizador del comercio agrícola transnacional y limitar las distorsiones de mercado que dicho comportamiento pueda producir;
Las inversiones tienen un potencial para contribuir a la reducción de la pobreza y promover el desarrollo sostenible. La inversión extranjera se ha convertido en la fuente más importante de fondos para el desarrollo en el ámbito mundial, sobrepasando la ayuda oficial para el desarrollo en más de cuatro veces [xiv] [14]. Sin embargo, las normas de inversión propuestas en el ALCA impedirían el cumplimiento de ese potencial al colocar un peso demasiado fuerte en la protección de los derechos de los grandes inversionistas privados en lugar de considerar las necesidades de desarrollo y de reducción de la pobreza.
Fue por estas razones que Oxfam se opuso, en 1998, a la negociación del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI), que trató de establecer un poder y alcance sin precedentes para los derechos de los inversionistas. Hoy en día, estos mismos derechos continúan siendo una prioridad para los países ricos, que presionan por reglas de inversión más estrictas a ser incluidas en la nueva ronda de negociaciones en la OMC, así como en los acuerdos de libre comercio como el ALCA y los tratados bilaterales de inversión.
La inversión extranjera ha tenido un boom a lo largo de la última década, alcanzando niveles sin precedentes para convertirse en la mayor fuente de transferencia financiera de los países ricos a los pobres. La inversión extranjera directa (IED) aumentó en América Latina y el Caribe por casi diez veces durante la década de los 90, de US$ 10,200 millones en 1990 a US$ 95,400 millones en el 2000 [xv] [15]. A pesar de que se ha experimentado un descenso reciente en los flujos hacia la región (en 2001, descendió a 85.3 mil millones), se mantiene la tendencia general de los últimos años.
Los gobiernos, las compañías transnacionales y las instituciones financieras internacionales han enfatizado la importancia de la IED como uno de los pilares del desarrollo. Sin embargo, los gobiernos de la región, compitiendo entre sí por atraer inversión, debilitan el potencial de la misma al desregular los controles sobre el capital y flexibilizar las leyes laborales y ambientales, mientras que al mismo tiempo aumentan las protecciones para los inversionistas. Los acuerdos de libre comercio y los tratados bilaterales de inversión son los mecanismos principales por los cuales los países ricos facilitan este significativo movimiento de capital.
A pesar de la amplia convicción de que la inversión es buena para el desarrollo, el récord en América Latina y el Caribe muestra que la IED ha tenido un impacto positivo limitado en el crecimiento económico y en el desarrollo sostenible. Incluso tomando en cuenta el boom de las inversiones, se ha registrado una escasa tasa de crecimiento económico del 1.6% para la región entre 1998 y 2002 [xvi] [16], que está muy por debajo de la tasa anual del 2.7% requerida para reducir la pobreza, según los objetivos del Milenio de la ONU. La pobreza continúa siendo inaceptablemente alta en América Latina afectando en el 2001 a un 43% de la población, es decir, a 214 millones de personas [xvii] [17].
Una inversión de calidad puede jugar un rol en el fomento del desarrollo económico, el empleo y un desarrollo regional más equilibrado. Sin embargo, el aumento de la cantidad de inversión sin asegurar la calidad no promoverá el desarrollo sostenible. Éste es el caso particular de los flujos de capital especulativos y la inversión indirecta, que a menudo se encuentran en el origen de la inestabilidad financiera y económica con impactos devastadores en la pobreza.
Cuadro 3: Un pueblo enfrentado a la inversión minera
Tambogrande, un pueblo de aproximadamente 18,000 habitantes en una zona agrícola fértil del norte del Perú, ha sido considerado en los últimos años como la posible ubicación de un polémico proyecto minero propuesto por la empresa canadiense Manhattan Minerals. Una evaluación ambiental independiente de la propuesta del proyecto, determinó que la construcción de la mina desviaría un río local y aproximadamente 8,000 ciudadanos tendrían que ser reubicados. Adicionalmente, la agricultura sufriría considerables impactos y la calidad del agua, el aire y la tierra disminuiría por la probable contaminación.
En junio de 2002, los pobladores de Tambogrande y el municipio local, junto con contrapartes de Oxfam, como la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería y la ‘Mesa Técnica’ (grupo de organizaciones ambientales y de derechos humanos), organizaron un referéndum que preguntaba a la población si apoyaba o no proyectos mineros en zonas agrícolas como las de Tambogrande. Del 73 % de pobladores que participaron en la votación, un abrumador 94 % votó en contra de la operación minera. En diciembre del 2002, los pobladores de Tambogrande recibieron un prestigioso premio de derechos humanos en mérito a la iniciativa cívica del referéndum.
Las normas de inversión propuestas en el ALCA podrían aplastar iniciativas ciudadanas como ésta, debido a la facilidad que tendrían las corporaciones para abrir procesos legales contra gobiernos que intenten establecer condicionalidades a las inversiones para proteger el medio ambiente, la salud, u ofrecer un apoyo preferente a las empresas nacionales para lograr su mayor desarrollo y competitividad.
La IED por su parte puede contribuir al crecimiento económico más amplio si está dirigida hacia actividades que la conecten con la economía interna promoviendo la industria y actividad económica local. La IED también tiene el potencial de nivelar las desigualdades regionales estimulando la actividad económica y el empleo en zonas menos ricas de manera consistente con los planes de desarrollo locales y regionales determinados democráticamente por la población. A través de la transferencia de tecnología, la inversión puede permitir que los países en desarrollo mejoren su base tecnológica y retengan un mayor valor agregado en la producción. En este proceso el rol de los gobiernos es central, asegurando el cumplimiento de sus planes de inversión acorde con sus políticas de desarrollo. Pero en la práctica los tratados de libre comercio y el ALCA restan facultades a los gobiernos para hacer jugar ese papel positivo a la IED.
El énfasis de los acuerdos de libre comercio e inversión que el ALCA pretende consolidar, está en la cantidad de inversión, mas no en la calidad. Los derechos de los inversionistas se extienden, disminuyéndose sus obligaciones, en detrimento del interés público y la reducción de la pobreza.
México es un claro ejemplo de lo antes señalado. Los flujos de la IED hacia México durante el período del TLCAN, entre enero de 1994 y septiembre del 2002, alcanzaron una asombrosa cifra de US$ 116,500 millones [xviii] [18]. Gran parte de esta inversión fue dirigida a fusiones y adquisiciones en conjunción con una ola de reestructuración entre las empresas multinacionales. Citibank, por ejemplo, compró el banco más grande de México, Banamex en 2001. Mientras que esto aparenta ser una IED, la fusión no genera actividad económica o empleos adicionales.
Más de la mitad de la inversión en México ha ido a la manufactura, de manera predominante a productos de alta tecnología como automóviles, electrónica y computadoras [xix] [19]. Estas compañías utilizan a México como lugar para ensamblar productos para su re-exportación al mercado norteamericano, importando componentes y tecnologías para ese fin. Las exportaciones han alcanzado un boom, triplicándose bajo el TLCAN, pero han venido acompañadas igualmente de una triplicación de las importaciones. Según datos de la CEPAL [xx] [20], las compañías extranjeras son responsables de dos tercios de las exportaciones de México, pero el valor agregado para México es limitado. La planta de ensamblaje de última generación de la Ford en Chihuahua exporta más del 90% de su producción, pero casi no utiliza insumos locales, a excepción de la mano de obra [xxi] [21].
Cerca de la mitad de la IED en manufacturas, va a la producción en serie de bajo valor agregado, cuya mayor parte tiene lugar en las maquiladoras a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Este sector maquilador representa la mitad de las exportaciones manufactureras de México. Esto constituye un indicio adicional de que el aparente “éxito” mexicano en la atracción de la IED y el aumento de sus exportaciones no sería directamente replicable en otros países, puesto que se basa en buena medida en su proximidad geográfica con los EE.UU. En cualquier caso, la mayoría de los mexicanos que trabajan en estas fábricas no obtiene ingresos suficientes que les permitan comprar los bienes que ellos manufacturan. La fuerza de trabajo femenina enfrenta condiciones de trabajo sumamente precarias y los derechos laborales de los trabajadores son frecuentemente negados.
La contradicción entre el potencial de la IED para el desarrollo y el pobre registro de la misma con relación al desarrollo sostenible, es en gran medida un resultado de las disposiciones sobre inversiones que se centran de modo desproporcionado en los derechos y las protecciones para los inversionistas, en bloquear las posibilidades de regulación de los gobiernos, y en priorizar el lucro privado sobre el interés público. La capacidad de los gobiernos para regular la inversión con el fin de proteger a los ciudadanos y promover un desarrollo sostenible es erosionada por el capítulo sobre inversiones del TLCAN, y lo mismo podría ocurrir con el propuesto para el ALCA. Si la inversión va a ser una herramienta para el desarrollo debe estar sujeta a reglas que permitan a los gobiernos jugar un papel positivo para el desarrollo equitativo.
El precedente más significativo y modelo seguido para el capítulo de inversión del ALCA es el Capítulo 11 del TLCAN. Este conjunto de reglas promueve los derechos para los inversionistas, más allá de las regulaciones previstas bajo el GATT, y establece limitaciones importantes en la capacidad de los gobiernos para regular la inversión y conducirla al logro de un desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza.
Al igual que en el TLCAN, el capítulo sobre inversión del ALCA incluye [xxii] [22]:
· · Una definición muy amplia de las inversiones, incluyendo inversiones de cartera y financieras así como la inversión extranjera directa tradicional, limitando las posibilidades de regular las inversiones especulativas dañinas;
· · Un mecanismo de arreglo de disputas de ‘Inversionista –Estado’ que le otorga a las corporaciones extranjeras el derecho a demandar directamente a los gobiernos por supuesta ruptura de las reglas de inversión, sobrepasando por tanto, las leyes nacionales y los sistemas judiciales nacionales;
· · Extensas protecciones a los inversionistas de un amplio rango de regulaciones gubernamentales. La promulgación de una ley, sea para el medio ambiente, salud o bienestar público, que se perciba como interferencia a la capacidad de la firma de obtener una ganancia futura para su inversión, puede ser considerada una expropiación indirecta. Esto ha llevado a casos, dentro del TLCAN, en los cuales los gobiernos han sido forzados a pagar grandes compensaciones a los inversionistas;
· · Garantías de que los inversionistas extranjeros deben ser tratados igual que los inversionistas nacionales (Trato Nacional) y acordar el mismo tratamiento para todos los países miembros (Trato de la Nación mas Favorecida). El impacto de estos requisitos en las pequeñas industrias locales emergentes, sin capacidad de competir a esa misma escala, puede ser devastador, ya que limitan la capacidad del gobierno para ayudar a sus propias empresas discriminando a las extranjeras;
· · Las prohibiciones contra el uso de requisitos de desempeño. Esto impide a los estados regular la inversión para que adquiera una parte de sus suministros de fuentes locales, satisfaga necesidades del desarrollo nacional o cumpla con metas de empleo, todo lo cual ayudaría a promover el desarrollo.
El borrador del texto del ALCA reproduce las disposiciones sobre inversiones del TLCAN. Las corporaciones han usado esas disposiciones, tales como Trato Nacional, la expropiación indirecta y las disputas ‘Inversionista-Estado’ para plantear desafíos legales y demandar compensaciones en los organismos internacionales de arreglo de disputas, los cuales tienen reputación de ser antidemocráticos y carecer de transparencia [xxiii] [23]. Estos casos han ocasionado un costo extremadamente alto, erosionando la legislación doméstica que tenía como objetivo la protección de los derechos ciudadanos a la salud y a un medio ambiente limpio.
Cuadro 4: Petróleo y resistencia indígena en Ecuador
Los Shuar y Achuar son pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana cuyos medios de vida dependen altamente de sus tierras.
La extracción de petróleo en las tierras bajas del norte ha tenido impactos ambientales devastadores, los cuales llevaron a las tres principales federaciones indígenas del área a declarar su oposición incondicional al desarrollo petrolero en sus tierras. Además, denunciaron las tácticas usadas por la empresa petrolera estadounidense Arco Oriente Inc., de ofrecer empleo, agua gratuita, cuidado de la salud, e incluso viajes aéreos, para presionarlos a que otorguen permiso para usar sus tierras.
A pedido de la Federación Independiente del Pueblo Shuar de Ecuador (FIPSE), contraparte de Oxfam, los abogados del Centro para Derechos Económicos y Sociales redactaron una acción legal buscando prohibirle a Arco acercarse directamente a los individuos, comunidades y territorio de la FIPSE.
El 24 de agosto de 1999, llevando letreros que declaraban “¡No al desarrollo petrolero en tierras Shuar!”, cientos de personas Shuar y Achuar se juntaron en el pueblo de Macas para presentar la Acción de Amparo a la corte local. El 8 de septiembre, un juez sostuvo que Arco había violado los derechos del pueblo Shuar a la integridad organizativa y ordenó a la compañía abstenerse de acercarse o negociar con miembros individuales o comunidades de la FIPSE, sin autorización de la corte.
Forzar a los Shuar a decidir entre los beneficios potenciales de un incremento en la inversión, subyugando sus tierras ancestrales a un desarrollo petrolero abierto, fue una clara violación al derecho del Pueblo Shuar a determinar cómo manejar sus propios recursos naturales, tal como lo han hecho por siglos. Más aún, estos derechos están garantizados por la Constitución del Ecuador, así como por el Convenio 169 de la OIT, sobre poblaciones indígenas y tribales y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. [xxiv] [24]
Este tipo de victoria legal sería difícil bajo la propuesta del ALCA, puesto que las disposiciones específicas de la llamada “expropiación indirecta” prevalecerían sobre los derechos de las comunidades locales de alcanzar medios de vida sostenibles según sus propias opciones de desarrollo.
Las disposiciones sobre protecciones al trabajo y medio ambiente también han sido ampliamente criticadas por fallar en asegurar que se mantengan los estándares internacionales. El débil lenguaje que está contenido en el ALCA sólo recomienda que los países no relajen sus leyes nacionales laborales y ambientales anteriormente existentes, ya sea que éstas sean efectivas o no. Los países están sólo obligados a “esforzarse para asegurar” que tales estándares no sean debilitados con el fin de atraer inversión extranjera.
El borrador del ALCA deja abierta la posibilidad de que los gobiernos sean demandados por mantener sus estándares, cuando la aplicación de sus leyes laborales y ambientales es percibida por las corporaciones como una barrera para el comercio e impide el impulso sin trabas de las ganancias. El fracaso en vincular la inversión y el comercio con aspectos claves para los medios de vida sostenibles, -como son los derechos laborales reconocidos por la OIT y los derechos ambientales-, restringe su contribución al desarrollo y reducción de la pobreza.
En vez de ver la inversión como una manera de promover un desarrollo sostenible, equitativo, el ALCA proporciona incentivos implícitos a los inversionistas para que busquen el nivel más bajo de regulación ambiental y la mayor libertad con la cual operar, a pesar de las externalidades que podrían destruir los ecosistemas y los medios de vida rurales. El ALCA también falla en asegurar verdaderas protecciones para los pueblos indígenas, cuya identidad y sobrevivencia dependen de su derecho y capacidad de vivir dentro de su propia relación con sus recursos naturales. Mantener la salud y el equilibrio ambiental resulta fundamental para la existencia misma de los pueblos indígenas, tanto como el derecho a determinar su propio desarrollo económico. Sin embargo, estos valores y necesidades no están ni siquiera reconocidos, ni mucho menos apoyados en la propuesta del ALCA.
Asimismo, los países ricos, los organismos multilaterales y las corporaciones presionan a los países en desarrollo para abrir a la inversión privada la provisión de servicios básicos esenciales que son vitales al bienestar público, tales como el cuidado de la salud, la educación y el suministro de agua. Las negociaciones del ALCA constituyen una herramienta más para profundizar esta presión. Así, todas las disposiciones sobre servicios propuestas en el ALCA, estarían sujetas a negociación a menos que sean específicamente retiradas de la mesa por los países. Al presionar a los gobiernos a aceptar una mayor liberalización, el ALCA tiene el potencial de limitar su capacidad para proveer los servicios básicos necesitados por todos los ciudadanos, especialmente los más pobres.
El borrador del capítulo de inversión del ALCA coloca protecciones específicas para los inversionistas que sobrepasan a las referidas a los derechos laborales, el medio ambiente y los medios de vida sostenibles. Más aún, el ALCA restringiría de manera significativa la capacidad de los gobiernos para regular la inversión y les deja poco espacio para promover el logro de metas de desarrollo más amplias. Esas metas deben ligar la inversión extranjera con la economía nacional y local, protegiendo el espacio para la implementación de planes nacionales de desarrollo y la promoción de estrategias de reducción de la pobreza.
Con su eje centrado en proteger los intereses corporativos sobre aquellos de los ciudadanos, el ALCA, como el TLCAN, carece de los requerimientos mínimos necesarios para hacer que la inversión funcione para reducir la pobreza, alentar un desarrollo sostenible y equitativo y asegurar la promoción de los derechos humanos. Estos requerimientos fundamentales tienen como punto de partida la necesidad de que los gobiernos retengan el derecho de regular la inversión extranjera para acelerar el desarrollo nacional y las metas de reducción de la pobreza. Algunas recomendaciones específicas [xxv] [25] que asegurarían que esto ocurra son:
· · Requisitos de desempeño que creen vínculos entre el sector exportador y la economía local y promuevan la reinversión de las ganancias;
· · Medidas para afianzar la transferencia de tecnología con el fin de promover el desarrollo de la capacidad productiva local;
· · Flexibilidad para regular la inversión cuando tenga el potencial de amenazar los derechos ambientales y laborales, o aquellas que no hacen una contribución neta al desarrollo;
· · Protecciones al trabajo y medio ambiente que obliguen a los gobiernos y empresas a respetar los estándares internacionales;
· · Controles para limitar los flujos de inversión especulativa indirecta y de corto plazo, especialmente con medidas de salvaguarda en tiempos de crisis financieras;
· · Excepciones para proteger de la privatización los servicios básicos que son vitales para el bienestar público, tales como agua, educación y salud;
· · Excluir el concepto de expropiación indirecta. Limitar la posibilidad de que inversionistas extranjeros demanden en instancias internacionales a los estados nacionales. Las controversias deben atenerse en primer lugar a las leyes y organismos nacionales del país receptor;
· · Un compromiso activo por parte de los gobiernos de los EE.UU. y Canadá de monitorear el comportamiento de sus empresas transnacionales para que respeten las leyes nacionales del país receptor de la inversión y los derechos humanos, por ejemplo, condicionando los créditos y garantías para la inversión al cumplimiento de estándares básicos.
Estas medidas implican cambios sustanciales de lo que se propone en el ALCA y en las próximas negociaciones en la OMC. Si continúan predominando los derechos de los inversionistas y se ignoran estas consideraciones -reclamadas por las y los ciudadanos, organizaciones de mujeres, pueblos indígenas y comunidades locales afectadas por las inversiones-, la inclusión de renovadas reglas multilaterales de inversión, no contribuirán a promover un comercio con justicia para las Américas.
La negociación sobre propiedad intelectual (PI) que se plantea en el ALCA [xxvii] [27], es otro argumento de oposición al acuerdo comercial propuesto. Sin duda, la PI es un tema medular para los países de América Latina y el Caribe, ya que se trata de desarrollar la capacidad y potencialidades de los países de la región en cuanto al conocimiento, investigación, ciencia y tecnología, y el uso de la biodiversidad; que son elementos claves para el desarrollo y para garantizar la calidad de vida de sus poblaciones. Sin embargo, las condiciones bajo las cuales se vienen tratando la PI en los acuerdos comerciales, son un verdadero obstáculo para el logro de estas metas.
Las reglas de PI tienen como objetivo la protección legal de la propiedad de las ideas, creaciones artísticas e innovaciones tecnológicas, a través de las patentes, autorías y marcas. Esta protección debería contribuir al desarrollo de todos los países. Sin embargo, la realidad enseña exactamente lo contrario.
El principal tratado internacional que determina las reglas de PI, es el Acuerdo de los Aspectos Relacionados con el Comercio y los Derechos de Propiedad Intelectual (TRIPS por sus siglas en inglés), introducido en la OMC en 1995. Dos de las principales justificaciones para su existencia fueron: garantizar los derechos de propiedad recuperando los costos de inversión y estimulando la innovación; y contribuir al desarrollo, facilitando a los países en desarrollo el acceso a la transferencia de tecnología y a la investigación y desarrollo (I+D).. Todo ello no ha pasado de ser una falacia.
El TRIPS sigue intensificando la monopolización del conocimiento y profundizando las diferencias entre ricos y pobres, porque privilegia el interés de las grandes empresas en detrimento del interés público. En una época en que millones de personas son excluidas de sus derechos básicos a la salud, alimentación y educación, el conocimiento está cada vez más privatizado, dirigido a los intereses corporativos y diseñado para el mercado de los consumidores ricos.
La enorme disparidad existente entre los países industrializados y los países en desarrollo, debilita el argumento de que los acuerdos comerciales de PI contribuyen al desarrollo, y más bien, pueden facilitar la concentración del poder económico de los países industrializados en desmedro de los países en desarrollo.
· · Los países industrializados tienen el 90% de las inversiones en I+D; un porcentaje aún mayor en términos de patentes; y, son los más grandes exportadores de PI. Estados Unidos es el mayor inversionista en I+D, con 40% del valor total mundial. En 1998, ellos tuvieron un superávit de más de US$ 23 mil millones con las exportaciones de PI. [xxviii] [28]
· · Una economía necesita cada vez más del acceso a tecnología y know-how para incrementar su desarrollo nacional. Los países en desarrollo se están convirtiendo en importadores de bienes de alta tecnología y know-how protegidos por los TRIPS. Desde los años 70 hasta 1995, cuando los TRIPS fueron firmados, los gastos de Brasil con royalties de PI se acercaban a US$ 300 millones por año. Pero, desde 1996, los gastos fueron creciendo hasta llegar, en 1999, al monto de US$ 3,000 millones [xxix] [29]. En México, solamente cerca del 1% de las solicitudes de patentes son presentadas por residentes del país [xxx] [30].
· · La prioridad sobre qué “inventar” y qué “investigar ” está totalmente basada en las ganancias. La I+D está dirigida para atender el mercado de consumidores ricos y no a las necesidades de los pobres. La necesidad de I+D en medicinas y agricultura es urgente ya que millones de personas están muriendo cada año por falta de acceso a los medicamentos. Sin embargo, menos del 10% de los gastos globales en investigaciones en salud están dirigidos al 90% de las enfermedades más comunes de la mayoría de la población. Las investigaciones agrícolas están más interesadas en la presentación y el sabor de los productos que en la producción sustentable, que es de la cual dependen los medios de vida de millones de pequeños agricultores.
· · Los TRIPS otorgan a los dueños de patentes 20 años de monopolio sobre todos los procesos y productos; un plazo que impide cualquier intento de transferencia de tecnología, si se considera la velocidad de los cambios tecnológicos actuales.
· · Los TRIPS no incluyen la protección de la PI tradicional, lo que incentiva la piratería biológica, que afecta a los pueblos indígenas y pequeños agricultores de los países en desarrollo, los cuales detentan casi el 90% de los recursos biológicos del mundo.
La Alianza Social Continental (ASC) [xxxi] [31] ha desarrollado un análisis sobre la propuesta de PI en el ALCA, donde se constata que todas las propuestas parten del acuerdo ya existente en la OMC [xxxii] [32]. Es decir, el ALCA toma a los TRIPS como la referencia mínima y hay una presión para llegar a un “TRIPS Plus”, lo que ampliaría aún más las ventajas del monopolio y dificultaría el acceso a los pocos mecanismos que protegen los derechos de los países en desarrollo. Sea en el caso de las patentes, del conocimiento tradicional y acceso a los recursos genéticos o de variedades de plantas, no hay nada que efectivamente sea favorable a los países latinoamericanos y caribeños en las negociaciones actuales.
El acceso a las medicinas muestra, en la práctica, las consecuencias negativas de un acuerdo comercial sobre PI basado en el interés de las grandes empresas. Según los datos de la Organización Mundial de Salud (OMS), las enfermedades que provocan mayor número de muertes en los países pobres son: neumonía (3,9 millones); HIV/SIDA (2,6 millones); diarrea (2,2 millones); tuberculosis (1,7 millón) y malaria (1,1 millón) [xxxiii] [33]. Son 11 millones de personas por año que podrían curarse o alargar su período de vida si tuvieran acceso a medicinas.
En América Latina y el Caribe, el HIV/SIDA, es también la segunda muerte por enfermedad. Actualmente, 1,8 millones de personas viven con HIV/SIDA en la región, registrándose 110,000 muertes en el año 2001. Después de la África Subsahariana, el Caribe es la región más afectada por el HIV/SIDA en el mundo. Miles de personas afectadas por el virus simplemente no tienen acceso a los medicamentos anti-virales.
El monopolio de las patentes y su plazo de validez por 20 años como mínimo, hace que los precios de las medicinas sean inaccesibles para la mayoría de los países del Sur, porque las empresas transnacionales, dueñas de ese monopolio determinan los precios mientras aumentan fuertemente sus ganancias. En 1999, el tratamiento patentado anti-viral triple para HIV/SIDA costaba entre US$ 10,000 y US$ 15,000 dólares por paciente al año en los países industrializados. En el mismo año, en la India, los fabricantes de genéricos comercializaron la misma mezcla de medicinas por sólo US$ 1,500. Ahora, el precio de los genéricos ha bajado a US$ 295, lo que ha obligado a las grandes empresas a bajar enormemente sus precios. En Tailandia, después de vencida la patente, el precio de las medicinas para el tratamiento de la meningitis relacionada al SIDA bajó a menos del 1% de su precio anterior. En Brasil, el programa de distribución gratuita de las medicinas HIV/SIDA, experiencia reconocida internacionalmente, sólo ha sido posible por el acceso del gobierno a las medicinas genéricas de precios bajos.
La industria farmacéutica no es solamente la principal beneficiada de los TRIPS, sino también su principal mentora. La conjunción de intereses entre esas transnacionales y el gobierno de los EE.UU., en su momento, fue responsable por la inclusión de los TRIPS en la agenda de discusiones de la OMC. En las actuales negociaciones del ALCA, los países de la región están enfrentando esos mismos intereses y presiones en condiciones incluso más desfavorables, ya que en las negociaciones regionales y bilaterales los países en desarrollo quedan en posiciones de poder, aún más vulnerables.
Los EE.UU. tienen una compleja estrategia global en relación a los TRIPS, la cual busca garantizar el máximo de protección a la PI. Tres son los instrumentos utilizados:
· · Investigación y sanción unilateral. El USTR tiene a su disposición la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite sanciones comerciales unilaterales para los países, que en su concepto, vayan en contra de los intereses comerciales estadounidenses. Estas son aplicables después de un proceso de investigación y denuncia en el que las corporaciones, como PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America), juegan un rol importante;
· · Los acuerdos de PI bilaterales y los instrumentos de comercio regionales y bilaterales, que inducen medidas específicas en las legislaciones nacionales, como es el caso del ALCA.
· · El acuerdo TRIPS y los mecanismos de sanción presentes en la OMC;
Estos instrumentos permiten a los EE.UU. no depender solamente de una opción, como la de los sistemas de disputa previstos en la OMC, sino también buscan garantizar el status quo en caso de que existan cambios, que no sean de su interés.
Frente a los severos impactos que los TRIPS tienen en la salud pública de millones de personas en los países en desarrollo, Oxfam, junto con otras organizaciones como Médicos sin Fronteras (MSF), Health GAP y Third World Network, han venido participando en la movilización global que presionó para la Declaración de Doha en el 2001. La Declaración asume la prioridad de la salud sobre los intereses comerciales. Aunque ha sido un paso modesto, considerando que su implementación aún no es efectiva, permite a los países en desarrollo utilizar las salvaguardas presentes en los TRIPS, como es la suspensión de patentes, sin temor a represalias comerciales.
Los procesos iniciados por las empresas farmacéuticas contra el gobierno de África del Sur en las cortes judiciales, y de los EE.UU. en contra de Brasil en la OMC, han sido los antecedentes más importantes para generar opinión pública internacional y para mostrar los impactos negativos del acuerdo TRIPS. Tomando en cuenta la correlación de fuerzas en la región, es poco probable que los gobiernos nacionales puedan estimular un movimiento de respuesta parecido en caso de que el ALCA sea implementado.
Cuadro 5: Las presiones sobre Brasil [xxxiv] [34]
En marzo de 1987, PhRMA presentó una petición al USTR en contra de Brasil por la inexistencia de una protección de patentes para productos farmacéuticos, lo que significaba pérdidas comerciales para los EE.UU. En julio de 1987, el USTR inició investigaciones y consultas con Brasil y un año después el Presidente de EE.UU. declaró que la política brasileña no era razonable. En octubre de 1988 usó los poderes de la Sección 301 para imponer penalidades comerciales a algunas exportaciones brasileñas. Como resultado en julio de 1990 el gobierno brasileño anunció la decisión de crear una legislación para ofrecer protección de patentes a los productos farmacéuticos y sus procesos de producción. El 14 de mayo de 1996 fue aprobada la Ley de Propiedad Industrial. La presión de los EE.UU. y PhRMA fue tan fuerte que Brasil empezó a cumplir con las patentes para las medicinas diez años antes de la fecha exigida por el acuerdo TRIPS.
En enero del 2001, el gobierno de EE.UU. presentó una queja en la OMC contra la Ley brasileña, argumentando que discriminaba a los productos importados y que estaba en contra de los TRIPS. Fue usado como justificación el Artículo 68 de la ley brasileña, que estipula que en caso de que el titular de la patente no fabricara la medicina en el país, en un plazo de tres años a partir de su registro, el gobierno podía suspender la exclusividad y autorizar la fabricación del producto a otra empresa. Al mismo tiempo PhRMA intensificó sus presiones sobre el USTR. La queja generó una fuerte movilización nacional e internacional porque ponía en riesgo el programa brasileño de tratamiento del HIV/SIDA, internacionalmente reconocido. Lo increíble es que Brasil nunca utilizó el Artículo 68 y nunca rompió una patente en el país. Al parecer, la gran preocupación de la industria farmacéutica fue el “mal ejemplo” de Brasil por su producción de medicamentos genéricos de bajo costo y su disposición de enfrentarse a los gigantes farmacéuticos utilizando las salvaguardas existentes en la ley con el objetivo de garantizar el derecho a la salud de la población. La queja fue retirada por los EE.UU. a mediados del 2001.
Los EE.UU., en su propuesta para el ALCA, están buscando un TRIPS Plus, que concede más protección a las empresas de la que ahora tienen, así como el fin de la Declaración de Doha. En septiembre del 2002, MSF [xxxv] [35] presentó al USTR una clara crítica sobre la posición de los EE.UU. en las negociaciones de PI en el ALCA, señalando los puntos clave que están en discusión. Oxfam está de acuerdo con esa crítica y la reproduce. La propuesta estadounidense pretende:
· · Restringir fuertemente el uso de la licencia compulsoria para limitadas circunstancias. Ese es un retroceso a lo que se avanzó en Doha, donde se reafirmó el derecho de los países miembros de la OMC al uso de la licencia compulsoria por cualquier razón establecida en sus legislaciones. La propuesta de los EE.UU. quiere limitar ese uso a cuatro situaciones: finalidades públicas no comerciales; declaración de emergencia nacional; otras situaciones de extrema urgencia; o prácticas que sean anti-competitivas. Esto significa impedir la licencia compulsoria por abuso de precios, por ejemplo.
· · Extender el tiempo de las patentes farmacéuticas más allá de los 20 años mínimos establecidos por los TRIPS. Los EE.UU. quieren ampliar el plazo de las patentes a cambio de una anticipación de registro de drogas genéricas y para compensar posibles atrasos en los procedimientos administrativos y de regulación ocurridos durante la concesión de la patente y el posterior registro del nuevo medicamento. Ese no es un requerimiento del acuerdo TRIPS y la OMC ya explicitó su posición de que esa extensión no constituye un interés legítimo de los dueños de patentes.
· · Conceder un poder abusivo a las autoridades reguladoras reforzando las patentes. Las autoridades reguladoras de medicamentos deberían notificar al detentador de una patente sobre la identificación de cualquier empresa que esté buscando aprobación para comercializar una versión genérica de invención patentada, durante la vigencia de la patente. Eso significa que esas autoridades pasarán a funcionar como agencias que refuercen más aún el uso de patentes.
· · Conceder a las empresas farmacéuticas los derechos exclusivos sobre los datos (por ejemplo, resultados del ‘clinical trials’) por un mínimo de 5 años. El acuerdo TRIPS sólo requiere que se protejan los datos no divulgados del uso comercial injusto y de leyes competitivas también injustas. Garantizar la exclusividad sobre datos farmacéuticos resultará en un atraso y limitará la competencia genérica en casos donde la patente esté terminando o donde una licencia compulsoria ha sido concedida.
Las propuestas presentadas por los EE.UU. sólo confirman la intención de establecer un TRIPS Plus en la región a través del ALCA.
Los materiales biológicos y genéticos que proporcionan los principales recursos para las industrias de biotecnología y de producción de semillas, son también la base de los medios de subsistencia de miles de comunidades rurales pobres. Los requerimientos del acuerdo TRIPS de proteger la variedad de plantas bajo la forma de patentes, o de otro sistema sui generis como los derechos de los productores de semillas, tienen serios impactos para la seguridad alimentaria y la protección de la biodiversidad.
El uso de patentes amenaza restringir el acceso de los pequeños productores a la conservación, uso y venta de semillas, afectando seriamente sus medios de subsistencia. La preocupación sobre las patentes de semillas es una realidad: se calcula que ya existen más de 900 patentes sobre los cinco cultivos que equivalen a más de las tres cuartas partes de la oferta mundial de alimentos, siendo que apenas cuatro empresas transnacionales detentan más de la mitad de ese número. [xxxvi] [36] Casi todas esas patentes están en poder de los países industrializados.
Los países en desarrollo, además, se encuentran presionados para adoptar los derechos de los productores de semillas contenidos en la Convención Internacional para la Protección de las Nuevas Variedades Vegetales (UPOV por sus siglas en francés).. Para el caso del control sobre las semillas, la UPOV se suma a los TRIPS como un mecanismo más de extensión del control empresarial sobre el suministro de semillas. En las negociaciones comerciales regionales la situación es más preocupante. La experiencia de México, sea en el TLCAN y con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (UE), son ejemplos del TRIPS Plus. El TLCAN obliga México a practicar el UPOV en la versión del año 1991, el cual es desfavorable para los países en desarrollo, ya que condiciona a sus miembros a conceder derechos exclusivos sobre las plantas por 20 años. La UE utilizó el TLCAN como referencia y también incluyó la adopción del UPOV 1991 en su acuerdo con México. La versión anterior del UPOV, que permitía a los agricultores el derecho a conservar y usar semillas para desarrollar sus propias variedades, simplemente ha sido sustituida en las actuales negociaciones comerciales.
Fuertes medidas proteccionistas para la biotecnología son otro tema altamente controversial en cuanto a las ventajas que podrían ofrecer a la sociedad. Además del cuestionamiento hecho a la ingeniería genética sobre su incapacidad actual para prever las mutaciones genéticas dentro de un organismo vivo, es claro que la lógica del mercado sigue prevaleciendo. Es decir, el motor que impulsa la investigación biotecnológica y el ímpetu que mueve el control por patentes están separados de las iniciativas de reducción de la pobreza. Las investigaciones están dirigidas hacia los productos que presentan mayores ganancias en el mercado. Las patentes ofrecen un beneficio doble para las empresas: sube los precios de las semillas e impulsan las ventas de insumos.
El acuerdo TRIPS incluye pocas garantías contra la creación de monopolios, por el contrario, los estimula. El control sobre las innovaciones biotecnológicas está altamente concentrado en seis grandes industrias que conducen las investigaciones comerciales en las áreas de los cultivos genéticamente modificados. La extensión de los derechos de patentes contribuyó a la concentración del poder en la industria de semillas en varios países en desarrollo. En Brasil, el proceso fue seguido de una ola de fusiones y adquisiciones de empresas. Actualmente, solamente dos empresas, Monsanto y Dupont, controlan las tres cuartas partes del mercado brasileño de maíz . [xxxvii] [37]
Retomar estas mismas negociaciones en el ALCA significa profundizar los problemas identificados hasta ahora, ya que no existen propuestas que busquen cambiar el marco establecido por los TRIPS y UPOV. Inclusive, la Convención sobre Diversidad Biológica, que podría ser considerada en las negociaciones comerciales como un contrapeso entre los intereses públicos y privados, sobre todo en lo que se refiere a recursos biológicos, sigue siendo ignorada y confrontada.
Oxfam sostiene que:
· · PI debe quedar fuera de las negociaciones del ALCA y de otros acuerdos regionales y bilaterales en América Latina y el Caribe;
· · El TRIPS Plus, a través del ALCA u otros acuerdos, es inaceptable;
· · Los EE.UU. deben acabar con el uso permanente de la Sección 301 de su Ley de Comercio, que presiona a los países de la región en favor de sus intereses comerciales;
· · Los EE.UU. y todos los países de la región que aún no lo hicieron, deben firmar la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB);
· · El Acuerdo TRIPS debe ser armonizado con la CDB, destacando la parte que obliga a los dueños de patentes a presentar el origen de los materiales biológicos, y el consentimiento de sus dueños originales, las comunidades y los pueblos indígenas;
· · Las patentes sobre recursos genéticos de plantas para la alimentación y la agricultura no deben ser permitidas bajo ningún acuerdo comercial. Los países ricos no deben forzar la introducción del UPOV 91 como sistema de protección de las variedades de plantas;
· · Los países de la región deben respetar la Declaración de Doha y promover mayores reformas en el acuerdo TRIPS, para mejorar el acceso a medicinas de bajo precio.
“Hasta hoy las reglas pactadas no han ayudado a superar, ni menos a aminorar, los problemas de nuestras economías. Proponemos reglas alternativas que regulen la economía mundial y en nuestro hemisferio, basadas en una lógica económica distinta: el comercio y la inversión no deben ser un fin en sí mismos, sino instrumentos para el desarrollo justo y sustentable”
Extraído de “Alternativa para las Américas”, Alianza Social Continental, diciembre 2002
Oxfam cree que se necesitan cambios radicales para que el comercio y la inversión en las Américas promuevan la reducción de la pobreza, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Estos cambios requieren de una mayor voluntad política y unificada de los gobiernos de América Latina y el Caribe, del mantenimiento de la capacidad propositiva y de movilización de las organizaciones de la sociedad civil de las Américas, y de reformas radicales en las instituciones y en los acuerdos comerciales que se vienen implementando rápidamente en el continente. Un proyecto de integración debe contar con el concurso de todos los actores e intereses sociales, parlamentarios, universidades y no solamente con los empresarios y gobiernos, si es que se va a responder a la desigualdad social y la pobreza en el continente.
Este documento se inscribe dentro del conjunto de propuestas que sustentan la campaña Comercio con Justicia de Oxfam, pero además, hace un reconocimiento a los importantes esfuerzos de elaboración propositiva de la sociedad civil del continente, en particular de “Alternativa de las Américas” de la Alianza Social Continental [xxxviii] [38].
Dentro de los cambios que se requieren, el de agricultura es esencial, ya que es crítica para asegurar el derecho humano a la alimentación y el derecho de los países pobres al desarrollo. La agricultura campesina y familiar aún brindan la mayor cantidad de puestos de trabajo y una gran parte del ingreso nacional en las zonas más pobres de las Américas.
En este sentido, un abordaje “de talla única” del comercio agrícola, atrasaría más a los países en desarrollo y pondría en peligro los medios de vida de los agricultores pobres. El tratamiento especial y diferenciado debe incluir una flexibilidad significativa para elevar los aranceles y aumentar el apoyo interno para lograr la seguridad alimentaria y las metas de desarrollo. La implementación de cualquier compromiso de reducción debe estar basada no en cronogramas arbitrarios y negociados políticamente, sino en el logro de hitos de desarrollo.
Así mismo, el enfoque desproporcionado de los derechos de los inversionistas impide el derecho de los países en desarrollo para regular las inversiones extranjeras en función de las necesidades de desarrollo nacional. El Trato Nacional que propugnan los inversionistas en la propuesta del ALCA, pone en riesgo el desarrollo de las capacidades productivas y tecnológicas locales, que toda inversión de calidad debería promover. Del mismo modo, bloquea la capacidad de los gobiernos y ciudadanos para contrarrestar los efectos negativos sociales y ambientales de muchas de las inversiones que se propugnan en la región.
Las reglas de propiedad intelectual deben quedar fuera de las negociaciones del ALCA, y de cualquier acuerdo comercial bilateral y regional, ya que sólo conducirán a mantener los intereses de las corporaciones farmacéuticas y agroindustriales, en detrimento de los objetivos de salud pública y del derecho de los países en desarrollo de garantizar la seguridad alimentaria y proteger la biodiversidad. Junto a este propósito, es importante el abandono de mecanismos de presión comercial hacia los países en desarrollo, como es la utilización de la Sección 301 de la Ley de Comercio estadounidense, que frena la construcción de estrategias sustentables de comercialización para los países de la región.
La enorme distancia que separa estas propuestas de los postulados que se están negociando actualmente nos lleva a considerar, conjuntamente con otras muchas organizaciones y movimientos del continente, que la propuesta del ALCA es incompatible con la promoción del desarrollo sostenible en las Américas.
En definitiva, resulta necesario una propuesta integral y radicalmente distinta, que brinde la flexibilidad política requerida para que los gobiernos de los países en desarrollo de la región, protejan y promuevan los intereses de sus agricultores, trabajadores, mujeres, pueblos indígenas y ciudadanos, y de esta manera, restaurar su capacidad de elegir sus políticas de desarrollo y reducción de la pobreza.
Oxfam Internacional es una confederación de 12 agencias de desarrollo que trabaja en 120 países en desarrollo: Oxfam América, Oxfam Bélgica, Oxfam Canadá, Oxfam Community Aid Abroad (Australia), Oxfam Gran Bretaña, Oxfam Hong Kong, Intermón Oxfam (España), Oxfam Irlanda, Novib Oxfam Holanda, Oxfam Nueva Zelanda, Oxfam Quebec y Oxfam Alemania.
Para más información, póngase en contacto telefónico o por escrito con cualquiera de las agencias siguientes:
Oficina de Advocacy de OI, 1112 16th St., NW, Ste. 600, Washington, DC 20036 Tel: 1.202.496.1170, E-mail: advocacy@oxfaminternational.org, www.oxfam.org
Oficina de OI en Bruselas, 60 rue des Quatre Vents, Brussels, B1080; Tel: 322.501.6761
Oficina de OI en Ginebra, 15 rue des Savoises, 1205 Geneva, Tel: 41.22.321.2371
Oficina de OI en Nueva York, 355 Lexington Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10017 Tel: 1.212.687.2091
|
Oxfam Alemania Greifswalder Str. 33a Tel: 49.30.428.50621 E-mail: info@oxfam.de |
Oxfam América |