AMIGOS TODOS
PRESENTE

Como sindicato, colegio, cámara, ong, investigador, profesionista, académico, estudiante, empresario, o simplemente como un ciudadano más, seguramente usted o ustedes, alguna vez, o mejor dicho muchas veces, trataron o han tratado de obtener información que les ayudara en su trabajo, en su investigación de tal manera que incidiera para la toma de decisiones o bien para expresar alguna opinión, pero se dieron cuenta que esa información solo obra en poder de los órganos públicos estatales.

Pero desgraciadamente no pudieron acceder al ella por varias razones, primero porque históricamente los servidores públicos han actuado con la lógica de que la información que poseen es “privada”, o bien les dijeron que era “confidencial” o bien que tenían que, para entregársela, pedir permiso primero al jefe inmediato superior, permiso que claro nunca llego y por ende nunca a sus manos esa información que necesitaban.

Muchos para poder tener acceso a esa información pública, tienen que recurrir al tráfico de influencias, “conocidos, amigos y compadres”, o bien incitar a la “deslealtad” para que el servidor público lo filtre a escondidas o en el más común de los casos corromper económicamente al funcionario para poder adquirir dicha información.

No comprenden esos malos servidores públicos que la información que poseen es pública y debiera ser pública, pero desgraciadamente a nivel local no hay un marco legal que nos garantice el acceso a ella. Hemos vivido por largos años un viejo principio antidemocrático, en el cual todo es “secreto (de Estado)” salvo aquello que el “buen gobierno” quiera hacer público. Sin embargo, la tesis de un buen Estado democrático debe ser aquella que dice que todo es publico salvo aquello que debe reservarse por razones de seguridad o protección a la vida privada de los ciudadanos.

En el marco federal tenemos un articulo 8º. Constitucional muy vago, que ha comprobado su poca o nula efectividad en el ejercicio del derecho de petición. Afortunadamente, pero solo para hacerla efectiva solo en las dependencias federales, desde el pasado 11 de junio del 2002, tenemos ya una Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamentaria del artículo 6º. Constitucional.

Pero esto no es moda ni nada nuevo, este derecho consagrado por vez primera en el articulo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos emitido por la ONU el 10 de diciembre de 1948 (http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm), se ha debatido en los últimos 50 años en varios países en los cuales su sociedad ha trascendido a la esfera democrática.

Estados Unidos tiene su ley desde 1966, así otros países como Suecia y Finlandia (1951), Dinamarca y Noruega (1970), Holanda (1978), Francia (1979) y más de 30 naciones que cuentan con leyes en materia de acceso a la información pública.

En México, aunque tenemos la Ley Federal, para poder acceder a los archivos, documentos y demás información en poder de los gobierno estatales, es necesario que se creen leyes del tipo a nivel local; tal como ya lo han hecho Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Michoacán u Sinaloa entre otros, pero la de éste ultimo estado considerado como una de las más avanzadas no solo en México sino en América Latina (http://www.limac.org.mx/legislacion.htm).

Actualmente en otros estados como Oaxaca, Colima, Querétaro y Durango, el debate sobre el acceso a la información pública en poder de los gobiernos estatales está en auge.

¿Pero en Chiapas que estamos haciendo?

El pasado 28 de noviembre, de manera unilateral y sin consulta previa a los sectores sociales, la fracción parlamentaria del PAN propuso ante el Pleno del Congreso del Estado su iniciativa de Ley en la materia que fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Previa a ésta propuesta panista, un grupo de compañeros trabajadores de los medios de comunicación estuvimos trabajando otra propuesta alterna similar a la Ley de Sinaloa que intentamos hacer llegar a los legisladores.

Pero antes, primero, mediante algunos compañeros exigimos que no fueran a aprobar la ley panista que hacia antesala en la Cámara, sino que ellos la expusieran públicamente que  la consultaran a la sociedad, si había observaciones u otra propuesta que la complementara o la sustituyera, según sea considerada.

Y es que, los diputados locales iban “encarrerados” a aprobarla, pero afortunadamente tanto algunos de ellos, priístas y perredistas, como los mismo diputados panistas, específicamente Juan Carlos Moreno Guillén, se han mostrado abiertos y han evitado cometer otro error como se hicieron en el pasado en ese recinto.

Sin duda, como debiera ser, ahora los diputados han convocado a foros (sin que den detalles al respecto) para llevar a cabo consultas y recoger propuestas ciudadanas en aras de hacer efectivo en Chiapas del derecho de los ciudadanos a la información pública gubernamental.

Pues para poder expresarnos libremente y sin restricciones, es menester que también se nos respeto el derecho a estar bien informados de todo aquello que acontece en la vida pública de nuestras instituciones y que afecta a la sociedad.

La propuestas que hizo la fracción parlamentaria panista, desde nuestro punto de vista tiene serias fallas pero no la hemos descalificado negativamente, porque mucho hicieron en acelerar el debate en ese recinto ante la indiferencia por el tema de legisladores perrredistas y priístas que están más preocupados por sus conflictos internos y, de manera reciente, electorales.

Lo que hemos dicho es que esa Iniciativa de Ley esta incompleta y no puede ni debe pasar tal cual está, haría falta en este espacio para hablar a detalle de ello. Por eso nosotros estamos proponiendo no una “contrapropuesta”, para no caer en la confrontación de el: todo o nada, sino una Ley “complementaria” o, definitiva, si el consenso fuera mayoritario que la sustituya.

Deseamos que la propuesta que estamos trabajando, que difiere en mucho a la del PAN, debe ser aceptada y hacerla suya todos los sectores sociales, sindicales, empresariales, organismos no gubernamentales, organizaciones sociales campesinas e indígenas y todos aquellos ciudadanos interesados en contribuir con el real estado de derecho al que aspiramos.

Esta no es una Ley para periodistas ni para medios de comunicación, esta es Ley que tiene toda la carga obligatoria para el servidor público y toda la carga de derecho para el ciudadano que somos todos.

No hemos dicho que sea una propuesta conclusa, pues tácitamente estaríamos excluyendo al resto de la ciudadanía, más bien ratificamos que estará concluida cuando todos hayamos aportado nuestra grano de arena para hacerla más rica.

Éste es un reto y una oportunidad para los ciudadanos para demostrar que tanto somos capaces de exigir el respeto a nuestro derecho; este es un reto y una oportunidad para que los legisladores locales asuman sus responsabilidad; este es un reto y una oportunidad para que el gobierno en turno demuestre su vocación democrática y se abra ante una Ley como la de Acceso a la Información Pública para todos sus gobernados.

Por ello si estás interesado en leerla y hacer tus aportaciones puedes bajarla porque va anexo en este correo electrónico como archivo adjunto.

SALUD PUES Y ESPERAMOS TUS COMENTARIOS.
COMITÉ PROMOTOR.