Trasparencia, pero no para todos
De las 32 entidades del país, sólo en dos han sido aprobadas leyes
de transparencia; en otras ocho el tema está a discusión por parte de los diputados.
Y en las restantes 22, la opacidad aún gobierna
FERNANDO DEL COLLADO/
ENFOQUE/REFORMA
Ciudad de México (7 julio 2002).- Pese a que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha sido calificada como el legado jurídico ?de mayor trascendencia para la vida democrática? y celebrada como una norma impulsada desde la sociedad civil, la mayoría de los estados del país sigue sin sumarse a esta apertura y sin tener sus propias leyes en la materia.
En el interior del país, las autoridades estatales parecen no albergar interés por encarrilar esos cambios normativos, como el promulgado por el presidente Vicente Fox el pasado 10 de junio.
A paso lento, las discusiones sobre la materia enfrentan recelos, ataduras, desconfianza. Es, a decir del experto Jorge Islas, el miedo al cambio:
?En este momento lo que existe, es lo que llama John Rawls como el velo de la ignorancia, en el buen sentido de la expresión. Muchas autoridades no terminan de entender y de conocer con precisión de qué se trata?.
El catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM explica que cuando hay resistencias al cambio, ?hay resistencia a cualquier tipo de reforma que pueda mejorar las condiciones de vida y las condiciones que se deben dar entre los gobernados y los gobernantes?.
Jorge Islas fue miembro del Grupo Oaxaca, que elaboró la iniciativa civil para la apertura informativa. Dice que sería apropiado que se impulsara, ?con el mayor ánimo posible y con la mayor voluntad, este tipo de instrumentos porque es algo que la sociedad misma lo está pidiendo: ya lo pidió a nivel federal y ya lo está pidiendo a nivel estatal?.
Los números no mienten: sólo ocho entidades federativas, de las 32 existentes, cuentan con iniciativas de ley en materia de acceso a la información, pero su discusión y aprobación en los congresos locales, aún está pendiente.
?El balance es muy pobre. Sólo hay dos estados con leyes ya vigentes y otros ocho están en proceso de discusión. Es lento en relación a la urgencia y necesidad de transparentar el debido ejercicio de gobierno en toda sus instancias?, sostiene Islas.
Los dos estados que cuentan con leyes vigentes en materia de transparencia de información pública son Sinaloa y Jalisco.
Aprobada el 20 de diciembre del año pasado, la Ley de Transparencia e Información Pública de Jalisco, fue la primera ley estatal sobre la materia. Con 26 artículos, la norma obligaba al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los ayuntamientos y organismos autónomos a actualizar antes de abril la reglamentación para abrir sus archivos al escrutinio de cualquier persona.
Recogía, además, el espíritu reformador impulsado por la sociedad civil para exigir la apertura de los archivos públicos.
La información que será considerada pública abarca los escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital que se encuentre bajo control de la autoridad, y los servidores están obligados a ponerla a disposición de quien lo solicite de manera gratuita antes de 15 días o un máximo de 25.
Tres meses después, el 24 de marzo, Sinaloa se sumó. La ley de acceso a la información fue presentada por el gobernador Juan S. Millán. Entre sus cualidades está la creación de un organismo integrado por ciudadanos ajenos a partidos políticos para la vigilancia y supervisión. Asimismo fijó sanciones para aquellos funcionarios que violen la reglamentación.
Al analizar ambas leyes, Jorge Islas considera que la de Jalisco ?es muy limitada y restringe -lejos de posibilitar- el libre acceso a la información?. Sobre la de Sinaloa, dice que tiene ?un buen cuerpo de artículos, instancias y procedimientos; sin embargo, me parece que es un reflejo de un modelo pensado en un modelo federal y no en el local?.
Luego de esas dos leyes, los demás estados han pospuesto sus propios ordenamientos. El gobernador del estado de México, Arturo Montiel, de plano desechó la posibilidad de enviar una iniciativa al Congreso local en esa materia y crear un instituto para garantizar este derecho.
Su argumento fue la imposibilidad de crear la norma y un organismo autónomo frente a los recortes presupuestales.
Justificó su negativa en la existencia, desde el año pasado, de un apartado con esta garantía en el Código Administrativo estatal.
?Anticipándose a la ley federal, este código regula el derecho que tiene toda persona a que las autoridades administrativas le proporcionen datos que contengan sus sistemas de información, salvo cuando pueda afectarse la seguridad pública estatal y municipal, la seguridad de un tercero, o cuando la información por ley sea confidencial?, indicó el 7 de mayo.
En el Código Administrativo, aprobado en diciembre del 2001, el derecho a la información quedó asentado en un artículo de tres incisos, que según Montiel son suficientes, pues también se asegura que haya una respuesta para el ciudadano.
?En el código se contempla la afirmativa ficta para el caso de no haber respuesta a las solicitudes de los particulares dentro de un plazo de 30 días?, abundó.
Dicho inciso establece que si el ciudadano no ha recibido la información solicitada o una respuesta a su petición dentro del tiempo señalado, el gobierno está obligado a proporcionarla.
Por otra parte, en Morelos, los grupos parlamentarios locales anunciaron que pagarán a una empresa de consultoría para la elaboración de otra iniciativa de Ley.
Esta decisión fue tomada a pesar de que en el Congreso morelense existen dos iniciativas de Ley en espera de ser dictaminadas, una presentada por el PRI desde el 18 de julio del año pasado; y la otra por el Ejecutivo estatal desde el 20 de mayo.
El pasado 3 de julio, los coordinadres del PAN, Sergio Álvarez, del PRI, Víctor Hugo Manzo, y del PRD, José Luis Correa, dijeron que todavía está a discusión si se contrata a la empresa privada de consultoría para que lleve a cabo la redacción de una inciativa de ley obre transparencia y acceso a la información pública.
De acuerdo con la información, la firma D&P Consultores, S.C., presentó una propuesta para la elaboración del proyecto en la que se establece un costo de 517 mil pesos.
Vienen ocho con deficiencias
Otras ocho entidades federativas cuentan con iniciativas de ley. Se trata de los estados de Aguascalientes, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León y Querétaro.
Aunque dichas iniciativas cubren las ?expectativas en cuanto que tienen señalamientos reconocidos por los estándares internacionales en la materia sobre la apertura informativa?, para el investigador Islas, es de llamar la atención que en esas iniciativas hay una excesiva preocupación por parte de las autoridades estatales para proteger información con el argumento de reserva.
?Es muy importante señalar que no hay un sólo gobierno estatal que pueda y deba hablar de restricciones ni de limitaciones bajo el argumento de seguridad nacional, porque los gobiernos estatales no representan la seguridad nacional de toda la Federación. Pueden reclamar excepciones cuando se traten de riesgos potenciales contra sus propias instituciones o haya un daño que esté probado que pueda causarse en contra de las personas, eso es bastante justificado, eso está claro.
?Sin embargo, las excepciones son mucho menores de las que pueden incluirse en una ley federal. De tal suerte que una ley estatal debe de tener por regla la apertura, la transparencia y el directo acceso a toda la información que es generada por la autoridad en el uso de sus responsabilidades?, añade.
Otro de los puntos centrales en la discusión de las reformas estatales en materia de información pública, acota Islas, es la carencia de capítulos que establezcan las reuniones deliberativas a puertas abiertas:
?En ninguna ley, ni en ninguna de las iniciativas, ni en las discusiones que hay en los estados, no veo que se esté trabajando para incluir en las leyes de acceso de información pública, los procesos deliberativos de tomas de decisiones?.
En este sentido sugiere que los gobernadores consideren que tanto a nivel estatal, como a nivel municipal -?y ahí sí de manera muy precisa y muy abierta?-, se incluya un capítulo en el que se puedan establecer reuniones de puertas abiertas y todas aquellas que tengan incidencia directa en las personas en su vida cotidiana.
?Es un aspecto fundamental que va a permitir aún más transparentar el debido ejercicio de gobierno. Una normativa capaz de permitir al ciudadano ordinario observar cómo fue el proceso deliberativo de una toma de decisión que le afecta su vida cotidianamente, llámese en casos como la pavimentación, la seguridad pública, en el alumbrado público, en la construcción de centros recreativos, culturales o deportivos. Todo lo que tiene que ver con el entorno de vida inmediato. Y ninguna ley lo ha considerado?, sostiene.