Chiapas en la Globalización del Neoliberalismo

por Gustavo Castro Soto

La globalización del proyecto neoliberal implica para México no variar la política económica que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial imponen a los países en desarrollo. Esta política se traduce en el "ajuste estructural" que implica, entre otras cosas, modificar las leyes para facilitar la inversión extranjera, abrir las fronteras al comercio internacional, eliminar los subsidios a los productos básicos de consumo y a los servicios públicos, vender las empresas en manos del estado, privatizar la educación, la salud y otros servicios básicos, ofrecer seguridad a las inversiones que se traduce en mayor presupuesto a las fuerzas policiacas y a los militares.

En fin, eliminar el estado de bienestar social y pasar a un estado adelgazado que sólo facilite a los países más ricos y a las empresas transnacionales la inversión de sus capitales. De este modo, si en 1982 México contaba con mil 115 empresas, a finales de 1998 quedaban alrededor de 218 de las cuales 40 ya están en venta. Las minas, telefonía, puertos, aeropuertos, petróleo, carreteras, etc., etc., la mayoría ha pasado de manos del gobierno y del pueblo de México a las empresas transnacionales. Por otro lado, el gobierno de México ha eliminado los subsidios a la tortilla, a la leche y otros servicios básicos que impactará a los más de 40 millones de pobres en el país.

Por si fuera poco, el presidente Ernesto Zedillo propone la privatización de la energía eléctrica y de los monumentos históricos del país. Sabedores de que las grandes empresas transnacionales les urge invertir en el sector eléctrico y que las ruinas que ahora generan grandes cantidades de divisas al país por concepto de turismo, las presiones de su privatización son fuertes. Aquí está una de las razones por las cuales el gobierno de México no desea firmar los acuerdos de San Andrés que firmó con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en febrero de 1996. El cumplimiento de dichos acuerdos implicaría modificar la Constitución Política de la República Mexicana y otorgarle a los pueblos indígenas (más de un millón de indígenas en Chiapas y más de 10 millones en el país) el derecho al uso y usufructo de la tierra (petróleo, maderas, biodiversidad, hidroeléctricas, ruinas mayas, etc.), el derechos a la educación y a la salud que tiende a la privatización, etc. Esto, es, cumplir con los acuerdos de San Andrés, con los indígenas, es no cumplir con el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio (OMC), con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Ante este adelgazamiento de la economía, el gobierno mexicano cuenta cada vez con menos recursos para responder a las necesidades de la sociedad. El Banco Mundial y el FMI condicionan más prestamos a México bajo la condición de continuar con el reajuste estructural. Por ello, la deuda externa total de México asciende ya a 161 mil 316 millones de dólares (el segundo lugar en Latinoamérica después de Brasil), de los cuales 6 mil 549 millones de dólares corresponden a la deuda con el FMI, que ubica a México en el cuarto mayor deudor del Fondo en el mundo. Esta deuda será infinita toda vez que le gobierno de México se verá obligado a seguir solicitando prestamos para gastos sociales.

El mismo gobierno mexicano acepta que para los años 2000 a 2001, la dependencia alimentaria en cuanto a la importación de granos básicos aumentará en un 36%. En este período se tendrán que importar 5.6 millones de toneladas de maíz y, para el 2008-2009 serán 7.5 millones de toneladas. Estas importaciones provienen de los Estados Unidos y de productos transgénicos producidos, entre otros, por la empresa Monsanto. Esta situación continuará empobreciendo a los millones de campesinos e indígenas que viven de la producción del campo.

El reajuste estructural va permitiendo las condiciones para que durante 1999, las empresas transnacionales se beneficien invirtiendo 10 mil 12 millones de dólares en la industria automotriz, energía, comercio, etc. (el 58% de las inversiones serán de los EEUU). Entre las empresas más significativas están la Nestlé, Daewood, Citibank, Chrysler, Ericsson, General Electric, General Motors, IBM, Kodak, etc.

Estas medidas que van fabricando millones de pobres en tan pocos años, tienen un costo político para el actual partido oficial (PRI) que lleva gobernando más de 70 años. El descontento social que generan estas medidas, pone en entredicho al PRI al frente del gobierno en las próximas elecciones presidenciales del año 2000. Los partidos políticos de oposición se han comprometido políticamente a formar una coalición para derrocar de una vez por todas al partido oficial. En Chiapas, de igual manera, los partidos políticos han hecho una alianza opositora. La mayor preocupación para el FMI y el BM no es quién gobierna, sino el que gobierne no modifique el rumbo económico que se ha impuesto.

La pérdida de consenso del pueblo sobre el proyecto neoliberal y sus efectos, genera entonces que el gobierno lo imponga por la fuerza. De ahí el aumento de cuerpos policiacos en el país, de mayor presupuesto a los militares y su injerencia en el aparato de estado. En Chiapas, la tensión militar va aumentando. Los indígenas y la sociedad civil en general desean democracia, la bacteria que enferma al proyecto neoliberal que no ha sido fruto precisamente de la democracia.

Los pueblos indígenas siguen resistiendo. La sociedad sigue buscando nuevas alternativas para transitar a la democracia sin sangre que derramar. La solidaridad de los grupos, organizaciones humanitarias y de derechos humanos de los Estados Unidos, contribuyen a la resistencia. Sus acciones urgentes, la difusión de la situación de México y de Chiapas, las llamadas de atención a los gobiernos para detener la guerra, el alto a la ayuda militar de los Estados Unidos a México y el fin de la Escuela de Las Américas, las visitas solidarias a las comunidades y el compartir una tortilla con el mexicano aunque sea ahora transgénica, los apoyos para la comercialización justa de los productos del campo indígena, entre otras acciones, han sido un soporte muy valioso para el pueblo de México.