LAS REPRESAS
¿DESARROLLO PARA QUIÉN?

Gustavo Enrique Castro Soto

Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC)

 Chiapas, México, 5 de junio de 2003

Los proyectos para la generación de energía eléctrica no sólo en Chiapas sino para México y en general para los países que conforman el Plan Puebla Panamá (PPP), son justificados en los argumentos oficiales como necesarios para el desarrollo. El gobierno federal ha señalado a principios de la actual administración que los requerimientos de energía para responder al crecimiento anual del 7% del Producto Interno Bruto (PIB), significaría contar con una capacidad instalada por encima de dos puntos de ese nivel de desarrollo, o sea 45 mil megavatios para los próximos 10 años. Esto implicaría una inversión de 96 mil millones de dólares que el gobierno dice no tener. Sin embargo, la pregunta central es precisamente qué se entiende por desarrollo, y el desarrollo para quién.

El “desarrollo” que propone el PPP no es el mismo desarrollo que piden los pueblos indígenas, campesinos ni siquiera urbanos. Con la infraestructura y la generación de energía actuales, y poco más, alcanzaría para todos. Tan sólo una turbina de la presa Belisario Domínguez alcanzaría para dar energía a toda la población de Chiapas. Pero la demanda creciente para los próximos años, escandalosamente anunciada por los gobiernos como que “si no se invierte algo terrible pasará”, es la urgencia de que arriben a la región las maquiladoras, las empresas de agroexportación o de turismo; y la industria de extracción, entre otras. Los campesinos no quieren rentar su tierra para los grandes monocultivos de eucalipto y palma africana, sino para cultivar su maíz y café; los obreros no quieren empleos deshumanizantes de las maquiladoras, sino empleos dignos, bien pagados y con los derechos laborales y humanos hoy anulados. Sin embargo, ¿qué pasará con la instalación de fuentes de energía si las maquiladoras nunca llegan y las pocas que hay se van de la región? Es por ello que las empresas se han protegido para no perder ganancias, logrando contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de compra de la energía por 25 años.

Las premisas del desarrollo que promueven actualmente los gobiernos incluyen que el desarrollo es igual a la inversión privada sin la cual éste es imposible. Que la Inversión Extranjera Directa (IED) se traduce matemáticamente en mayores empleos, mejores precios de los productos y servicios y por tanto mejores condiciones de vida. Se argumenta de igual modo que los subsidios gubernamentales sólo traen atraso y obstaculizan el comercio justo y equitativo. Por otro lado se defiende la tesis de que los índices macroeconómicos del desarrollo se observan en el aumento de la IED, del incremento porcentual de la economía y del incremento del PIB, lo que se reflejaría en mayores ingresos per cápita para la población. Todos estos argumentos son falsos.

La IED directa en México y los demás países de América Latina y el Caribe se incrementó considerablemente en la década de los 90’s debido a la amplitud que se ha hecho de este concepto. En ésta década los gobiernos vendieron todos sus activos, bancos, telefonía y otras infraestructuras de comunicaciones así como empresas del sector primario y secundario. Las privatizaciones incluyeron transferencias, ventas, fusiones o desincorporaciones que registraron grandes movimientos de divisas pero que no necesariamente mayor generación de empleos. Más bien estos procesos han ido acompañados de despidos masivos de obreros y empleados. Las grandes corporaciones han adquirido incluso el derecho de los subsidios gubernamentales, y sus ganancias traducidas en el PIB no han significado la distribución de esa riqueza a la población sino una mayor concentración de ella.

En el marco del desarrollo que hoy se maneja oficialmente, la construcción de la infraestructura del Plan Puebla-Panamá (PPP) tiene dos constantes: se requiere de la apropiación de tierras indígenas y campesinas para lo cual tiene que impulsar el PROCEDE; y por lo tanto implica su expulsión y desplazamiento. Desde el punto de vista del sector energético, el desarrollo conlleva un proceso de privatización que incluye a la energía eléctrica con todo y sus insumos: agua, gas, carbón y yacimientos geotérmicos [1] . Y al igual que la biodiversidad con el pretexto del conservacionismo del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), estos recursos estratégicos también tiene las mismas constantes: están en territorios indígenas y campesinos por lo que se requiere su expulsión. Así, como motor del desarrollo neoliberal, la energía eléctrica, junto con el transporte son actualmente los pilares de la inversión y por tanto los aspectos prioritariamente atendidos dentro del Plan Puebla Panamá (PPP) y en general del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), dinámica inserta en el desarrollo de las políticas globalizadoras del modelo económico neoliberal.

¿QUÉ ES UNA REPRESA?

Según la Comisión Mundial de Represas (CMR), “la represa es una obra, generalmente de cemento armado, para contener o regular el curso de las aguas, o para detener y almacenar el agua en forma artificial.” [2] En otras palabras, es un muro de concreto que detiene la corriente de un río con fines de riego, para controlar las inundaciones o para generar energía eléctrica. En el informe de la CMR afirma que “Hemos represado la mitad de los ríos del mundo a la tasa sin precedentes de uno por hora, y en dimensiones también sin precedentes de más de 45 mil represas” en más de 140 países del mundo, de una altura de más de cuatro pisos, afirma este organismo nacido en 1997 y quien tuvo como misión hacer un balance de los impactos de las represas en el mundo, mismo que presentó en el año 2000.

La primera vez que se usaron las represas para generación de hidroeléctricas fue en 1890. Para 1900 ya se habían construido varios centenares de grandes represas en el mundo, en su gran mayoría para abastecimiento de agua y para irrigación. La Comisión Internacional de Grandes Represas establecida en 1928, define a las “grandes represas” a aquella que tienen una altura de 15 metros o más desde la base; o si tiene entre 5 y 15 metros de altura, pero con un volumen de embalse de más de 3 millones de metros cúbicos.

Las extracciones totales anuales de agua dulce de lagos, ríos y acuíferos del mundo, se calculan en la actualidad en 3,800 kilómetros cúbicos, dos veces más que hace 50 años. Entre un 30 y un 40% de las tierras irrigadas en todo el mundo dependen en la actualidad de represas. Cuatro países, China, India, Estados Unidos y Pakistán, poseen más del 50% del área irrigada total del mundo. Por otro lado, las presas hidroeléctricas aportan el 19% de la electricidad mundial y se utiliza en más de 150 países; representa más del 90% del suministro nacional total de electricidad en 24 países y más del 50% en 63 países. El 33% de los países del mundo dependen de la hidroelectricidad para más de la mitad de sus necesidades de electricidad. Cinco países, Canadá, Estados Unidos, Brasil, China y Rusia, generan más de la mitad de la hidroelectricidad del mundo. Entre 1973 y 1996, la generación de hidroelectricidad fuera del selecto grupo de países miembros de la Organización para Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), pasó de un 29% de la producción mundial al 50%, principalmente en América Latina.

“Desde los años 30 hasta los años 70, la construcción de represas se convirtió, a ojos de muchos, en sinónimo de desarrollo y progreso económicos”. Esta tendencia, según la CMR llegó al máximo en los años 70, cuando se inauguraban un promedio de dos o tres grandes represas cada día en alguna parte del mundo, en el período más sangriento de las dictaduras militares. La inversión total en grandes represas en el mundo ha sido billonaria lo que ha favorecido el incremento de la deuda externa de los países pobres y en desarrollo que, luego de la infraestructura eléctrica creada por los gobiernos para el desarrollo del capital, comienza a implementarse las Políticas de Ajuste Estructural del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) [3] .

Los tres mayores usuarios de agua es la agricultura que consume el 67%, la industria utiliza el 19% (el equivalente a toda la producción mundial hidroeléctrica), y los usos municipales y domésticos un 9%. Sin embargo, en 1995, el 46% de la población mundial vivía en áreas urbanas y podrá llegar hasta un 60% dentro de 30 años, principalmente de los países pobres o en vías de desarrollo, donde del 25 al 50% de los habitantes urbanos viven en barrios pobres y asentamientos precarios. De esta forma, el agua dulce será, como lo afirmó el BM hace años, el motivo de muchas guerras en el mundo por disputarse su acceso y control. Brasil tiene el 17% del agua del mundo y le sigue Rusia con el 11%. El 7% está en Canadá y el mismo porcentaje en China. Indonesia, Estados Unidos y Bangladesh tienen cada uno el 6% y la India el 5%. Curiosamente, en algunos de los países con recursos hídricos escasos están muchas de las empresas transnacionales que andan tras la producción de energía hidroeléctrica y la privatización del sector.

Los cinco países que acaparan casi el 80% de todas las grandes represas del mundo, China sola ha construido alrededor de 22 mil grandes represas, o cerca de la mitad del total mundial. Le siguen Estados Unidos con más de 6,390; India con más de 4 mil; España y Japón entre mil y 1,200 grandes represas cada uno. Alrededor de dos tercios de las grandes represas que hay en el mundo están en países en desarrollo. Se calcula que alrededor de 1,700 represas se están construyendo actualmente en el mundo de los cuales el 40% están en la India. Si el periodo promedio mundial de construcción de una represa es de entre 5 a 10 años, anualmente se construyen entre 160 a 320 nuevas grandes represas.

La tendencia a restaurar los ríos se está dando en muchos países. En Estados Unidos cerca de 500 represas, viejas y pequeñas, han dejado de operar desde hace cuatro años, lo que ha permitido la restauración de la pesca y de procesos ecológicos fluviales. Lamentablemente esto todavía no sucede en los países del Sur. De los 6 mil millones de personas que habitamos en el mundo, más de 1.000 millones carece de acceso a agua limpia y salubre. Se calcula que para el año 2025, el 70% de la población mundial no tendrá acceso a agua suficiente, según el Foro Mundial de Agua (La Haya, 2000). Por ello se convierte el agua en un recurso estratégico a cuidar. Pero la rapiña anda atrás. Dos empresas, Bechtel y Monsanto, los dos de los Estados Unidos, buscan privatizar y controlar el agua en varios países, tales como India, Bolivia y México. En la última década los gobiernos ha ido privatizando el acceso al servicio de agua, alcantarillado, limpieza, exportación y tecnología relacionado con el agua. En el año 2000, el FMI exigió la privatización de agua de 16 países subdesarrollados. Actualmente, el 12% de la población mundial usa 85% del agua del mundo. Por su lado, el BM exigió a Bolivia la privatización de su sistema de agua que fue comprada con corruptelas por la empresa Bechtel de los Estados Unidos, quien se encargó del sistema de agua de la ciudad de Cochabamba. Inmediatamente después que la Bechtel tomó control del sistema, el acceso al agua disminuyó y los precios subieron 40%. Pero luego, el pueblo recuperó el sistema de agua potable.

EFECTOS DE LAS REPRESAS

Más de 45 mil represas en el mundo han inundado más de 400 mil kilómetros cuadrados de tierra. Entre 60 y 80 millones de personas han sido desplazadas de sus tierras, en términos conservadores, de los cuales la mayoría es indígena y campesina. Muchos de los desplazados no fueron reconocidos (o registrados como tales) y por lo tanto no fueron reasentados o indemnizados. Cuando se entregó indemnización fue insuficiente, y entre los desplazados reconocidos como tales, muchos no fueron incluidos en programas de reasentamiento. La población reubicada rara vez se les restituyó sus medios de subsistencia, ya que los programas de reasentamiento se han centrado en el traslado físico, y no en el desarrollo económico y social de los afectados.

Los efectos son las pérdidas de pueblos y culturas, patrimonios históricos; así como pérdidas de ecosistemas, extinción de animales, salinidad de tierras y pérdidas de cultivos; impactos irreversibles al medio ambiente y mayor pobreza; endeudamiento y enriquecimiento por parte de los constructores de las represas. Las poblaciones afectadas que viven cerca de los embalses, las personas desplazada y las comunidades río abajo han tenido que enfrentarse a menudo con problemas de salud, y con consecuencias negativas en sus medios de subsistencia debido a cambios ambientales y sociales. Por otro lado, “Entre las comunidades afectadas, las diferencias entre los sexos se han incrementado y las mujeres han soportado con frecuencia de un modo desproporcionado los costes sociales y se las ha discriminado a menudo a la hora de participar en los beneficios” [4] , confirma La Red Internacional de Ríos (IRN por sus siglas en inglés).

Para la CMR, las represas han ocasionado la pérdida de bosques y de hábitats naturales, de poblaciones de especies, y la degradación de las cuencas río arriba debido a la inundación de la zona de los embalses; la pérdida de la biodiversidad acuática, de la pesquerías río arriba y abajo, y de los servicios brindados por las planicies de inundación río abajo, por los humedales; por los ecosistemas de las riberas y estuarios adyacentes; impactos acumulativos en la calidad del agua, en las inundaciones naturales y en la composición de las especies, cuando en el mismo río se construyen varias represas. Por su lado, IRN concluye que “no es posible mitigar muchos de los impactos causados en los ecosistemas y en la biodiversidad por la creación de embalses, y los esfuerzos realizados para "rescatar" la fauna y flora han tenido, a largo plazo, poco éxito. La utilización de canales para peces, a fin de mitigar el bloqueo de peces migratorios, ha tenido también poco éxito, ya que con frecuencia la tecnología no se ha diseñado a la medida de lugares y especies específicas” [5] .

Para la CMR las represas afectan las relaciones dentro y fuera de las naciones; entre poblaciones rurales y urbanas; entre intereses río arriba y río abajo de las represas; entre los sectores agrícolas, industrial y doméstico; y entre las necesidades humanas y los requerimientos de un medio ambiente sano. Pero ¿cómo hacerle si hay 261 vertientes que cruzan fronteras políticas de dos o más países? Estas cuencas abarcan un 45% de la superficie terrestre del mundo, contienen un 80% del caudal fluvial global y afectan a un 40% de la población mundial. Las grandes represas han fragmentado y transformado los ríos del mundo ya que alrededor del 46% son modificados por una gran represa de las 106 vertientes básicas del planeta. Estados Unidos y la Unión Europea regulan el caudal del 60 al 65% de los ríos de sus territorios.

Sin embargo, poca conciencia hay de que las vertientes del mundo son el hábitat del 40% de las especies de peces del mundo que proveen muchas funciones en el ecosistema que van desde el reciclaje de nutrientes y de la purificación del agua, hasta el reabastecimiento de los suelos y el control de inundaciones. Por lo menos un 20% de los más de 9 mil especies de peces de agua dulce en el mundo han desaparecido en años recientes, o están amenazados de extinción. Aunque los ríos proveen globalmente un 60% de las proteínas de pescado que consumen los humanos, con frecuencia constituyen el 100% del suministro para muchas comunidades ribereñas, campesinas e indígenas tierra adentro.

Muchas de las inundaciones en el mundo han sido causados por cambios climáticos provocados por la deforestación y tala inmoderada de las selvas que no retienen el agua. Según la CMR, las inundaciones han afectado las vidas de 65 millones de personas entre 1972 y 1996, más que ninguna otra clase de desastre, incluyendo las guerras, las sequías y las hambrunas. Sin embargo, sólo el 13% de todas las grandes represas en el mundo, en más de 75 países, tienen la función de controlar las inundaciones. Cementerios, bosques y animales, sitios arqueológicos, entre otros, han sido sepultados por el agua para siempre. Las represas han generado entre 60 y 80 millones de personas desplazadas de sus tierras y casas, más que toda la población que abarca el PPP. Pero la cifra podría rebasar los 100 millones. Entre 1986 y 1993, alrededor de 4 millones de personas se vieron desplazadas cada año debido a las 300 grandes represas que se comenzaron a construir anualmente. Pero esta cifra pudiera ser conservadora. No se han tomado en cuenta los afectados río abajo de la represa. Los dos países más poblados del mundo, China e India, han construido alrededor del 57% de las grandes represas del mundo, y tienen la mayor cantidad de personas desplazadas. A finales de los años 80 China reconoció oficialmente que tenían unos 10.2 millones de repobladores a causa de embalses. Sin embargo, tan sólo en la cuenca del río Yangtze se han desplazado al menos 10 millones de personas. En India se calculan desplazados por las represas entre 16 y 38 millones de personas.

Entre los proyectos que financió el BM y que implicaron desplazamientos de población de sus lugares de origen, las represas fueron las causantes del 65% de esa población desplazada, asegura la CMR. Esta cifra no incluyen a las personas desplazadas a causa de otros aspectos de los proyectos como canales, plantas eléctricas, infraestructura de proyectos y medidas compensatorias asociadas, como bioreservas. Por otro lado, el 25% de las grandes represas para la irrigación presentan problemas de salinidad que afectan a los cultivos y vuelve improductiva la tierra. Las investigaciones demuestran que las hidroeléctricas aportan significativamente al calentamiento global por la descomposición que emite grandes volúmenes de dióxido de carbono y de metano, los dos gases del efecto invernadero más importantes. Para el Movimiento Mundial de Bosques Tropicales (WRM por sus siglas en inglés) “las represas constituyen una de las principales causas directas e indirectas de pérdida de bosques y la mayoría han sido causantes de violaciones de los derechos humanos. Esta falta de conciencia puede ser explicada por el hecho de que durante años se ha presentando a las represas como sinónimo de desarrollo. Otra razón puede ser que la mayoría de los usuarios de la energía hidroeléctrica vive lejos de las áreas impactadas y que los sitios elegidos para la construcción de represas son frecuentemente zonas habitadas por pueblos indígenas, minorías étnicas y comunidades pobres, con escasa capacidad para ser escuchados por la más amplia comunidad nacional” [6] .

Las más de 45 mil represas en el mundo cubren más de 400 mil kilómetros cuadrados de tierra, que equivale al todo el territorio de Reino Unido, Bélgica, Holanda y Austria. También equivalen al 77% del territorio Centroamericano; o equivaldría a la inundación de todos los países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Belice y Panamá juntos. Para IRN “Las grandes represas se convirtieron en monumentos impuestos por los déspotas militares que tomaron el poder en América Latina durante los ‘50s, ‘70s y ‘80s. Represas notorias tales como Itaipú, Guri, Tucurui y Yacyretá se convirtieron en las piezas centrales de planes ambiciosos para explotar minas e industrias”. Esta Red confirma en sus estudios que “Los regímenes militares estaban contentos mientras los dólares continuaran llenando libremente sus cofres. Mientras tanto, la deuda latinoamericana con los bancos extranjeros continuó elevándose a una taza escalofriante. Mientras el BM miraba para otro lado, comerciantes deshonestos traficaban millones de dólares en acero fantasma y cemento y ascendían a senadores y presidentes para pedir prestado aún más dinero para comprar turbinas y transformadores para la próxima ronda de despilfarros”. La represa de Yacyretá llegó a tener una deuda de $10 billones de dólares, e Itaipú de $20 billones. Más del 40% de la deuda externa del Brasil fue producto de las inversiones del sector eléctrico. “Los dictadores deben haber sabido que no iban a estar presentes cuando llegaran las cuentas”. [7]

IRN describe las escenas del llenado de los embalses en las represas: “micos gritando en las desbordadas aguas, millones de hectáreas de selva húmeda y otros ecosistemas sumergiéndose dentro de las aguas negras y estancadas, familias indígenas transportadas lejos de sus comunidades históricas y forzadas a vivir en lugares lamentables, peces flotando vientre arriba, nubes de mosquitos, y pistoleros contratados para mantener lejos a los opositores que salían a las calles a protestar. La oposición fue brutalmente aplastada en numerosos incidentes encubiertos. En Guatemala los oponentes de la represa Chixoy fueron asesinados. En Paraguay la policía apaleó intrusos que construyeron chozas improvisadas en las costas de la reserva de Yaciretá. En Colombia la represión contra los oponentes de las represas continua donde líderes indígenas fueron brutalmente asesinados a principios de este año”. [8]

Agrega: “Ahora las represas faraónicas y su vasta red de transmisión de electricidad están a la venta. Las compañías privadas alrededor del mundo están interesadas en comprar compañías eléctricas estatales pero sólo si los gobiernos nacionales ayudan a financiar a los nuevos dueños. Un 38% del costo de la privatización del sector eléctrico de Brasil ha sido financiado por préstamos del Banco Nacional de Desarrollo”. Ahora muchas represas de la década de los 80 se están terminando de construir por encima del presupuesto original, y los constructores de las represas confirman que no fueron planeados cabalmente. Según IRN “América Latina es aún un suelo fértil para los constructores de represas que vienen del extranjero, ya que éstos no pueden vender su tecnología hídrica en sus propios países, en donde la mayoría de los ríos ya han sido dañados, y en donde la conciencia del medio ambiente ha obstruido la construcción de represas. Naciones como Bolivia, desesperadas para obtener divisas, están empezando a ofrecerse como fuentes de energía hidroeléctrica entre los países vecinos, así como Paraguay se presentaba como el Kuwait de América del Sur en los 80s” [9] .

Luego de haber terminado la construcción de una represa, el promedio de personas con necesidad de ser reasentadas ha sido de un 47% más respecto a los planes originales. Entre los proyectos que financió el BM y que implicaron desplazamientos de población de sus lugares de origen, las represas fueron las causantes del 65% de esa población desplazada, asegura la CMR. Según fuentes del mismo BM, de 192 proyectos de irrigación que aprobó entre 1961 y 1984, la tercera parte no cumplió con sus objetivos. Y por si fuera poco, endeudaron a los pueblos y se enriquecieron los corruptos. Por ejemplo, la cantidad de dinero perdido por la corrupción en la construcción de la represa Yacyretá en Argentina y Paraguay, fue de más de 6 mil millones de dólares. Para la CMR, las “acusaciones de corrupción han manchado muchos proyectos de grandes represas en el pasado pero rara vez han conducido a un proceso judicial” y a esto habría que añadirle que “dentro de las instituciones financieras internacionales, hay pocas, o quizá ninguna sanciones para miembros del personal, o países, por el incumplimiento (...)”. El BM ha apoyado la construcción de 538 grandes represas en el mundo que ha implicado un desplazamiento de 10 millones de personas. Estas represas se han construido con un monto total de 75 mil millones de dólares. El BM acepta que en promedio, el costo para la construcción de las represas se eleva un 30% al presupuesto original y confirma que para 1994 sólo una de las represas que financió ayudó a mejorar los ingresos de los afectados. Una encuesta interna del BM en 1990 mostró que el 58% de los proyectos de represas se hicieron sin tomar en cuenta los impactos abajo la represa, aun cuando se predijo la erosión, contaminación y destrucción de hábitat, entre otros efectos.

En Indonesia ocho personas se ahogaron durante el acto de protesta contra la represa. Por su lado, las represas Tucurui y Balbina en la selva amazónica inundaron 6,400 km. cuadrados. En Tailandia la represa Pak Mun eliminó 51 especies de animales y desplazó a más de 25 mil personas y generó sólo la tercera parte de la electricidad programada. Por ello en 1994 alrededor de dos mil 154 organizaciones en todo el mundo exigieron al BM una moratoria en la construcción de las represas en el mundo.

EL SISTEMA DE INTEGRACIÓN ELÉCTRICA PARA CENTRO AMERICA

En lo referente a la generación de energía, no podemos dejar de enmarcar el problema en el contexto del proyecto de integración eléctrica del PPP, con el fin de interconectar todo el sistema eléctrico de la región con fondos del BID y del gobierno español. Con ello los países ya de por sí altamente endeudamos de la región agudizarán su dependencia. El objetivo es crear una sola red eléctrica, una sola ley y normatividad sobre las soberanías nacionales y privatizar todo el sector en todos los países que componen el PPP. Desregular para regular regionalmente. La administración de esta red ya ha sido otorgada a la transnacional española Endesa. [10]

El Sistema de Interconexión Eléctrica para Centroamérica tendrá tres proyectos de interconexión: 1) Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. 2) Interconectar Belice con Guatemala llevando una línea desde la hidroeléctrica del Chixoy hasta Santa Elena, en el Petén, y luego a la subestación de la Ciudad de Belice. En toda la región norte de Guatemala, la empresa Endesa es propietaria de DEORSA que controla la energía en esta zona. Esta interconexión tendría originalmente un costo de 23.8 mdd y una longitud de 195 km. 3) Conectar a México con Guatemala a través de la construcción de un línea de transmisión de 400 kilovoltios (kv) de 88 km entre las subestaciones de Tapachula, Chiapas, hasta Los Brillantes en Guatemala (Primera Fase). El 1 de diciembre del 2003 se esperaba inaugurar esta obra que tendrá un costo de 44.5 millones de dólares. Para ello el gobierno de Guatemala pediría un préstamo al BID por 30 mdd y México aportaría lo suyo con fondos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Así es la manera como se subsidiará a la transnacional Endesa que se quedará con la transmisión de la energía.

La interconexión va asociada también a otros proyectos, entre los cuales se mencionan un gasoducto desde Venezuela hasta Estados Unidos, así como Centrales Hidroeléctricas y Geotérmicas Regionales según los documentos oficiales del BID. Dentro del PPP sólo se han mencionado “cinco proyectos hidroeléctricos”: Chicoasén II y Copainalá en Chiapas, Boca del Cerro en Tabasco, La Parota y San Juan Tetelcingo en Guerrero, y una termoeléctrica de ciclo combinado en Campeche. Sin embargo hay muchos más proyectos de represas hidroeléctricas para la región del PPP. En Honduras tenemos cinco: El Chaparral, Cangrejal, El Tigre, Babilonia y Ozuzuma. En Panamá la hidroeléctrica de Gualaca. En Belice los pobladores luchan contra la represa El Chalillo mientras en Costa Rica contra la represa Boruca. En Guatemala la represa El Canadá en el departamento de Quetzaltenango y las cinco represas en el río Usumacinta, frontera con Chiapas, donde se prepara ya una resistencia mayúscula. En México la represa de Itzantún y Caballo Blanco entre otros en el estado de Chiapas, además el megaproyecto hidroeléctrico de El Cajón en el estado de Nayarit.

LAS INVERSIONES TRANSNACIONALES EN MEXICO

Todavía no llegaba Vicente Fox a la presidencia cuando impulsaba la continuidad de la estrategia privatizadora de la energía eléctrica, con el fin de tener listo el proyecto antes de la toma de posesión presidencial en diciembre del 2000. Esta estrategia incluía las reformas a los artículos 27 y 28 constitucionales y seis leyes, a fin de crear la figura del comercializador de energía eléctrica y a mediano plazo concesionar a la iniciativa privada las redes de distribución y permitirles la venta de electricidad en el país. Mediante una nueva Ley del Servicio de Energía Eléctrica se garantizaría el ingreso de corporaciones privadas al sector eléctrico “de manera paulatina, ordenada y bien orquestada”. Y es que dos artículos constitucionales son el dolor de cabeza del BM y del FMI así como de las grandes corporaciones multinacionales. El Artículo 27 reza: “Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares (...)”. El Artículo 28 dice: “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía, petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión (...)”

Sin embargo, el proceso privatizador ya había empezado años atrás violando la Constitución. Según la Comisión Reguladora de Energía (CRE), desde 1994, fecha en que dio comienzo el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), y cuando la insurrección zapatista también se alzó contra este tratado y el neoliberalismo, el gobierno federal había otorgado hasta el mes de febrero de 2002 un total de 172 permisos para la generación de energía eléctrica a particulares, y ocho permisos para la importación de electricidad por una capacidad cercana a los 18 mil megawatts. Sin embargo, en la misma fecha el gobierno federal afirmó que se habían otorgado más bien 204 permisos oficiales a empresas privadas para desarrollar proyectos que han implicado inversiones por 9,966 millones de dólares, estableciendo una capacidad instalada de 18,313 MV en modalidades antes exclusivas del Estado como son cogeneración, autoabastecimiento, producción independiente de energía e importación.

Además de las decenas de nuevas licitaciones anunciadas [11] , según la CFE, hasta el 2001 alrededor de 27 empresas extranjeras de 11 países distintos habían invertido ya en 46 proyectos entre Centrales de Ciclo Combinado (CCC), Líneas de Transmisión (LT), gasoductos, una Terminal de manejo de carbón, una Central Hidroeléctrica (Chicoasén en Chiapas con la participación de la transnacional francesa Alstom); además de Centrales Geotérmicas y de Diesel. Con la Central de Ciclo Combinado Mérida III con 484 megawatts (MW), a partir de junio de 2000 comenzaron las corporaciones extranjeras de energía a producir bajo el nombre de Productor Externo de Energía (PEE). La mayoría de todos estos proyectos están ubicados en el norte del país: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Sonora, Tamaulipas, Nuevo León; pero además en Veracruz, Querétaro y en la península de Yucatán (Campeche, Yucatán y Quintana Roo). O sea, en las zonas y regiones industriales, no en regiones indígenas del Sur del país donde la presencia maquiladora e industrial es escasa.

La construcción de todos estos proyectos eléctricos han sido adjudicados a empresas extranjeras transnacionales de 11 países distintos. Estados Unidos es el país con mayor número de empresas en México, ocho en total: Applied Energy Services –AES-, General Electric, El Paso Energy International, El Paso Natural Gas, Bechtel (Intergen Aztec Energy, Mérida Pipeline Company Limited), ICA-Fluor Daniel, Westinghouse y EPL. Le siguen España con 5 (Iberdrola, Unión Fenosa, Elecnor, Isolux y Abengoa/Endesa); Japón con 4 (Nichimen, Mitsubishi, Nissho Iwai y Marubeni); Francia con 2 (Electricité de France -EDF- y Alstom); Canadá con 2 (Transalta y TransCanadá); y con una empresa respectivamente: Alemania (Siemens), Suiza (ABB), Bélgica (Tractebel, antes Enron), Italia (Techint Compagnia Tecnica Internazionale), Corea (Hyundai) y Colombia (Eléctricas de Medellín Limitada). (Para ver la relación al detalle por país, empresas, proyecto y sus características y entidad, puede verse el documento en www.ciepac.org en el capitulo de “Documentos y Análisis”).

Hasta el 2001, la paraestatal EDF de Francia tenía ya invertido en el país mil millones de dólares, equivalentes a lo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prestó al gobierno de Vicente Fox para el presente año con el fin de ampliar el programa de combate a la pobreza en México bajo el programa “Oportunidades” (antes Progresa). Por su lado, Fuerza Eléctrica del Noroeste, S.A. (Unión Fenosa –UF-) es señalada como la primera empresa extranjera generadora de energía eléctrica en México y quien insiste en que el sector eléctrico nacional se deje al 100% al “libre mercado”. De todo su capital invertido en América Latina, en México se concentra el 50%, ya que también tiene inversiones en el sector aeroportuario con las concesiones de los 12 aeropuertos del pacífico mexicano. Además presta servicios de asesoría al Instituto Mexicano del Petróleo. Es la empresa que ha diseñado desde 1997 la privatización de la Comisión de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Muchas de las empresas aquí mencionadas cuentan con un expediente lamentable en cuanto a fraudes, altos costos de energía, corrupción, etc. Por ejemplo, el proceso privatizador de la electricidad en Nicaragua ha sido un fracaso ya que un informe de la firma auditora independiente Grant Thornton detectó irregularidades en la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), en las que resultó implicado el presidente Enrique Bolaños, durante su gestión como presidente de junta directiva de ENEL. Entre los hallazgos de la auditoría se detectaron donaciones de compra-venta de energía, exploraciones y uso de instalaciones físicas de ENEL por parte de empresas privadas que no pagaron por los derechos que se les otorgaron. [12] La Liga de Defensa del Consumidor en Nicaragua (LIDECONIC), en un estudio divulgado a finales de 2002, sostiene que UF se ha convertido en un monopolio, que fija y aumenta tarifas a su gusto, determina fuentes de generación de energía e impone sus criterios en el contrato de compra firmado con el gobierno, aprovechando las debilidades del INE como ente regulador. LIDECONIC denunció que UF modifica los acuerdos contractuales unilateralmente e intimida al usuario para aceptar términos que sólo benefician a la empresa. Existen comunidades enteras de más de 50 familias que han sido suspendidas de energía. Otros abusos de UF según LIDECONIC se encuentran la ausencia de información al consumidor sobre el cálculo del valor de los Kwh consumidos mensualmente. Al suspender el servicio a un consumidor por mora, UF lo enlista como cliente nuevo para cobrar nuevamente el depósito de garantía. UF no reembolsa los depósitos y obliga a los consumidores a caer en mora para justificar la retención. Por otro lado obliga a los nuevos usuarios a asumir las deudas de los anteriores dueños del inmueble. La empresa cobra por alumbrado público indiscriminadamente, aún en zonas donde sólo existe el cableado eléctrico pero no alumbrado, o cuando el servicio es inexistente. Además indexó tarifas en dólares, cerró oficinas rurales, no acude a reportes de desperfectos graves. Por último, suspende el servicio por supuesto incumplimiento de pago, cuando la cancelación del servicio se efectuó en sucursales bancarias o mediante pago telefónico.

LOS PROYECTOS HIDROELECTRICOS PARA CHIAPAS Y EL PPP

En abril del 2002 el entonces Comisionado Presidencial de México para el Plan Puebla-Panamá (PPP), Florencio Salazar, afirmó en el parlamento centroamericano que: “Soy claro y enfático, no existe ningún proyecto, no hay ninguna intención de construir una hidroeléctrica en el Usumacinta, simplemente porque las comunidades del Petén no lo aceptan”. Lo que no dijo es que tampoco las comunidades mexicanas. Pero así lo confirmó también Jorge Sapovich, alto funcionario del BID, en un encuentro de este organismo en Belice, país donde sus pobladores también llevan otra lucha contra la construcción de la represa el Chalillo. Por su lado, el PPP ha prometido consultas públicas y ciudadanas para la realización de megaproyectos y respetar las culturas indígenas. Los gobiernos han firmado el Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Por su lado, el presidente Fox prometió que no se construirían obras donde los indígenas no lo quisieran. Hace dos años Fox afirmó que el zapatismo “no tiene que ver nada con el Plan Puebla-Panamá, más que el hecho de que si llega a haber algún proyecto en el que una comunidad no quiere que pase por esa zona, pues lo ponemos en otro lado, no nos vamos a pelear con nadie”. [13]

La CMR, luego de su informe sobre el impacto negativo que han causado las presas hidroeléctricas en el mundo, realizó una serie de recomendaciones a los gobiernos y empresas. Además, en marzo del 2002, en el I Foro Mesoamericano por la Vida, Frente Regional contra las Represas, llevado a cabo en el Petén guatemalteco, a orillas del río Usumacinta, más de 300 participantes de comunidades indígenas y campesinas de Chiapas y otros países de Centroamérica, El Caribe y Sudamérica, rechazaron rotundamente la construcción de estas represas [14] .

Pese a todo eso, los presidentes Alfonso Portillo de Guatemala y Vicente Fox de México, anunciaron la construcción de hidroeléctricas en los Altos del Usumacinta. Este fue uno de los acuerdos del 28 de junio del 2002 alcanzados en la “Expo-Inversión 2002” realizada en la Cumbre de Mérida, en Yucatán, México. La firma del memorándum de cooperación técnica con Centroamérica dio formalmente inicio a la construcción de las Hidroeléctricas del Alto Usumacinta, que consiste en “cinco pequeñas presas” que inician en la frontera entre el Petén, Guatemala, con Marqués de Comillas en Chiapas y terminan en territorio del estado de Tabasco con el proyecto binacional hidroeléctrico "Boca del Cerro". [15] La obra sería apoyada con prestamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “para apoyar un proyecto de interconexión eléctrica en América Central, primer paso hacia la integración energética mesoamericana planteada en el PPP."

Según las declaraciones de Marta Prión en el artículo publicado en Prensa Libre de Guatemala y citado por el Boletín Comercio y Desarrollo del 13 de julio del 2001, desde los años 60 se sabe del interés en hacer una hidroeléctrica en el río Usumacinta. “Inicialmente, el proyecto lo propuso México, y por alguna razón siempre se ha manejado con mucha secretividad”, agrega la articulista y añade “que era una red de grandes diques desde Sayaxché hasta la presa final en Piedras Negras, punto donde el nivel del río alcanzaría 25 metros sobre el pico máximo en invierno, y aproximadamente 45 metros sobre el mínimo en verano”. Para Marta Prión “esto provocaría la inundación de un área calculada de 10 a 12 mil kilómetros cuadrados (casi la tercera parte del departamento del Petén, Guatemala), en donde se encuentran 800 sitios arqueológicos, entre ellos Piedras Negras, Yaxchilán y Altar de Sacrificios, asentamientos cooperativistas con más de 50,000 personas, pérdidas de millones de árboles de madera preciosas y vida silvestre”. La construcción la describe como una “obra faraónica, pues por el tipo de suelos kársticos de Petén que permiten filtraciones, se necesitarían cimentaciones muy profundas de altos costos, sin seguridad de su resistencia. El beneficio del proyecto sería más para México, y el daño para Guatemala, pues la inundación sería de nuestro lado, por estar más bajo; México utilizaría su parte de energía y compraría la de Guatemala, o se vendería a El Salvador”.

Desde otro punto de vista y fuente, el Proyecto Nacional “México Tercer Milenio” (PNMTM) [16] propone la planeación del país en seis Complejos que, más allá del PPP, están en función a la integración del Area de Libre Comercio de Las Américas (ALCA). En cada uno de ellos se proponen proyectos hidroeléctricos entre los cuales destacan las hidroeléctricas Ixcam en el estado de Nayarit; el proyecto Montague en la delta del Río Colorado; Batahui en el río Yaqui y Huahura en el río Mayo; el sistema hidroeléctrico Tzen Valle en la huasteca potosina; la presa “Santa Cynthia” y central “Micos” en San Luis Potosí; la presa “Santa María” en Querétaro y San Luis Potosí; la presa de transferencia “Extoraz” entre Querétaro e Hidalgo; la presa “Amajaque” en Hidalgo y la construcción de varias centrales en el Sistema Hidroeléctrico del río Necaxa en el estado de Puebla. En el Complejo Pacífico Sur destacan las represas Papagayo-La Parota y Omotepec en Guerrero; y Verde-Atoyac en Oaxaca.

Para el PNMTM el Sistema Usumacinta-Tulijá estaría compuesto por los proyectos de represas Quetzalli, Huixtán I, Huixtán II, Jattza y Nance, ubicados todos en Chiapas. Con ello se pretendería apoyar a los futuros complejos de desarrollo como a los actuales centros urbanos e industriales, agregar un millón y medio de hectáreas a la agricultura de agroexportación lo que implicará expulsión de los pequeños productores. Del mismo modo justifican los proyectos con el fin de dotar de energía al corredor del Golfo y controlar sus inundaciones costeras provocadas por la deforestación, como proporcionar energía a la Península de Yucatán que en el marco del PPP sería inundada de parques industriales, maquiladoras y centros de agroexportación.

Debido al importante caudal del Usumacinta, 70,100 millones de metros cúbicos que incluye las aportaciones trasvasadas por la presa Salto de Agua sobre el río Tulijá. Para el proyecto es necesario “Evaluar (...) las afectaciones-indemnizaciones a ambos lados de la frontera”, aunque se supone que las ruinas arqueológicas mayas de Yaxchilán en Chiapas que tienen una elevación de 170 metros sobre el nivel del mar (msnm), y Piedras Negras en Guatemala que están ubicadas a 150 msnm, no se inundarían por los lagos artificiales de las represas, según la información topográfica elaborada en 1967 para la CFE. Por lo tanto, el proyecto concluye que “al no existir afectaciones arqueológicas relevantes, sería conveniente incrementar la altura de la presa”, [17] aunque las comunidades indígenas tengan que ser desplazadas y las selvas inundadas, haciendo énfasis en que “Esto, permitiría aprovechar objetivamente los recursos técnicos y económico-financieros, al reafirmarse como la obra de infraestructura de más trascendencia que compartirían México y Guatemala”.

El PNMTM propone que los gobiernos modifiquen los acuerdos y convenios de cooperación binacional, especialmente el Pacto de San José “para lograr la interconexión en alta tensión de México-sur, Centroamérica y Colombia-norte”. Además plantea la necesidad de concretar un Tratado de Libre Comercio en toda América Latina (ALCA) “para impulsar un desarrollo soberano e integral”. Así, los indígenas y campesinos quedan excluidos ya que no son grandes inversionistas subsidiados por los gobiernos del norte ni son “rentables” para el mercado.

Para el PNMTM el área total que se inundaría en toda la Cuenca del Usumacinta suman 725 kilómetros cuadrados que equivalen a 72,500 hectáreas de tierras indígenas y selvas, de los cuales 425 km cuadrados corresponderán a territorio mexicano y 300 km. cuadrados a territorio guatemalteco. Pero si tomamos en cuenta todos los proyectos que propone sumarían alrededor de mil km cuadrados que equivalen a 100 mil hectáreas de tierras inundadas. Con ello se pretenden crear “modernas industrias agropecuarias y de manufactura, distritos piscícolas y acuícolas, atractivos destinos y desarrollos turísticos”.

Entre los proyectos hidroeléctricos que propone el PNMTM está la 1) Presa "Salto de Agua que inundaría 396 km cuadrados de selvas y tierras indígenas; 2) Presa Binacional "Boca del Cerro" entre Chiapas, Tabasco y Guatemala, considerada como la obra hidroenergética más significativa que tendría un embalse de 300 km cuadrados que equivalen a 30,000 hectáreas; 3) Presa "Bajatzén" en el río Shumulhá en Yajalón; 4) Presa "Quetzalli" en el río Lacantún cuyo embalse inundaría 570 km cuadrados; 5) Presa "Huixtán I" en el río Santo Domingo que podría inundar 90 km cuadrados de superficie; 6) Presa "Huixtán II" también ubicada en el río Santo Domingo con un embalse que inundará 44 km cuadrados de tierras indígenas; 7) Presa "Jattza" en el río Jataté municipio de Altamirano, con un embalse de 29 kilómetros cuadrados sería el proyecto hidroeléctrico de mayor altura que afectará a las comunidades de la cañada Las Tazas; 8) Presa Central "Nance" que estaría ubicada en el río Tzaconejá con un embalse de 400 hectáreas de tierras ejidales inundadas.

Tan sólo cuatro de esas represas significarían la creación de lagos artificiales que inundarán un total de 737 kilómetros cuadrados de selvas y ejidos, mismos que equivalen en total a 73,700 hectáreas de tierras. Esta superficie es más grande que cualquiera de los 88 municipios de Chiapas cuya superficie es menor a estos 737 kilómetros cuadrados de tierras (de un total de 118). Algunos de estos municipios se podrían inundar desde una vez como el municipio de Tumbalá (705.5 km cuadrados de superficie) y Frontera Comalapa (con 717.9 km cuadrados); hasta 22 veces el municipio de Tapalapa o de Tzimol (con 32.3 km cuadrados de superficie cada uno), o 14 veces el municipio de La Grandeza (52.2 km cuadrados). Si sumamos a esto los mil km cuadrados que equivalen a 100 mil hectáreas que inundarían las presas contempladas en la Cuenca del Usumacinta, descritas en la primera parte del estudio, llegarían a inundarse un total de 1,737 km cuadrados, que sería igual a dejar bajo el agua a cualquiera de los casi 100 municipios de Chiapas que cuentan con menos de esta cantidad de territorio. Por ejemplo, podrían quedar inundados todo el territorio de cualquiera de los siguientes grandes municipios: Comitán, Venustiano Carranza, Altamirano, Palenque, Independencia o La Trinitaria.

De este modo, el Complejo de Desarrollo del Sureste se convierte en un asunto de “seguridad nacional” para el PNMTM. Para él, “el conflicto insurgente ya debe solucionarse, pues su serie de peticiones (autonomía-separación territorial, regionalización étnica, cultural, social), aunado a planes oficiales parciales (Plan Puebla-Panamá), impiden lograr un aprovechamiento óptimo de sus recursos naturales y el pleno desarrollo regional”. En otras palabras, los indios estorban para la ambición del capital y por ello los Acuerdos de San Andrés firmados entre el EZLN y el gobierno federal marcan un muro de contención a esta rapiña. Por tanto, los antecedentes de las luchas sociales, indígenas y campesinas en Chiapas en torno a las viejas represas de la entidad se actualizarán. La cantidad de proyectos hidroeléctricos en la región auguran procesos de resistencia para evitar no sólo que sean destinados a morir de hambre con los tratados de libre comercio que los quieren sepultar en mayor miseria, sino contra estos proyectos que pretenden sepultar su tierra, historia y cultura bajo las aguas del “desarrollo”.

Pero tampoco podemos dejar atrás otros proyectos que la CFE no pudo llevar a cabo por la resistencia indígena y campesina. Entre estos está las presas del Sistema Cancuc o la presa Itzantún en el municipio de Huitiupán. Por otro lado, pobladores del municipio fronterizo de Chicomuselo han denunciado la intromisión de la CFE con el fin de marcar terrenos para una posible represa denominada “Caballo Blanco” cerca de donde se pretende llevar a cabo industria de extracción minera. Fuera del estado, el proyecto actual de mayor impacto será la de “El Cajón” en los estados de Nayarit y Jalisco. Para algunos será el megaproyecto del sexenio de Vicente Fox.

Pero en torno a las presas hidroeléctricas del PPP, para PNMTM sólo existen los grandes negocios, plantaciones, fábricas, maquiladoras, turismo y la infraestructura para el mercado mundial de los negocios, así tenga que pasar por milpas, tierras indígenas, bosques, casas o centros arqueológicos. Por ejemplo el Canal de Navegación Villahermosa-Chiltepec-Dos Bocas; las fábricas e industrias por establecerse a lo largo de sus 36 km. artificiales (agroquímica, petroquímica, de transformación, manufactura...); los Canales de Navegación Secundarios como Dos Bocas-Chiltepec de 4 km y Villahermosa-Grijalva-Usumacinta-Frontera de 27 km; el Río-Canal de Derivación hacia la Península de Yucatán y el ferrocarril de alta velocidad del Golfo que atravesaría Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. También encontramos el Canal Interoceánico de Tehuantepec de Oaxaca a Veracruz que estaría integrado por doce presas para formar lagos artificiales y acompañado por el Ferrocarril Eléctrico Transístmico de ocho vías de alta velocidad. Para todo esto, se requerirá mucha energía.

LA RESISTENCIA INDIGENA Y LA OPOSICIÓN AL BANCO MUNDIAL

Para los indígenas Embera-Katío de Colombia, “Represar el río es como obstruir las venas de una persona. Afecta todo el cuerpo, y después viene la enfermedad. Es lo mismo con el río. El agua, las montañas, la tierra, los animales es la vida de la gente indígena. La vida de la gente está en el agua. Somos como nutrias”. La CMR documenta que en el siglo XVII pescadores escoceses intentaron destruir una represa recién construida. En 1910 John Muir intentó sin éxito que la opinión pública se opusiera a la construcción de la represa en California. Después de los años 50, la oposición a las represas se extendió más por el mundo con mayor organización. En esa década se logró detener dos represas en el Gran Cañón y la represa Echo Park en el Río Colorado que tendría una cortina de 173 metros de altura, parecida en altura a la represa “El Cajón” de Nayarit.

Según la CMR, el BM es blanco prioritario de los ataques y críticas por los efectos de las represas, ya que es el mayor agente financiero de las grandes represas. El informe ya citado de la CMR concluyó que como opción de desarrollo, “las grandes represas se convierten a menudo en un punto focal para los intereses de políticos, de agencias gubernamentales fuertes y centralizadas, de agencias internacionales de financiación y de la industria de la construcción de represas”. Para la CMR en general no se ha tomado en cuenta a las personas afectadas por las represas ni en la toma de decisiones. La CMR también encontró que en los países industrializados “las alianzas entre intereses políticos locales y agencias y compañías de servicio público poderosas y de un solo fin para el desarrollo de agua y energía impusieron la planificación y la toma de decisiones en cuanto a grandes represas”. En el contexto del PPP, donde las inversiones de infraestructura no solo será de represas sino también para aeropuertos, puertos marítimos, oleoductos, gasoductos, ferrocarriles, carreteras, etc., podemos imaginar cómo la región no sólo es presa de las represas y ambición de las transnacionales de la energía eléctrica, sino de muchas más ramas de la producción.

Según la CMR, los bancos desempeñaron un rol clave para que los países de Asia, África y América Latina ingresaran al mundo de las represas. “El BM comenzó a financiar grandes represas en los años 50, dedicando en promedio más de mil millones de dólares anuales”. Entre 1970 y 1985, periodo de mayor número de represas construidas en el mundo, la cantidad se había elevado a 2 mil millones anuales. “Si se agregara la financiación de los Bancos Asiático, Interamericano y Africano de Desarrollo, así como la financiación bilateral para hidroelectricidad, se llega a la conclusión de que la financiación total para grandes represas con fondos de estas fuentes ascendió a más de 4 mil millones de dólares anuales ...”. Por ejemplo, la participación del BM en India fue decisiva. El BM comenzó a prestar grandes cantidades a este país en los años 70 cuando las reformas políticas y legales eliminaron las restricciones para que los estados pudieran contratar individualmente y en forma directa deuda externa. Desde entonces, los prestamos del BM a India se han duplicado o triplicado cada década. Este empobrecimiento, endeudamiento y dependencia es la misma dirección a la que lleva el BM a México bajo el esquema de la “descentralización”. Por si fuera poco, en el caso de Chiapas, el gobierno actual pretende impulsar este espejismo del supuesto desarrollo con la introducción del BM en los programas del estado. Es la indianización de los indios de Chiapas. Los efectos catastróficos que produjo el BM en India, los podríamos ver en Chiapas.

En 1973-77, la resistencia de los grupos indígenas a la creación de cuatro represas en el Río Chico, Filipinas, obligó al BM a cancelar el proyecto. Ante esto, el BM creó en 1982 unas medidas de protección a los pueblos indígenas y en 1993 un mecanismo de apelación. Sin embargo, con pocos frutos. El BM sigue siendo flanco de ataques, oposición y apoyos internacionales contra él. Como ejemplos recientes están las luchas de resistencia contra las represas en China, Tailandia, Turquía, Chile, Namibia, Lesoto y Sudáfrica. Durante la construcción de la represa de Pangue en Chile, iniciada en 1990, se produjeron severos impactos en detrimento de los bosques y de los indígenas pehuenche, habitantes tradicionales de la región, que se resisten a ser desplazados de sus tierras. El papel que jugó el BM fue severamente cuestionado debido a su falta de transparencia y al apoyo financiero concedido a un proyecto a todas vistas insustentable. Durante una visita a Santiago realizada en abril de 1998, el Sr. James Wolfensohn, Presidente del BM, admitió que el apoyo del Banco a la represa había sido un error, y que el Banco había hecho “un mal trabajo” durante la evaluación del impacto ambiental del proyecto, puesto que la población pehuenche que vive en la zona no había sido consultada.

Grupos colombianos están formando una red para la protección de ríos; las mujeres Pehuenche están organizando marchas en defensa del Río Biobio en Chile; indígenas y campesinos están protestando contra los planes para el aumento del nivel del agua de las represas de Temascal y Cerro de Oro, y una coalición de grupos anti-represas están tratando de conseguir información sobre el rumor de una nueva represa en el Río Torola. Pero las luchas de los afectados por represas, parar y modificar los proyectos de grandes represas, se han dado a un costo muy alto. En el año 2000 líderes del grupo indígena Embera-Katio de Colombia pidieron asilo político a la embajada española después del asesinato de otro de sus líderes debido a la oposición al proyecto de la represa Urrá.

La Red Internacional de Ríos  (IRN) declaró que “Cuando la era del despilfarro llegó a su final, la sociedad comenzó a ser consciente de los problemas acarreados por las grandes represas y empezó a verlas como símbolos de la represión política que la región había sufrido, y a encarar el temido hecho de que al final serían ellos los que pagarían la cuenta. El nacimiento de la democracia en América Latina fue claramente confirmada por imágenes en la televisión de una mujer guerrera Kayapo, cuando esta pasó el plano de su machete por la mejilla del director de una compañía de electricidad en Altamira, Brasil”. Además “Muchas de las luchas en contra de las represas involucran la defensa de ecosistemas frágiles reconocidos por su importancia global. También involucra la participación de poblaciones indígenas que han tomado conciencia de sus derechos constitucionales y legales, y de otras poblaciones tradicionales determinadas a no ser desalojados de las tierras que sus antepasados han ocupado por centurias”, agrega IRN.

En la Declaración de Manibeli en 1994 los afectados por las represas hicieron un “Llamado a una moratoria del financiamiento de las grandes represas por el Banco Mundial en honor a la heroica resistencia del pueblo de Manibeli y otros del Valle de Narmada, que han sufrido las consecuencias de la construcción de la represa de Sardar Sarovar, financiada por el BM. A los millones de refugiados a causa de las represas”. En aquél entonces manifestaron que el BM en 1992 otorgó más de 500 mil millones para construir más de 500 represas en 92 países. Denunciaron también que el BM había inundado tierras en las que hay monumentos culturales, lugares religiosos y sagrados, parques nacionales y otros santuarios de vida silvestre; que ha tolerado el robo de fondos, en muchos casos cometidos por regímenes militares corruptos y antidemocráticos; que ha violado permanentemente su política de evaluaciones ambientales antes de que las mismas se hayan realizado para justificar, de esa manera, los proyectos de grandes represas. También se indicó que BM nunca contempla la posibilidad de desmantelar una gran represa después de que su vida útil ha concluido como consecuencia de la acumulación de sedimentos y de su deterioro físico; que nunca evalúa apropiadamente sus experiencias en materia de financiamiento de grandes represas y no tienen un mecanismos para calcular los costos y los beneficios a largo plazo de las grandes represas que financia, como en el caso de la represa de Sardar Sarovar, en el Valle de Narmada en la India –“un auténtico símbolo mundial del desarrollo destructivo”- en donde se llevaron a cabo desalojos forzosos.

Los afectados por las represas, exigieron en Manibeli al BM que establezca un fondo para pagar indemnizaciones a todas las personas desalojadas por la fuerza de su lugar de residencia; que reoriente sus políticas y garantice que ningún proyecto de gran represa exigirá el traslado forzoso en países que no tienen políticas y normas legales que aseguren la recuperación de los niveles de vida de las personas desplazadas; “además, las comunidades desplazadas deben participar en todo el proceso de identificación, diseño e implementación y monitoreo de los proyectos, y dar su consentimiento antes de que los proyectos se pongan en marcha”. También se propuso que el BM ayude a crear una comisión independiente que revise todos los proyectos de grandes represas, y calcule sus costos directos e indirectos actuales, incluyendo los sociales y ambientales; que cancele las deudas contraídas por los proyectos de grandes represas cuyos costos económicos, sociales y ambientales fueron superiores a los beneficios; desarrolle nuevos proyectos y técnicas para estimar más rigurosamente los costos, beneficios, riesgos e impactos de las grandes represas, y tenga en cuenta la experiencia actual, en lugar de ignorarla como en el pasado.

También se tomaron en cuenta dentro de la propuesta la participación de otros sectores como el hecho de que el BM “exija a los administradores de la represa que disponga de un plan local de gestión de la cuenca aprobado para los gobiernos locales, y que el proyecto constituya la única alternativa para controlar las inundaciones, transportar y abastecer de agua potable y para riego, y siempre que se hayan realizado los estudios del impacto y calculado los costos de otros sistemas alternativos”; que sea pública la información sobre los proyectos de grandes represas y que el banco fiscalizado por personas ajenas a la institución.

La acción de la sociedad no ha bajado la guardia en el terreno de la resistencia y lucha contra este modelo de desarrollo. En Brasil el gobierno continua promoviendo la construcción de 8 represas en la Selva amazónica. En el V Congreso del Movimiento de Afectados por las Represas (MAB por sus siglas en portugués) informaron que más de un millón de personas han sido obligadas a dejar sus tierras para dar paso a la construcción de represas hidroeléctricas en Brasil, generando un drama de desplazados como consecuencia del modelo energético brasileño, dedicado a la construcción de grandes y medianas represas, con graves secuelas sociales y ambientales. Según el plan al 2015 del Gobierno Federal, se prevé la construcción de 494 represas, lo que implicaría la expulsión de 850 mil personas más de sus tierras.

En México la represa Miguel Alemán afectó a los indígenas mazatecos que se negaron a su construcción en el río Papaloapan, por lo que se les incendiaron sus casas para obligarlos a salir de las tierras que se inundarían. La represa Itzantún en Chiapas ha implicado más de 20 años de luchas indígenas y campesinas que han logrado evitar la construcción de esta represa que inundaría más de 11 mil hectáreas de tierra y dejaría bajo el agua la cabecera municipal de Huitiupán. La represa Benito Juárez en Oaxaca desplazó a familias que hoy viven en condiciones de pobreza, si la suficiente agua y energía eléctrica. Su embalse salinizado tampoco ha servido para el riego río abajo. En el caso de la represa El Cajón ha sido anunciada oficialmente su construcción y se plantea construir entre el 2002 y el 2006. Sobre el Río Santiago del estado de Nayarit inundará tierras de los municipios de Santa María del Oro, Jala, Hostotipaquillo, Ixtlán del Río y La Yesca en los estados de Nayarit y Jalisco. Ocupará la sexta posición de las hidroeléctricas en México por su capacidad de generación de energía, y su cortina tendrá una altura de 186 metros por lo que se convertirá en la segunda más alta del país. En ella se esperan invertir 650 millones de dólares.

En Guatemala la represas Chixoy fue construida durante la dictadura militar en Guatemala, implicó la masacre de más de 400 personas de la etnia Maya Achí por parte del ejército, sobre todo de la comunidad de Río Negro, uno de los poblados que serían inundados por el embalse. Los militaron reunieron a todas las mujeres, niños y niñas y los condujeron a una colina detrás de su aldea, donde torturaron y asesinaron a 70 mujeres y 107 niños y niñas. El BID y el BM suministraron al proyecto más de 300 millones de dólares en préstamos. El gobierno italiano dio ayuda bilateral y garantías de crédito a las exportaciones. El consorcio que planeó, diseñó y supervisó la construcción de la represa estaba formado por Lahmeyer International (Alemania), Motor Columbus (Suiza) e International Engineering Company (EE.UU.). Por su parte Gogefar (Italia) y Swissboring (Suiza) fueron las compañías directamente encargadas de la construcción de la obra. Hochtief (Alemania) fue el contratista para los trabajos de reparación de los túneles. El BM admitió la matanza pero no aceptó asumir responsabilidad alguna.

Y podemos hablar de más proyectos pasados y actuales de represas en Chile, Colombia, Argentina, Honduras, Belice, México, Kenia, Namibia, Uganda, Filipinas, Tailandia, China, Egipto, Malasia, India, Turquía, Camboya, y otros muchos países donde la población ha resistido y sigue resistiendo contra este “desarrollo” a costa de los pueblos.

Fuentes:

-          Comisión Federal de Electricidad (CFE), www.cfe.gob.mx, entrevistas de Alfredo Elías, Titular de la CFE.

-          Constitución Política de México.

-          Banco Mundial (BM), www.worldbank.org

-          CIEPAC, www.ciepac.org

-          páginas webs de las empresas mencionadas.

-          Secretaría de Energía, www.sene.gob.mx

-          Comisión Reguladora de Energía.

-          Diarios La Jornada, Milenio, Crónica, Reforma, Economista, Excélsior, Novedades, Financiero, Heraldo, UnomásUno, Sol de México, Universal, Ovaciones y Prensa de diciembre de 2001 a febrero del 2002, contenidos en el resumen periodístico de la CFE.

-          El Instituto de Geografía de la Universidad Autónoma de México, Expansión y CFE citados en el mapa elaborado por el investigador Andrés Barreda (www.ciepac.org/mapas)

-          Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, Boletín No. 42, enero 2001; www.wrm.org

-          Comisión Mundial de Represas, Informe 2000, www.dams.org

-          “Historia Inconclusa de la Lucha Social”, INI, Centro Coordinador Tsotsil, Bochil, Chiapas (Huitiupán Enero de 1999).

-          Convenios firmados entre los pobladores del municipio de Huitiupán y la CFE.

-          Publicación Ideas, Volumen 7, febrero 2002, Belice.

-          International Rivers Network, “Guardianes de los Ríos, Guía para activistas”, Ríos del Mundo Volumen 14, Número 3/Junio 1999; www.irn.org

-          Foro ¿Para dónde va Urrá?, Agosto 2000.

-          WCD, Damming the Rivers: The World Bank’s Lending for Large Dams (1994).

-          Banco Interamericano de Desarrollo (BID), www.iadb.org/ppp: Boletín de Prensa del 28 de noviembre de 2001; “Sistema de Interconexión Eléctrica para los países de América Central” (SIEPAC); “Iniciativa para la integración de la infraestructura básica entre México y los países del Istmo Centroamericano”; “Conectividad de la propuesta regional de transformación y modernización de Centroamérica y el Plan Puebla-Panamá”; Grupo Técnico Interinstitucional para el PPP, por el BCIE-BID-CEPAL, 30 de abril de 2001; “Terminales Regionales para la Importación y Almacenamiento de Combustibles” y “Suministro de Gas Natural al Istmo Centroamericano”; “PPP Iniciativas Mesoamericanas y Proyectos”.

-          Coordinación México del PPP, www.ppp.presidencia.gob.mx: “PPP Estado de Avance, Gobierno de México”, enero 2002; PPP: “Antecedentes, avances y perspectivas, a un año del PPP”, junio 28 de 2002; “Plan Puebla-Panamá, Infraestructura de Comunicaciones y Energía del PPP para Chiapas”, septiembre del 2001; “Programa de Inversiones 2002 SCT del PPP”, enero de 2002; “Conexión México-Guatemala”, interconexión eléctrica del PPP, 8 de febrero de 2002. “Plan Puebla-Panamá, Infraestructura de Comunicaciones y Energía del PPP para Chiapas”, Septiembre del 2001.

-          Plan Nacional “México Tercer Milenio”, www.mexicotm.com

-          Sur Proceso No. 44; QuehacerPolítico 1061; Agencia Latinoamericana de Información; Boletín Comercio y Desarrollo; Siempre! (27 de marzo 2002); El Chileno, El Nacional (1 de julio de 2002), La Prensa Gráfica, Diario de Chiapas (16 de agosto de 2002); Expresso (16 de agosto), La Jornada, Tabasco Hoy (30 de junio de 2002) y El Heraldo de México.

-          Red Latinoamericana Contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua.

-          Coalición Ríos Vivos.

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-          Red de Asociaciones Ecologistas de Misiones (RAE).

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