CIEPAC, A.C. :

º Ruedi Baumann, agricultor biológico/ingeniero agrícola ETH, Presidente del Partido

Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Cámara de Diputados

º Elisabeth Bäumlin, jurista, miembro de la Dirección de las Iglesias Evangélicas de

º Roland Bernhard Trauffer O.P., Secretario General de la Conferencia Episcopal

º Rosmarie Zapfl, Vicepresidenta del Partido demócrata cristiano, miembro de la

Cámara de Diputados del Parlamento Nacional y miembro de la Comisión de Política

En acuerdo con la delegación, texto de Elisabeth Bäumlin, fines de mayo del 2000

c/o HEKS, P.B. 322, 8035 Zürich - Tel. 00 41 1 361 66 00 / Fax: 00 41 1 361 78 27

ÍNDICE

La tercera misión, en la que participaron por primera vez dos miembros del Parlamento Nacional¹, fue recibida en Ciudad de México y en Chiapas por diversos representantes de los Gobiernos y administraciones federales y estatales², en particular, por el Coordinador para el Diálogo y la Negociación en Chiapas por parte del Gobierno³, Emilio Rabasa Gamboa, y pudo reunirse entre otros con representantes de la Comisión Parlamentaria COCOPA⁴, de la Fiscalía General de

²Siempre que se hable en lo siguiente de el “Gobierno”, de “departamentos del

⁴ Comisión de Concordia y Pacificación, comisión creada en base a la Ley para el

formada por representantes de todos los partidos del Congreso de la Unión y por

la Unión (PGR)⁵, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH. La delegación finalmente se dió cita por vez primera con un representante municipal, el presidente municipal de Chenalhó, Antonio Perez Arias. La delegación tuvo la oportunidad de presentar sus preguntas y consideraciones a las autoridades y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lamentablemente tampoco esta vez fue posible entrevistarse con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, resp. de la VII Región Militar, competente en la zona de conflicto.

En el breve tiempo a su disposición, la delegación solamente pudo hacer dos visitas a la zona de conflicto. Ahí se reunió con los delegados de la comunidad local Nuevo Israel (municipio Ocosingo) y con más de 1200 desplazados de la organización civil “Las Abejas” en X’oyep (cerca de Acteal en el municipio Chenalhó), quienes expusieron de forma impresionante sus quejas contra la política del Gobierno y la presencia del Ejército y de grupos civiles armados (en general, llamados grupos paramilitares por los afectados).

Nuevamente, la delegación estableció numerosos contactos con organizaciones no gubernamentales (ONGs) y con diversas federaciones no gubernamentales , activas sobre todo a favor de los derechos humanos, con grupos pacifistas, organizaciones de mujeres y en promoción de la democracia. Además, se reunió con el nuncio apostólico cedente, Monseñor Justo Mullor, con el obispo emérito de San Cristóbal, Monseñor Samuel Ruiz (todavía en funciones en febrero) y con el vicario de Justicia y Paz, Gonzalo Ituarte O.P., competente en cuestiones sociales y de derechos humanos. Finalmente también dialogó en la capital con el portavoz del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN), Javier Elorriaga⁶. En el anexo se encuentra la lista completa de los contactos realizados.

Los miembros de la delegación agradecen a la Embajada suiza en México, al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) y a la asociación civil Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) su apoyo en los preparativos y durante su permanencia en México, así como también a todas las organizaciones no gubernamentales y a las personas contactadas que han contribuido con sus testimonios a la realización de este informe. Igualmente se muestran agradecidos con los miembros de COCOPA, con las autoridades de los Gobiernos y administraciones federales y estatales del Estado de Chiapas y con el embajador Enrique M. Loaeza por su amabilidad con la delegación. Finalmente, especial agradecimiento también al Departamento de Asuntos Exteriores del Gobierno suizo por apoyar económicamente este proyecto de observación, facilitando así su continuidad.

Las dos primeras misiones tuvieron como objetivo reunir múltiples informaciones básicas por medio de los contactos realizados con autoridades y organizaciones no gubernamentales sobre el contexto regional y nacional del conflicto en Chiapas, para así lograr una apreciación para el análisis de la situación.

⁶El Frente Zapatista no es un partido político, pero una organización de enlace con la sociedad civil

Ambas misiones se vieron confrontadas con el hecho, que el diálogo, que se había iniciado con esperanza y lleno de ideas entre las partes del conflicto, se había paralizado y perdido la base de confianza recíproca. Cinco años después del inicio de la rebelión y tres años después de la suspensión de las negociaciones ambas partes se muestran empedernidas.

Por esta razón, la tercera misión optó por centrarse en el tema del restablecimiento de la confianza:

El presente informe pues renuncia a realizar análisis nuevos (que no urgen según los conocimientos adquiridos hasta el momento y que tampoco pueden proporcionarse con las capacidades existentes) y se concentra por lo tanto en informaciones complementarias sobre la situación concreta en febrero del 2000 con perspectivas a las próximas elecciones (cifra 3), así como en informes sobre temas muy importantes con respecto a medidas que fomenten la paz (cifra 4). Las preguntas que conciernen el restablecimiento de la confianza son centrales: ¿Qué condiciones imprescindibles hay que restablecer o recrear para que ambas partes reanuden el diálogo? ¿Qué puede contribuir a restablecer la falta de confianza actual para facilitar el diálogo?

El informe se refiere a las conclusiones de las dos misiones anteriores y analiza en primer lugar los comentarios críticos de las autoridades mexicanas sobre los anteriores informes (cifra 2).

El capítulo Conclusiones y recomendaciones ofrece una información pronta (cifra 5).

2. Análisis de la argumentación de las autoridades mexicanas

Los representantes gubernativos mexicanos siempre vuelven a destacar los grandes esfuerzos realizados para erradicar el rezago socio-económico del Estado de Chiapas y presentan una documentación numerosa al respecto⁷. En vista de este desarrollo en marcha, hoy día, las causas que en su tiempo hubieran justificado el levantamiento zapatista, ya no dan motivo para ello, por lo cual el movimiento pierde constantemente apoyo por parte de la población indígena. La 3ª delegación manifiesta expresamente en que parte del supuesto que el Gobierno mexicano actual intenta sinceramente superar la miseria socio-económica de la población indígena en Chiapas y reconoce que las autoridades han lanzado a partir de 1994 un número importante de programas de desarrollo para la agricultura, la explotación forestal, la educación pública y el servicio sanitario. Sin embargo, en base a los numerosos testimonios y análisis concordantes, la delegación llega a la conclusión que el Gobierno desconoce la situación, si solamente ve las causas del levantamiento zapatista en las condiciones socio-económicas y por lo tanto trata el conflicto como un problema local del Estado de Chiapas. La 3ª delegación opina que el conflicto en Chiapas

⁷ Vea la colección en un volumen de Main Information on Chiapas (con disquete),

Office of the Coordinator for Dialogue and Negotiation in Chiapas, febrero de 1999

es al fin y al cabo expresión de la lucha política de la población indígena: se trata de su demanda de participación parigual y autónoma en la transformación de la sociedad y de las instituciones públicas, de un proyecto de sociedad que dé lugar a las diferencias culturales y que ofrezca un futuro a los pueblos y grupos indígenas⁸. Con ello se manifiesta que el levantamiento zapatista plantea una problemática nacional, puesto que también en otros Estados, sobre todo del sur, reinan condiciones conflictivas parecidas a las de Chiapas⁹.

Los representantes de los Gobiernos federal y estatal no reconocen que se encuentran en un estado de guerra no declarado con los zapatistas insurgentes en Chiapas; así mismo desmienten los informes sobre la militarización y paramilitarización sistemática de la región y del cerco y la división selectiva de la población indígena, es decir, que se aplica la estrategia de lucha contra la sublevación conocida de las guerras de guerrilla más recientes. Más bien definen el conflicto como un “problema de la seguridad pública”: en Chiapas existe una situación de inseguridad que ha empeorado desde el levantamiento de 1994 y que lleva a que cada vez más personas tomen las armas para defenderse. El Gobierno quiere controlar esta inseguridad y luchar contra el narcotráfico y el transporte ilegal de armas en la región fronteriza movilizando al Ejército. Su presencia sería bienvenida en muchos pueblos donde vive una mayoría de contrincantes de los zapatistas, ya que la población teme a los zapatistas armados. Sin embargo, imputa con vehemencia la militarización de la región, la opresión de las comunidades y el cerco militar de las comunidades zapatistas. El Gobierno admite la posibilidad de actuación de grupos civiles armados, que presenta como reacción espontánea a la amenaza por parte del ejército zapatista – pero rechaza categóricamente que se traten en este caso de grupos paramilitares, es decir, de grupos vinculados estructuralmente a las fuerzas oficiales del Ejército o de la Policía¹⁰. Los representantes gubernativos también insisten en que no se proponen una salida militar al conflicto, pero que más bien están dadas las condiciones para una solución pacífica rápida, las negociaciones se pueden reanudar en cualquier momento y solamente fracasan por la falta de voluntad de diálogo por parte de los zapatistas.

La delegación discutió sobre la situación con delegaciones de los Centros de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en San Cristóbal (a continuación llamado FrayBa) y con Pedro Lorenzo de la Nada en Ocosingo y con representantes de la sociedad civil (en particular de la Misión Civil por la Paz y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los derechos

⁹ Sobre todo en Oaxaca y Guerrero, pero también la referencia a un documento de la PGR según cual en México hay 16 grupos de resistencia armados (cit. de un informe de la Comisión de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FrayBa) para la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, abril 2000) y la siguiente información del Noticiario político Proceso del 25-4-2000: Informes de inteligencia estadounidenses publicados recientemente indican que en al menos 19 Estados del país existen factores económicos, sociales y políticos que facilitan la formación de grupos guerrilleros.

¹⁰ A continuación se utilizará la expresión “grupos civiles armados” que deja abierto la posibilidad y el tipo de relación en casos concretos con fuerzas oficiales del Ejército y la Policía.

para Todos’). Además, visitó el municipio de Chenalhó (la cabecera municipal San Pedro Chenalhó y la población X’oyep cerca de Acteal) y escuchó en la cabecera municipal de Ocosingo, entre otras cosas, las quejas de una delegación de la comunidad local Nuevo Israel, que reclamaba por los conflictos constantes causados por un nuevo campamento militar levantado muy cerca del poblado. Lamentablemente no fue posible visitar este lugar por falta de tiempo.

En el municipio de Chenalhó la delegación pudo constatar la intensidad real de la presencia militar y su gran influencia sobre la vida cotidiana de los afectados: se encontró con varios retenes de carretera, con un campamento militar muy cerca del campamento de los desplazados de X’oyep y con guardias militares armados con metralletas que controlaban dos cruces de camino en el trayecto no transitable de la carretera a X’oyep. A parte de los contactos personales, la delegación tuvo a su disposición las documentaciones de organizaciones de derechos humanos, concretamente del FrayBa, de Amnistía Internacional, de Americas Watch y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos¹¹.

Todos los interlocutores no gubernamentales rechazaron la versión del Gobierno. Para la 3ª delegación sin embargo fue determinante lo que relataron en la gran reunión del 26 de febrero los habitantes del campamento X’oyep y otros desplazados de Acteal sobre la situación en el municipio de Chenalhó. En X’oyep viven unos 1200 integrantes de la comunidad católica-pacifista radical “Las Abejas”, que fueron expulsados de sus poblados desde 1998. Otros miles de desplazados viven en los pueblos vecinos Acteal y Polho. Los desplazados no se sienten protegidos por el Ejército, al contrario, se sienten amenazados y acosados constantemente; sobre todo pero el Ejército no les brinda protección contra los grupos civiles armados, sino que por sus experiencias han llegado a la conclusión que el Ejército apoya a estos grupos armados inclusive suministrándoles armas. Por esta razón la gente de X’oyep y de Acteal, así como sus vecinos zapatistas de Polho, no entreven la posibilidad de regresar a sus pueblos sin correr riesgo su seguridad y se quejan que las autoridades no se comprometen realmente para poner término a las actividades de los grupos armados. La delegación escuchó varios testimonios categóricos de hombres y mujeres y no tiene motivo alguno para dudar de la veracidad o manipulación de estas declaraciones.

Ante estos testimonios verídicos de los lugareños, las repetidas y documentadas declaraciones por parte de los críticos antigubernamentales cobran peso, cuando hablan de la militarización de la zona de conflicto, intensificada en los últimos meses, con un aumento constante de los efectivos militares estacionados en la región que acosan cada vez más a las comunidades que simpatizan realmente o supuestamente con los zapatistas. La delegación también da crédito a los testimonios oídos por ella, que hablan de grupos paramilitares que operan en diferentes regiones amenazando a las comunidades y solicita una investigación inmediata e incondicional.

En este punto la 3ª delegación se sorprende que las autoridades nunca hayan tratado de aclarar seriamente las acusaciones repetidas desde años sobre las actividades de grupos civiles armados¹². Pero lo que más choca, es que siempre se vuelva a escuchar el argumento que las autoridades no pueden intervenir sin tener pruebas, mientras que importantes organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales llevan años recopilando y publicando las declaraciones concretas de personas afectadas y de observadores mexicanos que subrayan suficientemente los hechos como para justificar averiguaciones oficiales¹³.

Totalmente incomprensible para la 3ª delegación es el hecho que, a pesar de las numerosas investigaciones realizadas después de la matanza de Acteal¹⁴, las autoridades no hayan desactivado hasta hoy el grupo armado que sigue operando en la región, según informan muchos testigos.

¹² Comparar con el informe citado anteriormente del FrayBa de abril del 2000, así como con los informes de Amnistía y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según informaciones recientes, la Procuradoría General de la República ha creado una unidad especial para Chiapas que investiga desde el 17 de abril los indicios de existencia de grupos paramilitares (Revista Proceso del 23-4-2000). Desde hace poco también la nueva Policía Federal Preventiva interviene contra grupos armados.

¹³ Según declaraciones recientes del Gobernador Albores Guillen frente a parlamentarios europeos (según el servicio informativo Melel del 30-3-2000). Vea al respecto los informes de Amnestía Internacional, de Human Right Watch y la síntesis del citado informe del FrayBa. Esta síntesis se encuentra en el citado informe del FrayBa de abril del 2000. Además, vea la noticia de prensa que informa sobre inculpaciones graves de diputados del partido de oposición PRD, hechas recientemente al Ejército y a la policía de Seguridad Pública del Estado de Chiapas: Diputados perredistas informaron ante el Congreso local, que el Ejército federal y la policía de Seguridad Pública entrenan a grupos paramilitares en varios municipios, según pobladores de la zona de conflicto. Explicaron que los militares y policías enseñan a manejar armas a campesinos de Altamirano, Ocosingo, Las Margaritas, Panthelo y Chenalhó. También dijeron que en el municipio de Sitala hay un campo de entrenamiento paramilitar donde policías entrenan a indígenas de Tila, Sabanilla y Chilon. (Servicio informativo Melel del 28 de abril, del periódico Cuarto Poder).

¹⁴ La Procuradoría General de la República se hizo cargo del asunto y publicó un amplio informe sobre sus averiguaciones (Libro Blanco sobre Acteal), criticado por diversas fuentes de no ir realmente al fondo del problema. Comparar con el informe publicado en febrero del 2000 por la enviada especial de la ONU, Asma Jahangir, >> ejecuciones fuera de ley.

Tanto los afectados como las informaciones de organizaciones no estatales, puestas a disposición de la delegación¹⁵, informan sobre reiteradas violaciones de los derechos fundamentales relacionados a la militarización: detenciones arbitrarias y arrestos prolongados sin acusación, agresiones del Ejército contra civilistas desarmados, incluidos mujeres y niños, abusos sexuales de mujeres, amenazas e intimidación de los lugareños, constantes controles de personas y la restricción del derecho a la libre circulación de las personas, embargo arbitrario de edificios y terrenos por el Ejército, devastación de casas, robo y destrucción de bienes personales por efectivos del Ejército, entorpecimiento del trabajo agrícola. Además, los informes siempre vuelven a mencionar a grupos civiles armados que operan junto al Ejército y a las unidades de Policía y que presionan desde dentro a las comunidades militarizadas con amenazas y a menudo también con violencia física. Estos grupos son responsables de la expulsión de miles de opositores reales o supuestos de sus comunidades. Según el informe citado del CDHFBC, confirmado entre otros por el Diputado Gilberto López y Rivas, la presencia militar también tiene por consecuencia que se destruyan las estructuras propias de las comunidades indígenas afectadas y su capacidad de organización autónoma¹⁶.

El Gobierno no niega la violencia generalizada pero la atribuye a la inseguridad que reina en la región y a los conflictos intercomunitarios donde se enfrentan zapatistas armados a los que están de parte del Gobierno.

La 3ª delegación ha comunicado su preocupación a los representantes de la Procuradoría General de la República (PGR) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto a la situación de los derechos humanos en la zona de conflicto de Chiapas. Tanto la PGR como la CNDH admiten violaciones de los derechos humanos que se explican, en parte, con la situación de inseguridad reinante en Chiapas, pero también con la falta de tradición de defensa de los derechos humanos por parte del Ejército y de la Policía. Sin embargo, los representantes de ambos organismos insisten en los serios propósitos del Gobierno, y especialmente de la PGR y de la CNDH, de imponer los principios fundamentales del estado de derecho. Además, hicieron hincapié en su disposición a tratar de aclarar inmediata y enérgicamente toda denuncia concreta de violación de los derechos humanos, estando dispuestos a recibir tales denuncias también de círculos como por ejemplo la delegación de observación. La CNDH informó de su reciente reestructuración, la cual le proporciona mayor independencia, así como sobre el programa de trabajo del nuevo presidente de la comisión, José Luis Soberanes Fernandez¹⁷.

¹⁵ Vea los informes citados en la bibliografía de organizaciones de derechos humanos

¹⁶ Vea el artículo de López y Rivas, Contrainsurgencia y etnocidio en Chiapas, periódico La Jornada, 21 de abril del 2000-06-05

¹⁷ Según la ley del 13-9-2000 sobre la revisión del art. 102 párrafo B de la Constitución la CNDH es totalmente independiente; vea José Luis Soberanes Fernández, Plan de travail, presentado ante el Senado de la República (sin fecha)

La delegación parte del supuesto que las impresionantes declaraciones y los programas que le fueron presentados reflejan de forma verídica la intención del Gobierno del Presidente Zedillo de mejorar fundamentalmente y con efecto duradero la situación de los derechos humanos en todo el país y en especial en Chiapas. También reconoce las grandes dificultades que obstaculizan el hacer respetar los derechos humanos en todos los lugares donde perduran restos de estructuras de poder no democráticas (caciquismo) y donde la sociedad está dividida por un grave conflicto político y social. A pesar de esto, y teniendo en cuenta las repetidas declaraciones sobre la seria la intención de mejorar la situación de los derechos humanos, la delegación no puede comprender que p.ej.un suceso tan grave como fue la masacre de Acteal hasta ahora no haya sido totalmente esclarecido, ya que además en este caso concreto se revelan constantemente versiones y acusaciones nuevas que demuestran que los sucesos deberían ser reinterpretados por completo. También es incomprensible que no se hayan aclarado en absoluto o en definitiva hechos en los que estuvieron involucrados militares y que los autores intelectuales de alto rango no hayan sido castigados por cometer graves abusos¹⁸. La delegación tampoco comprende que las autoridades no se opongan inmediatamente y con determinación a las expulsiones de indígenas de sus comunidades; expulsiones que a menudo se realizan bajo pretextos religiosos, de forma que las autoridades permiten que se viole el derecho a la libertad religiosa y de cultos, ya que se prohibe a los afectados que ejerzan su religión¹⁹.

¹⁸ También la masacre de EL Bosque del 10 de junio de 1998 quedó impune, véase respecto a ello el informe de la enviada especial de la ONU, Asma Jahangir y el informe del FrayBa de abril del 2000, donde se mencionan otros actos de violencia cometidos por el Ejército que no fueron sancionados. Hechos parecidos que sucedieron en otros Estados federales, sobre todo en el Estado de Guerrero, siguen sin esclarecerse.

¹⁹ Existen numerosos testimonios sobre hechos recientes de este tipo y de diferentes regiones. Esto a pesar de que la Ley del Estado de Chiapas sobre los Derechos y la Cultura Indígena del 29 de julio de 1999 prohiba explícitamente las expulsiones y garantice el derecho de los desplazados a regresar a sus comunidades (art. 57 y 58). Sin embargo llama la atención que no está prevista la imposición de esta prohibición, sino que solamente negociaciones (!) sobre el retorno, iniciadas por el Estado. Informaciones recientes denuncian expulsiones en el municipio de Chamula, donde a principios de marzo fueron expulsados seguidores de la diócesis de Tres Cruces, siendo herido de gravedad un catequista, así como del municipio Margaritas, donde gobernantes locales han expulsado a 24 familias evangélicas de la comunidad Plan de Ayala. Las autoridades de hecho intervinieron con negociaciones para que los desplazados pudieran regresar, pero no impidieron que finalmente les permitieran regresar, prohibiéndoles sin embargo practicar su confesión con el argumento que ésta atenta contra las tradiciones (compárese entre otros las informaciones de Melel del 7,8,9,13,14 y 20 de marzo y del 15 de mayo del 2000).

La 2ª delegación emitió en su informe la opinión que uno de los mayores obstáculos para lograr una solución pacífica del conflicto es el hecho que para muchos ciudadanos, y en especial para la mayoría de los indígenas, el Gobierno mexicano ha perdido su credibilidad²⁰. En la reunión de la 3ª delegación con el Coordinador para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, Emilio Rabasa rebatió con vehemencia esta observación e hizo hincapié en los grandes esfuerzos del gobierno del Presidente Zedillo, sobre todo las importantes inversiones en proyectos sociales y agrícolas, en el compromiso para establecer los principios del estado de derecho y el respeto de los derechos fundamentales y la democratización, así como en las serias iniciativas del Gobierno para reanudar el diálogo.

La delegación no niega estos esfuerzos del Gobierno y tampoco tiene la intención de imputarlo de tener malas intenciones. Pero a pesar de ello confirma las conclusiones de la 2ª delegación, comprobadas en los numerosos encuentros, en la documentación y los informes de prensa. Lo que sí quiere precisar, es que la falta de credibilidad no se puede atribuir simplemente a uno o varios gobernadores del actual Gobierno; está más bien relacionada con los rasgos hereditarios del pasado y con el sistema de gobernación que hasta hace poco estuvo determinado por el autoritarismo, la manipulación de sectores de la población con tendencia a la insubordinación y una corrupción generalizada. Entre tanto esta herencia también pesa sobre los partidos de la oposición²¹. Mucha gente – ¡y no sólo los opositores radicales al Gobierno! – no espera nada fundamentalmente bueno por parte del Gobierno, haga lo que haga, por todas las experiencias negativas vividas desde decenios, solamente cuenta con que se repita siempre lo mismo: fraude electoral, clientelismo, promesas no cumplidas, desvío de fondos públicos para fines partidistas o personales²², violencia e impunidad.

La delegación está convencida que tanto el actual como el futuro Gobierno inevitablemente tendrán que tener en cuenta en cada planteamiento y en la planificación de cada paso político esta falta de credibilidad adquirida desde tiempo atrás.

²¹ Vea la entrevista del 13 de marzo del 2000 realizada por el periódico La Jornada con el

candidato a la presidencia de la capital bajo el título “Debate por la ciudad”

²² Acusaciones contra autoridades o miembros de las autoridades por supuesta malversación de

fondos públicos aparecen cotidianamente en la prensa, vea el servicio informativo Melel del 7, 9

hace años entre los insurgentes y el Gobierno. Tampoco la última oferta del Ministro del Interior, Diodoro Carrasco, del 7-9-1999²³ consiguió volver a poner en marcha el diálogo, es más, el EZLN ni reaccionó. La delegación parte de que las repetidas declaraciones del Gobierno de que quiere conseguir una solución pacífica en el conflicto en Chiapas son serias. Sin embargo, la última propuesta “Un paso más” es muy criticada y el hecho que no sólo los simpatizantes de los zapatistas la consideren una propuesta formal exenta de contenido real, hace dudar de la voluntad de negociación del Gobierno.

Según resultó del diálogo entre la delegación y los representantes de la COCOPA, también los miembros opositores de esta comisión comparten la crítica fundamental de “Un paso más”; ellos manifestaron que este documento forma parte de las maniobras electorales del partido de gobierno PRI²⁴. A parte, la delegación llegó a la conclusión que el mando del EZLN ya no está dispuesto a entablar negociaciones con el actual gobierno antes de las elecciones y que además ha tomado una postura más dura. También otros interlocutores de la delegación, que tienen una actitud positiva respecto a las exigencias de los zapatistas, comparten la opinión que el mando zapatista ha perdido movilidad y franqueza.

El 2 de julio se elige al Presidente de la República y al nuevo Congreso federal; en los siguientes meses tendrán lugar en diferentes Estados, entre otros en Chiapas, las elecciones de los Gobernadores. Ya que en México la reelección está prohibida a nivel constitucional, habrá cambios personales en todas partes.

º La delegación tuvo la impresión que todos – las partes del conflicto y las ONGs – están esperando las elecciones presidenciales y las elecciones en Chiapas; por esta actitud de espera nadie se preocupa de dar pasos serios para lograr nuevas negociaciones y tampoco de buscar medidas que realmente fomenten la confianza (vea al respecto el informe de la 1ª misión).

º La mayoría de los interlocutores opinaron que el país actualmente está pasando por una fase decisiva. Muchos piensan que es probable que progrese el proceso de democratización, pero tampoco se excluye la posibilidad de una recaída en el

autoritarismo. Es del todo posible que gane el candidato del PAN, Vicente Fox, y

²³ La propuesta “Un paso más” del 7-9-1999 incluye la propuesta de nuevas negociaciones,

cumpliendo, según el Gobierno, con las demandas principales que ponen como condición los

zapatistas para reanudar el diálogo (según dijo el Coordinador para el Diálogo, Emilio Rabasa,

²⁴La disposición a volver a determinar una instancia mediadora es reconocida como progreso. Respecto a los argumentos en cuanto al contenido, de que la propuesta no tiene en cuenta los puntos de controversia más importantes, como el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, la retirada del Ejército de las comunidades y la disolución de los grupos civiles armados – vea La Jornada del 8-9-1999 y el artículo Chiapas: un paso más para complicar el conflicto, en La Jornada del 9-9-1999

también al candidato de la oposición unificada de Chiapas se le ofrecen buenas perspectivas. Pero tanto el transcurso como el resultado de las elecciones son inciertos, sobre todo en Chiapas, donde se presentan diferentes posibilidades; algunos observadores creen que en caso de derrota del candidato del PRI a la presidencia o a la gobernación, habrá que estar preparados a graves problemas en Chiapas y temen que los sectores poderosos del PRI no aceptarían una tal derrota. Muchos no creen que las elecciones se lleven a cabo “limpiamente” y no se pueden imaginar que, después de más de 70 años de control del poder por el casi partido del estado PRI, realmente pueda ser elegido presidente un candidato de la oposición, que pueda asumir el mando, sin que el cambio en el poder provoque una escisión catastrófica. No es probable que haya fraude electoral abierto, pero tanto los observadores políticos de renombre como muchos otros actores cuentan con manipulación de las elecciones por el partido en el gobierno PRI para impedir una derrota electoral. Tampoco se excluye la posibilidad que se cree un clima de miedo para que los electores desistan de dar su voto a la oposición²⁵. Causa gran preocupación el hecho que incluso se discuta cuál sería el comportamiento del Ejército en caso de una victoria electoral del candidato a la presidencia de la opsición. Las discusiones en los medios de comunicación también demuestran que en realidad nadie está preparado para un cambio en el poder.

º Muchos posibles electores desconfían de todos los partidos por igual o al menos comprenden a aquellos que no quieren participar en las elecciones. También reina la convicción que todos los candidatos ofrecen el oro y el moro, pero que después de su elección el poder los corrompe y entonces se olvidan de sus promesas, de las leyes y de los derechos humanos. A propósito de esto hay que tener en cuenta que la población indígena casi no está representada en las listas de candidatos de los partidos y que los indígenas apenas tienen algo que decir en los partidos de la oposición²⁶. Por eso no es de extrañar, que justamente los indígenas apenas esperen algún cambio de su situación gracias a las elecciones. Lo que sí sorprende, es que el portavoz del FZLN, Javier Elorriaga, manifestara

²⁵ Compare el análisis de Adolfo Aguilar Zinser, En última instancia, el PRI tiene listo su “Plan B” en la revista Proceso nº 1219 del 12-3-2000 y la siguiente información que sospecha de presidencias municipales que influencian las elecciones a favor del PRI: (servicio informativo Medel del 10 de abril del periódico El Observador). El PRD estatal informó que alertará a los organismos electorales sobre el peligro de que los ayuntamientos priistas desvien recursos públicos para apoyar a los candidatos del PRI. Explicó que hasta ahora ya se dió esta situación en el ayuntamiento de Arriaga, donde el alcalde priista utilizó a la policía municipal para llevar alimentos para los asistentes a la convención donde se eligió al candidato a la diputación federal por ese distrito. Sobre la supuesta política del miedo, vea el sevicio informativo Melel del 7 de abril en El Universal: El Pan dice que el Gobierno es responsable de la aparición de los grupos guerrilleros en el D.F. Los diputados federales panistas dijeron que el gobierno federal es responsable del surgimiento de supuestos grupos guerrilleros en el Distrito Federal. Explicó que las autoridades buscan crear miedo en la población, para que vote a favor del PRI en las próximas elecciones.

²⁶ Compare el artículo de Génaro Bautista Gabriel, Los indígenas sin representación en la LVIII legislatura, en La Jornada del 21-4-2000, donde pone “...al parecer, para los partidos políticos los pueblos indígenas sirven solamente como mercancía electoral; a pesar de las adulaciones hacia estas sociedades, siguen siendo excluidas de la lista de candidatos a las Cámaras...”, admitiendo sin embargo que hasta ahora es en las filas del PRI donde a lo sumo se han visto diputados indígenas.

abiertamente y sin diferenciaciones que las elecciones no aportaban nada, ya que no se podía esperar un cambio democrático del sistema político actual y de sus actores. En febrero todavía no se conocía la actitud del mando del EZLN frente a las elecciones.

También esta vez, autoridades, organizaciones no estatales y otros interlocutores de la delegación señalaron – dando explicaciones diversas - el hecho de los numerosos y graves conflictos intercomunitarios que a menudo se resuelven de forma violenta. Desde decenios se repiten con frecuecia los conflictos violentos entre católicos y evangélicos de las comunidades indígenas, por lo cual decenas de miles de personas fueron desplazadas. Según las declaraciones concordantes y fidedignas de la mayoría de los afectados y de los observadores, estos conflictos sólo aparentemente son conflictos religiosos. Muchos testigos, organizaciones de defensa de los derechos humanos, ONGs y representantes de la oposición política acusan al Gobierno de agravar a propósito los conflictos actuales²⁸.

Las violentas confrontaciones intercomunitarias no han disminuido desde las dos misiones anteriores; los medios de comunicación siguen informando casi cada día sobre conflictos graves. A la hora de redactar este informe se están registrando numerosos casos de asesinato y de incursiones armadas en diferentes municipios, entre otros nuevamente en Chenalhó, donde el pasado 7 de mayo fueron asesinadas 3 personas. El hecho de que algunos observadores relacionen esta nueva ola de violencia con las próximas elecciones es muy alarmante²⁹.

Sigue subsistiendo el problema de las confrontaciones “religiosas; últimamente se registraron de nuevo actos violentos contra católicos en Tres Cruces (municipio Chamula) y contra evangélicos en Plan de Ayala (municipio Las Margaritas)³⁰. Todo parece indicar que – y no por último las repetidas afirmaciones de los afectados mismos, que no tienen problemas con los seguidores de otras religiones, sí pero con los gobernantes locales y con los caciques – las diferencias y tensiones religiosas se impulsan e instrumentalizan a propósito para dividir a las comunidades afectadas, resp. para impedir que los gobernantes pierdan el control sobre ellas³¹.

²⁷Vea respecto a lo que sigue también los informes de las dos primeras misiones, sobre todo el 2º informe, cifra 5.3 y 6.1.

²⁸ Vea el servicio informativo Melel del 3-3-2000 (del periódico Cuarto Poder), en el que el

candidato de la oposición para la gobernación de Chiapas acusaba al Gobierno de impulsar los

conflictos entre los indígenas para crear un clima de violencia ante las elecciones. Sobre los

orígenes de las tensiones intercomunitarias lea también a Roger Burbach and Peter Rosser,

Chiapas and the crisis of Mexican Agriculture, Institut for Food and Development Policy, Food First,

²⁹ vea el servicio informativo Melel y el informe de prensa del FrayBa del 10 de mayo

³¹ Vea Julio César López, En San Juan Chamula “se nace priista”, afirma el alcalde (revista Proceso, nº 1220 del 19-3-2000)

La 3ª delegación no dispuso del tiempo suficiente para profundizar en el problema de los conflictos religiosos, y tampoco pudo contactar a representantes de la iglesias evangélicas concernidas. Ante la fuerza explosiva y el peligro de manipulación de las diferencias religiosas, opina que es de suma importancia que se lleve a cabo un diálogo entre los representantes de las iglesias involucradas y que se desarrollen nuevos proyectos de paz y se fomenten proyectos adecuados ya existentes con el fin de reducir los conflictos en las comunidades indígenas.

Las negociaciones entre la delegación del Gobierno federal y el mando del EZLN abocaron en la firma de los Acuerdos de San Andrés (según el lugar de las negociaciones) el 16 de febrero de 1996 sobre los derechos y la cultura de los pueblos indígenas. Después, debían realizarse negociaciones sobre otros problemas como la democracia y la justicia, desarrollo y beneficiencia pública y los derechos de las mujeres en Chiapas³². Las declaraciones de principio y de intenciones formuladas conjuntamente en San Andrés se refieren claramente al Convenio número 169 de la OIT de 1989, ratificado ya en 1990 por México, sobre pueblos indígenas y tribales en los países independientes³³. Tenían previsto categóricamente una transformación profunda en las relaciones entre los grupos indígenas, la sociedad y el Estado – aunque en parte en términos muy generales y declamatorios³⁴. En particular estaba previsto el reconocimiento de los pueblos indígenas que han conservado hasta ahora totalmente o en parte su identidad y su propia organización cultural, social, política y económica, en tanto que unidades sociales independientes con su derecho a la libre determinación. Además, los Acuerdos dejan bien claro que “la legislación nacional debe reconocer a los pueblos indígenas como los sujetos de los derechos a la libre determinación y autonomía en el marco del orden estatal, federal y municipal³⁵.

La segunda ronda de negociaciones sobre democracia y justicia pronto se paralizó. Entonces la COCOPA, integrada por miembros de todos los partidos representados en el Congreso y reconocida por ambas partes como árbitro, elaboró una iniciativa final de reformas constitucionales, concretando los acuerdos de la primera ronda de negociaciones. El mando del EZLN aprobó la iniciativa el

³² Para los textos de los Acuerdos, las bases jurídicas y los principios de procedimiento del diálogo y las propuestas posteriores para su realización legislativa vea: CONAI (Ed.), San Andrés. Marco jurídico y normativo del diálogo y negociación, Serie Senderos de Paz, cuaderno nº 2

³³ En vigor desde el 5 de setiembre de 1991, el texto del acuerdo se encuentra bajo http:/ilolex.ilo.ch:1567/public/german

³⁴ vea Acuerdos, Documento 1, Pronunciamiento conjunto, Contexto de la nueva relación cifra 1 y Conclusión, en especial cifra 2, publicado en CONAI (Ed.) San Andrés. Marco jurídico y normativo del diálogo y negociación, Serie Senderos de Paz, cuaderno nº 2

³⁵ Acuerdos, Documento 2, Propuestas conjuntas, II parte, cifra 3: La legislación nacional debe reconocer a los pueblos indígenas como los sujetos de los derechos a la libre determinación y autonomía, vea también cifra 2 y Documento 1, principios de la nueva relación cifra 5, en CONAI

29 de noviembre de 1996 a pesar de tener ciertas reservas, el Gobierno la rechazó. A su vez manifestó una serie de reservas, p.ej. argumentó que la iniciativa de la COCOPA estaba redactada poco claramente y que no se atiene a los Acuerdos de San Andrés. Finalmente el 15 de marzo de 1998 el Presidente Zedillo presentó una iniciativa propia de reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena³⁶.

El Gobierno pretende cumplir con los Acuerdos de San Andrés con la mencionada iniciativa de reforma constitucional; además se remite a la citada propuesta de negociación del 7 de setiembre de 1999 (“Un paso más”) que hace grandes concesiones a las exigencias zapatistas y a las iniciativas del Estado de Chiapas, sobre todo en lo que se refiere a la remunicipalización y a la Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas del 29 de julio de 1999³⁷.

El mando del EZLN sin embargo considera una deslealtad el procedimiento del Gobierno e insiste en que este presente la propuesta de la COCOPA del 29 de noviembre de 1996 al Congreso federal. Ha planteado esto como conditio sine qua non de cualquier ulterior diálogo y contacto con las autoridades y no ha reaccionado a las nuevas propuestas del Gobierno.

La anterior Comisión mediadora CONAI, numerosos observadores independientes y representantes prestigiosos de la oposición política, especialmente del Congreso federal y de la COCOPA, comparten la opinión que la iniciativa de reforma constitucional del Gobierno difiere considerablemente de los acuerdos tomados en San Andrés y que infringe los compromisos contraidos en el Convenio nº 169 de la OIT, firmado y ratificado por México.

La delegación no pretende ser capaz de interpretar correcta y detalladamente con sus modestos medios los copiosos Acuerdos de San Andrés y los proyectos de ley para su realización. Tampoco discute que las disposiciones de los acuerdos necesiten ser concretadas en normas constitucionales y legales que deben ser votadas por los organismos constitucionales y legislativos.

Las objeciones del Gobierno al respecto pero no convencen, sobre todo porque no abordan el verdadero problema que es la frustración de grandes expectativas que evocó el Gobierno con su propuesta de concretar los acuerdos. Los Acuerdos

de San Andrés despertaron inmensas expectativas – a causa de su generación, su contexto que promete claramente transformaciones profundas y por el hecho de basarse en el citado Convenio de la OIT al que está sujeto México, ¡tenía que ser así! Las expectativas están enfocadas en primer lugar en el reconocimiento de los pueblos indígenas en tanto que actores sociales que deben obtener derechos colectivos, sobre todo el amplio derecho a la autonomía, el derecho a la tenencia de la tierra y a la explotación de sus recursos naturales, así como al reconocimiento legal de sus particularidades culturales.

³⁶ Iniciativa de reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena, publicado en CONAI

³⁷ Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas del 29 de julio de 1999

La comparación de los acuerdos y de los proyectos de ley de la COCOPA y del Gobierno muestra rápidamente las diferentes intenciones entre la iniciativa del Gobierno y los acuerdos. El Gobierno reinterpreta los Acuerdos de San Andrés, no así la iniciativa de la COCOPA; para nombrar dos ejemplos principales, se reduce la autonomía convenida de los pueblos indígenas a su unidad mínima, las comunidades locales, dejando sin reglamentación autónoma a los municipios (art. 4 y 115 de la Constitución) y tampoco está prevista una juridicción realmente independiente (art.4). Poco queda de los derechos de los pueblos indígenas aprobados en los acuerdos y en la iniciativa de la COCOPA. Por esta razón, la delegación comprende que los zapatistas consideren esta propuesta como invalidación de promesas dadas y que según su opinión no hay la confianza necesaria para ulteriores negociaciones mientras no se someta la iniciativa elaborada por la COCOPA al Congreso.

La delegación no concibe que el Gobierno no tomara en serio su aprobación de los Acuerdos de San Andrés y por ello interpreta esta retirada con que el Gobierno no tuvo debidamente en cuenta la concretización de sus promesas. Así pues se demostró, que el reconocimiento de privilegios de determinados grupos de la población en partes del territorio nacional contradice a los poderosos intereses económicos y a las ideas de los defensores de un modelo de desarrollo absolutamente neoliberal.

A pesar de estas resistencias es un hecho que México está sujeto al Convenio de la OIT desde 1990 y que en San Andrés se acordó el reconocimiento de amplios derechos de autonomía de los pueblos indígenas. Hoy los acuerdos corren el peligro de convertirse en vanas promesas, en bonitas declaraciones sin consecuencias, provocando una vez más exasperación, desconfianza y resignación. Para impedirlo se requiere nuevas normas constitucionales y legales que tomen en serio las promesas de autonomía y que superen las propuestas del Gobierno; es el precio para una solución pacífica del conflicto.

En lo que se refiere a la realización de la autonomía, la delegación considera desde su óptica europea, que el reconocimiento de derechos fundamentales de grupos colectivos no son sin más compatibles con el entendimiento constitucional moderno que se rige por el concepto de socialización de individuos libres, por el reconocimiento de derechos de libertad individual y la igualdad ante la ley, asociando básicamente las disposiciones de autonomía a las unidades territoriales. Sin embargo estima que México ha contraido con la firma del Convenio nº 169 de la OIT la obligación de reconocer y concretar eficazmente los derechos de sus pueblos indígenas, resp. de crear instrumentos legales activos para garantizar su protección. A propósito de esto, la delegación remite a las disposiciones tomadas últimamente en Canadá con respecto a los grupos indios.

El 29 de julio de 1999 se adopó, contra los votos de los diputados de los partidos de la oposición PAN y PRD, la Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas en el Estado de Chiapas. Esta ley, dictada por iniciativa del Gobierno federal, cumpliría según el Gobierno con las promesas correspondientes de los Acuerdos de San Andrés y tiene previsto crear, entre otras cosas, instituciones locales de justicia en los municipios y las comunidades (capítulo II, art. 11 y siguientes de la ley). Estos tribunales deberían juzgar disputas e impartir sanciones conforme al sistema de normas tradicional, siempre y cuando en los conflictos solamente estén implicados indígenas y no se violen los derechos fundamentales.

El Ministro del Interior del Estado de Chiapas, el lic. Victor Hugo Lescieur Talavera, informó a la delegación sobre los nuevos tribunales y ésta visitó después brevemente el nuevo tribunal de la cabecera municipal de Oxchuc, donde fue recibida por el presidente del tribunal. Sin embargo no fue posible llegar a conocer los pormenores de la mencionada ley que abarca otras disposiciones importantes sobre derechos y cultura indígenas y la nueva institución de los tribunales de paz en el poco tiempo disponible. La delegación es consciente que este tipo de instituciones pueden contribuir considerablemente a la realización de los Acuerdos de San Andrés, ya que la garantía de acceso de la población indígena a la jurisdicción y el reconocimiento de su propio sistema de normas forman parte de los puntos básicos de los acuerdos. Por eso es conveniente que la próxima misión analice en detalle la mencionada ley y el nuevo organismo judicial, cuestión que nos parece muy importante porque p.ej. el FrayBa se muestra crítico ante estas reformas³⁹.

La rebelión dirigida por el EZLN en Chiapas está relacionada básicamente al problema agrario no resuelto, hecho que no solamente concierne a Chiapas, sino que a todo México. A pesar de las reformas agrarias e importantes intervenciones estatales en el pasado, sigue existiendo un doble sector agrario, que opone a un pequeño número de modernos productores prósperos que se rigen por el mercado a la gran masa de campesinos que disponen del mínimo para sobrevivir

o que no poseen tierra y que viven en la miseria⁴⁰.

⁴⁰ Compare al respecto y en lo que sigue el artículo bien documentado y todavía de gran actualidad de Roger Burbach and Peter Rosset, Chiapas and the Crisis of Mexican Agriculture, Institute for Food and Development Policy, Food First Policy Brief nº 1, diciembre de 1994, además vea el artículodel Interhemispheric Resource Center, Land and Liberty in Rural Mexico, Democracy Backgrounder Vol I, nº 1 abril 1995

Mientras el Gobierno persigue desde años una política económica neoliberal con su objetivo principal, la adhesión al TLC, los insurgentes en el sur se oponen a este desarrollo que hasta el momento solamente ha acrecentado la pobreza de los campesinos y que también, según la opinión de observadores de fuera, acabará con la destrucción de la base de subsistencia de la población rural en todo México. Los zapatistas por su parte exigen un nuevo programa de reforma agraria para todo el país que no incluya solamente a las tierras más fértiles en la repartición, sino que también ofrezca a los pequeños campesinos los medios necesarios que les permitan iniciar un nuevo desarrollo económico centrado en la agricultura, que corresponda a las necesidades de este sector de la población (en especial la impartición de créditos, precios de venta garantizados, carreteras, posibilidades de transporte, instalaciones de riego).

En los Acuerdos de San Andrés faltan declaraciones concretas sobre el problema agrario, cosa que la delegación zapatista subraya en la introducción a los documentos finales⁴¹.

A pesar de la importancia del problema agrario, las primeras delegaciones del programa de observación no se ocuparon detenidamente de esta problemática. Recién la participación de un miembro del Parlamento que es agricultor y experto en agronomía, llevó a que se prestara mayor atención a esta cuestión. Planteó el problema de la realización actual de la demanda “tierra y libertad”, es decir de la posibilidad de anular la reciente revisión de la propiedad de tierras portada por poderosos intereses, de mantener la estructura de ejido y de lanzar una nueva reforma agraria⁴².

Su estado de conocimiento actual no permite a la delegación tomar posición en esta cuestión. La 3ª misión solamente visitó una pequeña región montañosa, causándole sin embargo honda impresión el dificil estado de cosas reinante en la región montañosa: se trata de una serranía poblada de bosques, con suelos

⁴¹ Acuerdo, lit. B cifra 1: La delegación del EZLN insiste en señalar la falta de solución al grave problema agrario nacional, y en la necesidad de reformar el artículo 27 Constitucional, que debe retomar el espíritu de Emiliano Zapata, resumido en dos demandas básicas: la tierra es de quien la trabaja, y Tierra y Libertad...”

⁴² El ejido es una corporación pública-legal creada por la reforma agraria en los núcleos de población; hasta la revisión del año 1992 existía una disposición que permitía repartir tierras de latifundios liquidados (art. 27 de la Constitución).

Las tierras de ejido son de propiedad común y son cultivadas en parte en colectivo y en parte individualmente. El ejido corresponde a la tradicional comprensión de propiedad comunitaria de la población indígena y sigue siendo la forma de propiedad actual de los núcleos de población. Antes no estaba permitido vender las tierras de ejido a terceros, ni darlas en arriendo ni en feudo. La revisión constitucional de 1992 autorizó de un modo general la disolución de los ejidos y la venta de tierras a personas y sociedades particulares. – Gran parte de las tierras agrícolas son de propiedad privada. La reforma agraria después de la revolución dispuso la repartición de grandes latifundios, aunque numerosas explotaciones agrícolas muy grandes y una parte de las mejores tierras permanecieron en manos de propietarios particulares (vea el citado artículo Chiapas and the Crisis of Mexican Agriculture, que incluye datos sobre la repartición de las tierras). En Chiapas actualmente decenas de miles de campesinos sin tierra y de pequeños campesinos solamente sobreviven gracias al precario trabajo temporero en las plantaciones de café, cacao y bananas, Martine Dauzier et Yvon Le Bot, Patchwork indien, en: Le Monde des Débats/julio-agosto de 1994.

escasos y rocosos. Muchas tierras cultivadas son extremadamente empinadas y corren el peligro de erosión⁴³. A causa de la topografía desfavorable, es prácticamente imposible su explotación mecánica. El hecho que los indígenas cultiven tierras tan desfavorables, vislumbra la escasez de tierras cultivables a su disposición. A menudo se tiene que abandonar tierras después de poco tiempo de explotación como consecuencia de los daños de erosión. Sólo muy pocas tierras cultivadas se alcanzan por caminos transitables; en general, un estrecho sendero lleva a las parcelas que a menudo se encuentran muy retiradas.

La población campesina opone resistencia a la abolición del sistema de ejidos y al fin de la repartición de tierras dispuestos con la enmienda de la Constitución de 1992, ya que esto significa una amenaza directa de sus base existencial y evolutiva, sin que se le ofrezca una verdadera alternativa fuera de la agricultura.

El Gobierno pero hace valer que la enmienda de la Constitución reclamada por los zapatistas no refleja un acuerdo adoptado por la mayoría: por una parte fallaría a causa de las actuales condiciones de mayoría en el Congreso y por otra parte persigue la finalidad de colectivización de la tierra, cosa que también muchos indígenas rechazan⁴⁴. Respecto al restablecimiento de los ejidos se alega, que los derechos colectivos de este tipo de propiedad no concuerdan con la aplicación moderna del derecho occidental y con la globalización económica.

Teniendo en cuenta la gran importancia del problema agrario para llegar a una solución pacífica del conflicto, la delegación estima urgente que la próxima delegación se ocupe intensamente de esta problemática. A pesar de sus dudas de si una nueva reforma agraria y el mantenimiento de un orden de propiedad agraria orientada según la propiedad colectiva tradicional en estos tiempos de globalización económica tendría probabilidades de éxito a nivel objetivo-político, la delegación aconseja desde su punto de vista actual, tomar en serio estas demandas.

Así mismo hay que considerar lo que hacen valer los autores del citado informe sobre Chiapas y la crísis en la agricultura mexicana (pág. 15, nota explicativa 38). Dicen que hay que tomar en serio las demandas zapatistas de una nueva reforma agraria y de iniciativas complementarias, ya que teniendo en cuenta las consecuencias del Tratado de Libre Comercio para la pobre población campesina, es lógico que se discuta este proyecto neo-liberal: “Los ‘modernizadores’ tienen que cuestionarse si nuestra sociedad se puede permitir el empobrecimiento de las masas que acompaña a la reestructuración económica...”

⁴³ Según declaraciones de las autoridades, la tala de árboles y la roturación dependerían de una aprobación oficial que implica la obligación de reforestación; las sierras de motor en propiedad particular son “consideradas como armas prohibidas y están prohibidas por la Ley de Protección del Medio Ambiente”. Sin embargo, los grandes equipos de taladores industriales sí pueden utilizar sierras de motor, cosa que las comunidades campesinas con razón consideran una injusticia. Durante el viaje por Chiapas que duró varios días, la delegación nunca vió ni escuchó sierras de motor.

⁴⁴ Según datos del Coordinador para la Negociación Rabasa, actualmente sólo el 13% de la tierra

Al levantamiento zapatista hay que atribuirle sin duda el mérito de haber logrado que la situación de la población rural indígena de Chiapas y de todo México sea atendida y tratada a nivel político en el país y mundialmente. Ha fortalezido la conciencia individual de los indígenas y su determinación de acabar de una vez con la opresión y la discriminación – los pueblos indígenas han tomado las riendas políticas de su destino y quieren participar en el proceso democrático. Pero ¿cuál es la situación actual, después de tres años sin negociaciones, teniendo en cuenta los conflictos internos en aumento, la violencia y la acrecentada presencia del Ejército y de las fuerzas del orden en las comunidades? ¿Por qué el EZLN rehusa tan tenazmente cualquier contacto con las autoridades?

El Gobierno se esfuerza en dar la impresión que el EZLN ha perdido mucho terreno, ya que cada vez más seguidores de los zapatistas se pasan al Gobierno como consecuencia de sus esfuerzos de desarrollo y pacificación. La delegación no pudo verificar esto por falta de tiempo y por la limitación local del visto bueno, pero también porque la presencia masiva de las fuerzas del orden dificultaron enormemente los contactos con las comunidades zapatistas. Los escasos encuentros con comunidades indígenas sin embargo evidenciaron a la delegación que las demandas zapatistas siguen firmes entre los indígenas y gozan de su apoyo, también en comunidades que no forman parte de las bases de apoyo del EZLN, así como en comunidades de desplazados que viven en la miseria y ya sólo por esta razón están deseando el fin del conflicto. Lo mismo se cuenta del municipio Polho, donde viven miles de desplazados en unas condiciones de vida pésimas.

Por otra parte, la delegación retuvo la impresión que desde la interrupción de las negociaciones, los zapatistas están siendo alejados poco a poco con sus demandas y argumentos de la discusión política. Lo que queda - en medio de la militarización y la violencia en las comunidades – es la agotadora discusión sobre el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. La delegación se pregunta, si en esta situación el mando zapatista no corre peligro de desconectarse de la base en sus territorios de repliegue y de otros posibles aliados y terminar finalmente perdiendo su credibilidad. El hecho que observadores bien intencionados con los zapatistas declaren, que estos han perdido en gran parte su franqueza de antaño, es alarmante. La delegación también tuvo la impresión que el movimiento insurgente no ha logrado hasta el momento crear una asociación civil independiente que presente de forma persuasiva las demandas zapatistas para la discusión social y política. El contacto de la delegación con el FZLN fue defraudador, ya que los interlocutores se limitaron a criticar totalmente a todos los partidos y al sistema político, haciendo declaraciones a favor de la sociedad civil, no teniendo sin embargo la menor idea sobre alianzas políticas, que partan de forma realista de la situación actual.

“A nosotras nos han enseñado desde chiquitas a obedecer, a no protestar, a callarnos, a aguantar, a no hablar, a no participar. Pero ahora no queremos quedarnos atrás: no queremos que nos pisoteen. Exigimos que nos respeten como indígenas y como mujeres y que tomen en cuenta nuestros derechos. Queremos que se respeten nuestras costumbres, las que la comunidad ve que son buenas para todas las mujeres, hombres y niños⁴⁵.”

Fue imposible para la delegación formarse una idea precisa de la situación de las mujeres durante la corta estadía. Sin embargo llama la atención que la discriminación y opresión de la población indígena, así como la pobreza y la falta de posibilidades de formación afectan de especial manera a las mujeres. También se manifiesta claramente que las mujeres y los niños sufren aún más que el resto de la población bajo el conflicto actual. Por otro lado, las delegaciones han podido constatar, que tanto el movimiento zapatista como los proyectos para mujeres desarrollados desde hace tiempo por la diócesis de San Cristobal interesan a las mujeres y han servido de auténtica plataforma para estas. Numerosas mujeres exigen hoy la igualdad de derechos y la autonomía, así como la participación en las comunidades contra la fuerte resistencia de los hombres y de las comunidades.

La tercera delegación se reunió, igual que las dos primeras, con representantes de diferentes proyectos autónomos de mujeres, sobre todo con la cooperativa de tejedoras Jolom Mayaetik (es decir, tejedoras maya), quienes además de la comercialización de sus productos y la procuración de nuevas técnicas que aumentan la cifra de ventas (utilizando nuevos materiales, cortes, técnicas de teñido), también realiza una labor de formación general (cursos de alfabetización y contabilidad, derechos fundamentales), incluyendo conscientemente a los padres y maridos de las mujeres que colaboran, para que estos participen en la nueva independencia de las mujeres.

La delegación está convencida que las cooperativas independientes como Jolom Mayaetik pueden contribuir considerablemente al fomento de la paz en las comunidades divididas, ya que consolidan la independencia y la conciencia individual de las mujeres y los hombres comprometidos, fortaleciendo indirectamente también sus comunidades en ese aspecto. Por eso hay que apoyar a este tipo de organizaciones y sus programas, especialmente si están relacionados directamente con el trabajo de paz. Es muy importante que puedan surgir organizaciones fuertes e independientes en las comunidades indígenas, que no se dejen presionar ni manipular fácilmente.

⁴⁵ Encuentro-taller “Los Derechos de las Mujeres en nuestras Costumbres y Tradiciones”, San

La delegación quiere subrayar primero de todo, que desde el inicio del programa de observación se desarrolló una buena relación con la Embajada mexicana en Berna. Desde el principio el embajador Loaeza estuvo interesado en los contactos con los delegados y parece reconocer la voluntad de objetividad y la seriedad del trabajo de los participantes del programa. Por eso, a pesar de los diferentes puntos de vista, existe un verdadero intercambio con la embajada y se realizó una reunión preparatoria con la 3ª delegación antes de su partida y también está prevista otra reunión para discutir los resultados.

Tanto más resulta extraño, que las autoridades mexicanas de nuevo sólo hayan otorgado a la tercera delegación un visto bueno limitado a determinados municipios del Estado de Chiapas (FM3). Esto no quiere decir que se ponga en duda por principio el derecho del Gobierno mexicano a la reglamentación de la estadía de extranjeros en las zonas de conflicto. Sin embargo, la delegación registra una contradicción dificil de comprender en la actitud de las autoridades mexicanas, quienes exigen calificaciones altamente profesionales de las delegaciones de observación y cuentan con que se informen detalladamente, pero por otro lado les otorgan un visto bueno restrictivo temporal y localmente. De esta manera se dificulta el trabajo serio y cambios de programa pertinentes se imposibilitan. Así también se impiden contactos solicitados explícitamente por las autoridades (p.ej. la visita del Juzgado de Paz y Conciliación Indígena en Zinacatan en febrero del 2000). La delegación desearía que las próximas misiones obtuvieran visados que les permitan visitar todo el Estado de Chiapas.

veradadera y perdurable, si se toma en serio la dimensión política nacional del conflicto en Chiapas, además de sus aspectos económicos y sociales. Se trata de un proyecto de sociedad donde los pueblos indígenas tengan una posición autónoma.

(b) La delegación está también persuadida, que el conflicto sólo se podrá solucionar

corresponda a sus necesidades (sobre todo a través de créditos, venta y precios

⁴⁶ Vea también las observaciones y recomendaciones en el informe de la 2ª misión (cifra 9)

La delegación pone reparo en que la liberalización ilimitada de la economía y su integración en el mercado mundial amenaza con destruir la base existencial agrícola de los pueblos indígenas y de los pequeños campesinos en general, sin ofrecer a las innumerables personas afectadas una posibilidad de desarrollo alternativo y una perspectiva del fin de su discriminación. En el fondo, la globalización representa una contradicción fundamental al Convenio de la OIT sobre los Derechos Indígenas y Tribales de 1989, ratificado por México⁴⁸.

(c) Los numerosos delitos que quedan total o parcialmente impunes, demuestran que la impunidad sigue siendo uno de los vicios capitales de México⁴⁹. Así mismo confirmó últimamente la enviada especial de la ONU sobre ejecuciones fuera de ley, Asma Jahangir, que siempre vuelve a ocurrir, que crímenes se mantengan impunes por falta de investigaciones y de persecución judicial, o por ser ésta incompleta y selectiva, y que cuando más, se aplica a los autores directos pero no se investiga quienes son los responsables verdaderos ni la posible implicación de autoridades, Ejército y Policía. La impunidad es uno de los orígenes de la violencia generalizada en la región y un requisito para la actuación de grupos civiles armados. Esta es una de las causas que inspira gran desconfianza frente a las autoridades. La delegación reconoce los esfuerzos que le fueron presentados por la Procuradoría General de la República (PGR) y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de reformar el sistema policial y jurídico y de imponer consecuentemente los principios del estado de derecho. Le causa especial satisfacción que se lleve a cabo la revisión de la ley sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH de 1999, que concede a esta comisión una posición independiente. No obstante comparte la opinión de la enviada especial Asma Jahangir y de la Alta Comisionada de derechos humanos de la ONU, Mary Robinson, que los esfuerzos registrados hasta la fecha no son suficientes ya que siguen existiendo graves problemas.

1ª recomendación para el Gobierno mexicano

La delegación urge a los Gobiernos federal y estatal que redoblen sus

esfuerzos para la reforma profunda del sistema de procuración e impartición

de la justicia, así como para la imposición del pleno respeto de los derechos

humanos y de los principios del estado de derecho en el proceder de todos los

organismos estatales, teniendo en cuenta sobre todo los informes de la Alta

Comisionada de la ONU, Mary Robinson y de la enviada especial sobre

ejecuciones fuera de ley, Asma Jahangir.

⁴⁸ Tratado nº 169 de 1989 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en los Países Independientes

indígenas en los municipios Ocosingo y Chenalhó, que la presencia del Ejército y

de las fuerzas de policía da lugar a graves violaciones de los derechos humanos,

delegación duda que la presencia del Ejército en su forma actual sea adecuada y

necesaria para lograr los fines declarados del Gobierno: ¿De qué sirven retenes

de carretera con controles de personas en la zona de conflicto, campamentos militares en las inmediaciones de los poblados, la circulación de camiones militares por los pueblos y guardias armados con ametralletas que controlan los caminos, si se trata de reducir los conflictos intercomunitarios, de impedir el tráfico ilegal de drogas y de armas, así como de imposibilitar la inmigración incontrolada de Centroamérica?⁵⁰

Según sus informaciones, la delegación llega a la conclusión que la presencia masiva del Ejército y de diferentes cuerpos de policía con sus graves repercusiones sobre las comunidades afectadas agudiza las tensiones y los conflictos y fomenta las dudas de la voluntad de paz del Gobierno. Por esto la delegación está convencida que es indispensable que en primer lugar se retire el Ejército de la zona de conflicto, o al menos en parte y que se reduzcan los efectivos para volver a crear confianza y facilitar la reanudación de las negociaciones.

(e) En base a pruebas contundentes, la delegación está segura que en la zona de

menos en el municipio Chenalhó, existen relaciones entre la milicia civil que opera

ahí y las fuerzas oficiales del Ejército y de la Policía. La delegación opina que la

existencia de estos grupos es una importante causa de violencia en las comunidades, que destruye la base social de las comunidades afectadas⁵¹ y que ha hecho perder la confianza en los propósitos del Gobierno. La delegación está convencida que la existencia de estos grupos imposibilita la reanudación del diálogo.

DEL 18 AL 29 DE FEBRERO DEL 2000

ÍNDICE

2. Análisis de la argumentación de las autoridades mexicanas