Tratados de integración y Plan Puebla Panamá

César Augusto Sención Villalona

Economista dominicano

Desde hace varios años el gobierno de Estados Unidos viene promoviendo la creación del Área de Libre Comercio de las Américas, conocida como ALCA.  Este es el nombre que se le da al proceso de expansión hacia todo el Continente Americano (con la excepción de Cuba) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por Canadá, Estados Unidos y México.

El ALCA se anunció en la Cumbre de Presidentes del Continente en Miami, en 1994. En la última Cumbre, realizada en Canadá en el 2001, se acordó concluir el acuerdo en el año 2005.

A través del ALCA se busca liberalizar el comercio de bienes y servicios mediante la supresión de aranceles (impuestos) a las importaciones. También se eliminarían las regulaciones estatales o municipales a las compañías privadas en todo lo relacionado a las transacciones comerciales y a la inversión directa. El “libre comercio” consistiría en que las mercancías y capitales se desplazarían sin restricciones en los países del Continente.

Si el ALCA entrara en vigor, las grandes empresas de Estados Unidos [1] podrán instalarse en los demás países americanos y participar en las licitaciones de bienes y servicios gubernamentales, es decir, se apropiarían de los servicios públicos, como el agua, la salud, la educación y otros, los cuales quedarían reducidos a simples mercancías. También se les facilitaría sacar del país todas las ganancias que obtengan, patentar productos (propiedad intelectual) y apropiarse de los recursos naturales de la región. Otra ventaja para las empresas sería la creación de tribunales privados que resuelvan las controversias con los estados nacionales, tribunales que operan en secreto y responden a los intereses de los poderosos grupos empresariales. En otras palabras, las empresas se colocarían por encima de las legislaciones nacionales, al tener la facultad de demandar a los estados si aplican políticas que afecten sus ganancias. El ALCA, por lo tanto, sería un atropello a la soberanía de los estados latinoamericanos y caribeños.

El interés de Estados Unidos con esta estrategia de integración es absorber los mercados latinoamericanos, donde abundan la mano de obra barata y los recursos naturales, y ampliar su hegemonía para enfrentar los bloques comerciales europeos y asiáticos. Los países de América Latina serían exclusivos productores de materias primas y elaboradores de productos maquileros, como ha ocurrido con México, donde proliferan las zonas francas y donde las industrias están perdiendo su base nacional. [2]

Pero el ALCA tiene algunos obstáculos, como el rechazo de algunos países del sur a los subsidios de Estados Unidos a los ricos granjeros, que abaratan sus productos y generan una competencia desigual en el mercado mundial.

TLC con Centroamérica

A la par del ALCA, Estados Unidos promueve la firma de un TLC con Centroamérica, para avanzar hacia la gran zona de libre comercio continental. En enero del 2003 se iniciarán las negociaciones con los países centroamericanos, cuyos gobiernos ven en la integración con Estados Unidos una posibilidad de aumentar sus exportaciones. Sin embargo, el resultado será el incremento excesivo de las importaciones, dado el nivel de desarrollo de la economía de Estados Unidos. Eso es lo que ha ocurrido en el primer año del TLC de México con Guatemala, Honduras y El Salvador. Estos últimos países, ampliaron su déficit comercial con México de 838 millones de dólares a 951 millones. [3]

El TLC con Estados Unidos afectará aún más a la agricultura de la región, carente de crédito y de apoyo gubernamental e incapaz de sobrevivir en la competencia con productos norteamericanos subsidiados. También hay riesgos para muchas pequeñas y medianas empresas manufactureras, cuyas posibilidades de competencia son mínimas.

La ruina del agro provocará una mayor emigración de la población rural hacia las ciudades y hacia las zonas semi urbanas, para trabajar en maquilas o montar microempresas. Otra parte se irá al exterior, desde donde mandará remesas. Esto último es lo que necesita el sistema, pues las remesas sirven para financiar las importaciones.

Plan Puebla Panamá

Como parte de la estrategia de integración de Estados Unidos, desde mediados del año pasado se viene ejecutando el Plan Puebla Panamá (PPP), que contempla, principalmente, proyectos de infraestructura y de generación de empleo en empresas maquiladoras en toda la región que abarca desde el Estado de Puebla (México) hasta la República de Panamá. De los 4,000 millones del dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo invertirá en los próximos cinco años en Centroamérica, en el marco del PPP, el 96.6% se destinará a infraestructura vial e interconexión energética y el 3.4% restante al comercio, desarrollo humano y desarrollo sustentable. [4]

La infraestructura ayudaría a las empresas transnacionales a articular mercados y a darle salida a sus productos. Mediante un sistema integrado de transporte (terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo) se vincularían los centros de abastecimiento de materias primas con los centros de exportación, para facilitar la producción y el comercio.

El interés principal de las multinacionales es apropiarse de las fuentes de materias primas y recursos naturales, sobre todo en el sur de México, donde se encuentra el 65 por ciento de las reservas petrolíferas del país, el 94% de la producción de crudo, el 54% del gas y el 90% de la producción de petroquímicos. De modo que el Plan Puebla, en tanto facilita el comercio y las inversiones en una zona importante del Istmo, constituye un avance, junto a los TLC, hacia la integración del continente (ALCA).

Mediante el PPP el gobierno de México procura desarrollar un sector exportador sustentado en las maquilas y el turismo, a partir de la mano de obra barata de la zona. También pretende expropiar a muchos campesinos e indígenas del sur, mediante la titulación de las tierras (para facilitar su venta y romper la economía colectiva) y el ahogamiento financiero. Otro mecanismo de expropiación es la violencia armada. Si se reduce la base campesina y se expanden las empresas maquiladoras, el gobierno tendría mayor oportunidad de derrotar a los grupos armados que operan en el sur del país.

Para los gobiernos centroamericanos, el PPP es una oportunidad de desarrollar la infraestructura que requiere la gran empresa para articular mercados regionales y lograr una inserción ventajosa y competitiva en la economía mundial. Alrededor de las carreteras construidas en el marco del PPP se montarán empresas maquiladoras que movilizarán rápidamente las materias primas y despacharán los productos hacia los puertos para su posterior envío hacia el exterior. A las maquilas iría a trabajar una buena parte de la población rural. Si el TLC con Estados Unidos significa una mayor ruina de la agricultura, el PPP es la “oportunidad” para que muchos pequeños y pequeñas productoras del campo trabajen en empresas maquiladoras.

Para lograr competitividad, la empresa privada de la región intentará reducir el costo de la mano de obra a través de la flexibilización del mercado laboral: liberalización de los salarios y no pago de horas extras mediante contratos de trabajo semanales y/o por metas de producción.

Con las actuales políticas económicas, las economías de la región disminuirán sus  bases productivas agrícolas e industriales y aumentarán la dependencia externa en la dotación de insumos y alimentos. Si la apertura comercial iniciada con los programas de ajuste afectó a la agricultura, esta nueva fase, en las que predominan los TLC y las inversiones en infraestructura y corredores industriales maquileros, significará la liquidación de muchos rubros agrícolas y de áreas importantes de la industria nacional. Al cabo de una década, Centroamérica sería una región abarrotada de empresas maquileras y más dependiente de las importaciones agrícolas para alimentar a su población.

Integración y pobreza

El ALCA, los TLC y el PPP no son mecanismos de redistribución de la riqueza, sino instrumentos para facilitar el comercio y la inversión de las grandes empresas. El declive de la agricultura, el abaratamiento de la mano de obra y las nuevas cargas impositivas para financiar el Plan Puebla, provocarían una mayor concentración de la riqueza en los países. La estructura de la propiedad también se concentraría debido a la expropiación de tierras y las privatizaciones pendientes.

Dadas las debilidades institucionales y la falta de regulación sobre el capital privado, el daño a los recursos naturales sería muy severo y se expresaría sobre todo en la destrucción de áreas verdes, la pérdida de recarga de los mantos acuíferos y la contaminación ambiental.