Exigimos al gobierno de México:
- Declarar al maíz como
recurso estratégico de seguridad nacional, y establecer políticas de protección
y fomento, por tratarse del cultivo sobre el que descansa la alimentación
básica de la población, por ser al que se dedican la mayoría de los productores
rurales y en torno al cual los pueblos de México han desarrollado y mantienen
su cultura material y simbólica.
- Una revisión de las políticas
agrarias, agrícolas y comerciales, verdaderas causantes de la crisis del campo
mexicano y la revisión del capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, especialmente lo relativo al comercio de los granos
básicos, con el fin de revertir los efectos del dumping sistemático practicado
por los agroexportadores estadounidenses y las grandes empresas importadoras
en contra de la economía campesina y mexicana.
- Las políticas de precios
y subsidios deben compensar la pérdida de rentabilidad de la producción de
maíz, y estar orientadas a fortalecer la economía campesina y de los pequeños
productores.
- Por ser México país centro
de origen, diversidad y domesticación del maíz, el gobierno debe suspender
de inmediato las importaciones de maíz transgénico de Estados Unidos, señaladas
como fuente principal de la contaminación del maíz mexicano y dar carácter
de obligatoriedad jurídica a la moratoria de facto sobre la liberalización
de la siembra comercial o experimental de maíz transgénico.
- Detener la siembra y movilización
en el territorio nacional también de otros granos y semillas transgénicos
como soya, algodón y canela, así como los ensayos de campo con organismos
transgénicos, ante la ausencia de un marco regulatorio y de una política ampliamente
consultada con toda la sociedad, apelando al principio de precaución reconocido
en el Convenio sobre Diversidad Biológica signado por nuestro país en Río
de Janeiro en 1992.
- Demandamos que las importaciones
de maíz se realicen sólo cuando la cosecha nacional sea insuficiente y una
vez que la producción nacional se ha comercializado, previa segregación del
maíz transgénico verificada en las fronteras. No debe permitirse la entrada
de una sola tonelada de maíz por arriba de la cuota libre de arancel, sino
que cualquier volumen por arriba de la cuota debe pagar el máximo arancel
permitido por el TLCAN. El gobierno debe hacer valer el principio de soberanía
alimentaria y dar prioridad al consumo del maíz mexicano.
- Diconsa, la empresa estatal
de abasto rural no debe importar un sólo kilo de maíz, sino priorizar la compra
directa a las organizaciones de productores mexicanas a un precio justo. Ya
que actualmente el abasto de Diconsa contiene maíz importado y transgénico,
es responsabilidad del gobierno mexicano retirar el surtimiento de maíz transgénico
de las tiendas rurales y alertar sobre los peligros de su siembra para las
variedades nativas. Además de informar a la población consumidora sobre el
contenido de maíz transgénico.
- Es responsabilidad del
gobierno establecer de manera oficial la magnitud y las fuentes de la contaminación
transgénica, las poblaciones de maíces nativos y silvestres afectadas y las
comunidades en donde se encuentran; los tipos de transgenes y las empresas
dueñas de las patentes involucradas.
- Exigimos la expulsión
del país de las empresas multinacionales que pudieran tener responsabilidad
en el derrame transgénico, tales como Monsanto, Novartis, DuPont y Aventis,
por el daño que han provocado.
- Una vez fincada la responsabilidad
de las empresas, el gobierno mexicano debe exigirles asumir los costos de
un plan de limpieza de los espacios contaminados, tomando en cuenta las posibles
compensaciones necesarias para los pueblos, campesinos o consumidores afectados
por la contaminación de sus parcelas, la merma o pérdida de la producción,
el rechazo en el mercado, o el consumo no deseado de productos que contienen
transgénicos.
- Adicionalmente, el gobierno
debe apoyar económicamente la recuperación y uso de las semillas tradicionales,
a cargo de las comunidades por sí mismas, no en programas del gobierno.
- Consecuentemente, el gobierno
debe prohibir totalmente el uso de tecnologías "Terminator"
por consistir una amenaza a la cultura campesina y a la seguridad alimentaria
de los pueblos.
- Demandamos que el gobierno
de México se oponga a las patentes sobre la vida en México y en cualquier
parte del mundo.
- Exigimos que los bancos
de germoplasma en México, incluyendo el del CIMMYT comprueben y vigilen que
sus colecciones se encuentran libres de contaminación transgénica.
- Exigimos al gobierno de
México el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas de acuerdo
a la iniciativa de ley de Cocopa así como el cumplimiento del Convenio 169
de la OIT para garantizar la autodeterminación de los pueblos indígenas de
México sobre sus recursos naturales.
- Demandamos que las políticas
ambientales, agrícolas y alimentarias sean sustentables, justas y soberanas,
que se elaboren junto con la sociedad civil en base a la autodeterminación
de los pueblos sobre sus recursos naturales, el respeto a los derechos indígenas
y campesinos, la conservación de la biodiversidad y el principio de soberanía
alimentaria.
- El poder legislativo debe
impulsar una legislación sobre bioseguridad que enriquezca los derechos indígenas
y campesinos, que evite la enajenación de las riquezas genéticas estratégicas
de la nación, que se apegue al Convenio sobre Diversidad Biológica y al Protocolo
de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del que México es signatario.
- En consecuencia, deberá
establecerse legalmente que ninguna parte del material genético tradicional,
ni en totalidad ni en sus componentes, pueda ser reclamado por derechos de
propiedad intelectual ni sujeto a convenios de bioprospección.
- Las entidades del gobierno
responsables de las políticas agrícolas, alimentarias, de conservación de
los recursos naturales deben destinar recursos a la investigación para favorecer
la agricultura sostenible.