Cronología
Chiapas
febrero 1995
Miércoles 1
Los aviones Pilatus PC-7 con que cuenta la Fuerza Aérea Mexicana se utilizaron en el conflicto de Chiapas a principios el año pasado, según confirmaron fuentes extraoficiales. Las naves se artillaron para que dispararan cohetes contra los rebeldes, toda vez que su pequeño tamaño y excelente maniobrabilidad les permiten actuar en terrenos difíciles. A pesar de que se utilizaron los Pilatus en acciones de combate, la Secretaría de la Defensa Nacional no lo informó en su momento. Incluso en sus boletines informativos del 5 y 6 de enero de 1994 el instituto armado hizo referencia a la utilización de helicópteros artillados tipo Bell 212. En su informe de 1994 titulado "Esperando por la justicia en Chiapas", la organización Americas Human Rights Watch indicó que naves artilladas del Ejército dispararon cohetes en las inmediaciones de El Carrizal, San Antonio de los Baños, el Ocotal y el Corralito, en la zona del sur de San Cristóbal de las Casas.
El Congreso del estado determinó la desaparición de poderes en Huehuetán y la conformación de un concejo municipal que presidirán el priísta Félix Enrique, Juan González y el concejal José Domingo Reyes. Ambos acuerdos permitieron el desalojo de la alcaldía, ocupada desde hace 26 días por militantes del PRD.
Jueves 2
Más de 70 de los 83 trabajadores de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en esta entidad, comenzaron un paro de labores por tiempo indefinido para demandar la destitución del coordinador general del organismo, Carlos Véjar, y de la subdirectora de ejecución en Chiapas, Eugenia Ordóñez, a quienes acusan de ser "incapaces, autoritarios y corruptos".
En México se continúan violando los derechos humanos, a pesar de los progresos en esa materia, afirmó el Departamento de Estado DE EU y señaló que en 1994 los militares mexicanos "perpetraron numerosas violaciones a los derechos humanos, durante la primera fase del conflicto (en Chiapas), y hasta fines de ese año las autoridades no habían juzgado a nadie por tales abusos".
Militares priístas inconformes con el nombramiento de un concejo municipal en Huehuetán, agredieron a perredistas, con saldo al menos de 12 heridos, 10 de ellos perredistas, y el palacio municipal parcialmente quemado.
En tanto el dirigente de la Asociación Ganadera Regional del Norte, alberto Marín, sostuvo que en los últimos diez días han ocurrido 20 invasiones en esa zona del estado, miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) ocuparon un predio en el ayuntamiento de Chiapa de Corzo, presumiblemente considerado un latifundio simulado de más de 600 hectáreas.
Viernes 3
La Secretaría de la Reforma Agraria será imparcial en la lucha por acabar con los latifundios en invasiones en el estado, aseguró su titular, Arturo Warman, al aclarar que "lejos de la afrenta y la publicidad, se buscará garantizar la seguridad de la tenencia de la tierra".
Enrique Culebro, delegado de la CNPR en Chiapas, advirtió que si "no se toman las medidas necesarias para detener la ola de invasiones que aún se registran, nos vamos a defender porque ya estamos sabidos de que predio que se invade, predio que se pierde para siempre y sin pago alguno".
Cientos de militantes de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Soconusco (COCES) bloquearon la carretera internacional que comunica a México con Guatemala en demanda de solución a problemas de tipo social y en protesta por el incremento de las tarifas en servicios de transporte y energía eléctrica.
El PRD presentó una demanda en contra del secretario de Gobierno del estado, Eraclio Zepeda, por el delito de usurpación de funciones, practicada durante los primeros días de la actual gestión estatal. En la denuncia se plantea que Zepeda fungió en un cargo para el cual estaba constitucionalmente inhabilitado, dado que para ocupar el puesto requería ser abogado.
El EZLN sostuvo que al llamado zapatista por la democracia, el gobierno respondió "comprometiendo más todavía la soberanía nacional", y "tratando de salir de una crisis que provocó él mismo siguiendo la doctrinal neoliberal pretende hipotecar, al gran capital financiero, los recursos de la Nación que por derecho histórico pertenecen a todo el pueblo mexicano". La "mentira política y económica" hizo aparecer a los zapatistas como los "rezagados" de una modernidad excluyente, pero ante el derrumbe de esa "mentira nos hace descubrirnos iguales todos somos los rezagados de un sistema político que crea unos cuantos supermillonarios y millones de superpobres, que logra unir la miseria económica y la miseria política".
Sábado 4
Miembros de Seguridad Pública del Estado concretaron los primeros cuatro desalojos de predios en el municipio de Salto de Agua, localizado al norte del estado, donde los ganaderos de la región habían puesto un ultimátum al gobierno para actuar. De la operación realizada -conjuntamente con guardias blancas, según denuncia de campesinos- resultaron detenidos 44 labriegos. Sin embargo, el dirigente campesino Jaime Sánchez dijo que en el operativo participaron guardias blancas.
El dirigente de los ganaderos en Chiapas, Jorge Constantino Kanter, exigió al gobierno de la República asumir una actitud enérgica ante el problema que padecen los productores de 30 municipios de esa entidad y aplicar la ley para solucionar la problemática que se suscitó hace casi un año con la invasión de predios.
Militantes de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Soconusco (COCES) levantaron el plantón que mantenían en la carretera internacional que comunica a México con Guatemala, ante el compromiso de las autoridades estatales de analizar sus demandas de rezago agrario, proyectos productivos, educación, turismo, obras públicas, electrificación, tarifas eléctricas, pasaje del transporte público y teléfono.
Domingo 5
El gobierno de la república exhortó el EZLN a que a la brevedad posible se reanude el diálogo y la negociación, para concretar acuerdos que contribuyen a la solución pacífica del conflicto en Chiapas, porque "México quiere la paz, no la violencia, ni tampoco una situación indefinida de amenaza armada y un precario cese del fuego". La Secretaría de Gobernación ofreció "una paz justa, digna y definitiva", que "abata los rezagos y que actúa sobre las causas estructurales de la pobreza extrema" de los indígenas y que contemple la participación de las diferentes etnias en el desarrollo integral, con pleno respecto a sus tradiciones, cultura y formas de convivencia social y democrática.
Militantes de la Sociedad Campesina Magisterial (Socama) del poblado Miguel Alemán se posesionaron de cuatro ranchos ubicados en este municipio fronterizo con Guatemala, dedicados al cultivo del banano de exportación. Integrantes del Frente Amplio de Defensa de la Tierra (FADT) acordaron dejar de enviar esa fruta al mercado extranjero y nacional, como medida de presión "para que el gobierno estatal restablezca el Estado de derecho, el cual se ha perdido con acciones de desestabilización social como las invasiones".
Por tercer día consecutivo, elementos de Seguridad Pública efectuaron desalojos. En esta ocasión desocuparon seis predios ubicados en el ayuntamiento de Chiapa de Corzo, con un saldo de 22 detenidos -en su mayoría en edad senil- y varios lesionados. Alrededor de 150 elementos arremetieron contra los ejidatarios, integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ).
Lunes 6
El presidente Ernesto Zedillo exhortó al EZLN a dedicarse abierta, expresa y resueltamente a reivindicar sus demandas por la vía política, pues la desconfianza, dijo, "ya no es una excusa válida para retrasar el diálogo". Si las vías propuestas no fructifican, procederá a convocar a un período extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión para que, en el contexto de una nueva corresponsabilidad que se está forjando entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, "coadyuvemos a determinar las alternativas más adecuadas para asegurar la solución definitiva del conflicto". Negó que existan compromisos secretos en el paquete de ayuda financiera a México y precisó que el país enfrenta una emergencia económica cuya gravedad pudo haberse evitado con la adopción oportuna de medidas para corregir los desequilibrios que se acumularon peligrosamente.
El pleno de la tercera sesión de la Convención Nacional Democrática (CND) logró sacar la propuesta del EZLN de integrar un amplio frente opositor llamado Movimiento de Liberación Nacional (MLN), el cual será impulsado por Cuauhtémoc Cárdenas, la propia CND y el EZLN.
El EZLN "No tiene ninguna justificación política" para retrasar aún más un diálogo con el gobierno que lleve al país a una paz justa, digna y definitiva, afirmó el presidente de la Cofraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Cofraternice), Arturo Farela.
Menos de 24 a horas después de haber sido desalojados del predio El Nipé, en el municipio de Chiapa de Corzo, integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) volvieron a ocupar la propiedad y reivindicaron su derecho a la tierra.
La Coalición de Organizaciones Ciudadanas protestó contra la inseguridad pública. En el primer mes del año, en Chiapas han ocurrido 11 secuestros denunciados: uno cada tres días. Por ello, su demanda es la proliferación de retenes en toda la entidad, una virtual militarización del estado ante la "incapacidad" de las autoridades estatales. "Sólo pedimos que cumpla el gobernador", acotó Olaf Oropeza, dirigente ganadero.
Miércoles 8
"Esto comenzó con mano dura y con mano dura tiene que terminar", lanzó directo Fidel Culebro, líder estatal de los parvifundistas, tras vaticinar el fracaso de las gestiones en San Cristóbal de Las Casas. Originalmente programada como reunión de trabajo de ganaderos con la Comisión Legislativa, se convirtió virtualmente en un juicio. Descalificaron a la Comisión Nacional de Intermediación, a la que acusaron de "un instrumento de la izquierda"; imputaron al PRD el "vandalismo" que se ha dado en la entidad; responsabilizaron al gobierno de abandonar el conflicto e incluso de "actuar en contubernio" con las organizaciones campesinas, a las que llamaron "lacras". Durante el encuentro con los ganaderos, éstos clamaron por un ultimátum: "Lo que vaya a ser que sea, pero que sea ya", soltó Francisco Rojas, de la Asociación Ganadera de Pueblo Nuevo.
Un desalojo en el que participaron guardias blancas y agentes de Seguridad Pública del estado dejó como saldo un muerto, cuatro heridos y 19 detenidos en el municipio de Pichucalco.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acusó ante el agente del Ministerio Público al "auto llamado gobierno de transición en rebeldía" y a Amado Avendaño de violentar el Estado de derecho y por los delitos de "privación ilegal de la libertad" y difamación en agravio de los soldados Romero Ruiz López y Arnulfo López, quienes fueron secuestrados y golpeados durante dos días por seguidores del ex candidato perredista en San Cristóbal de las Casas.
Unos 80 campesinos afiliados a la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ) se posesionaron del rancho San Antonio y cuya extensión es de 92 hectáreas.
Jueves 9
Los dirigentes de las asociaciones ganaderas se reunieron con el secretario general de Gobierno, Eraclio Zepeda, y acordaron "cesar la utilización de los grupos de autodefensa, a cambio de que el gobierno de la entidad restituya el Estado de derecho y desaloje los predios invadidos", aseveró Alberto Marín Toache, líder de los primeros.
La Comisión Legislativa para el Diálogo y la Conciliación en Chiapas afirmó que en el Congreso de la Unión luchará "hasta lo último" para que la solución al conflicto en la entidad sea pacífica "y no haya un solo balazo más", e hizo un llamado al EZLN para que "logren una comunicación más estrecha y sistemática", aunque aclaró que "el contacto entre las partes no se ha perdido".
El ejército mexicano no actuará para frenar la ola de violencia en Chiapas, como lo han solicitado los parvifundistas, "esa es una labor de la policía del estado que, además, ha tomado medidas precisas y concretas para disminuir ese tipo de acciones, sostuvo el comandante de la séptima región militar, Mario Renun Castillejos.
Viernes 10
Sedición, motín, rebelión, conspiración, terrorismo, portación y transmisión de armas de fuego exclusivas del Ejército Mexicano, son los cargos que la Procuraduría General de la República (PGR) imputó a presuntos dirigentes del EZLN, entre ellos Rafael Sebastián Guillén Vicente, a quien el procurador Antonio Lozano Gracia identificó como el subcomandante Marcos. Informó de dos operativos en Veracruz y el Distrito Federal, donde se decomisaron sendos
"arsenales" que, aseguró, se encontraban "en posesión de grupos pertenecientes al EZLN". Por lo anterior, se "abocará a la localización y la detención de los presuntos responsables, a fin de ponerlos a disposición del juez que conoce de la causa".
El presidente Ernesto Zedillo dijo en su mensaje: "La evidencia descubierta ha permitido comprobar que el origen, la composición de la dirigencia y los propósitos de su agrupación no son ni populares, ni indígenas, ni chiapanecas. Se trata de un grupo guerrillero derivado de un formado en 1969 en otro estado de la República y denominado Fuerza de Liberación Nacional, partidario de la lucha armada para tomar el poder político".
La declaración del presidente Ernesto Zedillo, junto con la dinámica de los acontecimientos internacionales y la activación de conflictos locales y regionales, "pueden trastocar seriamente" las posibilidades inmediatas del proceso de paz, afirmó la Comisión Nacional de Intermediación (Conai). Se advierte que en los últimos días la relación entre las partes, pese a los esfuerzos de la Conai, se colocó en un "peligroso impasse de presión oficial y de desconfianza por parte del EZLN".
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que preside el obispo Samuel Ruiz, consideró que las acciones ordenadas por el presidente "rompen drásticamente el proceso de diálogo iniciado y aleja la solución política del conflicto, pudiéndose dar el reinicio de las hostilidades". Las medidas anunciadas este día "más que garantizar la seguridad de la población chiapaneca, pueden generar una ola de violencia fratricida contra la población civil, especialmente indígena y campesina".
El gobierno de transición en rebeldía, afirmó que la liberación de las órdenes de aprehensión giradas este día contra cinco presuntos dirigentes del EZLN significa que las tropas federales "avanzarán sobre las posiciones zapatistas rompiendo las condiciones del cese al fuego".
Sábado 11
La Presidencia reiteró que las medidas anunciadas la víspera "son para prevenir actos delictivos". Las evidencias descubiertas durante los cateos de la PGR "indican que el EZLN venía preparando nuevos actos de violencia y terrorismo". El gobierno precisó que "reconoce con absoluta claridad que algunos miembros destacados de partidos políticos y organizaciones sociales establecieron contactos de buena fe con la dirigencia del EZLN. A través de dichos contactos se trató de contribuir al diálogo, por lo que no deben ser objeto de reprobación o condena".
El gobernador en rebeldía de Chiapas, Amado Avendaño, denunció que las autoridades judiciales de la entidad han girado una orden de aprehensión en su contra por los delitos de sedición, rebelión y motín, "entre otros". Anunció que la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco decidió relanzar las acciones de "insurgencia civil".
El obispo Samuel Ruiz, la Conai y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas formularon un llamado
al gobierno federal para que se detenga "la peligrosa escalada militar" y se retome el camino de la solución política, pues el estado de derecho y el orden constitucional, dijeron, "no se puede cimentar en una guerra fratricida".
Las oficinas de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales por la Paz (Conpaz) en San Cristóbal de Las
Casas fueron allanadas por unos 30 elementos de la Policía Judicial Federal que, según testigos, entraron violentamente.
"Al actuar con firmeza en el conflicto armado de Chiapas el presidente Ernesto Zedillo logró rescatar la confianza del pueblo en sus instituciones", aseguró el cardenal Adolfo Suárez, arzobispo de Monterrey, quien aprovechó la ocasión para pedir a los zapatistas que abandonen las armas y se acojan a la amnistía presidencial.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Jorge Madrazo Cuéllar, afirmó que las acciones emprendidas por el Ejecutivo "significan el inicio de una solución de fondo al problema armado en Chiapas". Fidel Velázquez declaró que "por fin el gobierno se dio cuenta que no es posible el diálogo con delincuentes embozados".
"Rechazo lo que ahí dice... todo el contenido de la declaración ministerial es una historia prefabricada por quienes me
detuvieron... me presionaron para que aceptar que reconozco al subcomandante Marcos, y cuando lo negué, me amenazaron con agredir a mi hijo de dos años de edad. Si la firmé la declaración fue bajo presión por las amenazas de que fui objeto por parte de los agentes que allanaron mi casa para detenerme, y ustedes saben muy bien que me quitaron la venda de los ojos apenas ahora que llegué al reclusorio", declaró ante el juez sexto de distrito la presunta militante del EZLN, María Gloria Benavides Guevara, subcomandante Elisa, según la PGR. Otros siete detenidos y acusados de pertenecer al EZLN denunciaron también haber sido objeto de "torturas y amenazas" a fin de que reconocieran hechos que no cometieron. La historia oficial registra que Benavides Guevara y Salvador Morales Garibay, indiciados como militantes destacados del EZLN, declararon que la organización cuenta con doce mil efectivos, de los que unos 2 mil están armados y que el EZLN cuenta con células en los estados de Veracruz y México. Además, que la dirigencia guerrillera, incluyendo al subcomandante Marcos, fue entrenada en Nicaragua por el Frente Sandinista de Liberación Nacional y que, aparte de comprar armas en Estados Unidos, utilizaron recursos económicos del Movimiento Proletario Independiente y el sindicato de la Ruta 100.
Tropas del Ejército Mexicano se posesionaron de Guadalupe Tepeyac y de Aguascalientes, importantes bastiones del EZLN, donde entraron unos 2,500 soldados fuertemente armados, en aproximadamente 110 vehículos de todo tipo, apoyados por helicópteros y aviones y avanzaron hacia otras zonas rebeldes en la Selva Lacandona por tierra y aire. El acceso a la prensa fue cerrado "por seguridad de los periodistas".
La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a dos personas que han sido señaladas como principales dirigentes del EZLN: Jorge Javier Elorreaga y Jorge Santiago.
Al término de una reunión de empresarios de México, Canadá y Estados Unidos con el presidente Ernesto Zedillo, los hombres de negocios escucharon una amplia explicación de la situación que prevalece en el conflicto chiapaneco, y expresaron su apoyo al Ejecutivo mexicano. Los embajadores en México de Canadá, David Winfield, y de Estados Unidos, James Jones, consideraron como "buenas" las medidas adoptadas por el presidente Zedillo, ya que crearán confianza entre los inversionistas.
El canciller mexicano, José Angel Gurría, se comunicó con su par estadounidense, Warren Christopher, para informarle sobre la situación en momentos en que Zedillo informaba a su país de sus decisiones.
La declaración de la portavoz del Departamento de Estado de EU consistió en citas del mandatario mexicano sobre su compromiso con el respeto a los derechos humanos, para enfrentar "las causas legítimas del descontento social" en Chiapas y la aseveración de Zedillo de que las vías para la solución pacífica continuarán abiertas. "Estados Unidos continúa llamando a la moderación, el respeto por los derechos humanos y el cumplimiento pleno del proceso legal".
Con el pasamontañas, paliacates y pancartas, centenares de integrantes de la Asamblea de Barrios marcharon del Angel de la Independencia a Los Pinos, y de la casa presidencial a la Procuraduría General de la República, en demanda de "alto a la guerra; paz con justicia y democracia", y en apoyo al EZLN y al subcomandante Marcos. El diputado Marco Rascón dio lectura al documento que la Asamblea de Barrios dirigió al Presidente en el que le indica: "El día de ayer usted desenmascaró a Marcos, pero también se quitó la suya (máscara) propia: usted es un golpista".
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, la Liga Mexicana de Defensa por los Derechos Humanos y la Conpaz expresaron su "extrema preocupación" y "profunda consternación" por la decisión presidencial del uso de la fuerza militar en apoyo de órdenes de aprehensión dictadas por la PGR contra líderes del EZLN en Chiapas.
Ante la orden de aprehensión surgió la consigna: "¡Todos somos Marcos!", y revivió la vieja demanda de "¡Paz y justicia para Chiapas!", en el Angel de la Independencia. La actriz Ofelia Medina señaló que "el gobierno tiene una grave responsabilidad: querer convertir el conflicto de Chiapas en un asunto de delincuencia común es una forma de declarar la guerra"..."alzamos nuestra voz para exigir que no se abandone el camino de la negociación y de la solución pacífica, el costo sería muy alto para todo el país, la vida de niños, mujeres y hombres que no tiene precio; derramar sangre de los más pobres en Chiapas servirá para manchar las manos del gobierno, y de los que con su indiferencia, su silencio o su apoyo, sean cómplices, pero no resolverá los gravísimos problemas de desigualdad, desequilibrio y deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos..." "Evitemos la masacre anunciada... No, doctor Zedillo, no le puede declarar la guerra a este pais. Estamos por la paz de los mexicanos con dignidad. Todos somos Marcos..."
Rosario Ibarra de Piedra, diputada convencionista, gritaba, hablaba de su extrañeza "por la eficacia" de las autoridades de la PGR para resolver el caso Marcos, mientras que no puede resolver los crímenes de estado, los casos Colosio, Ruiz Massieu, Posadas, "ni en 20 años las muertes y desapariciones de nuestros hijos".
El PRD afirmó que con las medidas sobre Chiapas "se han violentado compromisos fundamentales", tanto para el Acuerdo Político que se suscribió en Los Pinos como todas y cada una de las declaraciones públicas formuladas por el gobierno y el Presidente respecto a aquella entidad. "Se trata, a todas luces, de una ruptura unilateral de la tregua", señaló el líder nacional perredista, Porfirio Muñoz Ledo. Cuauhtémoc Cárdenas culpó al gobierno de Bill Clinton de presionar al régimen zedillista para romper la tregua.
La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que alude a la versión manejada por la agencia oficial de noticias Notimex y retomada por otros medios, en el sentido de que Mario Saucedo, candidato del PRD a la gubernatura de Jalisco, tendría vínculos con Rafael Sebastián Guillén Vicente, supuesto nombre real del subcomandante Marcos. El documento indica: "La Secretaría de Gobernación afirma que en ningún momento la información oficial de la PGR ha sugerido lo anterior y no existe indicio alguno de la veracidad de dicha información".
Los servicios de inteligencia estadounidense ayudaron al gobierno de México a descubrir la identidad del subcomandante Marcos desde el año pasado, según habrían declarado "en privado" altos funcionarios mexicanos citados por el diario The New York Times.
El Arzobispo de Guadalajara manifestó que si los miembros del EZLN no han aceptado el diálogo como vía de solución, tal como afirmaron las autoridades, deben seguirse los caminos que la ley establece "para los transgresores del orden público y la paz social".
Vicente Fox Quezada, candidato panista a la gubernatura de Guanajuato, señaló: "Nada nos garantiza que las personas arrestadas por la PGR realmente pertenezcan al EZLN".
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) hizo un llamado a nivel internacional de acción urgente para exigir al gobierno mexicano solución pacífica al conflicto de Chiapas y cese a la represión contra miembros de la oposición política y a la "fabricación de culpables". Demandó también que se pueda verificar que todos los detenidos en relación con el conflicto se encuentren física y mentalmente bien; que se aplique la ley a quienes mediante la coacción física y/o moral obtuvieran declaraciones inculpatorias de los detenidos. Que se
respete la Constitución y que el Ejército no se utilice para perseguir delitos.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch/Americas expresaron por separado, su grave preocupación por la posibilidad de que se realicen violaciones a los derechos humanos por parte de la policía y las fuerzas armadas de México en sus operativos para tratar de detener a dirigentes del EZLN. Una amplia gama de organizaciones de derechos humanos, no gubernamentales (ONGs), grupos pacifistas y comités de solidaridad estadounidenses manifestaron su preocupación o protesta ante las acciones ordenadas la víspera por el gobierno del presidente Ernesto Zedillo.
Domingo 12
En una reunión con la Comisión Legislativa del Diálogo y Conciliación para el estado de Chiapas, el secretario de
Gobernación, Esteban Moctezuma, invitó a los actores del conflicto en la entidad a iniciar a la brevedad negociaciones que conduzcan al diálogo para una solución integral de la crisis. Sin embargo, el senador del PRD, Heberto Castillo, presidente de la Comisión Legislativa, informó que en la reunión privada le hizo notar al funcionario que resultaba difícil "dialogar" con el grupo rebelde al haber órdenes de aprehensión encima.
Una "guerra paralela" de acusaciones, rumores e intimidaciones comenzó en la región del conflicto chiapaneco, con la aparición de "volantes" que llaman a detener y expulsar dirigentes, religiosos y líderes sociales que se identifican con el EZLN y el PRD. En este marco, sacerdotes dominicos de Ocosingo denunciaron que ganaderos y comerciantes agrupados en el Frente Cívico de Autodefensa, se organizan para acudir en los próximo días a San Cristóbal de Las Casas para "expulsar" de su diócesis al obispo Samuel Ruiz.
La Secretaría de Gobernación informó que las acciones que agentes de la PGR y militares del Ejército Mexicano realizan en Chiapas se efectúan conforme a derecho y que "de ningún modo se trata de una guerra". "Han procedido con estricta observancia de la ley y cuidando de proteger los derechos humanos de la población civil y las comunidades indígenas" de la entidad. Gobernación insiste en que las medidas adoptadas en Chiapas, como afirmó el presidente, eran obligadas "ante la evidencia descubierta de que el EZLN preparaba nuevos actos de terrorismo en el estado y en otras partes de la República".
Jorge Santiago, asesor de la Conai negó ser enlace "entre el subcomandante Marcos y Samuel Ruiz" como se le imputa, además de los cargos de terrorismo, sedición, rebelión, asonada y conspiración, en las averiguaciones iniciadas por la PGR.
Las decisiones en contra de algunas personas del EZLN no significan que el gobierno prefiera optar por la violencia para resolver el conflicto armado de Chiapas, afirmó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), al fijar su postura oficial en torno a la acción militar y judicial ordenada por el presidente Zedillo.
Lou Wolf, del Boletín de Información de Acciones Encubiertas (Covert Action Information Bulletin), publicación especializada y crítica sobre la comunidad de inteligencia estadounidense, también estima que las acciones de México "no están siendo guiadas por el gobierno mexicano, sino por otros intereses externos, en particular Wall Street y el gobierno estadounidense".
Los 900 delegados de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Independientes, exigieron evitar la confrontación armada en Chiapas y terminar con la "cacería de brujas" en contra de organismos a los cuales se acusa, injustificadamente, de financiar al EZLN.
Cuauhtémoc Cárdenas advirtió que si el gobierno insiste en "una guerra prolongada" muchos mexicanos sufrirán un clima de represión, cárcel, torturas y desapariciones de seres queridos, se derramará la sangre de los dos ejército, se ahuyentarán las inversiones y habrá estancamiento económico. Ante más de 100 mil simpatizantes que apoyaron sus palabras, pidió: "No a la guerra, no a la guerra, por el diálogo y por la paz". Con la explanada de la Plaza de la Constitución colmada, el ex candidato presidencial demandó que el gobierno recurra de nueva cuenta a la Conai; asimismo invitó a las movilizaciones "llenando zócalos en todo el país una y mil veces" para conseguir una tregua inmediata, solución política y pacífica y construcción de una paz con justicia y dignidad. Cárdenas aseguró: "Es público que los zapatistas quieren la paz, como también los miembros de las fuerzas armadas quieren la paz y están mandados a la guerra, por una autoridad civil incompetente e indigna de estar gobernando nuestra nación". El líder perredista denunció que el presidente Zedillo "le ha encargado a su cómplice, el Partido Acción Nacional, el trabajo sucio". Porque, dijo, "bajo su responsabilidad política se están conduciendo las torturas, se están inventando los arsenales para derrotar al gobierno con ocho pistolas y cuatro cohetones".
Lunes 13
La PGR rechazó "categóricamente" que se hayan registrado bombardeos en los alrededores de los poblados de Morelia y La Garrucha, como afirma un comunicado del EZLN. Más de una decena de cadáveres de efectivos del Ejército Mexicano y miembros del EZLN fueron trasladados de la Selva Lacandona al hospital de Comitán según un comunicado de la agencia italiana Ansa.
"¿Se diría que esta es la preguerra?" No, es la guerra, corrige el general Ramón Arrieta, responsable de las operaciones de ocupación del principal bastión zapatista, Aguascalientes. Poco antes había dicho: "Traemos la ley, el imperio de la Constitución". "Se fueron por ahí cuando oyeron los helicópteros", dice señalando la entrada a la Selva Lacandona. "Ahí es muy difícil entrar, sólo con machete para cortar todo. Para ocupar esa colina que ve ahí, se requieren unos 30 fusileros. Ellos ya tienen más de un año aquí y conocen todos los vericuetos de la selva.
Los campesinos originarios de Monte Libano y Censo, municipio de Ocosingo, aseguraron que tropas del Ejército Mexicano tuvieron enfrentamientos con insurgentes del EZLN en la entrada del poblado La Estrella, con un resultado de cinco rebeldes muertos. Denunciaron que numerosas comunidades han sido "sitiadas" por las fuerzas militares, que persiguen con perros a quienes por temor han huido a la selva o a las montañas.
"Detener la guerra genocida" en la zona sitiada por el Ejército Mexicano y volver al diálogo como vía de solución política al conflicto en Chiapas, demandó y propuso el Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI), Comandancia General del EZLN, en dos comunicados. En lo que constituye la primera respuesta de la dirección del EZLN desde que el presidente Ernesto Zedillo ordenó al Ejército Mexicano detener a los mandos zapatistas, el CCRI de los Altos de Chiapas hizo un llamado al Ejecutivo federal a que frene la "guerra sucia" que, asegura, lleva a cabo el Ejército en la zona del conflicto mediante "bombardeos", "ametrallamientos", "violaciones", "golpes", "mentiras" y "muertes". "Usted se está equivocando demasiado con la decisión que ha tomado contra nosotros, usted cree que matando a los zapatistas de Chiapas o matando al subcomandante Marcos, puede acabar con esta lucha. No, señor Zedillo: la lucha zapatista está en todo México", afirma. El CCRI llama a "todos nuestros hermanos mexicanos a detener esta guerra genocida que nos está tendiendo el mal gobierno", al cual acusan de actuar con "mentiras" y de hacer una "guerra sucia" en los pueblos con influencia zapatista. "Hermanos, el gobierno de Ernesto Zedillo nos está matando, está matando niños, está golpeando mujeres y violando. Pedimos al pueblo de México y a los pueblo del mundo que hagan algo para detener esta guerra. Nuevamente les pedimos hermanos que no nos dejen solos. Nosotros actuaremos con dignidad".
La decisión gubernamental de dar salida militar al conflicto chiapaneco fue tomada en Estados Unidos, afirmó el EZLN. El propio Marcos negó ser el personaje "tampiqueño que la PGR dio a conocer el pasado 9 de febrero. El "precio del préstamo deberá ser cubierto con sangre mexicana y con sangre indígena para saldar la deuda", expresaron en referencia al paquete de garantías que por más de 50 mil dólares acordaron las autoridades mexicanas con organismos internacionales, bancos comerciales y el gobierno estadounidense. El mismo día en que el presidente Zedillo anunció que se habían librado órdenes de aprehensión en contra de cinco presuntos dirigentes zapatistas, el EZLN aseveró que cuando su representación afinaba los detalles para una nueva entrevista con los delegados gubernamentales, recibimos este ultimátum. Negó la acusación formulada por las autoridades federales en el sentido de que la agrupación armada preparaba una serie de actos violentos para extender su territorio. "Declaramos firmemente que es una falsedad, pues la disposición al diálogo y a una solución justa y digna al conflicto ha sido demostrada en las declaraciones de nuestros dirigentes y en las acciones de distensión acordadas con el secretario de Gobernación (Esteban Moctezuma) en el encuentro del 15 de enero pasado.
La mayoría de los presuntos militantes del EZLN aprehendidos en los últimos días fueron interrogados y recluidos en una cárcel clandestina del campo militar número uno antes de ser entregados a la PGR, afirmó el abogado de los detenidos en Yanga, Ver., José Alfredo Andrade.
Más de mil personas manifestaron este domingo en Madrid y Barcelona, España, su solidaridad con la causa zapatista y repudiaron las acciones militares que el gobierno mexicano ha emprendido en el estado e Chiapas. En Chile, el Partido por la Democracia condenó la ofensiva militar, y expresó su temor de que ocurran graves violaciones a los derechos humanos contra los insurgentes zapatistas.
Por segundo día consecutivo en diferentes ciudades del país, organizaciones políticas y sociales realizaron manifestaciones de rechazo a las medidas adoptadas por el gobierno federal en torno del caso de Chiapas, en demanda de una solución pacífica al conflicto y por el cese de la represión. Unas cinco mil personas realizaron marchas, mitines y bloqueos de carreteras por estos motivos en Juchitán, Oax; Mérida, Yuc; Torreón, Coah., y La Paz, BC.
Agentes de la Policía Judicial Federal (PJF) detuvieron a Francisco Aranda, dirigente de la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Soconusco (COCES), acusado de ataques a las vías generales de comunicación.
Samuel Ruiz oró por los indígenas y pobres de Chiapas, al mismo tiempo en que hizo un llamado a realizar acciones que permitan llegar a tener un "abrazo de reconciliación", fincado en "un nuevo orden donde haya justicia". Pero también, llamó a hablar con la verdad sobre lo que sucede en Chiapas y a mantener congruencia entre "las acciones proclamadas y la voluntad de respeto a los derechos humanos".
La Conai formuló un nuevo llamado para que sean los medios e la política aquellos con los que se dirima este conflicto y no con la sin razón de la guerra. Demandaron también información veraz y garantías a la población civil.
Los integrantes de la caravana de observadores estadounidenses, Pastores por la Paz, dieron a conocer el primer reporte de recorrido que hicieron en diversos puntos de la región. De acuerdo con ello, consideraron como "extremadamente preocupante" la restricción impuesta por el Ejército Mexicano en las zonas de influencia zapatista y manifestaron que el impedimento para acceder a ellas constituye una violación a los derechos humanos. "Como no ha sido decretado estado de excepción debe respetarse la libertad de tránsito", señalaron y consideraron que "es necesario saber qué ocurre detrás de los retenes militares".
El obispo de la diócesis de Tuxtla Gutiérrez, Felipe Arizmendi, dijo que no se puede implantar un "gobierno de militarización" en aras de mantener el Estado de derecho; éste no puede surgir "por la fuerza de las armas o por la fuerza del miedo", sino que debe ser un Estado en el cual verdaderamente se respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos. Sin embargo, aclaró que "no es contradictorio", que el gobierno federal "cumpla con la obligación que tiene de velar por la seguridad de los mexicanos y de sus instituciones y no es contradictorio que ponga aquellos medios que la ley confiere y exige.
Integrantes de la Convención Nacional Democrática, representantes de agrupaciones civiles y sindicales, miembros de partidos políticos y ciudadanos en general exigieron cese a los bombardeos del Ejército Mexicano en Los Altos de Chiapas; demandaron al gobierno deponer su actitud beligerante y lo emplazaron a buscar una solución pacífica y negociada al conflicto chiapaneco, y exigieron a los medios de comunicación -particularmente los electrónicos- que dejen de "distorsionar y tergiversar" la información al respecto.
Martes 14
El EZLN afirmó que "ya son muy pocas las posibilidades de repliegue" de sus tropas para evitar la confrontación directa con el Ejército Mexicano y advirtió, en voz de la mayor Ana María, que "en cualquier momento" puede desatarse una guerra que no tenga fin. "Si no se ha respondido al fuego es porque no hemos recibido la orden, pero como han empezado a detener y torturar a la población civil ya no podemos resistir desde las montañas sin responder".
El presidente Ernesto Zedillo dijo a la comisión plural del Congreso de la Unión para el caso Chiapas que las acciones que anunció el pasado día 9 solamente "son un paso intermedio a la negociación" y que la solución al conflicto se dará por la vía pacífica; en tanto, los legisladores se propusieron como la instancia que reinstale las pláticas entre las dos partes en conflicto. Para esto, trascendió, los legisladores subrayaron la necesidad de lograr por consenso una ley de amnistía a la que puedan acogerse, de entrada, los dirigentes del EZLN, contra quienes existen órdenes de aprehensión, entre ellos el subcomandante Marcos.
El Ejército y el gobierno federal comenzaron a promover el regreso de más de 20 mil indígenas y campesinos desplazados en el último año de la zona de conflicto chiapaneco, con el ofrecimiento de que "ahora sí" se darán apoyos a los ejidatarios, productores y comuneros, y con la garantía de que "ya hay condiciones para el retorno".
En medio de un fuerte dispositivo de seguridad fueron trasladados el penal de alta Seguridad de Almoloya de Juárez los presuntos dirigentes zapatistas Jorge Javier Elorreaga y Jorge Santiago, así como el indígena tzeltal José Etzin Gómez.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) afirmó que "miles" de civiles desplazados en la selva Lacandona se encuentran en una situación "crítica y difícil", por lo cual es prioritario en este momento poder tener acceso a la zona para conocer cuál es la situación de la gente, a fin de organizar un programa de asistencia de acuerdo a las necesidades. Por otra parte, el organismo humanitario rechazó la acusación que le hizo el general Ramón Arriete -encargado de las operaciones militares en Guadalupe Tepeyac- en el sentido de que la institución tiene injerencia en los asuntos internos del país, aunque aclaró que el gobierno mexicano "no nos ha creado ninguna dificultad".
Luego de cumplir su objetivo de recuperar el principal bastión zapatista en Guadalupe Tepeyac, elementos de la Brigada de Paracaidistas que participaron en el operativo retornaron a su base original de Santa Lucía, en la ciudad de México. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que alrededor de 2 mil fusileros paracaidistas regresaron a la ciudad de México provenientes de la zona en conflicto en Chiapas, toda vez que terminaron sus funciones de apoyo a la Policía Judicial Federal.
La "Brigada Insurgente Generalísimo Morelos", y la "Milicia Zapatista de la Sierra Gorda" y el "Comando Armado Revolucionario del Sur" habrían demostrado capacidad de coordinación con el EZLN, proyectos semejantes "de toma del poder por la vía de las armas" y una combinación de propuestas provenientes de proyectos políticos tan diversos como el maoísmo, la guerrilla cubana y la relectura de la estrategia de los caudillos insurgentes y revolucionarios de los siglos XIX y XX. Según un reporte de la Secretaría de Gobernación, al cual tuvo acceso La Jornada, "en todo el país" la dependencia detectó brotes de la mencionada "brigada", supuestas evidencias de la existencia de células de la "militancia zapatista" en Guanajuato y Querétaro y manifestaciones de actividad del "comando" en Guerrero.
Por lo menos 3 mil elementos del Ejército Mexicano mantienen bloqueadas las comunidades de la cañada tzeltal, que es una de las dos principales vías de acceso a la selva Lacandona desde Ocosingo. Los militares tienen la orden de no dejar entrar a representantes de los organismos de derechos humanos, de la Iglesia ni a periodistas. Estas comunidades, pertenecientes a las regiones selváticas de Las Tasas, el Zapotal, Agua Azul y Tatihuitz están totalmente aisladas desde el 10 de febrero.
El gobierno de Washington prefiere una solución "no bélica" al conflicto de Chiapas. Una medida contraria a ese carácter generaría desconfianza entre los inversionistas internacionales y "para ellos es importante una situación de estabilidad", opinó el subsecretario para Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado, Arturo Valenzuela. Además, rechazó que la Casa Blanca haya influido en una resolución de carácter militar con motivo del paquete de ayuda financiera a México por 20 mil millones de dólares. Para la Casa Blanca sería preocupante una situación de guerra en Chiapas.
En una "exhortación a todos los cristianos" coletos, originada en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, el obispo Samuel Ruiz ratificó que la Conai mantendrá "la certeza de que la vía del diálogo era y es posible y que, por consiguiente, tenemos que seguir esforzándonos para una salida negociada que erradicará una confrontación bélica. "Como cristianos, no podemos estar de acuerdo en que se cimente el Estado de derecho y un orden constitucional con el costo de la guerra fratricida, por eso hacemos un llamado para que la misma exhortación hecha por el presidente de la República para que todos contribuyamos a construir la paz social, se convierta en un hecho real".
Conpaz y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, aseguraron que se ha desatado una peligrosa campaña de desinformación y circulación de rumores cuyo objetivo principal es confundir al gobierno de transición en Chiapas, a la organizaciones civiles de ayuda humanitaria y a la opinión pública. Desde que se tendió el cerco militar en la zona de conflicto hubo un vacío de información. Las ONG y la población civil no sabían lo que sucedía. Así empezaron a circular versiones intimidatorias sobre supuestas órdenes de aprehensión al gobernador en rebeldía Amado Avendaño, y al obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz; se informó de un arresto domiciliario al secretario ejecutivo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las casas, Pablo Romo. Por ello, Conpaz y CDHFBC han iniciado la campaña Derecho de la información, con la distribución de reportes de la zona de conflicto, en las áreas donde trabajan sus miembros, mediante caravanas de verificación en las comunidades.
Reacciones encontradas produjo a nivel mundial la decisión del gobierno mexicano de emprender una ofensiva para capturar a Rafael Sebastián Guillén Vicente, identificado como el subcomandante Marcos, dirigente del EZLN. En la embajada de México en París y el consulado en la ciudad de Lyon hubo protestas contra la "invasión del territorio controlado por los guerrilleros zapatistas".
El líder cetemista Fidel Velázquez, opinó que los periódicos son "enemigos" de esa organización, que los periodistas hacen preguntas que "tienden a desprestigiar al gobierno" y advirtió: "Síganle por ese camino, a la mejor también los meten a la cárcel".
En Chiapas se vive una "guerra sucia" similar a la de Sudamérica y América Central, con "una política de desinformación y cuerpos ilegales que secuestran y violan los derechos de los presuntos implicados", afirmó Mariclaire Acosta, representante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de l os Derechos Humanos. En conferencia de prensa, Enrique Brito, del Foro de Apoyo Mutuo; Rogelio Gómez Hermosillo, de Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia; Carlos Heredia y Mariclaire Acosta señalaron que se tienen pocos informes de la situación en la zona de conflicto; solamente cuentan con el reporte de Conpaz en San Cristóbal de las Casas que informó de los ataques militares. Para concluir, las ONG convocaron a crear un cinturón por la paz que detenga la ofensiva militar y reúna a las dos partes para reiniciar el diálogo.
Miércoles 15
Ningún enfrentamiento en Chiapas, fue la instrucción que dio el presidente Ernesto Zedillo al Ejército Mexicano y a la Procuraduría General de la República (PGR). En lo que se consideró una rectificación de la estrategia gubernamental anunciada hace apenas cinco días, el Ejecutivo renovó su llamado al EZLN a fin de que manifieste, con claridad, su intención de optar por la vía política y legal. Y en una sesgada crítica a los medios de comunicación -a los que no aludió directamente-, pidió que hablen con la verdad, que escriban con la verdad y que critiquen con la verdad. Pidió a la Comisión Legislativa para el Diálogo y la Conciliación en Chiapas y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) verificar que la presencia del ejército y la PGR en esa entidad, a partir del jueves pasado, ha sido pacífica y "absolutamente" respetuosa de los derechos humanos.
Eduardo Robledo solicitó licencia al Congreso local. Llamó a la corresponsabilidad a otros actores: a Samuel Ruiz, que dimita de sus actividades actuales; a Amado Avendaño, que "abandone su ambición", y al EZLN, que deponga las armas.
La Comisión Nacional de Intermediación (Conai) confió en que las instrucciones del presidente Ernesto Zedillo "para que no se realice ninguna acción ofensiva que pueda provocar enfrentamientos" sea un gesto político que dé paso a otros hechos intensivos e parte del gobierno federal y del EZLN a fin de que las partes inicien el proceso de diálogo. En el "grave contexto de estos momentos", mantiene su decisión de contribuir con todo empeño en su función de intermediación "reconocida por el gobierno federal y por el EZLN".
Los presidentes municipales y la Coalición de Organizaciones Ciudadanas de Chiapas (COCECH) solicitaron al presidente Ernesto Zedillo, al Congreso de la Unión y al estatal, la salida del obispo Samuel Ruiz; que el EZLN deponga las armas; la recuperación de los mil predios invadidos, y que Amado Avendaño "se regrese a su casa" o se le consigne ante un juez.
La función desempeñada por el obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz, ha sido "polémica", lo cual "afecta y compromete la imagen" de la Iglesia católica, consideró el presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, Abelardo Alvarado.
Sobre la petición de Eduardo Robledo para que Samuel Ruíz renuncie a sus actividades, los jerarcas eclesiásticos chiapanecos señalaron en un comunicado conjunto que "el gobierno no tiene derecho a intervenir en asuntos internos de la iglesia, aunque "sí debe hacer un examen de conciencia" para replantearse ante Dios y la Iglesia, cómo ha sido su actuación.
Fredy Martínez, después de haber trabajado como corresponsal para la agencia gubernamental Notimex, denunció haber sido despedido por el coordinador regional de la agencia, Nicolás Cuich, quien le recriminó tener "relaciones de amistad" con el gobernador en rebeldía, Amado Avendaño.
El diputado demócrata de EU, Robert Torricelli, denunció las acciones militares emprendidas por el gobierno mexicano en contra del EZLN; advirtió de la existencia de informes sobre posibles violaciones a los derechos humanos e insistió que el Capitolio deberá examinar la situación de Chiapas, debido a su potencial impacto sobre el paquete de apoyo financiero estadounidense. Las diputadas Nancy Pelosi y Marcy Kaptur se reunieron con Torricelli y grupos de derechos humanos, para manifestar su protesta por las acciones militares del gobierno mexicano. Kaptur aprovechó la ocasión para difundir el famoso memorándum del Chase Bank, escrito por el analista Riordan Roett, en que se muestra a favor de la "eliminación" del EZLN. George Vickers, director de la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA) expresó su preocupación por las decisiones del gobierno mexicano ya que se ha dado un cambio "del proceder hacia una paz negociada, para proceder por una solución militar... estamos obligados a denunciar la desviación hacia una política de mano dura".
Las fuerzas armadas de México han estado comprando tanques y helicópteros y organizando unidades especiales de "guerra en la selva", en preparación de las operaciones que realiza actualmente, informaron analistas militares internacionales. Otro especialista militar confirmó en Washington que el gobierno estadounidense fue informado de la presencia militar mexicana en Chiapas fue ampliada de 15 mil a 25 mil efectivos en diciembre, en lo que algunos interpretan como un preparativo para las acciones que hoy día se realizan. En lo que posiblemente constituyó el cargamento más grande de armas entregado recientemente, el ejército mexicano recibió un envío de tanques franceses a mediados de diciembre de 1994.
Jueves 16
Dos indios tojolabales, Mario Alvarez, de 40 años y Alfredo Santís Jiménez, de 33, denuncian: "Fuimos torturados por el Ejército Mexicano. Cuando los ejércitos entraron en Chiapas, nos detuvieron y luego nos secuestraron.
Los ganaderos pensaban que el gobierno de Eduardo Robledo estaba fortalecido más que nunca, con la entrada del Ejército Mexicano. "Ahora que ya se fue (el mandatario) ya no sabemos lo que pasa no lo que pasará", señaló el dirigente de ese grupo. Jorge Constantino Kanter, y cuestionó la "zigzagueante" línea gubernamental.
El EZLN está dispuesto a un "diálogo en serio" con el gobierno federal para resolver el conflicto en Chiapas. Sin embargo, es necesario que se retiren los militares que están en las posiciones que antes eran de los zapatistas, porque "no se puede hablar con alguien que está cercado y lo están persiguiendo", aseguró el EZLN. La mayor Ana María dijo que la solicitud de licencia de Eduardo Robledo al cargo de gobernador "ayuda a despejar el panorama, pero faltaría la señal militar para poder llegar al diálogo con el gobierno". Se necesita también que deje de detener a la gente y que anule las órdenes de aprehensión giradas por la Procuraduría General de la República en contra de la dirigencia zapatista.
La detención de Jorge Santiago forma parte de una "campaña encaminada a debilitar a la diócesis de San Cristóbal y a la Comisión Nacional de Intermediación", que encabeza el obispo Samuel Ruiz, afirmaron los miembros de Desarrollo Económico Social de los Mexicanos Indígenas AC (DESMI), de la cual es coordinador ejecutivo el ahora acusado. Por su parte, grupos indígenas y campesinos de la región manifestaron su "total apoyo" al obispo, porque "su raíz está entre la gente pobre". Al negar cualquier cargo que lo vincule con el EZLN, los socios de DESMI afirmaron que la aprehensión se Santiago, tiene como objetivo "encontrar una justificación para romper la frágil tregua", como parte de la "política represiva que llevan a cabo las autoridades federales".
Amnistía Internacional reiteró que hubo ataques aéreos en Chiapas en los últimos días y sostuvo que sigue recibiendo casos "bien documentados" sobre detenidos "torturados" por el Ejército. Pidió que se investiguen los hechos, ya que existe preocupación de que "esto sea repetición de lo ocurrido en enero de 1994". A su vez, la Cruz Roja Internacional solicitó formalmente al gobierno que se le permita el acceso a los detenidos en las acciones de los últimos días.
El reciente operativo lanzado contra los rebeldes zapatistas es "un esfuerzo equivocado por resolver los problemas políticos mediante la fuerza militar", afirmó el diario The New York Times. Señaló en una editorial que el presidente Ernesto Zedillo -"políticamente debilitado por la crisis del peso" y por las "rebeliones" al interior del PRI- decidió utilizar al Ejército en Chiapas, para "dar la imagen de duro" antes de las elecciones de Jalisco.
El gobierno federal no suspenderá la acción legal contra los dirigentes del EZLN, sin embargo ratifica "la voluntad de negociación" y reitera que el gobierno "no puede permitir" que la sociedad viva "bajo la amenaza de la subversión armada a la vuelta de la esquina", afirmó el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma.
Por más de dos horas, la parroquia y el convento de San Jacinto en Ocosingo, fueron cateados sin éxito alguno en busca de armas y equipo de radiocomunicación por agentes de la PGR en compañía de Francisco Ríos, representante de la Secretaría de Gobernación. Según el vicario Gonzalo Ituarte y el sacerdote de la iglesia, Rafael Ruiz, este hecho no puede escapar de la "campaña de desprestigio" que se ha venido desarrollando desde hace tiempo, y sobre todo en los últimos días, contra la imagen del obispo.
El Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC independiente) reiteró su exigencia de regularizar los predios en posesión de grupos campesinos y la entrega de terrenos suficientes para satisfacer las necesidades agrarias de indígenas y campesinos de Chiapas.
Estudiantes de 30 instituciones educativas, así como la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LMDDH) y el Frente Mexicano Pro Derecho Humanos (FMPDH) demandaron el regreso del Ejército Mexicano a sus cuarteles en todo el país y la liberación inmediata de todos los detenidos en las "operaciones anticonstitucionales", realizadas por la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con motivo del conflicto. Asimismo, solicitaron al presidente Zedillo que se devuelvan a la Cruz Roja Internacional las instalaciones donde operaba en la zona franca del municipio Las Margaritas.
La salida del Ejército Mexicano de Chiapas, la anulación de las órdenes de aprehensión giradas contra líderes del EZLN y la renuncia del presidente Ernesto Zedillo, exigieron miles de personas concentradas en el Zócalo capitalino.
En la apertura de la II Asamblea de Iniciativa Indígena por la Paz se pidió al gobierno retirar sus tropas militares del territorio sureño de Chiapas y llamó a la ONU a que envíe una misión con el fin de verificar el respeto a los derechos humanos de los detenidos, así como de la población civil indígena. La Asamblea, convocada por el Premio Nobel de la, Paz Rigoberta Menchú, llamó al gobierno mexicano a garantizar la integridad de la población civil indígena, en acatamiento al protocolo 2 de Ginebra, y a la OEA a que intervenga "en la pacificación interna de México" utilizando "los medios diplomáticos a su alcance".
Viernes 17
La Comisión Legislativa para el Diálogo en Chiapas calificó de fructíferas las reuniones que tuvieron con los distintos actores que participan en el conflicto. Sin embargo, el senador Heberto Castillo advirtió que en México, en estos momentos, hay solamente dos opciones: la negociación o la guerra. Aunque se ha manifestado que hay voluntad tanto del gobierno federal como el EZLN para llegar al diálogo, no han existido las condiciones necesarias para que se sienten a negociar.
El presidente de la Comisión de la Defensa del Senado, general Alvaro Vallarta, dijo que el desarme del EZLN no debe ser condición para iniciar el diálogo sino que lo importante es comenzar negociaciones lo antes posible para lograr la paz definitiva.
Intentos de homicidio, ataques con bombas molotov, hostigamiento, amenazas, detenciones, allanamientos, agresiones verbales y cateos judiciales son parte de la "campaña prefabricada" en contra de la diócesis de San Cristóbal, encabezada por el obispo Samuel Ruiz, que desde hace unos meses viene ocurriendo, denunció el Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas".
Ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), miembros y simpatizantes de la Convención Nacional Democrática (CND) exhortaron al Ejército Mexicano a "no caer de nuevo en el error" de avalar políticas militaristas "de los civiles" y exigieron la salida de las tropas de Los Altos de Chiapas. "No se manchen las manos de sangre" señalaron los manifestantes a los oficiales y soldados que por la alambrada seguían el inusual mitin. "Díganle a sus jefes -decían a dos soldados que tomaban fotos y video del acto de protesta- que queremos la paz, pero una paz digna y justa".
El cardenal de Monterrey, Adolfo Suárez, pidió respeto a la labor del obispo de San Cristóbal, porque no es fácil la misión que está desarrollando y además es coordinador de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai).
Unas 3,500 personas efectuaron una marcha en Cuernavaca, Mor., para exigir una solución pacífica al conflicto, la salida del Ejército de la entidad y el cese de las órdenes de aprehensión en contra de los dirigentes del EZLN.
Siete mujeres que se encuentran en el Reclusorio Norte del DF. De entre 19 y 22 años de edad, humildes, con estudios de tercer año de primaria en promedio, que solamente vivían con sus esposos. Relatan que fueron "manoseadas e intimidadas" en su detención. "Nos amenazaron con violarnos, pero sólo metían la mano por todas partes", dijo Patricia Jiménez, y agregó: "Teníamos mucho miedo".
Sábado 18
El gobierno de la República "no volverá" a abdicar de su responsabilidad constitucional de preservar la soberanía en el territorio nacional, aseguró el presidente Ernesto Zedillo, luego de elogiar las acciones que permitieron en 72 horas se recuperara "la soberanía" sobre las zonas de Chiapas, en las que "la autoridad federal, el Estado mexicano", estuvo ausente 14 meses. Dijo que la solución al conflicto en esta entidad se dará por la vía política como por la observancia de la ley. Determinó: "Política y ley no excluyen a nadie y puede incluir a todos. La aplicación de la ley no produce vencedores y la elección de la política no significa derrotas".
Primera visita de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión al escenario del conflicto chiapaneco, hoy controlado por el Ejército Mexicano. Primera impresión luego de un recorrido por poblados vacíos y abandonados. "Son los estragos dolorosos de la guerra, principalmente de desolación, que es lo que produce la guerra", opinó el senador del PRI, Pablo Salazar. Y agregó: "En la gente hubo temor por la llegada del Ejército, tal pez pensando que podría haber nuevos enfrentamientos. Es muy doloroso ver pueblos desolados. El panorama, es desgarrador, se asemeja al viejo oeste...". Habla Heberto Castillo, del PRD: "Estamos desolados, como Guadalupe Tepeyac. Eso de llegar a un pueblo fantasma y ver el terror. Es desalentador que se hayan ido y revela que mientras esté aquí el Ejército Mexicano, ellos (la población) no van a bajar".
"Queremos el exterminio de los ideólogos importados...", afirmó el diputado federal Walter León, en conferencia de prensa para reivindicar a Eduardo Robledo. Los diputados locales y nacionales se lanzaron contra los "aviesos intereses" ocultos en el "ominioso silencio" de Samuel Ruiz y los otros actores del conflicto.
Amnistía Internacional denunció que ha confirmado decenas de casos de amenazas a grupos de derechos humanos, detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones en Chiapas.
La Conai hizo un "urgente llamado" al gobierno y al EZLN para que reinicien las negociaciones ahora que "todavía es posible evitar la guerra y el genocidio", y dio a conocer la "iniciativa integral de diálogo", en la cual plantea a las partes acordar las bases del mismo e iniciar las pláticas en los próximos 11 días. La Conai propone a las partes: un pacto de tregua estable que debería formalizarse "a más tardar" en marzo próximo; cuestión agraria; autonomías; evacuados y desplazados; justicia; desarrollo; reforma electoral y reforma del Estado. Advirtió que para que la iniciativa sea viable y se pueda transitar por el camino del diálogo es necesario resolver previamente una serie de cuestiones: que se otorguen las garantías suficientes al EZLN para que pueda participar en el diálogo, y contar con condiciones militares y políticas adecuadas, destacando la necesidad de propiciar la separación de los dos ejércitos.
La Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco (AEDPCh) afirmó que "no reconoce a otro gobierno en transición que no sea el que encabeza Amado Avendaño", y señaló que cualquier posibilidad de diálogo será "exclusivamente con la Federación, para tratar el asunto de los planteamientos de los sectores" que la conforman. Avendaño dijo que Cuauhtémoc Cárdenas se comunicó con él para expresarle su desacuerdo con la postura del PRD de Chiapas, el cual declaró que reconocía como gobernador en transición a Julio César Ruiz Ferro.
La detención de Jorge Santiago muestra la "precipitación" con la que procedió la Procuraduría General de la República (PRG), "movida más por una intencionalidad política que por el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales", en el caso de las órdenes de aprehensión contra Rafael Sebastián Guillén y otros presuntos dirigentes del EZLN.
"Existen evidencias de violaciones graves a los derechos humanos y a la integridad física de los detenidos políticos acusados de ser presuntamente miembros del EZLN", denunció el Grupo Plural de Observación por la Paz en Chiapas. En su cuarto informe -que abarca del 9 de febrero a la fecha- el grupo sostiene que luego de hacer un recorrido por la zona de conflicto, pudo percatarse de que "hay militarización generalizada y abierta y, en consecuencia, las garantías individuales y políticas consagradas en la Constitución han sido suspendidas de facto".
Domingo 19
La situación en Chiapas no es principalmente un problema militar, y no tiene solución sin un cambio social fundamental y reformas democráticas a nivel nacional, comentó un alto oficial militar de Estados Unidos. Al analizar el conflicto en Chiapas para el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, el teniente coronel Stephen J. Wagner añade que las lecciones de ese estado del sureste mexicano se extienden mucho más allá de sus fronteras. "Hay muchas otras áreas del México rural con un problema comparable, y si son descuidadas, podrían llevar a explosiones sociales". El carácter novedoso del EZLN, contrario a otros movimientos guerrilleros tradicionales, es que su objetivo nunca fue la destrucción ni la toma del poder en sí, sino lograr una apertura democrática, y "en esto ha tenido por lo menos un éxito parcial". "De hecho, los zapatistas podrán haber hecho más para acelerar el proceso de democratización mexicano que los cinco años previos de dramática reforma económica bajo la administración de Carlos Salinas".
El consejo estatal del PRD modificó la propuesta impulsada por el comité estatal, relativa a reconocer a Julio César Ruiz Ferro como "gobernador en transición", para ratificar su respaldo a Amado Avendaño y al "gobierno de transición en rebeldía".
Manuel Camacho Solís rompió el silencio y habló sobre la situación de Chiapas: los problemas de esa entidad y de la nación no se van a resolver si se escala el conflicto y se divide a la sociedad. La solución política es necesaria y posible. En estos momentos México necesita paz y estabilidad económica para responder a los reclamos sociales. Independientemente del carácter clandestino del EZLN no hay que perder de vista que tiene arraigo en las comunidades indígenas, apoyo de un sector de la sociedad de Chiapas y presencia en la opinión pública nacional.
Pueblos abandonados, casas allanadas con las puertas destruidas, alimentos elaborados sin consumir, gente escondida en la selva, terror entre los habitantes que tienen que convivir con soldados del Ejército Mexicano, y noticias de detenciones ilegales que configuran actos de violación de derechos humanos, encontraron los Pastores por la Paz, de Estados Unidos, durante su recorrido por los poblados zapatistas recién tomados por las fuerzas armadas.
La tercera marcha capitalina en una semana, compuesta por contingentes universitarios y politécnicos -dedicadas a los presos políticos-, cerró con un mitin en el cual Cuauhtémoc Cárdenas expuso ante alrededor de 100 mil personas un programa político para convertir a los mexicanos "en activistas de la paz" en Chiapas.
El obispo Samuel Ruiz, titular de la Comisión Nacional de Intermediación, lamentó que las estaciones de radio de Chiapas que tienen enlace con todo el estado "se hayan negado a colaborar" para transmitir la propuesta, debido a que "tienen amenazas de cuando transmitan algo relacionado con la Diócesis y con el obispo, serán cerradas o su personal despedido". Informó que ni el gobierno ni el EZLN han respondido hasta el momento a la propuesta de diálogo presentada por el organismo.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas afirmó que tiene conocimiento de que "en los últimos tres días el Ejército Mexicano ha avanzado" respecto de las posiciones que mantenían el 15 de febrero. El sacerdote Joel Padrón, párroco de Simojovel, pidió al presidente Ernesto Zedillo que "en el nombre del Dios de la paz, repliegue al Ejército para despejar ampliamente la vía" de las negociaciones y que reinicie ya un diálogo "franco y definitivo hasta el acuerdo de paz".
Lunes 20
El EZLN afirmó que un requisito "indispensable para reanudar el diálogo es la salida del Ejército federal de la selva Lacandona", reiteró su disposición a encontrar una salida política al conflicto a través de un "diálogo digno y verdadero" y añadió que si "nos llevan a un callejón sin salida de morir o pelear pasaremos a la guerrilla de guerrillas". El EZLN se siente "traicionado y agredido", pues a las muestras de su disposición a encontrar una solución pacífica, el gobierno "respondió con una doble cara: mientras hablaba de paz y diálogo preparaba el brutal golpe militar, y cuando tuvo todo listo rompió el diálogo".
Medio centenar de auténticos coletos que pedían la salida del obispo Samuel Ruiz, agredieron físicamente la sede de la curia diocesana y trataron de desalojar por la fuerza a un grupo de seguidores del prelado, lo que provocó que decenas de personas -entre ellas reporteros y fotógrafos- resultaran golpeadas. La concentración de los auténticos coletos, cerca de 500 personas agrupadas en el derechista Frente Cívico Sancristobalense (FCS), gritaron consignas en favor de la permanencia del Ejército Mexicano, ya que, decían, "es la única garantía de paz y de tranquilidad". Con gritos de "zapatistas", "comunistas", los auténticos coletos arremetieron en contra de la prensa.
En asamblea popular, alrededor de 400 indígenas tojolabales y tzeltales -pertenecientes a una de las autodenominadas "comunidades zapatistas en resistencia civil"- señalaron que la "ocupación militar" ha dejado un panorama conformado por "miles de personas viviendo en las montañas, escasez de todo tipo de alimentos, que se agudicen las enfermedades, intimidación y amenazas, así como cateos de casas y robos" en las comunidades identificadas con el EZLN.
Alrededor de 500 personas se manifestaron en Ocosingo para demandar la expulsión de México del obispo Samuel Ruiz, al que acusaron de "traición a la patria", así como a favor de la presencia del Ejército federal en estas zonas "para restablecer el estado de derecho". De igual modo, en Tuxtla Gutiérrez se intensifica una campaña de difusión de volantes anónimos contra al obispo de San Cristóbal de las Casas.
Los ganaderos y pequeños propietarios se movilizaron en apoyo a las acciones del Ejército Mexicano, en las que exigieron al gobierno federal que dé el golpe definitivo para restituir el estado de derecho, pues dijeron que Chiapas vive ya "al borde de una guerra civil".
El Grupo San Angel, el Movimiento Ciudadano por la Democracia, Alianza Cívica y el grupo Veinte Compromisos por la Democracia, entre otras organizaciones, emitieron en Torreón, Coah., el Manifiesto por la Paz en Chiapas, en el cual advierten que reiniciar el diálogo, dar solución a las demandas de las comunidades indígenas y garantizar una paz duradera son condiciones necesarias para recuperar la estabilidad y la confianza indispensables para discutir un nuevo acuerdo nacional que garantice la soberanía, el desarrollo, la justicia y la unidad.
Martes 21
Como parte de las Jornadas de paz en Chiapas que se realizaron a nivel nacional, jóvenes punks, mujeres, niños, ancianos y demás se incorporaron a las diversas manifestaciones que se realizaron en la ciudad de México frente a la sede la Organización de las Naciones Unidas, el Banco de México, la Bolsa Mexicana de Valores, la embajada de Estados Unidos y el Angel de la Independencia.
El obispo Samuel Ruiz advirtió que mientras exista una "dinámica opuesta al diálogo", como el avance de las tropas del Ejército Mexicano hacia la selva, y las manifestaciones en contra de la Conai y de la diócesis de San Cristóbal, como la agresión de los auténticos coletos, se perderá el "piso" de oportunidades para alcanzar una salida negociada y política al conflicto en Chiapas. Es "absolutamente falso" que el Vaticano me haya pedido la renuncia. No se puede hablar de paz en Chiapas sin hablar de justicia. Es decir, "la paz no puede entenderse sólo como la ausencia de violencia".
La Comisión Nacional por la Democracia presentó una queja ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas en Chiapas.
Integrantes de la Comisión de Salud de la Convención Nacional Democrática entregaron a La Jornada copia de la documentación que hicieron llegar a las Organizaciones Mundial de la Salud (OMS), Panamericana de la Salud (OPS) y UNICEF en donde exponen su preocupación por el "bloqueo" a actividades humanitarias de grupos no gubernamentales y de derechos humanos, la "falta" de asistencia a la población indígena y de "verificación" a quienes son detenidos por el Ejército y la PGR.
Más de 2,500 personas efectuaron marchas, mitines y plantones en las ciudades de Oaxaca y Guanajuato en apoyo a Samuel Ruiz y a las demandas del EZLN, así como por una salida pacífica al conflicto. Varios jerarcas eclesiásticos de diversas regiones del país se solidarizaron con el obispo, luego que habitantes de San Cristóbal de las Casas cuestionaron su labor pastoral al frente de esa diócesis y lanzaron objetos a la fachada de la catedral coleta.
La Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ) solicitó, durante la conclusión de su segundo Congreso Estatal, que los gobiernos federal y de la entidad solucionen los problemas agrarios, económicos, políticos y sociales que existen en Chiapas, además de que se proceda a la desmilitarización.
Miércoles 22
En defensa del obispo Samuel Ruiz, el diario del Vaticano, L'Observatore Romano, acusó a los latifundistas y poderosos de Chiapas que "tratan por todos los medios sabotear el diálogo, provocar el enfrentamiento armado y derramamiento de sangre".
La Comisión Legislativa para el caso de Chiapas propuso la creación de zonas francas que permitan el diálogo en la entidad y la aplicación de una amnistía temporal que no implique el desarme y a la cual puedan acogerse los dirigentes del EZLN, contra quienes existen órdenes de aprehensión.
El obispo Samuel Ruiz deberá aclarar ante el Vaticano sus acciones extraeclesiásticas en el conflicto armado de Chiapas, informó el arzobispo de Hermosillo, Carlos Quintero, según el contenido de la segunda carta papal leída al prelado de San Cristóbal de las Casas. La defensa al gobierno provisional en rebeldía de Amado Avendaño, la reiterada solicitud de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) de pedir la renuncia de Eduardo Robledo y el aparente impulso a la lucha de clases, son los puntos que el Vaticano exige sean aclarados completamente por el obispo mediador.
En una carta dirigida al presidente Ernesto Zedillo, la Congregación General de la Compañía de Jesús expresó su preocupación por la decisión presidencial de acabar militarmente con el EZLN, bajo "pretexto" de hacer vigente un Estado de derecho que nunca ha existido para los indígenas. "Esta manera abstracta de justificar su decisión, implica desconocer que la razón principal del levantamiento armado indígena es precisamente la ausencia de un auténtico Estado de derecho". Urge al presidente mexicano a que con voluntad eficaz, vuelva al camino del diálogo para lograr una paz con justicia y dignidad en Chiapas. "Ceder ante las presiones internas o externas del país para acabar con el EZLN, así como condición para recibir ayuda financiera y volver a recuperar la confianza del capital especulativo, es injustificable. ¿Acaso la responsabilidad de la crisis financiera de México no recae antes y más en otras personas e instituciones que en el EZLN?".
Los servicios de inteligencia militar de la Secretaria de la Defensa Nacional consideran que hay 2,275 "individuos involucrados" en el EZLN, los cuales se encuentran dispersos en 285 localidades de 47 municipios en el estado de Chiapas. La información militar incluye además a los obispos Samuel Ruiz (de san Cristóbal de Las Casas) alias comandante Germán, al obispo Arturo Lona (de Tehuantepec) y José Luis Martínez Dibildox (de la Tarahumara) entre los 134 religiosos enlistados, nacionales y extranjeros. De entre los extranjeros hay ciudadanos estadounidenses, centroamericanos y europeos que participan "con el grupo de transgresores de la ley autodenominado EZLN, a través de su participación activa, o bien de a través de actividades de apoyo económico y material, tráfico de armamento, proselitismo y reclutamiento entre otros".
La Comisión Internacional Observadora (COI) afirma en su segundo informe que "el ejército federal ha seguido avanzando agresivamente de sus anteriores posiciones, contradiciendo así las declaraciones del presidente Ernesto Zedillo en el sentido de que se comprometía a que no se movilizarían más para evitar un enfrentamiento con el EZLN".
Más de 100 representantes de la cultura y la política españolas son los firmantes de un manifiesto contra la guerra y la represión indígena en el sureste mexicano, que hizo público la Plataforma de Solidaridad con Chiapas. El cantante Joaquín Sabina dio lectura, en el Instituto de la Juventud a los cinco puntos que solicitan al gobierno de México para la pacificación de la zona:
1) cese inmediato de las actividades militares y vuelta del Ejército Mexicano a sus posiciones anteriores a la ruptura del cese al fuego;
2) reinicio inmediato de las negociaciones entre el gobierno y el EZLN;
3) la puesta en libertad de Jorge Santiago, director de la organización Desarrollo Económico y Social (DESMI), encarcelado por el simple hecho de trabajar en beneficio de los indígenas chiapanecos;
4) La anulación inmediata de las ordenes de encarcelamiento ya cursadas contra miembros de organismos no gubernamentales, dirigentes políticos, intelectuales y personas sin afiliación cuyo único delito es simpatizar con las demandas de justicia y dignidad reivindicadas por los zapatistas;
5) El envío urgente de una Comisión de Derechos Humanos en calidad de observadores internacionales a la zona del conflicto.
Jueves 23
Amnistía Internacional publicó en Londres un nuevo reporte sobre la situación de los derechos humanos en México, en el que afirma que ha podido documentar casos de "detenciones arbitrarias, docenas de casos de torturas y algunas desapariciones de gente en Chiapas y otras partes de México".
Mientras en las universidades de Italia (Roma, Nápoles, Lecce, Bari, Camerino, Aquila, Milán) se realizan asambleas o mesas redondas sobre los acontecimientos de Chiapas y se protesta contra la intervención militar en ese estado, las imágenes difundidas por la televisión de la agresión de los ganaderos y los coletos contra la catedral de San Cristóbal de Las Casas y los fieles que protegían la vida de don Samuel Ruiz, obispo de esa localidad, han provocado gran indignación.
Hambre, diarrea y vómito son algunas de las manifestaciones que han aparecido entre miles de indígenas en la selva, que abandonaron sus comunidades para buscar refugio por temor a enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército.
Unos 50 militantes de la Unión Campesina Democrática (UCD) realizaron una manifestación frente al Congreso del estado para solidarizarse con el pueblo chiapaneco y con el obispo.
Viernes 24
La santa sede apoya la obra del obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, en defensa de los indígenas y su mediación para encontrar la paz en Chiapas, revelaron fuentes vaticanas. Dijeron también que el artículo aparecido días atrás en el diario vaticano L'Observatore Romano, en abierta defensa de monseñor Ruiz, proviene de la secretaría de Estado y fue aprobado por uno de los más cercanos colaboradores del papa Juan Pablo II.
Las órdenes de aprensión giradas contra dirigentes del EZLN por instrucciones del presidente de la República se han convertido en el principal dique jurídico para el diálogo de paz en Chiapas. En el Senado de la República, juristas independientes y de varios partidos plantearon que el dilema fundamental es cómo salvar el ejercicio de la acción penal en contra de los zapatistas para garantizar su inmunidad durante las negociaciones.
El establecimiento de zonas francas en Los Altos de Chiapas es compatible con la Constitución, aseveró el doctor Jaime Cárdenas, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien instó al gobierno a abandonar "absurdos" conceptos de soberanía territorial, toda vez que la soberanía radica precisamente en la voluntad del pueblo. La ley de amnistía para loa zapatistas debe ser "amplia y generosa", que revele la voluntad real de la autoridad de sentarse a dialogar y negociar la paz, porque si se aprueba una ley con muchas condiciones, veta de antemano la reanudación del diálogo.
Estudiantes de la UNAM, UAM-Xochimilco, la Universidad Autónoma de Chapingo y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia efectuaron paros totales y activos de 24 horas, en demanda del inmediato restablecimiento del diálogo en Chiapas.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Jorge Madrazo, aseguró que los 30 integrantes de ese organismo que investigan denuncias respecto del conflicto de Chiapas, no encontró en la zona de los Altos, fronteriza y selvática señales de bombardeos, ametrallamientos aéreos "o actos donde se hubiera lesionado a las comunidades indígenas".
En el corazón de la selva, más de 300 representantes y comisionados de las cinco regiones se reunieron al amparo de dos banderas: una tricolor y otra blanca; una petición: justicia, y una exigencia: que se retire el Ejército de sus comunidades. Convocados por su organización, la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) Unión de Uniones Independiente y Democrática. Por acá la inversión pública no ha pasado, a no ser por el reciente transitar de diversos vehículos militares con los que se transportaron unos 3 mil efectivos del Ejército federal, cuya manutención diaria, extraoficialmente, podría estimarse en 90 mil nuevos pesos. Esto equivale a por lo menos un millón 350 mil nuevos pesos -1.350 billones de viejos pesos- a 15 días de que las tropas federales se internaron en las comunidades de la selva dominadas por zapatistas, sin considerar los gastos de combustible para los modernos helicópteros Black Hawk, Bell 212, Bell 206 y MD 500, con capacidad par transportar tropas y pertrechos.
El ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas rechazó los señalamientos hechos por la CNDH sobre los sucesos violentos contra el obispo Samuel Ruiz, y le dijo a su presidente Jorge Madrazo: "usted miente", "usted abusa de su cargo", "usted pudiera ser sometido a juicio político ante el Congreso de la Unión". El cabildo en pleno que preside Jorge Mario Lescieur Talavera, acusó a Madrazo Cuéllar de "abusar de la falta de especialización jurídica del pueblo de México" y de "violar" la Constitución General de la República y la de Chiapas, así como la autonomía municipal.
Una manifestación de estudiantes universitarios en solidaridad con el EZLN, tuvo lugar frente a la embajada de México en Venezuela.
Unas 3,500 personas marcharon desde la sede de la 24 Zona Militar, en Cuernavaca, Mor., al centro de la ciudad, para pedir una paz con justicia y dignidad en Chiapas y en apoyo a los indígenas y al obispo de San Cristóbal.
En su reunión de dos días, el Consejo Permanente del Episcopado Mexicano apenas bosquejó un apoyo discreto al obispo Samuel Ruiz, en su papel de mediador en el conflicto armado, condicionado al respaldo de las partes en conflicto y a la aceptación de otros actores involucrados en Chiapas. El Episcopado reprobó las manifestaciones de apoyo que recibió Samuel Ruiz en el interior de la Basílica de Guadalupe, por considerar que se dio un "tinte político" a la celebración religiosa donde participó medio centenar de obispos, y que tenía como objetivo orar por la paz y celebrar el centenario de la coronación de la Virgen del Tepeyac. Durante esa celebración, decenas de laicos y religiosas, gritaron consignas en las cuales exigían "obispos al lado de los pobres, una paz en Chiapas con justicia y dignidad y una jerarquía eclesiástica más comprometida con las causas sociales".
El Comité Internacional de Observación estimó que en la selva Lacandona y las montañas hay unos 20 mil indígenas que iniciaron un éxodo desde hace 12 días huyendo de la "represión" del Ejército Mexicano. Señalaron que es falso que la PGR sea la que encabece los operativos para detener a los presuntos dirigentes de EZLN. "Nosotros sólo hemos visto a miembros del Ejército federal, por lo cual hay una fuerte contradicción del Ejecutivo Federal, quien afirmó que el Ejército sólo coadyuvaría con la PGR. contrario a esto, el Ejército federal, que se encuentra fuertemente armado -incluso con armamento altamente sofisticado- avanza día a día".
Según la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), la aparición de anuncios propagandísticos anónimos con el slogan "apoyemos la paz, apoyemos a México" en varios noticiarios nocturnos de la televisión nacional, el tipo de cobertura observada y la transmisión constante de otros anuncios "en los cuales se fortalece la imagen del Ejército Mexicano", lleva a inferir que "existe una campaña propagandística en la cual se busca reforzar la posición gubernamental y aislar al EZLN". En función de tales consideraciones, considera "indispensable que se identifique al autor de estos anuncios y que se detenga su transmisión en el horario de los noticiarios para evitar un efecto propagandístico".
Sábado 25
El EZLN afirmó que cualquier iniciativa de reanudación del diálogo "sólo será posible si se crean las condiciones físicas y legales de un encuentro entre las partes", lo cual implicaría "la retirada del Ejército y de la PGR de la selva Lacandona y la anulación de las órdenes de aprehensión". Asimismo, exhortó al presidente Ernesto Zedillo a que "se decida de una buena vez a la resolución del conflicto por la vía del diálogo y ofrezca señales claras y contundentes en este sentido". El EZLN apunta "que no está dispuesto a dialogar en condiciones humillantes", porque "quien rompió el diálogo tiene la obligación de crear las condiciones para restablecerlo". Ratifica su reconocimiento a la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) como "la única instancia mediadora", entre ellos y el gobierno federal "en búsqueda de una solución pacífica al conflicto".
El Departamento de Estado de EU afirmó estar "preocupado" por informes provenientes de México, que señalan que "los detenidos por la policía" durante acciones contra depósitos de armas, presuntamente del EZLN, "han sido sujetos a abusos".
El arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval, sostuvo que la Santa Sede está esperando la renuncia de Samuel Ruiz, "misma que ya le ha sido solicitada en dos ocasiones por el papa Juan Pablo II". Descartó que la figura del obispo de San Cristóbal en el conflicto de Chiapas afecte a la Iglesia Católica mexicana.
Miembros de organizaciones civiles, sociales y partidistas se concentraron frente al palacio de gobierno de Jalapa, Ver., para manifestarse en favor de la seguridad de Ruiz García y por la paz en Chiapas.
Los presuntos miembros del EZLN detenidos el 8 y 9 de febrero y trasladados al Reclusorio Preventivo Norte, denunciaron haber sido torturados para aceptar declaraciones prefabricadas por la PGR, y manifestaron su preocupación por la suerte de su compañero Gerardo López, de quien desconocen su paradero.
Con el apoyo unánime de unos 230 delegados de 10 entidades del país a las demandadas en la "Marcha Caravana Chiapas-Ciudad de México diálogo por la paz, alto a la guerra", se inició en Juchitán Oax., la Segunda Convención Nacional Indígena (CNI). El presidente municipal, Oscar Cruz, zapoteco -quien fuera postulado por la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI-PRD)-, recogió la exigencia de los pueblos indígenas de Hidalgo, Jalisco, Veracruz, Querétaro, Michoacán, Morelos, Chiapas, Tabasco, Distrito Federal y Oaxaca, de que es urgente que el gobierno federal dé pasos firmes y construya las condiciones para iniciar un diálogo con dignidad con el EZLN.
El obispo de Tehuantepec, Arturo Lona, rechazó estar involucrado con el EZLN y calificó de "difamación" la referencia que respecto a su persona y de los obispos Samuel Ruiz y José Luis Dibildox se hiciera en ese sentido, en un documento de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. "Entendemos tales imputaciones como un intento de desacreditar el trabajo honesto y comprometido que hemos realizados desde la Diócesis durante más de 20 años en favor de los indígenas del istmo de Tehuantepec y al que desde el Centro de Derechos Humanos Tepeyac hemos llevado a cabo y, en todo caso, a un intento nada nuevo en este país de fabricar culpables cuando no hay capacidad de identificar a los verdaderos responsables de la comisión de delitos o falta de voluntad política para acabar con la impunidad".
La PGR aseguró que "no ha existido", de parte de la dependencia, ningún tipo de persecución en contra de académicos de la UAM por presuntos nexos en años anteriores con Rafael Guillén Vicente, identificado oficialmente como el Subcomandante Marcos.
Al iniciarse el Sexto Congreso Extraordinario del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), los dirigentes Agustín Rodríguez y Adrián Pedrozo se manifestaron en contra de una solución al conflicto chiapaneco que incluye represión y autoritarismo.
Domingo 26
A quince días de iniciada la ofensiva militar, el desabasto de alimentos y medicinas se ha tornado crítico y comienza a afectar aún más a miles de indígenas que se encuentran en comunidades y rancherías de la región en conflicto, que el Ejército Mexicano mantiene cercada desde el 10 de febrero.
Aguascalientes ya no existe, fue arrancado de raíz por el Ejército... Aguascalientes, espacio zapatista para la Primera Convención Nacional Democrática del neozapatismo indígena, es desde el viernes pasado, otra vez, selva nada más. Entre el jueves y el viernes de la semana pasada, decenas de soldados al mando del general Guillermo Martínez desmontaron aquel Navío pensado para ser la cuna del cambio social de los noventa por quienes la concibieron, armaron y echaron al mar: los indígenas del EZLN. A cenizas literalmente -porque los troncos fueron quemados- quedó reducido el Navío pintado con el color de la esperanza. Un barco que se levantó a decir del subcomandante Tacho -en 28 días y con un costo de 60 mil nuevos pesos; con la participación diaria de 600 personas en jornadas de 14 horas al día. Esfuerzo que se tradujo en un total de 235,200 hombres-hora, representativos de 9,800 días de trabajo, para un total de 28 años de trabajo hombres-hora.
Luego del sorpresivo alzamiento zapatista de enero de 1994, las fuerzas armadas de México están preparándose para la lucha contrainsurgente, reveló la revista especializada Jane's Intelligence Review. En su número de febrero, la publicación más autorizada en cuestiones militares considerada una de las fuentes más respetadas sobre información militar en el mundo, revela que México adquirió armamento del ex régimen de apartheid de Sudáfrica, lo cual, según un analista, podría haber sido una violación al embargo internacional de armas contra Pretoria, todavía en vigor hasta hace poco.
La "supuesta apertura política" que puso en marcha el gobierno federal para controlar a la guerrilla en el sur del país, pretendió ser una muestra de aparente democracia, pero sólo ha degenerado en una crisis mayor, sostiene un análisis de la Confederación Mexicana de Ejecutivos de Ventas. Aunado a la difícil situación económica se ha postrado a México en un subdesarrollo político e industrial.
El presidente Ernesto Zedillo debe ordenar al Ejército "que retire, por lo menos, a las posiciones que ocupaba el 12 de enero de 1994, a fin de crear condiciones adecuadas que permitan iniciar el diálogo para la paz en Chiapas", demandó el gobierno de transición en rebeldía".
Lunes 27
El obispo de Tapachula, Chis., Felipe Arizmendi, aseguró que entre quienes se han manifestado violentamente contra el obispo Samuel Ruiz, "hay muchos que lo hacen no tanto por la paz, sino para no cambiar sus propias injusticias. No han aprendido las lecciones de 1994 y siguen con sus actitudes envejecidas de egoísmo, discriminación y prepotencia". Subrayó que un gobierno o sistema sociopolítico que produce más pobres y marginados, represiones, mentira y manipulación, se descalifica a sí mismo.
Un "judas" con la imagen de Samuel Ruiz comenzó a quemarse en la plaza municipal. Mientras, el himno chiapaneco resonaba tan fuerte con los gritos de unos 200 auténticos coletos qu