Introducción

La realidad política, social y administrativa de Yucatán experimentó un giro radical desde que se inició en el gobierno federal la implementación de planes y programas derivados de la filosofía neoliberal; estas, basadas en la privatización de todo lo público, tuvieron sus primeros esbozos en el gobierno del presidente José López Portillo, se incrementaron a partir del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, y se profundizaron en los sexenios de los presidentes neoliberales Carlos Salinas y Ernesto Zedillo (1988-2000). [1] El relevo del PRI en la presidencia de la República no cambió esa orientación privatizadora. Las políticas neoliberales se han continuado en todo el sureste de México, ahora mediante los intentos de aplicación del Plan Puebla Panamá (PPP) por el gobierno de Vicente Fox desde los planes estatales y municipales de desarrollo. [2]

Los gobiernos municipales de Mérida, primera instancia de gobierno en quedar en manos del PAN en el sureste de México en 1990, [3] empezaron a utilizar la planeación estratégica que ahora caracteriza al PPP desde hace más o menos tres décadas, siempre con la colaboración de asesores federales e internacionales. Hoy día este sistema de planeación, marcado por criterios especulativos y privatizadores, sirve de artificio para que especialistas de la iniciativa privada y tecnócratas neoliberales actúen en la confección de planes y programas oficiales, cobijados en los lineamientos del PPP y en las recomendaciones de organismos financieros internacionales como el FMI y el BID. [4]

Empero, lo novedoso del asunto no es que los tecnócratas privados estén protagonizando la vida pública de México como consecuencia de los planes y programas que las nuevas autoridades anuncian como propios de los “gobiernos del cambio”; lo nuevo, en realidad, es la debilidad de instancias partidistas y públicas así como de movimientos ciudadanos y sociales concientes de la fuerte dinámica de expropiación y centralización económica y político-administrativa neoliberal que busca: a) impulsar procesos de privatización y de participación financiera especulativa más amplios que, b) simultáneamente, estimulen el despliegue de un capitalismo de naturaleza salvaje tal como se perfila con el PPP para todo el sureste de México. [5] La combinación de ambos factores, en condiciones de desarrollo económico y político precarios, agudizarían la enorme brecha existente entre una minoría pudiente y privilegiada en contraste con mayorías paupérrimas, y quizá hasta llevaría a la consolidación de un régimen autoritario en la actual fase de transición democrática. El paso del huracán Isidore por Yucatán solo sirvió para destapar una delgada cortina que escondía esta situación, generada en la entidad por el modelo de desarrollo propugnado desde la planeación estratégica de interés privado.

A más de diez años del cambio de colores partidistas en el ayuntamiento emeritense, y uno después de la toma panista del gobierno estatal, se ha intensificado la manera en que el modelo elitista de distribución heredado del Estado neoliberal priista empezó a gravar los niveles de vida y consumo de las mayorías sociales. Nada por el momento, fuera del discurso demagógico oficialista, augura que esta espiral ascendente detenga su cauce para favorecer con políticas públicas eficientes a las grandes masas urbano-rurales desprotegidas y desposeídas. Son estas algunas de las contradicciones por las que, a partir del análisis de los últimos gobiernos estatales y municipales de Yucatán y Mérida, intentamos abordar cómo están intentando operar el modelo neoliberal en la región; y se esbozan elementos también para empezar a comprender otras problemáticas derivadas del despliegue de inversiones sectoriales y la posible concreción de acciones estatales y municipales derivadas del PPP. [6]

El nuevo gobierno panista estatal de Yucatán, comprometido en el apoyo del PPP, se enfrenta por consecuencia a un doble problema. Está claramente urgido por consolidar un discurso democrático de perfil católico, dado el compromiso de los principios doctrinales de origen tomista referidos al bien común. Pero sus apoyos y filiaciones con una iniciativa privada “mercadocrática”, a dos años de que el gobierno foxista tomó el poder, los ha puesto en una situación más que difícil. En muchos países del llamado tercer mundo la aplicación de este modelo ha dado muestras de que sus propuestas neo-privatistas han estado acompañadas de un endurecimiento político centralizador así como han sido ineficientes e igual de corruptas que las del Estado burocrático y social al que tanto defenestraron. [7]

Pese a esto, probar que el modelo neoliberal (independientemente de lo que suceda con el PPP), en una región como Yucatán, es viable, se ha convertido en la consigna principal del nuevo gobierno panista católico. Por esta razón, ni siquiera se han inmutado después de que varios personajes procedentes de la iniciativa privada ligados a la COPARMEX fueron compelidos a renunciar a sus puestos debido a prácticas de corrupción y nepotismo en que incurrieron como funcionarios del llamado gobierno del cambio. Para conseguir su objetivo legitimador del modelo neoliberal, tal como lo ha hecho el gobierno federal, a los funcionarios católicos del PAN en esta entidad les resulta connatural, válido y legítimo hacer uso público de la religión para obtener credibilidad y confianza de la ciudadanía. [8] Este recurso, en todo caso, solo evidencia el pacto que este tipo de “nuevos gobiernos” o “nuevas democracias” latinoamericanas establecen con sectores de cúpula católicos dispuestos a ofertar de forma pragmática la religión con credibilidad política para el despliegue de sus proyectos (casos de Perú de Fujimori, e incluso de Chávez en Venezuela). [9]

Paralelamente, desde el nuevo gobierno estatal comandado por PPL se aplican acciones que tienden a reproducir el viejo esquema partidocrático inaugurado por el PRI hace ya más de setenta años debido a procesos tales como: a) cesión partidista de sus cuadros al gobierno, en donde el primero pierde (por razones de estabilidad política) la cualidad de crítica hacia las medidas que están generando malestar e inconformidad ciudadana hacia el segundo, y b) reproducción del modelo económico heredado del Estado priista de los años 1982-2000, basado en una tendencia a la flexibilización laboral sin regulación social, y c) creación de condiciones para el asiento de capitales “salvajes” y/o golondrinos, también sin regulación alguna, como es el caso de la industria maquiladora, las franquicias, y demás iniciativas empresariales del momento.

Durante el primer año de ejercicio del nuevo gobierno panista, los ciudadanos que votaron por el cambio político y contra la arbitrariedad de las facetas autoritarias y populistas del cerverismo neoliberal, están observando que las acciones principales de aquel están siendo:

a) la sustitución de la burocracia estatal de filiación priista con burocracia de identidad panista y católica en los altos mandos de la administración pública,

b) la reverberación de prácticas de corrupción y nepotismo de estos niveles que por su notoriedad pública, como se señaló antes, ya dio al traste con cuando menos cuatro funcionarios del nuevo gobierno; dos a nivel estatal, Gerardo Moreno González y Alejandro Mier y Terán Fortuny, y dos a nivel municipal, Joaquín Peón Ancona y Antonio Buenfil Guillermo), [10]

c) la definición de una política laboral basada en concepciones empresariales o patronales y la firma de acuerdos políticos con organizaciones laborales de filiación priista que han decidido pactar la “flexibilización” laboral antes que verse sometidos a presiones políticas que desgasten su cualidad de líderes sindicales sumisos, y

d) el cierre de empresas tradicionales que están propiciando desempleo en la entidad, dentro de un esquema que parte de reconocer el apoyo económico que grupos monopólicos brindaron a la campaña política del nuevo grupo gobernante. [11]

Un cierto desencanto se deja sentir ya entre diversos sectores sociales y empresariales que otorgaron, mediante su voto, la credibilidad y confianza a la concepción de democracia y proyecto panistas. También algunas organizaciones sociales y civiles (incluidas algunas católicas distanciadas de la vaticanista línea diocesana del actual jerarca local así como del integrismo del grupo católico gobernante), manifiestan su rechazo al orden que se perfila desde el nuevo gobierno católico del Estado. [12]

En este tenor, las contrapartes políticas al panismo católico yucateco (el viejo PRI, grupos del pasado oficialismo priista, así como algunos sectores de los partidos de débil orientación social como el PRD), han denunciado relaciones de empresarios ligados a negocios ilícitos como lavado de dinero con la propia clase política panista, algo de lo que tampoco son ajenos sectores de la vieja clase política priista; una resultante de esto, en todo caso, es la parálisis legislativa y económica que se resiente cada vez en la entidad, manifestada repetidas veces por el presidente de la Comisión del Congreso estatal abogado Ricardo Gutiérrez López.

La agudización de problemáticas sociales en la entidad asociadas sobre todo a problemas de salud pública, desempleo y violencia (agudizadas con el desastre del huracán Isidore), han alentado denuncias y una soterrada lucha política entre los actores principales; estos involucran ahora al nuevo gobierno con vicios imputables a los gobiernos emanados del PRI en el pasado. Pero han destacado respecto a este por la carga de manipulaciones, chantajes y errores con que se han conducido desde el gobierno.

Asimismo, la acción facciosa desde el nuevo gobierno, ahora aderezada por los contenidos religiosos, también está influyendo en la aplicación de justicia. Y si bien los críticos grupos ligados al antiguo régimen priista no han logrado desalentar la orientación neoliberal del gobierno local, quizá sí han conseguido contener la previsible voracidad con la que los grandes capitales que están detrás del grupo en el poder pretenden apoderarse de grandes áreas económicas y culturales en la zona; principalmente de aquellas poco explotadas en la entidad, escudándose en la promoción e impulso federal del Plan Puebla Panamá. [13]

¿Qué ha ocurrido dentro de la planta laboral tradicional del Estado? Durante los primeros quince meses de administración panista estatal, distintas dependencias han aplicado con éxito el mandato fondomonetarista de reducción de la burocracia estatal (se calcula en alrededor de dos mil funcionarios y empleados despedidos por el nuevo gobierno). El propio modelo de generación de empleos en las zonas rurales y marginadas en la entidad, adoptado desde mediados de 1980 y consolidado en la última década del siglo XX, el de las maquiladoras, también ha sufrido de crisis recurrentes asociadas tanto a factores externos como internos. Estas, sobre todo a raíz de los atentados a las torres gemelas del 11 de septiembre en Nueva York, se han retirado de la entidad con impacto negativo en los índices de empleo de las áreas económicamente más limitadas de las zonas rurales y semi-urbanas. Su situación también se agravó con las secuelas del meteoro de septiembre, pues decenas de obreros han quedado desempleados por el cierre o la amenaza de quiebra de sus fuentes de trabajo.

Declaraciones oficiales recientes, previas al impacto de Isidore, reconocían que en los diecisiete meses comprendidos de abril del 2001 a agosto del 2002, el sector textil y maquilador de Yucatán había perdido 9,550 empleos, el 25% del total conjunto de ambos sectores de la entidad. [14] Se empeoró de forma drástica, como indicamos, con la destrucción causada a algunas fábricas maquiladoras y textiles menores por el huracán. Esta situación está a la vez acompañada por procesos cada vez menos controlados como el contrabando (textiles, artesanales, y demás), que afectan la planta productiva media, pequeña y micro de regiones como la que analizamos. [15]

También en lo laboral es reciente el cierre de una empresa cervecera local, perteneciente al Grupo Modelo, que ha propiciado pérdida de empleos para casi mil obreros que han pasado a engrosar el Ejército Industrial de Reserva; algo quizá un poco presuntuoso para una zona industrialmente tan deprimida como Yucatán. Sectores cercanos y/o ligados al PRI y a otros partidos de oposición han expresado que parte de estas decisiones se deben a una conducción “errática” de la vida económica de la entidad. Señalan además que esto se debe a los amarres políticos del nuevo gobierno con sus padrinazgos políticos centrales que por supuesto se integran a compromisos con firmas o empresas poderosas de talante monopolista; [16] los que apoyaron al grupo del gobernador Patricio Patrón Laviada en su ascenso al poder ejecutivo de la entidad.

El consecuente desempleo y malestar social que se está generando a partir de las medidas del nuevo gobierno, ampliadas por la destrucción de Isidore, mantiene en la actual coyuntura a la población local (periferia urbana y medio rural) en una situación de parálisis e incertidumbre presumiblemente explosivas. En donde sin embargo perviven, como conductas políticas “ciudadanas”, inercias políticas del pasado corporativo y la incertidumbre sobre si se avanzará hacia un status de ciudadanía participativa pero sobre todo crédula sobre si el rumbo económico y político del nuevo gobierno es el más adecuado para una zona deprimida y ahora devastada. [17] Se vive pues una suerte de entrampamiento entre lo viejo que no muere y lo nuevo que se presenta como reverberación de lo viejo. Un círculo vicioso que aún con las nociones y expectativas generadas por el cambio, en poco más de un año de tribuna, está gestando una suerte de inestabilidad económica y ansiedad política en donde lo ciudadano no surge más que como advocación. Como discurso voluntarista de los grupos de presión de las elites católicas y de interés empresariales y partidistas, ansiosas quizá de endurecer más el control estatal en beneficio del despliegue del mercado. Eso sí, en cuanto puede, el nuevo gobierno estatal apela a declarar que los planes estatales y municipales “deben ser los vehículos transformadores de la realidad económica y social de la entidad”.

¿Qué ha conseguido el PAN en su primer año como partido que logró ganar el poder ejecutivo estatal, así como conseguir poco menos de la mitad de la representación popular en el poder legislativo? Al parecer muy poco y se ha evidenciado como un partido con cierta eficiencia ideológica coyuntural pero muy deficiente administrativa y socialmente hablando si se le observa o analiza como partido en el poder. [18] Ese porcentaje obtenido en la Cámara de diputados local (12 de un total de 25 representantes) no le ha permitido avanzar hacia una gestión pública y legislativa que concrete buena parte de sus propuestas e ideales políticos e ideológicos de campaña.

La presencia de 11 diputados del PRI, opuestos a cada una de las iniciativas panistas en materia de derechos humanos, legislación electoral, códigos civil y penal, y demás, indican un equilibrio técnico entre las dos perspectivas políticas dominantes en la entidad. Por un lado, la visión modernizadora neoliberal católica del panismo, integrada a su vez por dos tendencias que más adelante precisamos. Y por otro, la matizada visión neoliberal con énfasis utilitario en la problemática social que ahora recuperan con matices demagógicos los principales dirigentes y representantes del PRI desde la voz del propio presidente nacional Roberto Madrazo. [19] Posturas a las que por momentos se adhiere en su pragmatismo el propio PRD e ideólogos afines, así como otras organizaciones en dicha instancia.

Esta situación de inmovilidad ya evidenció el grado de enfrentamiento que existe dentro del propio panismo yucateco. Entre dos visiones que de forma amplia resumen la existencia de dos grandes grupos político-económicos expresados en este partido: ambos católicos y neoliberales, pero confrontados en el manejo de las políticas a favor del gran capital. La distancia entre ellas se empezó a mostrar con nitidez cuando el gobernador Patricio Patrón Laviada asistió al Congreso del Estado con motivo de la glosa de su primer informe de gobierno. Patrón Laviada enfrentó la dureza de preguntas de la diputación opositora no panista, así como la frialdad de trato de parte de un grupo de diputados de su propio partido adscritos a la vertiente política contraria, viejos herederos del llamado castilloperacismo. Este “temor” a sus correligionarios partidistas lo ha evidenciado Patrón Laviada con su actitud de informar primero a líderes católicos y partidistas del estado sobre cómo dejó la entidad Isidore, y no recurrir en primera instancia al Congreso, base única de la Soberanía Popular según dictan las constituciones federal y estatal respectivamente. Su conducta ante esta situación se presume influenciada y/o asesorada por los dirigentes de la COPARMEX local, ahora dirigida por Carlos Canto Ontiveros. [20]

Las diferencias entre el gobernador, miembros de su bancada y funcionarios del PAN, hechas públicas en sus vetas más frívolas a través de la prensa escrita, traslucen pugnas irresolubles entre esos dos grandes grupos y visiones panistas respecto de cómo deben actuar funcionarios y representantes legislativos del PAN para consolidar el cambio político. También expresan una lucha soterrada por el control de la estructura partidista y del gobierno, que deriva de discrepancias profundas sobre cómo debe o no limitarse la discrecionalidad del ejercicio del poder ejecutivo en la actual coyuntura política de la entidad.

Una coyuntura en la que, como apuntamos, el equilibrio real entre la visión del PAN con la visión del PRI y del PRD, no termina de poner de acuerdo a los propios panistas del gobierno (y en el Congreso) sobre cómo impulsar desde el Estado los cambios prometidos al electorado y a la ciudadanía en general. Es decir, si interviniendo de forma activa para la que la iniciativa privada asuma todo el control de la economía (grupo de Xavier Abreu Sierra, Ricardo Gutiérrez López, entre otros), o dejando hacer y dejando pasar a la iniciativa privada más voraz para que se apropie de todos los bienes y capitales al margen de leyes y más allá de lo que dispongan las instituciones del Estado (grupo del actual gobernador, que incluye a congresistas como Alberto del Río Leal, Fernando Castellanos Pacheco, Beatriz Zavala Peniche, y demás).

Y es que mientras un sector del gobierno panista ha externado o evidenciado su disposición a dialogar con los representantes del PRI para poder avanzar en cuestiones legislativas quizá urgentes para la ciudadanía (caso Xavier Abreu Sierra), otro sector (al que pertenece el gobernador), están marcados en sus posiciones cerradas por la total negación a cualquier tipo de acuerdo o “arreglo” con todo aquello relacionado al antiguo régimen priista. Mucho menos si este suena a cerverismo, al que siempre cuestionaron por su implacable absolutismo económico y político del que también se beneficiaron.

La polémica salpicaba alegremente el ambiente político antes de que el meteoro caribeño llamado Isidore exhibiera la miseria de la filosofía neoliberal en boga. Sobre todo la partidista de la derecha católica gobernante pues el PAN, en conjunto, ha sacado la peor parte en tanto se ha evidenciado que uno de sus sectores parece estar comprometido con la idea de no confrontar a un poder ejecutivo endeble por errático y faccioso. Ni siquiera cuando éste está incurriendo en mal gobierno.

El triunfo del candidato católico y neoliberal Vicente Fox impactó por supuesto, según lo apuntado hasta ahora, en la vida política y económica de Yucatán. Esto se tradujo en la incorporación al gobierno tanto federal como estatales de cuadros administrativos procedentes de grupos católicos y empresariales de élite. Hagamos antes una rápida síntesis histórica en nuestro caso. La evolución de la militancia panista (demócrata cristiana) y católica registró a partir de las fechas finales de 1960 cambios lentos pero a la larga graduales e importantes en la concepción del mundo y del cambio entre los integrantes de este partido.

La corriente demócrata cristiana dominante por décadas dentro del PAN e integrada por personas procedentes de la clase media y media alta, fue progresivamente desplazada por corrientes católicas pragmáticas, abiertamente identificadas en un primer momento con la Doctrina Social de la Iglesia católica. Pero a partir de 1979, como segundo momento, no sólo por las facetas más integristas del pensamiento de Juan Pablo II, [21] sino porque enarbolaron un discurso modernizador o “flexible” de las relaciones entre el capital y el trabajo. Estas han embonado, ante todo, con la tradición nacionalista recogida por la CEM en la Carta Pastoral “Del Encuentro con Jesucristo a la Solidaridad con todos”, [22] al mismo tiempo y en aparente contradicción con los grupos empresariales que promueven y apoyan al foxismo y al despliegue del Plan Puebla-Panamá en la península y otras entidades del golfo de México. Se configuran pues, en la actualidad, como una derecha católica neoliberal con alcance regional.

Hoy día, con el triunfo electoral del empresario neoliberal Patricio Patrón Laviada, esa derecha católica neoliberal es un grupo adscrito a la corriente foxista nacional que domina el gobierno de la entidad y la estructura directiva estatal del PAN; que además influye desde el espacio público en la conducta política de la ciudadanía local (sobre todo católica). Su presencia en las instancias gubernamentales ahora dirigidas en casi su totalidad por funcionarios católicos le dan un matiz particular a la acción gubernativa; lo mismo usan un discurso anticorrupción para preservar su mermada credibilidad, como aparecen participando en fiestas y gremios católicos que por la vía de un inédito populismo católico los afirma en una postura de fuerza facciosa desde el gobierno. Están dispuestos a privilegiar ante la sociedad una religión [23] y a un solo modelo económico: el neoliberal.

Un aspecto clave de este proceso es que la oportunidad de acceder a una modernización de las relaciones políticas e individuales a través de una democracia ciudadana propiamente dicha se promueve a partir de combinar política y religión, sobre todo si esta es católica. Así, podemos preguntar si en esta región del sureste mexicano, ¿el paso del “ciudadano” aforado adscrito por años a una idea nacionalista que embonaba con la lógica monopartidista estatal se está dando de una manera mediatizada en la religión? Es decir, ¿la crisis del nacionalismo dominante (el oficial) y el intento de emergencia o resurgimiento de un nacionalismo populista con base religiosa dirigido por elites organizadas propone como razón de ser de dicho tránsito, el desarrollo de un Estado confesional abierto al mercado? Parece contundente una respuesta o hipótesis afirmativa. Y el método: pareciera que mediante acciones de gobierno y legislativas al que se someterían como parte del “nuevo pacto democrático” a los nuevos ciudadanos. Analicemos los más recientes sucesos.

Esa última descripción se ha hecho explícita a partir de que el nuevo gobierno surgido del PAN asumió el poder político estatal, y muchos de sus representantes populares accedieron como mayoría simple dentro del Congreso estatal. Muchas de sus acciones e iniciativas sólo apelan a liquidar los vicios de los cuerpos legislativos priistas del pasado estimulando nueva legislación en materias electoral, laboral, derechos humanos, entre otros aspectos. Pero también se observa su tendencia a promover gran parte de cambios formales apegándose a los principios centrales de la concepción católica del individuo en tanto miembro de una comunidad religiosa englobada por la “comunidad” del mercado. [24] Por esta razón, poco significativas resultan medidas demagógicas asociadas, por ejemplo, a la creación de un instituto de calidad empresarial si su alcance institucional termina supeditado a las políticas generales asociadas a la generación de desempleo, y demás.

La población católica de base, por su parte, ha asumido con celo particular una cierta condición ambigua de ciudadano, ligándose de forma quizá más intensa a movimientos católicos diocesanos. [25] Así, tanto por estímulos coordinados desde el nuevo gobierno como por la propia acción de los grupos católicos, se está dando continuidad a la idea de la necesidad de preservación del catolicismo como fuente y matriz de la organización de la sociedad y del “nuevo” Estado. Y desde el propio poder político como desde los medios católicos, se pretende que lo ciudadano germine y madure identificándose también con el proyecto político neoliberal dominante.

Parece buscarse perfilar desde las instancias del actual gobierno (concebido además como gobierno militante o de partido), una nueva cultura de participación en la que el catolicismo determine el juego de las representaciones ciudadanas en construcción con base a las determinaciones del consumo y del mercado. Si bien esto no se considera como trascendente para el propio despliegue de la vida democrática abierta, el impacto que causan las políticas públicas neoliberales en aumento del desempleo y favoritismo hacia grupos monopólicos específicos, podría significar a mediano plazo una debacle para la vertiente religiosa del propio modelo neoliberal de construcción de ciudadanía.

La disputa por el favor político de la ciudadanía, a través o no de sus creencias y preferencias partidistas es en esta apertura del siglo XXI, sin embargo, una constante en cualquier región de México. Los actores políticos reconocidos, en conjunto, si bien apelan al aspecto novedoso de la vida democrática (electoral) y de crítica, en muchos sentidos también apuntan a encuadrar la transición o cambio de régimen en contenidos religiosos siguiendo la pauta dominante que el catolicismo –caso de Yucatán- tiene en algunos casos; en donde por supuesto se pretende que el catolicismo marque la pauta de la identidad ciudadana como forma tácita y abierta de participación al mismo tiempo que sirva de contención al sentido plural de la sociedad moderna. No solo por la diversidad religiosa propiamente dicha –“peligrosa” para un modelo como el católico regional-, sino porque la modernidad gestada desde el mercado (cada vez más global) apuntala a un ciudadano libre desde el proceso mismo del consumo de símbolos e imágenes religiosas o no religiosas. [26]

Y más que “enfrentamiento”, como se caracterizó durante una larga etapa histórica el conflicto aparente entre el nacionalismo estatal y el nacionalismo católico, la pregunta en situaciones de relativa polaridad como la de Yucatán es si en realidad no se está dando tan solo una suerte de reacomodo recíproco entre ambas tradiciones. En donde lo civil y lo religioso terminen, por efectos del mercado y del propio poder político, fundiéndose o complementándose en forma utilitaria más de lo que parecían estar separados; obviamente no por necesidades y requerimientos sociales, sino respondiendo a exigencias del propio mercado y a condiciones culturales (la forma en que se vive la religión como consumo) que requiere para ampliarse en una región poco industrializada o muy encuadrada al sector terciario.

Y ¿por y para qué?: en virtud de afirmar la gobernabilidad y legitimidad políticas necesarias en todo régimen democrático (elitista, partidocrático o incluso neoautoritario). [27] Pero también como prolegómeno de lo que sería la constitución de legislaciones (federal y locales), que avalen al catolicismo como religión privilegiada (quizá hasta religión oficial de Estado), y el despliegue de políticas públicas tendientes a consolidar mediante esta religión facetas radicales del programa neoliberal en las relaciones económicas y sociales.

Parece estar claro, hoy día, que el status de religión del gobierno (o de los gobernantes) ya lo ha conseguido, pero ¿qué está ocurriendo con el proyecto económico propiamente dicho? Y ¿cómo concibe el nuevo gobierno panista su labor para el logro de mejoría económica, social y cultural de la población? Básicamente como de aliento voluntarista hacia la empresa individual, pues toda acción que implique apoyo es leída como paternalismo, aunque este tema es algo sobre el que deberá profundizarse en otros trabajos analíticos.

Estamos viendo en Yucatán, en esta etapa inicial del siglo XXI, el arraigo compulsivo que dos tradiciones históricas nacionalistas hasta cierto punto en crisis (una liberal y otra católica), tienen sobre la conciencia, comportamiento y en general cultura política de una sociedad por años anquilosada en formas de representación en las que el voto individual y racionalizado no existían. Una sociedad que apenas empieza a encontrar (y a desconfiar) en el voto la forma de incidir de forma significativa en una democracia participativa; que también aprende a evaluar el resultado de sus decisiones desprendiéndose, aún con muchos esfuerzos, de la fuerte lógica comunitarista de esos dos nacionalismos dominantes decantados desde los poderes político y religioso, respectivamente.

La vertiente ahora triunfante, aupada por el catolicismo en general, y de fuerte sustancia confesional y neocorporativa dada su base comunitarista religiosa, está muy apegada y comprometida con el modelo neoliberal que pretende impulsarse a través del PPP y el PED. De mantener este proyecto su ritmo ascendente entre la ciudadanía electoral podría consolidar, en muchos sentidos, gobiernos cuyas secuelas primarias en lo económico y cultural tiendan a centralizar aún más las decisiones públicas, tal como ya se ha manifestado durante los primeros quince meses de gobierno panista. Estarían pues empezando a cubrir un ciclo que desde luego no sabemos cuándo ni en cuánto tiempo podría ser revertido por la propia reflexión y evaluación ciudadana que en diversas organizaciones, movimientos y ciudadanos ya se expresa como inconformidad y en algunos casos rechazo.

Finalmente, como consecuencia del enfrentamiento entre los electores-ciudadanos que se identifican con una u otra de las tradiciones dominantes, se observa que la transición política, más que fortalecerse en el reconocimiento plural de la sociedad, se está ubicando en tierra mítica y de disputa de dos discursos autoritarios. En donde el catolicismo parece tener algo de ventaja dado que ha logrado articular a la arena política partidista su propio modelo ideal de sociedad. Ello a través de prácticas y mensajes con contenidos públicos confesionales presentados como parte central de la suerte de “guerra santa” contra los resabios del viejo Estado priista y contra la “hechicera” modernidad. Sin embargo, de no contener las consecuencias sociales de la aplicación del moderno modelo neoliberal en boga (sobre todo por su inclinación abierta a impulsar la aplicación del Plan Puebla Panamá), la “transición política” que en los hechos conducen, podría solo quedar en condenas eficientes. En amonestaciones moralistas hacia viejos vicios políticos y administrativos pasados y presentes. Y solo conseguirían, quizá con altos costos sociales, aforar a la nueva ciudadanía en circuitos de consumo de bienes tangibles y religiosos aún más despóticos y enajenantes que los del pasado.

* Profesor-Investigador del CINAH-Yucatán e Investigador Nacional Nivel I (SNI)

[1] El gobierno del presidente Luis Echeverría Alvarez creó oficinas de desarrollo urbano en todo México, y dio los primeros pasos en materia de descentralización económica industrial impulsando la inversión estatal en las ciudades medias del país mediante la política de los Polos de Desarrollo. Para la regulación de estas políticas creó la Ley General de Asentamientos Humanos a mediados de 1976, y estableció que todo lo relativo al desarrollo de los nuevos asentamientos se instrumentaría a través del Plan Nacional de Desarrollo Urbano y de los planes estatales y municipales congruentes con este plan general. En Yucatán, la Ley de Desarrollo Urbano Estatal se crea en 1977 bajo el gobierno del doctor Francisco Luna Kan, dejando en claro que las políticas concernientes a los centros de población de la entidad se llevarían a cabo a través del Plan Estatal de Desarrollo Urbano decretado en diciembre de 1978; finalmente, en noviembre de 1980, se emitió el decreto correspondiente al Plan Municipal de Mérida que estableció la necesidad de congruencia del desarrollo de este asentamiento con los planes de mayor jerarquía en la materia; ver Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, Ley de Desarrollo Urbano Estatal, 28 de enero de 1977; así como Plan Estatal de Desarrollo Urbano, 21 de diciembre de 1978, y Decreto del Plan Municipal de Mérida, 17 de noviembre de 1980, en la misma fuente.

[2] Sobre el Plan Puebla Panamá puede consultarse Alejandro Alvarez et al., Economía política del Plan Puebla Panamá, México, Ed. Itaca, 2002.

[3] La C.P. Ana Rosa Payán Cervera es la actual Presidenta Municipal de Mérida, en su segundo período. En la última década y media la antecedieron en el cargo los panistas Xavier Abreu Sierra (1998-2001), Patricio Patrón Laviada (1995-1998), Luis Correa Mena (1994-1995), la propia Ana Rosa Payán Cervera (1991-1994), y los priístas Carlos Ceballos Traconis (cesado por corrupción) y su relevo Tuffy Gáber Arjona (1988-1991), e ingeniero Herbé Rodríguez Abraham (1985-1988).

[4] Un seguimiento detenido del problema de los gobernadores priistas y perredistas integrados a la Comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO) con el gobierno federal (Presidencia de la República y Secretaría de Hacienda), sugiere que los recortes de las partidas federales hacia las entidades podría responder a la lógica de una política pública neoliberal, de ahorcamiento a la inversión productiva y social estatal, para dar paso a la venta y endeudamiento de los gobiernos locales con iniciativa privada, empresas y/o empresarios transnacionales, mafias de empresarios de “cuello blanco” y demás.

[5] Armando Bartra, “Hacia una nueva colonización del sureste”, En: Alvarez et al., op. cit., pp. 81-109.

[6] La temática de la globalización y su impacto en los Estados nacionales (regiones y localidades), así como en las relaciones sociales e individuales puede seguirse en los siguientes textos: Noam Chomsky, et al, La Sociedad Global. Educación, mercado y democracia, México, Ed. Joaquín Mórtiz, Col. Contrapuntos, 1995; Hanz Peter Martín y Harald Schuman, La trampa de la globalización. El ataque contra la democracia y el bienestar, Madrid, Ed. Taurus, 1996; Zygmunt Bauman, La Globalización. Consecuencias Humanas, México, Ed. FCE, 1999; Alvarez. op. cit., 2002.

[7] Casos como el argentino, el uruguayo y en menor escala los casos colombiano y venezolano han puesto en la miseria, la violencia y la guerra civil a grandes sectores sociales en esas naciones. En el último de ellos, Venezuela, el arribo al poder de un político que intentaba consolidar un proyecto más social, ha significado el retorno a una larga etapa de inestabilidad y desgaste de todos los modelos de nación en conflicto en este país. En declaraciones recientes, el propio presidente Hugo Chávez, afirmó que detrás de los militares y empresarios promotores de la inestabilidad política se encuentran los intereses del Acuerdo para el Libre Comercio de las Américas (ALCA), el hermano mayor del PPP. Sobre sucesos recientes del caso venezolano ver Por Esto!, Presidente Chávez denunció el proyecto económico de los oficiales golpistas como antinacional. Documento incautado revela intención de que Venezuela entre de inmediato al ALCA, Internacional, pp. 1 y 3.

[8] Un ejemplo se dio durante la develación de una placa conmemorativa del décimo aniversario del Centro Educativo Renacimiento por el gobernador PPL, y al que también asistieron la secretaria de educación Psic. Carmen Zita Solís Robleda y el Pbro. Jorge Herrera Vargas en su calidad de coordinador de la Comisión de Educación de la Arquidiócesis, DY, Con educación integral se hace mejor Patria, afirma el gobernador en el Centro Educativo Renacimiento, 4 de octubre del 2001, Imagen, p. 3.

[9] Otro tanto de pragmatismo se descubre en cómo las propias jerarquías católicas, asustadas por el distanciamiento social de la ritualidad tradicional, ajustan sus intereses con las de estas neo-oligarquías financieras y partidistas.

[10] Moreno González, Peón Ancona y Mier y Terán Fortuny tenían vínculos entre sí a través de empresas de asesoría empresarial; ver Por Esto!, Ex funcionario corrupto se radicó en EU, Ciudad, 26 de octubre de 2002, p. 16.

[11] Los principales grupos empresariales que apoyan al gobernador PPL son Banamex-Citigroup, Grupo Cervecero Cuauhtémoc-Moctezuma, Grupo Bao, Grupo farmacéutico IZA, Grupo farmacéutico Canto, Grupo editorial Diario de Yucatán, entre otros.

[12] Boletín de Prensa y Boletín 2 firmados por 7 comunidades indígenas, 6 organizaciones y más de tres decenas de ciudadanos integrados al Foro por la humanidad y contra el neoliberalismo enviado por Internet el día 15 de septiembre de 2002 (copia impresa).

[14] Por Esto!, Se perdieron 9,550 empleos, Ciudad, 7 de septiembre de 2002, p. 2. Las declaraciones correspondieron al subsecretario de Promoción de la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial del Gobierno del Estado (SEDEINCO), Bernardo Cisneros Buenfil.

[15] Bauman, op. cit.; como destaca este autor para países en los que la política económica neoliberal se implanta sin ningún tipo de regulación jurídica laboral ni social, estas contracciones económicas solo han propiciado el incremento de índices de delincuencia e inseguridad en esas regiones. Yucatán no escapa desde luego a esta tendencia pues los índices delictivos tanto en el medio rural como urbano se ha disparado en la última década. Tan solo en el centro de la ciudad de Mérida se aplican ya acciones policiales masivas contra la delincuencia similares a las ejecutadas en las grandes capitales del mundo capitalista occidental.

[16] Ver edición del diario Por Esto!, Ciudad, 29 de julio de 2002, pp. 1-13, con relación al I Informe de Gobierno del gobernador Patricio Patrón Laviada.

[17] Es notable, en este sentido, que el número de personas que asistió al I Informe de Gobierno de Patricio Patrón Laviada, el 29 de julio del presente año, haya sido muy bajo en comparación a las personas que participan en las jornadas cívicas que dictan los triunfos electorales partidistas. En contraste, y quizá como parte de un arraigo relativamente reciente hacia la jornada festiva del día de la Independencia de la Corona española, la población se desbordó a la velada que las propias autoridades panistas convocaron en Mérida el 15 de septiembre del 2002; ver sobre esto las ediciones de los periódicos Por Esto!, DY y Mundo al Día del 16 de septiembre del 2002.

[18] Algo por cierto muy notorio si se analiza con seriedad (como hasta ahora nadie ha hecho), la actuación del actual gobierno en sus acciones previas, durante y después del paso del huracán Isidore que prácticamente destruyó la economía local en un 80%.

[19] Una crítica a la ambigüedad del discurso de la dirigencia nacional del PRI respecto a la política foxista, comandada por Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo, desde la misma órbita priista es la de José Luis Sierra Villarreal, El dilema de Madrazo: buscar el cogobierno o ser partido opositor, Por Esto!, Opiniones, 13 de septiembre de 2002, p. 1, y El doble discurso de Madrazo y Elba Esther. El PRI en Yucatán: la inmovilidad que le impone la alianza Madrazo-Cervera, Por Esto!, Ciudad, 15 de septiembre de 2002, pp. 24 y 25.

[20] A raíz de que Alejandro Mier y Terán Fortuny fue sustituido de su cargo como director de desarrollo industrial y comercial estatal, la COPARMEX-Mérida, prácticamente desapareció de la escena pública y sólo reapareció en fechas recientes a través de la voz de Canto Ontiveros.

[21] Carlos Castillo Peraza, “La batalla de Mérida”, en Nexos 158, abril-mayo 1991, pp. 52-57. Hacia principios de 1982 estas corrientes y grupos empezaron a influir más en las instancias internas del PAN de esta entidad, adoptando un preclaro matiz católico doctrinario y neoliberal; tanto en su jerga proselitista como matizando su discurso opositor al régimen de partido de Estado desde una perspectiva favorable a la libre empresa. El carisma del dirigente empresarial norteño Manuel J. Clouthier impulsó de forma indirecta pero efectiva el llamado neopanismo en la entidad. Este, como se sabe, fue una mezcla de pragmatismo político neoliberal y católico que se originó en el norte del país, y emergió como actor político demandando limpieza electoral y administrativa que cuajó en nuevos liderazgos nacionales (Fox) y locales (como Ana Rosa Payán y Patricio Patrón Laviada).

[22] CEM, op. cit. Es este, un documento cuya lectura detenida presume que su elaboración llevó varios años de concepción y redacción.

[23] DY, El gobernador, con un gremio en San Sebastián, Secc. Imagen, 15 de agosto de 2002, pp. 1 y 5. Al arremeter con inusitada fuerza en la esfera pública (prensa, televisión, púlpito, y demás), huérfana ésta de discursos políticos libertarios e igualitarios de izquierda o sociales con arraigo cultural, esta derecha católica neoliberal abrió el camino para que la población electoral identificara la oferta democrática del PAN como la más viable para transitar a un cambio político y económico en la zona. No se puede negar que ha sido eficiente su oferta pública alternativa. Ejemplo de esto es cómo la clase dirigente del PRI, acotada por el discurso religioso, irrumpió progresivamente en la esfera pública, ante la población electora, con actitudes que los identificaban repentinamente como ‘católicos ejemplares’; fenómeno similar se ha expresado entre líderes y militantes de otras agrupaciones ciudadanas y partidistas, incluidas las de la llamada izquierda.

[24] Tanto desde la instancia legislativa como en la ejecutiva pues -como en los primeros meses del gobierno foxista-, el gobernador surgido del PAN (Patricio Patrón Laviada), fue actor y parte de una campaña pública en la que su religión (y religiosidad) católica se presentó a la sociedad como signo y seña del cambio vivido en la entidad, al mismo tiempo que su imagen se publicitaba cercana a grandes empresas y empresarios ligados a su vez a la promoción regional del PPP. Este aspecto del grupo católico neoliberal del gobernador los diferencia de las posiciones del jerarca católico local quien cuestiona el creciente individualismo y materialismo que se impulsa con el mercado, aunque esto no parece distanciar al arzobispo de la satisfacción que le causa que desde el propio gobierno se promueva a lo católico como ideal ciudadano.

[25] Poco después del triunfo electoral de Patricio Patrón Laviada, el arzobispo Berlié Belaunzarán declaró en su programa televisivo Dialogando con el Arzobispo del Canal 3 local que, en Yucatán, se registraban ya un total de 61 movimientos diocesanos y que estos “van cada vez más en aumento”. Poco tiempo después, en los días de fiestas patrias, el jerarca informó que eran ya 67 los movimientos diocesanos registrados.

[26] Elio Masferrer, ¿Es del César o es de Dios? Religión y política en el México contemporáneo, Tesis para obtener grado de Doctor en Antropología, ENAH, 2000.

[27] Este fenómeno, o proceso, se deja ver con mayor contundencia en algunas entidades del país puesto que, dictado por la historia institucional de cada una de ellas, la fortaleza de la tradición religiosa contrasta (principalmente en los terrenos político y público), con la debilidad cuando no negación del individuo y de la sociedad en tanto expresiones diversas, pluriétnicas e ideológicamente plurales.

El sueño de los católicos neoliberales de Yucatán.