Política exterior, menoscabo de principios

Jorge Calderón Salazar* - Andrés Peñaloza Méndez**

Alvaro Villegas Soto**

Desde el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 (PND) advertimos que la política exterior mexicana seguiría la tendencia de las administraciones anteriores (Miguel de la Madrid y Carlos Salinas) de subordinación a las estrategias geopolíticas de las grandes potencias económicas en menoscabo de las mejores tradiciones diplomáticas del país, basadas en principios históricos como autodeterminación, no intervención, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias, lucha por la paz y desarme e igualdad jurídica de los Estados.

En el gobierno de Ernesto Zedillo se fortaleció la tendencia a la mercantilización de la política exterior. En efecto, desde el PND se asentaba que "... la defensa de la soberanía comprende impulsar en el ámbito internacional, nuestra visión sobre asuntos como el libre comercio...". [1] De esta manera nuestros vínculos con el mundo gravitaron en torno a tratados de libre comercio e inversión y a convenios de índole financiera. Todo, ligado a una creciente subordinación a la geopolítica de Estados Unidos de América (EUA).

La estrategia de las relaciones con el exterior definida en el PND apuntaba a esa política de subordinación a los intereses de las grandes potencias. Mientras América del Norte, particularmente EUA, se considera de "interés estratégico" y se establece la "prioridad" para alcanzar un TLC con la Unión Europea (UE), América Central y El Caribe sólo se ubican como de "interés nacional", destacando la necesidad de "consolidar el marco del libre comercio en la región". Para el caso de América del Sur se planeó impulsar "los mecanismos de coordinación para el perfeccionamiento de los acuerdos de libre comercio" y a partir de ellos aproximarse al Mercosur. Para Chile se ofreció apoyar su ingreso al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Transcurridos seis años bajo un pragmatismo que mezcla asuntos trascendentes con líneas francamente contradictorias con las mejores tradiciones diplomáticas del país, resulta difícil precisar que exista una política exterior propiamente dicha.

Total divorcio con el ejercicio de la soberanía popular

El tratamiento de los asuntos internacionales durante la administración zedillista no correspondió con el ejercicio de la soberanía nacional. Al no promover mecanismos de diálogo y concertación entre el gobierno y la sociedad mexicana, la orientación de los programas oficiales sigue un curso diferente y, a menudo, opuesto a las aspiraciones, reclamos y propuestas del pueblo mexicano.

Al advertirse que el gobierno federal no promueve una visión realista, objetiva y equilibrada de la situación mexicana, se empieza a generar una diplomacia ciudadana, parlamentaria e incluso política. Lo anterior es claro en temas como el conflicto armado en Chiapas y otras regiones del país; la actividad de grupos de connacionales en el exterior y lo concerniente a derechos humanos y elecciones.

El VI Informe presidencial omitió que durante el sexenio zedillista la situación de los derechos humanos en México se deterioró de manera significativa. En este contexto, no es casual que existan más de 250 organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos cuando en el año de 1984 sólo existían cuatro. Lo mismo puede decirse respecto al creciente número de grupos ambientalistas, de educación ciudadana, etcétera, muchos de los cuales interactúan en los planos local, nacional e internacional.

Frente a las múltiples denuncias de violaciones graves, sistemáticas y comprobadas de los derechos humanos, presentadas por partidos políticos, ciudadanos y organizaciones civiles nacionales y extranjeras el gobierno pretendió hacer caso omiso de los compromisos asumidos en los convenios internacionales ratificados por el Senado expresando: "Los mexicanos no necesitamos ni aceptamos la tutela extranjera para dirimir nuestras diferencias ni para solucionar nuestros problemas (...) La soberanía de México no se negocia ni se negociará jamás". [2]

O bien, levantaba nubes de humo para colocarse como un gobierno empeñado en perfeccionar el Estado de derecho, respetar los derechos humanos y asumir los compromisos adquiridos ante la comunidad internacional. Así, por presiones diversas el gobierno federal tuvo que constituir en 1997 una Comisión Intersecretarial para el Cumplimiento de los Compromisos Internacionales de México en Materia de Derechos Humanos. Un año después se dio a conocer el Programa Nacional de Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos y la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Entre 1995 y 2000, México recibió doce visitas oficiales de funcionarios de diversas instancias internacionales, entre ellas de cuatro Relatores Temáticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), de las Altas Comisionadas de las Naciones Unidas para los Refugiados y para los Derechos Humanos, así como de la Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la ONU.

Lo cierto, es que el gobierno zedillista, además de exhibir una gran reticencia para aceptar el escrutinio internacional, pasó por alto las observaciones y recomendaciones emitidas por los organismos internacionales especializados en la protección de los derechos humanos, como la OEA y la ONU. [3]

En agosto de 1998 la Subcomisión de las Naciones Unidas para la Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías aprobó una resolución sobre la situación de los derechos humanos en México y su evolución, en dicha resolución se emitieron las siguientes recomendaciones:

A las autoridades de México, garantizar el pleno respeto de los instrumentos internacionales de que es parte, dando alta prioridad a: a) la lucha contra la impunidad de los autores de violaciones graves de derechos humanos, especialmente aquéllas que causan numerosas víctimas entre los miembros de las poblaciones autóctonas; y b) la promoción de la acción de los defensores de derechos humanos, garantizando su seguridad.

A los signatarios de los Acuerdos de San Andrés, reiniciar el proceso de paz, dando prioridad al diálogo.

A la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, examinar, con fines preventivos, en su próximo periodo de sesiones, la evolución de la situación de los derechos humanos en México.

La reacción del gobierno zedillista en este asunto no se distanció de aquélla que la canciller Rosario Green expresara como de "evidente falta de información" cuando la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Mary Robinson, denunció una alarmante situación en comunidades chiapanecas y sugirió restablecer el diálogo y reducir la presencia militar en la región e incluso ofreció apoyo técnico para una mejor observancia de los derechos humanos en el país, asunto que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y varias organizaciones civiles han demandado.

Frente al alarmante clima de violaciones a los derechos humanos de comunidades y personas que vive el país, el gobierno zedillista también restringió la apertura a la observación internacional. El 27 de mayo de 1998 se dio a conocer la nueva política de acreditación y admisión de observadores internacionales de derechos humanos, en ella, se confirieron atribuciones discrecionales a las autoridades migratorias para la admisión y la acreditación de observadores internacionales, adoptando regulaciones sin consultar al Poder Legislativo en cuestiones que son de su facultad.

Algunas disposiciones contenidas en la "nueva política de acreditación y admisión de observadores internacionales de derechos humanos" son:

En caso de violaciones graves a los derechos humanos como los sucesos de Aguas Blancas, Acteal y El Bosque, el requisito de solicitud de acreditación como observador con 30 días de anticipación resulta inoperante ya que los hechos que motivan la observación habrán sufrido modificaciones sustanciales, incluso sin intervención de las autoridades responsables.

Es preocupante la discrecionalidad que se otorga a los funcionarios de la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, para calificar la experiencia y la seriedad de las organizaciones visitantes y decidir su legitimidad y aprobación para realizar el trabajo de observación.

En cuanto al tiempo máximo de diez días que otorgan las autoridades para realizar la observación, ésto dificulta que sea integral, imparcial y completa.

En lo que se refiere a la obligación de presentar el proyecto de trabajo a desarrollar en México, es potencialmente peligrosa para las víctimas y los testigos de derechos humanos, ya que entorpece su labor. Los observadores de derechos humanos no pueden ser forzados a divulgar los nombres de testigos y víctimas de violaciones como requisito para entrevistarlos, ya que los exponen a represalias. La información previa respecto a los sitios a visitar conlleva también riesgos de ataques o vigilancia por parte de las autoridades a los habitantes del lugar.

Medidas como éstas restringen la defensa y promoción de los derechos humanos. Esta actitud riñe con la Declaración sobre el Derecho y Deberes de los Individuos, los Grupos y las Instituciones encargadas de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales universalmente reconocidos cuyo artículo primero establece el derecho de toda persona, en lo individual y en lo colectivo, a promover la protección y la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el plano nacional e internacional. Además, permite a los defensores de derechos humanos "publicar, distribuir y difundir libremente opiniones, informaciones y conocimiento relacionado a los derechos humanos y libertades individuales".

Es una realidad que la observación internacional ha crecido significativamente en nuestro país y en el mundo en los últimos años, y es por ello que si se quiere regular en esta materia, el gobierno zedillista no debería limitarse a dejar al arbitrio de algún funcionario la aceptación de observadores de derechos humanos, sino que debería incluir la figura del observador en la Ley General de Población y en su Reglamento, con criterios claros y objetivos.

El gobierno federal se arroga la facultad de "solucionar conflictos" internos sin tomar en cuenta, en términos reales, las recomendaciones de organismos e instituciones multilaterales. Aquí la globalización no existe. Ni compromiso que valga para honrar, acuerdos, como los de San Andrés, o convenios o declaraciones internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, en primer término, obliga a todos los gobiernos del planeta a respetar la vida de las personas, independientemente de su condición económica, étnica, cultural, social, religiosa.

Por otra oarte, el contenido de los tratados de libre comercio y de los acuerdos financieros da indebidas y anticonstitucionales facultades a instituciones financieras internacionales en la supervisión y control de la política económica y social de la nación, sometiendo al país a severos programas de ajuste estructural. Estas políticas neoliberales impiden el cumplimiento de compromisos asumidos en las cumbres mundiales sobre medio ambiente, derechos humanos, desarrollo social, mujer, infancia, población, asentamientos humanos y seguridad alimentaria, todos tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población.

Adicionalmente, el contenido de los tratados y convenios comerciales, financieros y de inversión van en sentido opuesto al reclamo mundial de reformar el sistema económico, comercial, financiero y monetario actual sobre la base de una nueva relación entre el Sur y el Norte, misma que contemple como eje rector la democratización de las instituciones multilaterales, la regulación y control del capital especulativo, la estabilización de los precios de las materias primas y un acceso preferencial a los mercados del norte en beneficio de las naciones del tercer mundo con objeto de reducir las desigualdades al interior y entre las naciones. Estos planteamientos se han formulado de manera enérgica y clara en diversos foros parlamentarios, políticos y de grupos de la sociedad civil mundial.

Estimamos que sólo consensando democráticamente la política exterior lograremos las mejores condiciones de inserción del país en el concierto internacional y evitaremos presiones de potencias extranjeras, de inversionistas especuladores y empresas transnacionales.

México sin iniciativas de envergadura en el ámbito internacional

Hace mucho tiempo que nuestro país no emprende iniciativas trascendentes en el concierto internacional. La última, probablemente, fue la del Grupo Contadora.

El Poder Ejecutivo Federal destaca el concurso de México en la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el Control Internacional de Drogas, efectuada en Nueva York en junio de 1998. Efectivamente, dicha reunión tuvo su antecedente en una iniciativa presentada por el gobierno mexicano en 1994, en la que se subrayaba la necesidad de examinar la estrategia antidrogas de la última década, hecho relevante pues coincidía con el décimo aniversario de la Convención de las Naciones Unidas de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas y Substancias Psicotrópicas. Sin embargo, países como Gran Bretaña y EUA se opusieron, logrando a la postre enfocar la agenda al reforzamiento de las actuales políticas y estrategias en lugar de buscar alternativas más eficaces y viables.

En la Declaración Política de la Sesión Especial sobre el Control Internacional de Drogas se advierte la ausencia de un diagnóstico crítico sobre las estrategias seguidas, mismas que han socavado democracias, acrecentado la militarización y mermado las instituciones civiles, así como violaciones a los derechos humanos, degradación del medio ambiente, erosión de los sistemas judiciales y vulneración de las economías. Aunado a ello, son cada vez más recurrentes, en clara violación de los mecanismos de cooperación multilateral, las acciones extraterritoriales e intervencionistas de EUA, que van desde el proceso anual de certificación antidrogas, hasta acciones policiacas y de persecución judicial en otros territorios. Un punto esencial de la Sesión Especial de Naciones Unidas debió ser la insistencia de que las acciones unilaterales de EUA afectan no sólo a México, sino al resto de los países.

Es evidente que la política del combate al narcotráfico emprendida por EUA levanta cortinas de humo para cubrir otros objetivos. La insistencia en culpar a otros países de sus problemas de drogas, cuando 50% del consumo internacional se concentra en ese país, o el énfasis en redes de apoyo al narcotráfico ubicadas fuera de sus fronteras sin aportar datos sobre los verdaderos beneficiados de esta red internacional, ubicados, precisamente, en su territorio, son prueba de que las acciones unilaterales emprendidas por Estados Unidos son actos deliberados contra nuestra soberanía.

México no aprovechó adecuadamente este foro para buscar acuerdos multilaterales inscritos en el ámbito de la cooperación internacional y de respeto a las soberanías nacionales, en lugar de convenios bilaterales que se han vuelto letra muerta para EUA. Desafortunadamente, el gobierno mexicano, a pesar de las constantes pruebas a la violación de nuestra soberanía, decidió no hacer referencia, durante los trabajos de la Sesión Especial, al operativo Casablanca.

Acciones como el Casablanca, fueron actos intervencionistas de los EUA para acusar al sistema financiero mexicano de estar infiltrado por las redes internacionales de lavado de dinero (ocultando que las principales acciones de lavado de dinero se realizan en los propios Estados Unidos) y debilitar la banca nacional, creando un clima que favorezca y justifique su entrega a manos extranjeras. Asimismo, fue reveladora la ausencia de bancos norteamericanos involucrados en la operación Casablanca, lo que comprueba la parcialidad del enfoque del gobierno de EUA sobre el combate al narcotráfico y el lavado de dinero. Para nadie es un secreto el papel que los bancos norteamericanos tienen en este jugoso negocio. Toda la parte sur de Florida vive un auge económico debido al aumento de sucursales de bancos grandes y pequeños que tienen como principales clientes a los grandes narcotraficantes. El lavado de dinero en el mundo durante 1997 fue de alrededor de 600 mil millones de dólares, la mitad de esta cifra se lava solamente en EUA.

El caso Casablanca debió haber sido uno de los ejes de la participación mexicana en la Sesión Especial. Ubicarla como la muestra del nulo respeto de EUA hacia los acuerdos internacionales. Sólo así, sin callar las ofensas ni posponiéndolas, México estará en vías de establecer acciones efectivas y no retóricas, haciendo una revisión integral de los instrumentos de combate al narcotráfico, lo cual, de manera impostergable, debe incluir la estimación de lo que significa la producción, el tráfico y el consumo de drogas en aquél país. Casablanca, lejos de conducirnos al final feliz de la película del mismo nombre, como aventuró un vocero oficial, puso de manifiesto las fallas de seguridad nacional en México y la debilidad de respuesta de nuestra política exterior para defender enérgicamente la soberanía del país. [4]

En el marco de cooperación binacional México-EUA contra el narcotráfico, el Ejecutivo Federal se empeñó en celebrar acuerdos interinstitucionales entre organismos públicos que aún sin tener la personalidad jurídica internacional y sin la aprobación del Senado de la República se concretan bajo el cobijo de la inconstitucional Ley de Celebración de Tratados. [5] Lo grave es que incluso estos acuerdos son violados, en operaciones como el Casablanca, con el fin de presionar a México.

¿Qué buscaron estas acciones? Entre otras cosas, minar las pocas posiciones del gobierno mexicano, que aunque limitadas han sido críticas a la Ley Helms-Burton; de resistencia para crear un Centro Multilateral Antidrogas en la base Howard que el ejército estadounidense mantiene en Panamá; así como la insistencia de la necesaria reinserción de Cuba a los foros interamericanos. El concepto de soberanía, según Ernesto Zedillo, es el que definió las acciones en torno a la política exterior, pero en lugar de fortalecerla la vulneró más.

El proceso de certificación

Como parte de las medidas unilaterales y de proyección supranacional que el gobierno de los EUA mantiene en diversos temas con objeto de intervenir en asuntos internos de otras naciones, desde 1986 y bajo el amparo del Acta de Asistencia Extranjera, el gobierno estadounidense supervisa el desempeño en el combate al narcotráfico de 28 países considerados productores, distribuidores y consumidores de enervantes. La responsabilidad de Estados Unidos en el problema del narcotráfico y consumo de drogas no es supervisada por instancia internacional alguna, aún cuando 50% del consumo mundial de drogas se concentra en ese país, que la producción y distribución interna de drogas se acrecienta cada vez más y, que alrededor de la mitad de los 600 mil millones de dólares involucrados en operaciones de lavado de dinero, se presume, se realizan ahí y en las sucursales de sus bancos situados en paraísos fiscales.

Si bien el gobierno mexicano ha rechazado formalmente el proceso de certificación antidrogas estadounidense, lo cierto es que año con año se despliega un intenso trabajo de cabildeo sobre la efectividad de la política antinarcóticos mexicana. En 1999, por ejemplo, el propio Secretario de Gobernación y una amplia delegación oficial visitaron Washington con el propósito de divulgar ante el gobierno y sectores políticos estadounidenses los avances de México en materia antinarcóticos. [6] A partir de esa gira supimos que el gobierno federal tenía proyectado aplicar en el combate al narcotráfico 900 millones de dólares, un incremento de más del 3 mil por ciento. [7]

Respecto a la relación antinarcóticos con EUA, en la administración Zedillo se creó, en marzo de 1996, el Grupo de Contacto de Alto Nivel (GCAN) con el objetivo formal de coordinar estrategias y mejorar el control del tráfico de enervantes. Un año después se divulgó un diagnóstico conjunto y en 1998 se dio a conocer una estrategia binacional. En 1999 se presentó un informe sobre las mediciones para evaluar la efectividad de las políticas antidrogas. En agosto de 2000, durante la VIII Reunión Plenaria del GCAN, se evaluó el avance de la Estrategia Binacional. No obstante este marco de cooperación, en los últimos años el debate en torno a la descertificación de México se ha intensificado en círculos políticos estadounidenses. Cada vez son más abiertas las exigencias para que nuestro país ceda en diversos ámbitos, muchos de orden constitucional, so pretexto del combate al narcotráfico.

Cada año se incorporan nuevos criterios para calificar a México, entre ellos: la firma de un acuerdo marítimo bilateral antidrogas; el aumento de la erradicación y de los aseguramientos; firmar un Protocolo al Tratado de Extradición y aumentar el número de narcos extraditados; incrementar las detenciones de lavadores de dinero; inicio de operaciones de las Fuerzas de Tarea Bilaterales Antidrogas.

Igualmente se propuso elevar a ley una orden ejecutiva suscrita el 21 de octubre de 1995 (dirigida contra los cárteles de Colombia) con la intención de utilizar "información de inteligencia" e imponer multas que impidan los negocios e inversiones del narcotráfico mexicano en la economía estadounidense.

Todas estas propuestas, desde luego, fueron presiones adicionales hacia nuestro país para ceder en cuestiones de soberanía nacional. Así, por ejemplo, la firma de un acuerdo marítimo bilateral, con seguridad ampararía las ilegales incursiones que ya realizan barcos y lanchas de la marina estadounidense a nuestro mar patrimonial.

El narcotráfico, al ser un problema ligado a las armas y crímenes, se encamina a la militarización de su combate, dando cauce al principal sostén de la hegemonía estadounidense. De esta manera la lucha contra el narcotráfico actúa como punta de lanza en la binacionalización de la seguridad nacional; es decir, so pretexto de esa lucha, Estados Unidos pretende que la seguridad nacional de México sea una parte orgánica de la seguridad interna de EUA. Cada vez más están presentes los elementos que llevan a pensar la relación bilateral como una relación narcotizada. Desde la admisión de la DEA en México hasta la creciente capacitación de militares mexicanos en EUA, ya son muchas las concesiones de los gobiernos mexicanos y, acaso, la principal es que se continúe la militarización de la lucha antidrogas en México, no así en Estados Unidos.

La militarización del combate a las drogas nos coloca en una situación por demás vulnerable. La filtración del poder del narcotráfico en el Ejército mexicano, como lo revelan las detenciones de generales y oficiales por su vinculación con actividades ilícitas, quebranta la institucionalidad del Ejército. El Ejército mexicano debe ser relevado paulatinamente de estas tareas por parte de cuerpos policiacos especializados. Sería lamentable que a cambio de una dispensa a México para ser certificado por EUA, se cancelara esta posibilidad. [8]

Debemos exigir y desplegar iniciativas eficaces en el ámbito interno e internacional para rechazar los programas y leyes de aplicación unilateral e injerencias abiertas o soterradas en territorios soberanos por parte de los EUA y otras potencias; pugnar por nuevas políticas y estrategias de combate al narcotráfico enmarcadas en los mecanismos de cooperación internacional y de respeto pleno a las soberanías nacionales. Exigir planes de acción y programas eficaces de combate a la demanda de drogas y al blanqueo de dinero en las economías industrializadas y verificar en el ámbito de la ONU su cumplimiento.

A catorce años del proceso unilateral de certificación estadounidense, aún no se logra concretar la conformación de mecanismos multilaterales de evaluación antidrogas, no obstante la voluntad expresada tanto en la II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas como en la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el Control Internacional de Drogas, realizadas, respectivamente, en abril y junio de 1998. Y aunque sin duda será un importante avance la concreción de mecanismos multilaterales de evaluación antinarcóticos, lo cierto es que éstos no remplazarán la certificación unilateral estadounidense. Este año empezó a operar el Mecanismo de Evaluación Multilateral de la lucha contra el problema de las drogas ilícitas, mediante el cual todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos, participarán en la evaluación. La legitimidad de este mecanismo dependerá de qué tan objetiva pueda ser la evaluación.

Es ineludible la realización de un diagnóstico crítico sobre las políticas de combate al narcotráfico, en los planos interno, bilateral, hemisférico y mundial, toda vez que, en muchos casos, han propiciado prácticas injerencistas en perjuicio de la soberanía y la autodeterminación; el debilitamiento de instituciones gubernamentales y civiles y, de los sistemas judiciales; militarización; violaciones a los derechos humanos; vulneración de economías y degradación social y medioambiental.

Reiteramos nuestro contundente rechazo al proceso de certificación estadounidense, el cual ha resultado contraproducente para la cooperación internacional y pretexto de políticas intervencionistas y exigimos reforzar los mecanismos multilaterales de evaluación garantizando el pleno ejercicio de la soberanía y autodeterminación, así como, reorientar las políticas antinarcóticos con objeto de colocar la problemática del desarrollo, la democracia y el respeto y promoción de los derechos humanos en el centro de las políticas internas e internacionales de combate al narcotráfico.

Los TLC y de inversión como condicionantes de la política exterior

En la actualidad se han negociado nueve tratados de libre comercio a través de los cuales se establecen condiciones preferenciales con 27 naciones. Esta red de TLC´s que, a decir del Poder Ejecutivo, no tiene otro país en el mundo y que ha convertido a México en una "auténtica potencia exportadora a nivel mundial", revela que el eje fundamental del modelo es la liberalización económica. Otro de los conceptos es el de la protección y promoción de los intereses nacionales; sin embargo, todo indica que la seguridad que importa e impera es la de las empresas transnacionales con más oportunidades de penetración, sin un control que permita contrapesos, mediante los tratados de libre comercio ya pactados.

Sin duda el principal TLC que México tiene suscrito es el de América del Norte. Visto como una bendición por la administración zedillista, el TLCAN ha sido elogiado porque "...los problemas de México serían mucho más complejos, si no contásemos con él y porque es muy difícil encontrar un sector que se haya reprimido a causa del Tratado". También ha dicho que "México se ha convertido en uno de los países más importantes en producción de micro computadoras y en una potencia automotriz de clase mundial... impensable antes del Tratado" y que "buena parte del crecimiento económico de México en los últimos años, proviene del sector exportador y buena parte de los empleos generados provienen de este sector". Ninguna de estas declaraciones ofreció, sin embargo, a lo largo del sexenio los estudios y soportes técnicos que las sustenten.

A sus seis años de vigencia, el TLCAN, se ha situado en el centro de la crisis y de las políticas públicas de México. El tratado, además de cerrar un ciclo de reformas estructurales de corte neoliberal instrumentadas desde 1982, vino a inaugurar un nuevo proceso de desnacionalización y transnacionalización. A partir de su entrada en vigor se han acelerado los procesos de privatización, desregulación y apertura colocándonos en una situación excesivamente vulnerable a los dictámenes de los grandes inversionistas y de las empresas transnacionales y a la dinámica de la economía estadounidense.

México mantiene un dinamismo por demás precario, desigual e inestable, aspectos que se han acentuado en los años del TLCAN. En dicho periodo se registró una profunda crisis (diciembre de 1994), considerada en su momento por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la primera del siglo XXI, pues reflejó la alta vulnerabilidad que la actividad especulativa deja a los países inmersos en procesos de liberalización y que presagiaba su expresión generalizada, como a la postre aconteció, con la crisis originada en los países asiáticos (1997) y que se extendió con particular virulencia a Rusia (1998) y a Brasil (1999).

Después de aplicar un draconiano programa de ajuste, convenido como parte central del paquete de rescate financiero, que orquestó la administración Clinton para salvar a México (1995), y que permitió, dos años después, apenas recuperar los niveles precrisis, México se precipita a una recesión que nuevamente postergará los compromisos del TLCAN de "contribuir al desarrollo armónico" y de "crear nuevas oportunidades de empleo, mejorar las condiciones laborales y los niveles de vida". El Producto Interno Bruto (PIB) por habitante en 1999 fue tan sólo 0.49% superior al observado hace 18 años y los salarios se han deprimido en más de 20% ampliando aún más la brecha salarial con EUA, lo que abona a mayores flujos migratorios y desdice las promesas oficiales que aseguraban exactamente lo contrario.

Hay que decir que a pesar de las políticas antiinmigrantes emprendidas por las autoridades estadounidenses, con un fuerte carácter xenófobo, militarista y violatorio de los derechos humanos, que provocan varios decesos al día en el Río Bravo, en el desierto o a manos de los rancheros y grupos neonazis estadounidenses, los flujos migratorios se acrecientan. Anualmente desde 1995 se deporta de Estados Unidos, en promedio, a un millón de mexicanos indocumentados y este año se estima la devolución de un millón 300 mil más. Esto a pesar de las promesas del TLCAN y del crecimiento registrado en la economía mexicana.

La política migratoria de México afianzó su papel de policía tapón convenido soterradamente con el gobierno estadounidense. Cifras oficiales arrojan que a lo largo del sexenio zedillista se deportaron de México unos 665 mil extranjeros en situación migratoria irregular y se espera que al cierre del año sean devueltos unos 136 mil indocumentados, en su mayoría centroamericanos. Este tratamiento en contra de trabajadores migrantes contrasta con el otorgado a los 819 mil registros de visitantes de negocios, quienes reciben un tratamiento especial favorable previsto en los capítulos sobre "hombres de negocios" pactados en los TLC´s.

El espejismo no se puede sobreponer a la realidad: el Tratado ha estado muy lejos de crear los empleos que se requieren, mejorar los salarios y las condiciones de vida de la población, tan es así que a seis años las autoridades mexicanas no han podido presentar un balance completo y consistente sobre el impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Como era de esperarse, debido a la desgravación arancelaria pactada y cuyo costo ha significado una merma en los ingresos públicos de más de 3 mil millones de dólares anuales, el TLCAN permitió un auge en los intercambios comerciales. Entre 1993 y 1999 el comercio (importaciones y exportaciones) de México con sus contrapartes norteamericanas se multiplicó 2.5 veces al pasar de 92 mil 360.7 millones de dólares a 231 mil 799.2 millones. Sin embargo, su impacto en términos de generación de empleos, mejoramiento salarial y condiciones de vida ha sido nulo; entre otras razones, por la alta concentración de los flujos comerciales. La dinámica exportadora es impulsada, por un lado, por un sector maquilador (aporta más del 43% de las ventas externas) cuyos componentes nacionales son menores al 3%; y por otro lado, del total de las ventas al exterior —más de 136 mil 703.3 millones de dólares— 80% son realizadas por 300 grandes empresas, a pesar de registrarse 40 mil empresas de exportación.

Además, las 300 transnacionales instaladas en México, la mayoría de ellas estadounidense, que representan 0.1% de las unidades productivas y empresariales del país, presentan un alto coeficiente de importaciones, situación que las hace a menudo deficitarias. Bastaría restar al superávit comercial obtenido con EUA durante 1998, 9 mil 835 millones de dólares las exportaciones petroleras hacia ese país por 5 mil 14 millones, mismas que no tienen contrapartida, para redimensionar la relación comercial. Si adicionalmente sustraemos el superávit generado por la industria maquiladora de exportación, el resultado es un franco déficit comercial de México con su vecino del norte.

Los inversionistas extranjeros y empresas multinacionales han presionado para que las autoridades mexicanas se abran más allá de lo pactado en el TLCAN. Las áreas prioritarias de inversión norteamericana están puestas en los sectores en proceso de privatización, como el de la petroquímica, energía eléctrica, gas natural y petróleo, así como otros sectores relacionados con la infraestructura: aeropuertos, puertos, ferrocarriles, telecomunicaciones, satélites y sector financiero. A decir de los propios inversionistas norteamericanos, el gobierno mexicano ha facilitado la realización de joint-ventures, o alianzas estratégicas, representando hasta ahora la principal línea de negocios con México. Es decir, la inversión extranjera está llegando para adquirir las "joyas de la familia" tanto del sector privado como del público.

México se ha insertado en una dinámica de desregulación firmando aceleradamente tratados comerciales y acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones con países europeos y latinoamericanos, además de ser uno de los principales defensores del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) el cual, tomando como base el capítulo undécimo del TLCAN, pretende liberalizar las inversiones mundiales otorgando máximos derechos y nulas obligaciones a las corporaciones multinacionales, así como serias restricciones a los Estados para regular su comportamiento.

Nuestro país se encuentra en una situación de alta fragilidad y vulnerabilidad financiera con una deuda externa, pública y privada, de 213 mil 37 millones de dólares y una fragilidad monetaria con altos costos fiscales, como los 75 mil millones de dólares, equivalentes a 21% del PIB, que los contribuyentes tendrán que pagar para salvar de la crisis al sistema bancario.

La apertura pactada en el TLCAN y extendida en 1995 a los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha provocado la extranjerización del sistema financiero, particularmente del mercado bancario, el cual es ya controlado por bancos foráneos en 50%. La apertura financiera, no ha reportado la mejora del servicio, en calidad, oportunidad y costo, que se prometía. Por el contrario, la banca extranjera llegó primero a compartir nichos de mercado para el servicio de grandes corporativos y beneficiarse de los amplios márgenes de intermediación que explican, entre otras cosas, las ganancias obtenidas por instituciones financieras en plena crisis y, segundo, expandirse mediante adquisiciones y fusiones de instituciones ya existentes provocando una concentración que se orienta claramente a que tres o cuatro instituciones financieras controlen el mercado y cuyas decisiones serán tomadas en España, con el BBVA y Santander, o en Nueva York con el Citibank.

En materia de empleo, la apertura financiera no arrojó saldos favorables pues en 1994 existían 160 mil puestos bancarios y en la actualidad sólo 123 mil con todo y banca de desarrollo, es decir, se han perdido cerca de 40 mil plazas.

Los indicadores económicos, sociales y ambientales de México muestran un severo deterioro y una enorme asimetría y desventaja con respecto a nuestras contrapartes de América del Norte. El deterioro de los indicadores sociales alcanza niveles preocupantes en los rubros de nutrición, salud, vivienda y educación, donde niños, mujeres, indígenas y ancianos son los más vulnerables. Posterior a la crisis de 1994 la sociedad mexicana se ha polarizado todavía más: 5% de la población de menores ingresos recibe sólo 5% del ingreso nacional, mientras que el 5% más rico concentra 29.5% de la riqueza nacional.

A consecuencia de la pobreza extrema, más de un millón 800 mil niños de los diez millones de los menores de cinco años tienen retardo en su crecimiento por problemas de desnutrición, mientras 25% de ese universo padece problemas de aprendizaje por anemia según cifras del Instituto Nacional de Salud Pública. La desnutrición en México, a diferencia de otros países de América Latina, persiste como un problema de salud pública, principalmente en los estados de la zona sur y sureste de la República en donde uno de cada tres niños sufre los efectos de la mala alimentación. Esta situación se torna grave debido a que en los próximos diez años nuestro país tendrá una población cercana a los 120 millones de habitantes, cuya demanda será de 43 millones de toneladas de alimentos frente a una capacidad productiva que hoy es de 31 millones de toneladas.

En México, existen 70 millones de pobres, de los cuales 40 millones viven en la miseria extrema. Esta realidad lacerante contrasta con el hecho de ser el país del llamado Tercer Mundo con el mayor número de multimillonarios y una de las principales naciones del orbe que registran las más elevadas concentraciones de ingreso. En 1970 la participación de los asalariados en el PIB representaba 35.7%, en la actualidad no rebasa el 29%. Por ende, es explicable que México se ubique como uno de los países con mayor índice delictivo de América Latina, solamente detrás de Colombia que se ostenta como una de las naciones con mayor impunidad. Ello se demuestra con que más de 40% de la población ha sido víctima de un delito, de este porcentaje el sector más atacado es el de las mujeres y 48% de los afectados están entre los 35 y 48 años de edad.

Para finalizar debemos recordar que el TLCAN despertó un gran interés por diversas razones, algunas de ellas son:

a) Que se trataba de un Tratado que adhería a un país subdesarrollado a una zona de libre comercio establecida desde 1989 entre dos naciones desarrolladas: Canadá y Estados Unidos, esta última la principal potencia mundial. Ello creó la expectativa de que México arribaría al primer mundo.

A diferencia de la UE, que había incorporado a países atrasados como España, Portugal y Grecia, a partir de un trato especial que se tradujo incluso en la financiación de proyectos de infraestructura social y productiva y en una exigencia de democratización previa, el TLCAN fortaleció la política neoliberal y otorgó un trato aparentemente de iguales que entre desiguales provocó la profundización de los problemas de México.

b) El TLCAN se negocia entre 1992 y hasta noviembre de 1993 logrando imponer una agenda corporativa, cuya temática no sólo era coincidente sino que en diversas materias iba más allá del contenido de las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT (1986-1994), ejerciendo una presión y adelantando resultados que Estados Unidos estaba interesado en proyectar multilateralmente.

En el plano nacional, el TLCAN significó un cambio de ciento ochenta grados en la política exterior mexicana al ubicar como de "interés estratégico" la negociación y vigencia del TLCAN, abandonando así la política de diversificación de relaciones y dando la espalda al proceso de integración latinoamericana. En los años del TLCAN el comercio de México con Norteamérica pasó de representar 78.7% a 83.2%, y en el caso de las exportaciones la situación es alarmante debido a que 90.2% se destinan a la zona TLCAN. Si tomamos en cuenta que en los dos últimos años las exportaciones contribuyeron con más de la mitad del crecimiento del PIB, es notorio que de entrar la economía estadounidense a una fase recesiva, poniendo fin a los casi diez años de expansión, México sufrirá graves consecuencias.

Las relaciones de México con el mundo se hicieron más limitadas, lo cual va en contra de la universalización del comercio. Con la UE, por ejemplo, el comercio decreció a niveles alarmantes al representar tan sólo 3.9% del total de las exportaciones y 9.0% de las importaciones, cuando en 1990 la participación europea era, respectivamente, de 13.2% y 16.6%. Con objeto de salvaguardar los intereses de las 300 grandes empresas mencionadas, en julio de 2000 entró en vigor un Tratado de Libre Comercio con la UE (TLCUE). Este Acuerdo llamado de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación reprodujo las mismas deficiencias que en su tiempo tuvo el TLCAN. Más aún la UE no sólo obtuvo la equiparación con el TLCAN, lo que en idioma inglés se denomina Nafta-Parity, sino incluso logró un trato preferencial y acceso más rápido al mercado mexicano, en condiciones superiores a las ofrecidas a otros países con quienes se han suscrito tratados comerciales.

El TLCUE, que significó para Zedillo lo que el TLCAN para Salinas, profundizará las desigualdades económicas, sociales, ambientales y culturales que han afectado a los mexicanos con el TLCAN. Más allá de los privilegios y ganancias que puedan obtener unas cuantas transnacionales e inversionistas, es injusto que se someta a los sectores productivos y empresariales, sobre todo de la micro, pequeña y mediana empresa, a una descarnada concurrencia que causará indudablemente enormes estragos en todos aquellos agentes que carecen, como consecuencia de las políticas aplicadas de ajuste estructural, de los apoyos mínimos.

El 8 de diciembre de 1997 se firmaron tres instrumentos jurídicos: el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación (en adelante Acuerdo Global); el Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio y una Declaración Conjunta, con ello se dio inicio a la conformación de un nuevo marco en las relaciones entre México y la Unión Europea. Entre estos instrumentos se encuentra la llamada cláusula democrática, contenida en el Título I Naturaleza y Ámbito de Aplicación del Acuerdo Global, Artículo 1 Fundamento del Acuerdo, la cual establece que "el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo".

La cláusula democrática, así como la incorporación del diálogo político (Título II) y de la cooperación (Título VI) en el Acuerdo México-UE, despertaron grandes expectativas en la medida que se presentaba como una paso en la consecución de una efectiva diversificación comercial y hacer del comercio, más que un fin en sí mismo, un medio para el desarrollo nacional. De haberse respetado las normas acordadas en el Título II del Acuerdo relativas al diálogo político en el transcurso de las negociaciones, se hubieran establecido precedentes significativos para fortalecer lo que se constituye en elemento esencial del Acuerdo, a saber, el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales. Este compromiso hubiera permitido convertir el acuerdo comercial y de inversión en oportunidades de desarrollo para México.

Los gobiernos de la UE y México se empeñaron en evitar las consultas públicas y la revisión libre de los órganos legislativos. Lejos de verse que el Acuerdo Interino y las negociaciones complementarias eran parte de un proceso amplio, incluyente y democrático en el contexto del Acuerdo Global y que la relación con la UE presenta un extraordinario potencial para constituirse en un factor internacional de apoyo a los principios de la política exterior de México y contribuir a ensanchar el margen de autonomía y capacidad de negociación con otras potencias, fundamentalmente con Estados Unidos, así como avanzar en una efectiva diversificación comercial y hacer del comercio, más que un fin en sí mismo, un medio para el desarrollo nacional y el bienestar social. Poco a poco fue evidente que las elites del poder político y económico europeo y mexicano convinieron en constreñir nuestras relaciones al campo del comercio y de las inversiones; esto es, a la agenda corporativa de los grandes capitales y mantener la cláusula democrática y los capítulos de cooperación y diálogo político como frases carentes de vínculos jurídicos, pero constituidos en instrumentos legitimadores al proyecto neoliberal de apertura y desregulación.

Resulta reprobable que las negociaciones se hayan llevado a cabo sin los consensos nacionales necesarios; así como, con la colaboración de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional y del PAN para realizar un acelerado proceso de ratificación que avalara el proceso antidemocrático de negociación y lo más grave, aceptando disposiciones anticonstitucionales, como los poderes supremos y discrecionales del Consejo Conjunto (constituido por representantes gubernamentales), para modificar el Acuerdo en temas fundamentales, sin someter los cambios a la ratificación del Senado y permitir que el Estado mexicano sea demandado por empresas extranjeras ante arbitrajes internacionales de solución de controversias cuyas resoluciones serán obligatorias violentando el orden jurídico nacional.

Los negociadores mexicanos reprodujeron las mismas deficiencias que en su tiempo tuvo el TLCAN, firmando tratados de libre comercio con precipitación política y con desprotección para los productores nacionales, actuando con una visión inmediatista. Con tal de suscribirlo en los tiempos que marcaba el reloj político, en la negociación del TLCUE se sacrificaron objetivos estratégicos nacionales y regionales y el equipo de negociadores mexicanos no promovió cláusulas, normas, criterios ni reservas legales y constitucionales que compensaran las asimetrías y diferencias de desarrollo entre México y la UE.

Con América Latina y el Caribe se dejó a un lado el objetivo de crear un "frente común" y lo que se ha hecho es mercantilizar las relaciones, reproduciendo el esquema TLCAN en los ámbitos bilaterales (Venezuela, Colombia, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Chile y, ahora, con Guatemala, Honduras y El Salvador), para cumplir con el papel asignado a México desde la Iniciativa para las Américas (1990) de allanar el camino para la creación de un Área de Libre Comercio en las Américas (ALCA) bajo la égida estadounidense.

En diversos momentos el gobierno de EUA ha considerado a Chile como el siguiente país, después de México (1994), para ser adherido a la zona de libre comercio creada en 1989 con Canadá. Sin embargo, la reiterada negativa del Congreso para autorizar la vía rápida (fast track) de negociación al presidente, ha hecho que tanto Canadá como México concreten acuerdos bilaterales con Chile, en el caso canadiense en 1997, con objeto de allanar el camino, bajo una fórmula de 3 más 1, a la ulterior incorporación de este país al TLCAN. No es gratuito que el TLC México-Chile haya sido suscrito en el marco de la II Cumbre de las Américas, reunión promovida desde su inicio, como se recordará, por el gobierno estadounidense mismo que no ha ocultado su pretensión de hegemonizar la integración hemisférica, bajo la vieja Doctrina Monroe de "América para los americanos".

Para el PRD el fortalecimiento de los procesos de integración con los países latinoamericanos y caribeños es un asunto estratégico, por esa razón hacemos hincapié en la necesidad de apegarnos y afianzar los organismos de integración y cooperación de la región que nos permitan, sin tutelas de potencias ni esquemas prefabricados por los grandes inversionistas y empresas transnacionales, arribar a una integración que beneficie a nuestros sectores productivos y sociales.

Debemos señalar que como agravante adicional de este TLC, así como el suscrito con Nicaragua, está el hecho de no haber incluido Acuerdos de Cooperación en materia laboral y ambiental, como sí existen en el TLCAN. ¿Acaso no han funcionado los acuerdos e instancias paralelas —Acuerdos de Cooperación Laboral y Ambiental; Comisión de Cooperación Fronteriza y Banco Norteamericano de Desarrollo— creados en el marco del TLCAN o debemos entender que dichos acuerdos fueron una imposición del gobierno estadunidense aceptada dócilmente por el gobierno salinista por conveniencia política y no por convicción en relacionar y con ello asegurar mínimos compromisos en materia de comercio e inversión con cuestiones ambientales, laborales y sociales?

En el Acuerdo de Asociación Económica, de Concertación Política y de Cooperación entre México y la Unión Europea, se incluyó una cláusula democrática para la garantía plena de los derechos civiles y humanos de los ciudadanos y como marco para el desarrollo de las relaciones normales.

Este aspecto es particularmente importante en el caso de las relaciones mexicano-chilenas ya que en tiempos contemporáneos se produjo en Chile, de manera violenta, la eliminación del Estado de derecho, se violaron derechos de personas de nacionalidad mexicana, se interrumpió un gobierno emanado de la soberanía ciudadana y se afectó global y específicamente la institucionalidad de esa nación con graves efectos en los convenios y las relaciones internacionales.

Inclusive, los sucesos recientes con relación a Chile, demuestran que el llamado proceso de transición política en ese país, adolece de peligros e inestabilidades que de no existir garantías en torno de los acuerdos o tratados, podrían afectar a los socios de ese país conosureño. Lo mismo puede señalarse en el caso de Nicaragua, país con el que tenemos un TLC desde 1998 y que es una copia del TLCAN.

En el VI Infome de Gobierno se califica como "instrumento moderno, ambicioso, promotor de inversión y, sobre todo de empleo" el TLC con el llamado Triángulo del Norte Centroamericano, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras, a nuestro juicio, este instrumento carece de una visión bolivariana y juarista; no incluye compromisos de cooperación internacional para el desarrollo y no incorpora el postulado común de promoción y defensa de los derechos humanos; es decir, no se establece una cláusula democrática. Además, no se asumen obligaciones vinculantes en materia de protección del medio ambiente, los derechos sociales y laborales y se excluye un acuerdo que garantice los derechos recíprocos de los trabajadores migrantes y sus familias. Así, nuevamente, predominó una agenda estrictamente comercial y mercantil y su negociación reproduce prácticas excluyentes. El Senado de la República y el pueblo de México no fueron consultados ni informados.

A pesar de asegurarse que se ha consolidado una "asociación privilegiada" entre México y Centroamérica hecho que se refleja en los 63 encuentros presidenciales tanto en visitas de Estado como en foros internacionales, mantenemos nuestra principal crítica respecto a la política hacia Centroamérica, en el sentido de que reeditar la experiencia del TLCAN. Para México, esta práctica viola la norma constitucional definida en el Artículo 89, de la cooperación internacional para el desarrollo que debe, por razón natural, tener una visión integral. Más aún cuando tenemos con Centroamérica, por lazos históricos de hermandad y una responsabilidad especial que exige impulsar los derechos humanos, libertades democráticas, cooperación para el desarrollo, derechos políticos y cooperación en materia laboral y en materia ambiental.

Finalmente, debemos recordar que el Partido de la Revolución Democrática ha propuesto una política de alternativa que asume los retos de la globalización a partir de un proyecto nacional de desarrollo sustentable definido democráticamente y que garantiza la mejoría en los niveles de vida, empleo, salud, educación y vivienda de la población. Defiende la empresa pública en sectores que la Constitución señala como facultad exclusiva del Estado mexicano: petróleo, petroquímica básica, electricidad y energía nuclear, entre otros. Se busca fortalecer la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y del sector social de la economía para elevar su participación en el mercado interno y en las exportaciones. Apoyar al sector agropecuario y silvícola con el objetivo de recuperar la soberanía y autosuficiencia alimentaria, preservar nuestra megabiodiversidad, cultura y prácticas sustentables de producción. Así como regular el capital especulativo y promover la inversión productiva y, finalmente, fortalecer las regulaciones sociales y ambientales.