México, DF, a 27 de agosto de 2002

C. VICENTE FOX QUESADA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS UNIDOS MEXICANOS

P R E S E N T  E

Por este medio nos dirigimos a usted para manifestarle que, ante la proximidad de su II Informe de Gobierno, las organizaciones que integramos el Comité Mexicano de la Campaña Continental contra el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas queremos hacerle una exhortación pública para que en su mensaje informe amplia y detalladamente a toda la nación mexicana sobre el contenido de las negociaciones que ha venido realizando su gobierno para implantar el Plan Puebla-Panamá (PPP) y suscribir la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), negociaciones cuya sustancia hasta este momento se ha mantenido en secreto por parte de los gobiernos de la región y el hemisferio, y a espaldas de los pueblos del continente americano. La única excepción, como siempre, es un puñado de grandes empresarios y compañías trasnacionales que cuentan con el privilegio de tener un foro que acompaña las reuniones gubernamentales. En particular, el pueblo de México tiene el derecho de conocer cuáles son las propuestas que, en su nombre y sin consultarlo,  su gobierno está sometiendo en dichas negociaciones.

                                   Nuestra exhortación obedece, además, a la necesidad de que el pueblo de México se pronuncie sobre estos planes y tratados internacionales antes de que sean firmados y puestos en vigor, a la luz de los desastrosos efectos económicos y sociales que ha tenido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y que amenaza ahora con sumir en un  desastre aún mayor al campo mexicano con la apertura total que le impone a partir del año entrante. Igualmente, el intento de privatización de la industria eléctrica es parte del modelo económico que vino a corolarse con el TLCAN y que ha resultado un verdadero fraude y saqueo para la nación. El Plan Puebla Panamá y el Área de Libre Comercio de las Américas, al extender el modelo del TLCAN, sólo pueden conseguir profundizar sus efectos negativos.

                                                La Constitución Mexicana obliga al Presidente de la República a informar al Congreso de la Unión y, por extensión, a todo el pueblo de México, sobre el estado que guarda la administración pública y ésta incluye, dentro de los ramos de Relaciones Exteriores y Economía, las negociaciones, los acuerdos y los tratados internacionales, cuya aprobación es facultad del Senado de la República por mandato de la misma Constitución.   Cumpla, pues, Señor Presidente, con su deber constitucional y con su pueblo.

Respetuosamente,

COMITÉ MEXICANO DE LA CAMPAÑA CONTINENTAL
CONTRA EL ÁREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMÉRICAS