PERSPECTIVAS DE FUTUROS DESPLAZAMIENTOS POR EL PPP

Ponencia pronunciada ante el Sr. Frances Deng, Relator de las Naciones Unidos para Desplazados Internos, el 22 de agosto, 2002, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

Abstract in English follows Spanish

            El Plan Puebla Panamá es un esfuerzo multinacional de construir, mejorar y modernizar la infraestructura económica de los nueve estados del sur-sureste de México y de los siete países centroamericanos.  Su costo total se estima entre US$10-12 mil millones de dólares, y se espera que la mayor parte de los trabajos de construcción o mejoramiento de la infraestructura pueda realizarse al terminar el mandato constitucional del actual presidente de México, Vicente Fox Quezada, en el 2006.

            El objetivo final del PPP no es en sí la infraestructura, que sin duda se requiere en esta parte del hemisferio.  El objetivo principal es la atracción de inversión directa, principalmente de grandes empresas transnacionales, para el impulso de la actividad económica en una región caracterizada por grandes rezagos económicos y sociales.  Por tanto las grandes obras que se realizarán, y que ya se están realizando, responden a sus intereses y necesidades.  En ese sentido las obras que se realizan tienen por objeto garantizar e incrementar los márgenes de ganancia de tales empresas, y relegan a un plano muy inferior las necesidades de los 65 millones de habitantes del área del PPP.

            Las obras del PPP contemplan la construcción o mejoramiento de grandes carreteras, presas hidroeléctricas, oleoductos, gasoductos, puertos, aeropuertos, integración de varias zonas de alta concentración de biodiversidad, y obras de infraestructura turística.  El PPP también impulsará mejoras en otro nivel, como la homologación de legislación en los ocho países participantes en diversas materias, la agilización de trámites comerciales entre los países y modernización de puntos fronterizos para agilizar los intercambios comerciales.  Un ejemplo en marcha es la integración de las redes eléctricas de los países participantes, que se logrará en tres fases.  La primera se llama SIEPAC o Sistema de Integración Eléctrica de los Países de Centroamérica; en la segunda fase se vincularán las redes de Guatemala y Belice; y en la tercera las de Guatemala y México.  Conjuntamente se establecen los mecanismos legales, jurídicos y técnicos que permitan tal enlazamiento, así como los mecanismos de financiamiento mediante la participación de gobiernos, la banca multilateral y la iniciativa privada.

            Nuestro análisis del PPP lo sitúa como un paso complementario y en sintonía con el ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas) que impulsa el gobierno de Estados Unidos con el fin de crear antes de 2006 una zona de libre comercio en Norte, Centro y Sudamérica, similar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA) actualmente vigente entre México, Estados Unidos y Canadá.

            Regresando a las grandes obras del PPP, vemos con creciente preocupación la construcción de una serie de grandes y medianas presas en distintos puntos del área del PPP.  Sólo para el estado de Chiapas se ha previsto construir las siguientes presas:

1)      Presa Salto de Agua
2)      Presa Binacional Boca del Cerro, Chiapas-Tabasco y Guatemala
3)      Presa Chumpán
4)      Presa Bajatzén
5)      Presa Quetzalli
6)      Presa Huixtán I7)      Presa Huixtán II
8)      Presa Jattza
9)      Presa Central Nance
10)  Presa La Angostura (mejoramiento)
11)  Presa Chicoasén (mejoramiento)
12)  Presa Malpaso (mejoramiento)
13)  Presa Las Peñitas
14)  Presa LV Malpaso 2
15)  Presa Mexcalapa (entre Tabasco y Chiapas)
16)  Presas del Sistema Cancuc
17)  Presa Itzantún
18)  Presa Caballo Blanco

En total, sólo para el área del PPP en México, se han contemplado 25 presas de distinto tamaño.  Cabe notar que no se han hecho diagnósticos, al menos del conocimiento público, sobre los impactos sociales, ecológicos y al patrimonio cultural.  Estos megaproyectos impactarán fuertemente a grandes poblaciones indígenas de la región.  Tampoco se han hecho las consultas públicas a los residentes afectados, como es obligación del gobierno, cuando se emprenden obras que pudieran resultar en el desplazamiento de poblaciones.

            Los datos sobre las inundaciones que provocarán estas 18 obras de distintos tamaños son, desgraciadamente, escasos y parciales.  Pero a manera de ejemplo, sólo la construcción de las presas Huixtán I, Huixtán II, Jattza y Nance significarán la creación de lagos artificiales que inundarán 737 kilómetros cuadrados de selvas y ejidos, mismos que equivalen en total a 73,700 hectáreas de tierras.  Si tomamos una cifra conservadora de densidad poblacional de 40 personas por kilómetro cuadrado, estaríamos hablando de alrededor de 30,000 personas afectadas sólo por estas 4 presas.

            Es fácil extrapolar una cifra de cientos de miles de personas que podrían verse desplazadas por los embalses que se crearán por estas obras.

            Precisamente por la falta de información y de estudios de impacto correspondientes a estas obras, en un reciente encuentro sobre represas en la localidad de Nuevo Huixtán, varias organizaciones sociales se han dado a la tarea de hacer un diagnóstico económico, social y cultural de las posibles afectaciones que causarían estas obras.

            Uno de los recursos estratégicos del área del PPP es la tierra.  Todas las grandes obras del PPP requerirán de grandes extensiones de tierra para su realización, sean canales secos como los contemplados en el Istmos de Tehuantepec, en los estados de Oaxaca y Veracruz, para las carreteras de cuatro o seis carriles que se construirán en dos grandes ejes (Pacífico y del Golfo) para vincular México y Centroamérica.  También se necesitarán grandes extensiones de terreno para las plantaciones de monocultivos (eucalipto, palma africana y otros productos de exportación). 

            Es por tal motivo que hay preocupación ante amenazas de desalojar a comunidades enteras de campesinos indígenas en zonas particularmente estratégicas y valoradas.  Uno de los casos más candentes en Chiapas en este momento es el de Montes Azules, un área natural protegida.  Ahí casi 50 poblados están siendo presionadas para salir del área protegida.  Si bien el gobierno estatal está en un proceso de diálogo y negociación con algunas de las comunidades, no ha negado la posibilidad de que, superada la etapa actual, pudieran utilizarse las fuerzas de seguridad pública para despejar la reserva de Montes Azules.

            Montes Azules es de particular interés porque es una de las pocas zonas selváticas que todavía existen en México.  A principios del siglo pasado existían un millón de hectáreas de selvas en Chiapas, quedando hoy menos de la tercera parte.  Sin embargo, a pesar de la destrucción que ha sido causada principalmente por grandes empresas madereras y por la ganadería extensiva, sigue conservando una alta concentración de biodiversidad.  Por tanto es una zona que atrae la atención de diverso tipo de empresas.  Hay preocupación por los intentos gubernamentales de despejar áreas, como Montes Azules, de toda población humana, lo cual facilitaría su eventual concesión a tales empresas.

            Asimismo creemos conveniente señalar que ha surgido en Chiapas un fenómeno relativamente nuevo de desplazamiento masivo por la situación que guarda el campo.  El sector agrícola ha padecido un largo y creciente abandono de parte del gobierno mexicano que data ya de décadas.  Sin embargo, el proceso de abandono se aceleró durante la década de los noventa, con la implementación de las medidas de ajuste estructural pactadas por el gobierno mexicano con el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial.  En 1994 empezó la vigencia del TLCAN, lo cual ha conllevado una política de puertas abiertas a la importación de una amplia variedad de productos de Estados Unidos y Canadá.  Entre estos productos ha destacado el maíz, que en Estados Unidos, en particular, recibe sustanciales subsidios gubernamentales. El resultado es conocido: el maíz importado por México se vende a precios de “dumping”, por debajo de los costos de producción, lo cual ha llevado al desplome de su precio anterior, y con ello, a la creciente miseria de millones de productores de maíz en el país.  Se estima que 15 millones de mexicanos dependen económicamente del cultivo del maíz.  Antes del TLCAN, México producía arriba del 90% del maíz de consumo interno.  Después de casi 8 años de este Tratado, la cifra ha bajado a 50%

Esto se suma al hecho de que en 1992 se reformó el Artículo 27 de la Constitución Política de México, para permitir la venta de terrenos ejidales.  Así, sumidos en la pobreza y sin perspectivas de una recuperación por los bajos precios tanto de productos básicos (como el maíz y frijol), como de productos de exportación (en Chiapas, principalmente el café), muchos campesinos han tomado la decisión de vender su terreno y desplazarse a las ciudades en el estado, a otras partes del país, o al exterior.  En muchas localidades de Chiapas, particularmente en las ciudades medianas y chicas, que antes hacían acopio de los productos agrícolas, es común ver anuncios de “viajes turísticos”, es decir autobuses que salen una, dos o más veces a la semana para las ciudades de la frontera norte de México. 

Este es un fenómeno relativamente nuevo para el estado de Chiapas, resultante de las políticas económicas impulsadas por el gobierno federal y de los tratados de libre comercio que no han podido sortear con éxito las asimetrías entre las economías de México y Estados Unidos, y no han podido poner freno a las graves distorsiones creadas por los subsidios gubernamentales otorgadas a las grandes empresas productoras de alimentos en Estados Unidos.

Preparado por Miguel Pickard, del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, A.C. (CIEPAC), Agosto, 2002.

Referencia: Boletines “Chiapas al Día”, escritos por Gustavo Castro de CIEPAC, que profundizan el tema de las presas contempladas en el marco del PPP, así como la estrategia del gobierno mexicano para el sector eléctrico.  Disponibles en www.ciepac.org

Abstract in English: Perspectives for future displacements due to the PPP

            This document outlines some of the preoccupations of CIEPAC and other civil society organizations regarding large population displacements due to the PPP, and certain economic policies of the Mexican government.  There is a brief summary of what the PPP is, a US$10 billion, multinational infrastructure project, presently being carried out in the nine south-southeast states of Mexico and the seven Central American republics.  The objective is to entice direct investment (principal foreign) from the large corporations which  would establish activities in the region.

            Concern is being raised by civil society organizations due to what the large-scale infrastructure projects might entail for the population that inhabits the PPP area, principally indigenous campesinos (peasants).  One center of attention are the dams that will be constructed in the PPP area, perhaps 18 in Chiapas itself and 25 in total.  Scarce information is available regarding their impact, but hundreds of thousands of people may be displaced.

            Another concern is the displacement that is occurring due to the “clearing” of human inhabitants from certain strategic areas, such as Montes Azules, a biological reserve in Chiapas.  Montes Azules is home to great biodiversity, which could be exploited by certain large concerns, and this may explain the Mexican government’s desire to displace the population presently living within this and other coveted areas.

            The agreement known as NAFTA has caused displacement of the rural population to cities in Chiapas and other states, as well as to the United States.  This is a new phenomenon in Chiapas, and may be traced to the bottoming out of agricultural commodity prices, and the importation of subsidized corn from the United States, which is basically dumped on the local market.