Marzo 24 de 2004 

Junta de Gobernadores

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, NW
Washington, DC 20577
Estados Unidos de América

Estimado Gobernador:

 

Estamos escribiendo para expresar nuestra gran preocupación sobre la persistente ausencia de políticas y salvaguardas ambientales en el Banco Interamericano de Desarrollo-BID.  La actual política ambiental del BID [1] – que data 1979 – constituye la política ambiental menos rigurosa y menos creíble, no solo de los principales bancos de desarrollo multilaterales, [2] sino también de las principales instituciones financieras internacionales públicas y privadas. [3]   El perfil propuesto para una nueva Política de Medio Ambiente y Observancia de Salvaguardas, aprobado por la Junta de Directores Ejecutivos el 18 de marzo, no mejora la situación y solo indica una falta de compromiso con la sostenibilidad ambiental. La propuesta establece algunas metas loables, pero no incluye la especificidad necesaria para alcanzar esas metas.

La falta de claras políticas, estándares, y salvaguardas ambientales de carácter obligatorio ha conllevado a dramáticos impactos sociales y ambientales negativos en los últimos 25 años, y lo peor, esta situación no muestra signos de abatimiento.  Dada la ubicación de la Reunión Anual de la Junta de Gobernadores del BID en 2004, ningún ejemplo es más pertinente que la reciente consideración y aprobación del BID al proyecto de gas y líquidos de gas Camisea, en Perú. [4]   El proyecto amenaza una de las regiones más prístinas y biodiversas de la Amazonía (incluyendo una Reserva para la protección de los derechos de los pueblos indígenas nómadas, y otras áreas protegidas), áreas sensibles de la Sierra, y una de las reservas marinas más importantes de Latinoamérica y el Caribe.  Este proyecto fue aprobado por el BID a pesar de ser la primera solicitud final en ser rechazada en atención a sus consideraciones ambientales por  la Junta Directiva del Banco Americano de Importaciones-Exportaciones.  Después de dos años de haberse involucrado el BID en este proyecto, sus impactos siguen creciendo. [5]

En la Octava Reposición de Recursos en 1994, la Junta de Gobernadores ordenó al Banco asegurar que lo ambiental fuera una de las cuatro prioridades principales para las operaciones del BID.  Entre otras cosas, dijo, “El Banco desarrollará y actualizará lineamientos relacionados con el ambiente en un contexto de consulta y diálogo con segmentos relevantes del público.”

Diez años después de este mandato de la Junta de Gobernadores, el tan esperado borrador de la nueva Política de Medio Ambiente y Observancia de Salvaguardas del BID deja mucho que desear.  La propuesta carece de normas vinculantes, salvaguardas y procedimientos, confirmando la posición del BID como el mayor banco de desarrollo con el marco de políticas ambientales menos riguroso. Esto indica una grave falta de compromiso con la sostenibilidad ambiental y con el cumplimiento del mandato de la Junta de Gobernadores de la Octava Reposición.

Aunque estamos preparando comentarios técnicos integrales sobre la propuesta de política ambiental, nos permitiremos señalar los elementos mínimos con que debe contar [jy1]  una buena práctica internacional en medio ambiente.  La ausencia de los mismos constituye la más visible de las deficiencias de la política propuesta:

1.      Evaluación Ambiental (EA)

La política propuesta no exige ni siquiera los elementos específicos mínimos de la buena práctica internacional de evaluación ambiental, tales como:

• Criterio específico de selección.  Un criterio específico y definido de clasificación ambiental para los proyectos de acuerdo a la severidad de sus potenciales impactos (Categorías A, B, C, etc.), requiriendo progresivamente niveles más rigurosos de evaluación ambiental. Esto debe incluir listas especificas de los tipos de proyectos que normalmente requerirían una evaluación ambiental completa (por ejemplo, grandes represas, operaciones forestales a gran escala, oleoductos, gasoductos, grandes plantas industriales, desarrollo agroindustrial, proyectos que impliquen la reubicación de poblaciones, etc.) 

• Alcance.  La primera actividad en el proceso de una Evaluación Ambiental completa (EA), es identificar los temas y el alcance de los impactos ambientales y sociales que van a ser los más importantes para establecer los términos de referencia  para la EA.  La consulta pública  y la difusión amplia de la información, particularmente con las poblaciones locales que se verán afectadas por el proyecto es crítico en este momento.  De lo contrario, impactos potenciales y temas relevantes corren el riesgo de no ser completamente identificados.

• Consulta pública y difusión de la información.   Para proyectos con impactos potenciales adversos, la consulta pública y la difusión tienen que ocurrir por lo menos tres veces: durante el proceso de determinación del alcance del proyecto y sus efectos; con el borrador del  Estudio de Impacto Ambiental (EIA); y después de la liberación del EIA final por lo menos con 180 días antes de la aprobación de la Junta.

·        Especificidad con relación a los elementos exigidos de la Evaluación Ambiental.  Tiene que haber mayor especificidad respecto al contenido y a los estándares requeridos para una EA adecuada, más allá de la referencia a unos pocos componentes y a los débiles lineamientos para estudios de impacto ambiental propuesto por el Grupo de Trabajo sobre el Medio Ambiente de las Instituciones Financieras Multilaterales. Más aún, la nueva política debería prohibir al Banco Interamericano considerar proyectos Categoría A que se encuentren en etapa de construcción, ya que en esta etapa se limita la habilidad del BID para mejorar el diseño o la implementación que pueden mejorar los resultados de los proyectos (el proveer adicionalidad).

 

• Especificidad con relación a los elementos requeridos para un Plan de Acción y Mitigación Ambiental.  Para la mayoría de las instituciones financieras, se exige que el Plan de Acción y Mitigación Ambiental describa en detalle la mitigación, monitoreo, y medidas institucionales a ser tomadas durante la implementación y la operación de un proyecto para eliminar o reducir los impactos ambientales y sociales adversos de acuerdo a los niveles internacionalmente aceptados.

• Necesidad de establecer procesos y fondos de reparación por daños sociales y  ambientales. Las organizaciones de la sociedad civil de todas las regiones están actualmente reclamando la necesidad de que las Instituciones Financieras Internacionales establezcan en sus políticas, la responsabilidad de contribuir a la restauración de los daños sociales y ambientales causados por los proyectos y planes financiados por las mismas. Estas políticas deben incluir la creación de procesos participativos y de fondos que apunten a la restauración de los ecosistemas, los recursos y las comunidades dañados o destruidos por estos proyectos.

2.  Salvaguardas

Las buenas prácticas internacionales en evaluación ambiental necesariamente incluyen políticas de “salvaguarda” ante la posible perturbación ambiental, social y cultural asociada con proyectos, tales como impactos sobre el hábitat natural, destrucción del patrimonio cultural y arqueológico, el manejo de pesticidas, e impactos sobre poblaciones indígenas y minorías étnicas socialmente vulnerables.  Estas se desencadenan por el proceso inicial de la evaluación ambiental. Actualmente, la única política de salvaguarda pertinente del BID es sobre Reasentamiento Involuntario, que sí cumple con las altas normas de las buenas prácticas internacionales, aunque el BID frecuentemente se queda corto en cuanto a su ejecución, como se ha visto con las represas de Caña Brava y Yacyretá. [6]  Existe un borrador de política de pueblos indígenas con  algunos componentes prometedores que se encuentra en forma de  propuesta.

De particular importancia es la necesidad de establecer  salvaguardas en la política para la protección de hábitat naturales potencialmente en riesgo a causa de los proyectos del BID, la cual debería ser por lo menos equivalente en protección a la Política de Hábitat Naturales del Banco Mundial.  Mientras que la propuesta de Política de Medio Ambiente y Observancia de Salvaguardas dice que las operaciones bancarias “deberían evitar”  transformaciones o degradaciones de magnitud en sitios ecológicos o culturales de importancia crítica, la política debería más bien dejar en claro que el Banco no apoyará proyectos que conlleven la conversión o degradación significativa de hábitat naturales críticos, sitios de Patrimonio de la Humanidad, áreas protegidas de categorías de la UICN, y áreas protegidas bajo la Convención Ramsar sobre humedales. 

La política del Banco debe establecer claramente que, en el caso que hábitat naturales sean amenazados por proyectos apoyados por el banco, las medidas de mitigación deberán minimizar la pérdida del hábitat a través de la conservación, restauración y otras acciones técnicamente justificadas; debe evaluarse la capacidad del prestatario para implementar las medidas de mitigación; debe utilizarse conocimientos y pericia ambientales adecuados; el prestatario debe tomar en cuenta los puntos de vista de las comunidades locales y las ONGs, e incluirlas en el proceso de diseño del proyecto y del monitoreo; los costos de las medidas de protección, mitigación, y restauración deben ser incluidos en el financiamiento del proyecto.

3.  Parámetros

La política ambiental no tendrá credibilidad si no emplea parámetros cuantitativos específicos y reconocidos internacionalmente para el desempeño ambiental. El Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo (BERD), por ejemplo, espera que sus inversiones cumplan tanto con los parámetros ambientales nacionales como con los de la Unión Europea (UE), y en caso que estos últimos no existan, con los parámetros nacionales y los del Banco Mundial.  La propuesta actual del BID carece de un compromiso para aplicar parámetros ambientales internacionales específicos cuando los del país sede sean más bajos.

4.  Cumplimiento/Implementación:  Recursos, Personal, Procedimientos y Estructura Organizacional

Una política ambiental  sólo es buena si se implementa adecuadamente. Actualmente, no hay una oficina o unidad capaz de ejercer control de calidad y cumplimiento ambiental en el BID que sea independiente del equipo del proyecto. Es urgente el establecimiento de tal oficina o unidad, con poder y presupuesto suficiente para el análisis riguroso, incluyendo el monitoreo de campo.  Esta  unidad debe tener acceso pleno a la información del proyecto y con posibilidades plenas de participación en reuniones con los actores interesados.  La existente División Ambiental  no tiene el personal, el presupuesto, el acceso o la autoridad para ejercer estas funciones, y el Comité de Impacto Ambiental y Social (CESI) tiene un rol principalmente de asesor y de evaluación entre colegas.  Como el CESI consiste en una revisión de profesionales pares de distintas partes del Banco y con muy pocos días para revisar la documentación del proyecto, la supervisión del cumplimiento no es ni su función principal, ni es la apropiada.  Hasta donde sabemos, el CESI nunca ha desaprobado un proyecto y no ve esto como su rol o mandato, así como tampoco tiene un rol en la evaluación del cumplimiento durante la implementación de los proyectos.  Que sepamos, no hay especialistas ambientales en la Vicepresidencia Ejecutiva ni en el Departamento Legal, lo cual indica la baja prioridad que el Banco le otorga a los problemas ambientales en la práctica, que a su vez  contribuye también a aislar a la administración del Banco de los temas ambientales críticos a medida que van surgiendo.  Esto también debe cambiar.

Los requerimientos mencionados arriba sólo constituyen algunos elementos fundamentales de las normas internacionales que debe contener la política ambiental de una de las principales instituciones financieras internacionales como es el BID, los cuales, entre otras cosas, no son más estrictos que las leyes y políticas ambientales vigentes en una gran mayoría de países prestatarios del banco. 

Por lo anteriormente expresado, nosotros nos opondremos firmemente a cualquier otra financiación del BID y en especial a una futura reposición, hasta tanto las políticas ambientales del BID sean levantadas al nivel de las buenas prácticas internacionales existentes para los principales bancos de desarrollo, lo cual incluye por supuesto, el desarrollo de la capacidad para su implementación y cumplimiento.

Atentamente,