17 de Abril de 2003
SFPIRG Latin
American Action Group
at Simon Fraser University
TC326 SFU, 8888 University
Dv.
Burnaby BC, Canada V5A 1S6
Lic. Vicente Fox Quesada:
Presidente
Constitutional de los Estados Unidos Mexicanos
Lic. Pablo Salazar
Mendiguchía
Gobernador Constitucional
de Chiapas
José Campillo García
Procurador Federal
de Protección al Ambiente
Lic. Victor Lichtinger
Titular de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ing. Ramón Francisco
Aguirre Herrera
Delegado Federal
Lic. José L. Palacios
Ruíz
Unidad Jurídica
Al Gobierno de México, al Gobierno de Chiapas, a las autoridades Semarnat y Profepa, a la sociedad civil de México y del mundo:
Con mucha preocupación observamos desde Canada los acontecimientos que ocurren en la región de Montes Azules, Chiapas, México. Nosotros como organización estudiantil canadiense, preocupada por los derechos humanos y colectivos en la región de America Latina, queremos expresar los siguiente:
Rechazamos enérgicamente cada forma de desalojo que se lleva a cabo en contra de la voluntad de las comunidades afectadas, en este caso Nuevo San Rafael y Nuevo San Isidro. Obviamente autoridades regionales y los gobiernos de México y Chiapas abusan de grupos indígenas para lograr el acceso a la biodiversidad de la reserva Montes Azules, como lo demuestra el hecho de que los funcionarios federales que acompañaron el 15 de abril a los Lacandones que amenazaron de muerte a los comuneros de San Isidro, no hicieran nada por evitar los violentos abusos verbales y amenazas que se sucitaron en su presencia. Este tipo de actitudes pretende crear la imagen de que el conflicto en Montes Azules se trata de problemas internos entre diferentes grupos indígenas de la región, ocultando así los intereses económicos que están detrás de estos desplazamientos. Es evidente que estos hechos, al igual que los muchos otros desplazamientos forzosos que han caracterizado a México, buscan capitalizar la tierra para entregar los recursos nacionales a las grandes empresas mexicanas e internacionales. Una preocupación legítima por conservar la ecología, se reflejaría en políticas que obliguen a las grandes transnacionales a adoptar medidas de producción sustentable, ya que son estas las que deterioran la mayor parte del medio ambiente mexicano. El caso de Montes Azules ha convertido una vez más a los ciudadanos mexicanos en víctimas de los intereses económicos.
En vista de lo mencionado, rogamos al gobierno mexicano y al gobierno chiapaneco que respeten y cuiden los derechos humanos e indígenas. Sólo una solución negociada y pacífica, que refleje los intereses de los pueblos indígenas en cuestión, así como la voluntad de los gobiernos federales y estatales, pueden resolver el conflicto en Montes Azules. En base a los diferentes acuerdos en materia de derechos humanos que México ha signado, le pedimos a las autoridades federales y estatales que tomen las medidas necesarias para evitar enfrentamientos entre los indígenas, así como para proteger la integridad física de los comuneros de la región de Montes Azules. También le pedimos veheméntemente al gobierno federal el cumplimiento legítimo de los Acuerdos de San Andrés y de la Convención 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).
Nosotros, por nuestra parte, seguiremos observando el desarrollo de los hechos y manifestando en el ámbito internacional nuestra protesta contra esta injusticia. Vamos a informar a la prensa, a las agencias de viaje y a las empresas que cooperan con empresas mexicanas sobre el papel real de las autoridades mexicanas, por lo que exhortamos a las diferentes instancias del gobierno mexicano a desempeñar su papel de representantes del pueblo mexicano y defender los derechos básicos de los pueblos indígenas de México, para poder así reivindicar su imagen frente a la comunidad internacional.
Atentamente:
Sonja Killoran McKibbin
SFPIRG Latin American Action
Group at Simon Fraser University
Ccp, La Jornada
Ccp, SIPAZ
Ccp, CIEPAC
Ccp, CAPISE