Globalización, ciudadanía y conflictos por la biodiversidad en Chiapas

Neil Harvey

En los primeros meses de 2002 se volvió a hablar del posible desalojo de comunidades localizadas dentro de la Reserva Integral de la Biosfera de Montes Azules (RIBMA), ubicada en la selva lacandona de Chiapas. Aunque el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía negó que el problema se resolviera mediante el uso de la fuerza, las comunidades afectadas, sobre todo aquellas agrupadas en el municipio autónomo zapatista Ricardo Flores Magón se puso de máxima alerta ante dicha posibilidad. Más allá de las condiciones coyunturales, es necesario indagar sobre el contexto histórico de los conflictos en torno al acceso y aprovechamiento de los recursos naturales de la selva lacandona. En este artículo describo algunos de los conflictos recientes en esta región de Chiapas con el objetivo de ilustrar algunas de las principales interconexiones entre la globalización, la ciudadanía y el modelo de desarrollo que el gobierno pretende apoyar a través del Plan Puebla Panamá.
El supuesto fundamental de este artículo es que el desarrollo capitalista está en medio de una transformación global, con implicaciones de gran alcance para las formas en que la población vive este desarrollo. Pero también debe competir con otros procesos, incluyendo las luchas políticas por la extensión y profundización de la democracia en muchos países, la expansión de la influencia del derecho ambiental internacional, la construcción de alianzas transnacionales de organizaciones indígenas y las redes de solidaridad entre algunos sectores de productores del sur y consumidores del norte.
Lo que está en juego es el significado de la ciudadanía, entendida como un “proceso conflictivo relacionado al poder, es decir, una lucha sobre quién tiene el derecho de decir qué en el proceso de definir problemas comunes y de decidir cómo se les enfrentará.” Este artículo utiliza y expande esta definición al argumentar que la resistencia local en Chiapas frente al PPP puede ser entendida en términos de luchas para defender y expandir espacios autónomos con el fin de definir y enfrentar problemas comunes utilizando mecanismos que corresponden a formas culturales diferentes. Esta resistencia se opone no solamente a la privatización de los recursos naturales, sino también a la redefinición de identidades culturales y al poder político que acompañan al proceso de privatización. Contra el modelo neoliberal dominante de una “ciudadanía mercantilizada,” en la cual los sujetos están formados por la extensión de derechos de propiedad individual y una racionalidad capitalista, las luchas analizadas en este artículo pueden ser vistas como diversos intentos de construir en México una “ciudadanía pluriétnica” no esencialista.
El artículo está organizado en cuatro partes. La primera ubica los conflictos por la biodiversidad en el contexto de las recientes transformaciones económicas y políticas en México y su impacto en los significados de la “ciudadanía”. La segunda describe el contexto global en el cual la competencia entre empresas transnacionales por el acceso a los recursos biológicos ha provocado acciones de resistencia de organizaciones indígenas y campesinas en varios países, incluido México. La tercera parte presenta algunas reflexiones sobre los conflictos por la biodiversidad en la Selva Lacandona de Chiapas entre 1999 y 2000, conflictos que siguen estando latentes hoy en día. La última parte reflexiona sobre los impactos locales de la globalización en Chiapas, señalando tanto la formación de una nueva red de organizaciones que se oponen al PPP, como la preocupante descomposición comunitaria que exige respuestas políticas urgentes.

Ciudadanía en México: corporativista, mercantilizada y pluriétnica
En la actualidad, el contenido de la ciudadanía está siendo modificado por prácticas y discursos que son diferentes a los que estaban vinculados a los proyectos nacionalistas y desarrollistas que dominaban durante la época posrevolucionaria hasta principios de los ochentas. Durante aquel periodo, la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se basaba en un modelo de integración política autoritaria a través de organizaciones de masas controladas desde el Estado corporativista, dando lugar a una especie de “ciudadanía corporativista”. En este modelo, la unidad cultural pasaba por la asimilación de los pueblos indígenas a una sola identidad nacional. Este modelo tuvo un funcionamiento desigual en diferentes momentos y lugares, pero siguió informando las estrategias políticas del partido oficial hasta los ochentas. Sin embargo, ya en los años sesenta y setenta empezaron a surgir movimientos sociales más independientes en varias regiones del país. Algunas organizaciones indígenas también buscaron liberarse de los controles corporativistas y movilizarse en pro de mayor democracia, derechos agrarios e integridad cultural. Estas luchas abrieron la posibilidad de repensar la identidad nacional en términos de una ciudadanía pluriétnica, disolviendo la hegemonía de la ideología anterior que proclamaba la existencia de una nación homogénea.
En términos económicos, el modelo desarrollista del PRI compartía con otros Estados nacionales muchos de los preceptos e instrumentos de intervención estatal. Este modelo llegó a su fin en 1982 cuando la crisis de la deuda externa obligó una profunda transformación del papel del Estado en la dirección de la economía de acuerdo con las directrices neoliberales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El gobierno buscó superar la crisis a través de la privatización, desregulación y apertura comercial, lo cual se concretó en la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1993. A raíz de este acuerdo, se ha promovido la rápida integración de México al mercado global a través de una mayor relación comercial entre México y sus vecinos del norte. Dicha integración ha tenido consecuencias internas de gran importancia al transformar o desmantelar los modos de control político anteriores, llevando a disminuir el papel de la organizaciones corporativistas que habían acompañado la consolidación del Estado desarrollista en decenios anteriores.
La reestructuración neoliberal presentó al capital nacional e internacional con la oportunidad de no sólo redefinir el modelo económico, sino también el mismo significado de la “ciudadanía”. El modelo estatista de una ciudadanía corporativista cedió lugar a un modelo agresivo de “ciudadanía mercantilizada”, en el cual los individuos son alentados, capacitados o obligados a entrar en nuevas relaciones con redes globales en donde predominan los criterios e incentivos del mercado. La forma y ritmo de esta redefinición tiene efectos desiguales. Mientras algunos segmentos de la clase alta o media superior urbana se sienten atraídos por la expansión de sus oportunidades de consumo, la mayor parte de la población pobre sufre un mayor empobrecimiento y exclusión de sus productos y de su trabajo de los nuevos mercados globalizados. Esto ha sido particularmente evidente en los estados del sur-sureste donde reside la mayoría de los diez millones de indígenas del país. Careciendo de los servicios más básicos en materia de salud, educación y vivienda, la mayoría de las comunidades indígenas no pueden participar plenamente en la economía global como productores ni como consumidores. En este contexto, ni la ciudadanía corporativista desacreditada, ni la promesa de la ciudadanía mercantilizada ofrece un futuro viable y muchos indígenas han vuelto a una reafirmación de sus identidades y prácticas culturales para poder crear un espacio propio adentro de la nación mexicana globalizada. Las luchas por el reconocimiento de los Acuerdos de San Andrés y la Ley COCOPA se inscriben dentro de este amplio movimiento por una ciudadanía pluriétnica en México. A pesar de las modificaciones y limitaciones que se introdujeron en la redacción de la Ley Indígena aprobada por el Congreso de la Unión en 2001, el movimiento indígena sigue reclamando el reconocimiento constitucional de los derechos colectivos en el marco de la autonomía y la autodeterminación. Estas demandas se manifiestan en los recientes conflictos por la biodiversidad, la cual se ha vuelto un recurso de gran importancia para las empresas transnacionales que en la actualidad buscan asegurar su acceso a los recursos genéticos de la región que abarca el Plan Puebla Panamá.

Globalización, Biodiversidad y Resistencia
Los conflictos en torno a la biodiversidad están vinculados a la competencia entre las industrias agrobiotecnológicas y farmacéuticas. En la última década del siglo XX, surgió una nueva “Industria de la Vida”, en la cual las empresas transnacionales han avanzado en nuevos procesos de la ingeniería genética. La evolución de esta industria se caracteriza por la concentración del capital y patentes en unas cuantas. Por ejemplo, en 1997, el 43 por ciento de las ventas de medicinas estaba controlado por solamente diez empresas transnacionales. En 1987, había más de siete mil productores de semillas, mientras que diez años más tarde el 37 por ciento del mercado global para semillas comerciales estaba en manos de diez empresas (incluido el Grupo Pulsar, de México).
Estas empresas deben competir por el acceso a la información genética obtenida de las variedades de plantas, hongos y microrganismos que se encuentran en zonas de alta diversidad biológica. El acceso se logra a través de contratos de “bioprospección”, definida como “la exploración de la biodiversidad para encontrar recursos bioquímicos con valor comercial”. Para legitimar la bioprospección, estos contratos incluyen dos conceptos importantes del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) de 1993: (1) el previo consentimiento informado (mediante el cual la extracción de recursos o conocimiento debe sujetarse al consentimiento informado de los propietarios de los predios correspondientes); y (2) el derecho de estos propietarios a un reparto equitativo de los beneficios generados por la eventual comercialización de los productos derivados de la bioprospección. Debido a la indiferencia de la mayoría de los gobiernos, aunada a la influencia que ejercen las mismas empresas, en la actualidad no se ha logrado crear reglas más equitativas en cuanto al acceso a los recursos biológicos y el reparto de beneficios, lo cual ha llevado a algunos analistas a argumentar que los nuevos contratos no son más que la continuación de la vieja práctica de la biopiratería.
El reparto de beneficios es aún más complicado por la práctica de “rentar” información genética a terceros. Los proveedores originales del material biológico (por ejemplo, las comunidades indígenas) tendrán muchas dificultades para dar seguimiento a sus recursos. Nuevas tecnologías que permiten la producción patentable de organismos genéticamente modificados (OGM o transgénicos) hacen cada vez más difícil el seguimiento de materiales originales.
Estos procesos han provocado muchas dudas en torno a sus implicaciones para la seguridad alimentaria. También existe una gran preocupación por el impacto negativo que pueda tener la liberación de transgénicos en el medio ambiente. Por ejemplo, en México, investigadores y el mismo gobierno han detectado en Oaxaca y Puebla altos niveles de contaminación de maíz criollo por parte de la siembra de maíz transgénico importado de Estado Unidos.
En los últimos cinco años, ha surgido un movimiento de rechazo a la comercialización de transgénicos en diferentes países del mundo. Por ejemplo, un conjunto de organizaciones indígenas y campesinas latinoamericanas se reunió en Quito, Ecuador, en enero de 1999, para intercambiar sus experiencias. Hicieron un llamado por una moratoria inmediata contra la liberación de transgénicos, mientras que se hicieran investigaciones de fondo sobre su impacto y se hicieran nuevas leyes para regular su uso.
La Declaración de Quito rechazó el uso de tecnologías para la producción de transgénicos debido a varias razones: que las patentes sobre la vida son éticamente cuestionables, reproducen la explotación y las desigualdades regionales para el beneficio de grandes empresas, ponen en peligro la seguridad alimentaria (mientras que existen alternativas productivas), amenazan la salud y los ecosistemas, mientras que los derechos de propiedad intelectual rompen la continuidad de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos a conservar e intercambiar semillas, sobre todo si las empresas logran comercializar las semillas estériles denominadas “Terminator”.
Esta postura es también reflejada en México por el Congreso Nacional Indígena (CNI), el cual articuló su rechazo a la bioprospección y a los transgénicos en el contexto de la lucha de los zapatistas por la implementación de los Acuerdos de San Andrés. En su tercera reunión nacional, celebrada en marzo de 2001, el CNI declaró:
“Exigimos la moratoria a todos los proyectos de bioprospección (exploración) sobre biodiversidad (recursos biológicos), minería, agua, etcétera, y a todas las actividades de biopiratería que se realizan en nuestros territorios y en nuestro país, hasta que los pueblos indios hayan discutido en sus propios tiempos y condiciones los temas relativos al control de sus recursos.”
El CNI está consciente de que México es un país atractivo para los promotores de la bio-prospección. México es una de las siete naciones más ricas en biodiversidad. Con solamente el 1.4 por ciento de la superficie de la tierra, México tiene el 14 por ciento de las plantas del mundo, con alrededor de trescientas variedades de maíz. Gran parte de esta biodiversidad se concentra en Chiapas. La Selva Lacandona representa el 0.16 por ciento del territorio nacional, pero posee el 20 por ciento de la biodiversidad en el país. Se ha calculado que en esta selva se encuentran por lo menos 4 mil especies de plantas, 306 especies de aves, por lo menos 82 tipos de mamalias, 46 especies de murciélago, 23 especies de anfibianos y 54 especies de reptiles. Apenas el 3 por ciento de la diversidad de insectos estaba registrado a principios de los noventa. Esta diversidad resulta ser atractiva para las empresas que compiten por el acceso a los recursos genéticos, lo cual implica conflictos con las comunidades y organizaciones indígenas asentadas en la misma región.

Conflictos por la biodiversidad en la Selva Lacandona
En agosto de 1999, el entonces presidente Ernesto Zedillo ordenó al ejército prevenir que bases de apoyo zapatistas obstaculizaran la construcción de una carretera por los límites de la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules (RIBMA) en el corazón de la Selva Lacandona. Esta carretera conectaría la comunidad de Amador Hernández con San Quintín, una de las bases militares más grandes de toda la zona de conflicto. Amador Hernández también es hogar para bases de apoyo zapatistas, además de colindar con la RIBMA. El ejército se apropió de suficiente tierra para establecer una nueva base, no obstante las protestas del EZLN y sus simpatizantes. Durante los siguientes dieciséis meses, los zapatistas mantuvieron una protesta pacífica permanente en contra de esta base, exigiendo el retiro de las tropas y el retorno de sus tierras. Finalmente, el 22 de diciembre de 2000, el nuevo presidente Vicente Fox ordenó que se quitara esta base, de acuerdo con su estrategia de ganar legitimidad ante los zapatistas y la opinión pública nacional e internacional.
Amador Hernández no fue la única comunidad amenazada en esta subregión de la Selva Lacandona en estos años. En abril de 2000, varios prominentes conservacionistas hicieron un llamado al gobierno federal para que interviniera para prevenir la destrucción de la RIBMA a manos de campesinos indígenas. Con el argumento de que se habían detectado docenas de incendios forestales en la reserva, el gobierno ordenó a la Policía Federal Preventiva (PFP) que desalojara más de una docena de comunidades ubicadas dentro de la RIBMA. Frente a la resistencia local y la presentación de evidencia contraria de que los incendios se encontraban en puntos muy lejos de la selva, la SEMARNAP llamó a negociaciones con las comunidades afectadas y con su principal organización, la Asociación Rural de Interés Colectivo, ARIC-Independiente y Democrática. Durante el resto de 2000, se reunieron los representantes de ésta con funcionarios del gobierno para buscar soluciones a los reclamos de los distintos grupos afectados.
Aunque se logró evitar desalojos violentos en ambos casos, los conflictos revelaron la nueva importancia de la conservación de la biodiversidad para los promotores de la globalización económica. Dos de los actores más influyentes en la administración de la RIBMA son la organización conservacionista Conservación Internacional y el Grupo Pulsar, uno de los grupos empresariales más importantes del país. Ambos han trabajado conjuntamente con el Banco Mundial en la implantación del Corredor Biológico Mesoamericano, una de las iniciativas centrales del Plan Puebla Panamá, la cual busca vincular las áreas naturales protegidas de toda la región.
El Grupo Pulsar fue fundado en 1991 por Alfonso Romo Garza, quien también ha trabajado como asesor para el Banco Mundial, es miembro de la junta directiva de Conservación Internacional y asesor cercano del presidente Fox. En Chiapas, su empresa más prominente, Savia, es la productora y distribuidora más grande de semillas mejoradas de frutas y verduras, con mercados en 110 países y ventas anuales de 2,800 millones de dólares. Durante los noventa, Savia compró varias empresas productoras de semillas y, para 1999, controlaba el 22 por ciento del mercado global. Savia también tiene laboratorios e instalaciones para la investigación y producción biotecnológica en más de 36 países. En México, cuenta con 66 mil clientes e instalaciones de biotecnología en Tabasco, Nayarit y Chiapas. En Chiapas, sus instalaciones son conocidas como el Centro Internacional para la Investigación y Capacitación Agrícola (CIICA), ubicadas cerca de Tapachula.
Aparte de sus actividades de investigación biotecnológica, el Grupo Pulsar también es un gran productor de hule, palma africana y plantas ornamentales. También ha declarado su interés en la creación de plantaciones de eucalipto para producir celulosa para las industrias maquiladoras. Sin embargo, las comunidades en Chiapas y Tabasco han rechazado propuestas de producir eucalipto debido a que este árbol acaba muy rápido los nutrientes y afecta negativamente la productividad de los suelos. Estos proyectos inciden en el futuro de las comunidades que se ubican en el Corredor Biológico Mesoamericano y en la Reserva Integral de la Biosfera de Montes Azules (RIBMA).
La RIBMA fue creada por decreto presidencial en enero de 1978 y abarca una extensión de 331,200 hectáreas. Debido a la falta de recursos financieros y disputas entre diferentes dependencias gubernamentales, la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología no pudo manejar con eficiencia la reserva durante los ochenta. Frente a la creciente preocupación internacional por el impacto de la desforestación en el calentamiento del planeta, se volvieron muy activas Conservación Internacional (CI) y otras organizaciones ecologistas del norte en dar atención a áreas críticas en más de veinte países tropicales. Es importante notar que CI es una de las organizaciones conservacionistas más populares para algunas de las empresas transnacionales más grandes del mundo. Su junta directiva incluye a Alfonso Romo Garza, del Grupo Pulsar, y representantes de las empresas Intel, BP Amoco, United Airlines, The Gap Inc., Exxon Middle East, Cementos de México, Rockefeller Family and Associates y Starbucks. Además, recibe donaciones de las empresas Bristol Myers-Squibb, British Petroleum Company, Citibank, Walt Disney Corporation, Exxon Corporation, The Gap Inc., The Home Depot, Intel, J. P. Morgan, McDonalds y Monsanto.
En el caso de Chiapas, CI llegó en 1990, respondiendo a un llamado de un grupo de científicos mexicanos preocupados por el grado de abandono en que se encontraban las instalaciones de investigación en la RIBMA. En ese año, se formó una sección mexicana de Conservación Internacional (CIMEX), la cual en 1991 consolidó su presencia en Chiapas a través de un canje de deuda por naturaleza apoyado por el Banco Mundial, del valor de 2.6 millones de dólares. En 1995, CIMEX recibió un financiamiento de 246 mil dólares de la Agencia para el Desarrollo Internacional del gobierno norteamericano (USAID), pero la cantidad más grande que recibió fue una donación, en 1996, de 10 millones de dólares, por parte del Grupo Pulsar. Este dinero fue destinado a “financiar programas de Conservación Internacional que enseñan a los campesinos de la Selva Lacandona cómo sostenerse con medidas que apoyen la conservación. Los campesinos aprenderán a trabajar la tierra en una zona de amortiguamiento alrededor de la selva, con un enfoque particular en la producción de hule, palma africana y plantas ornamentales.”
Esta actividad es apoyada por las instalaciones de investigación de Pulsar diseñada para contratar el trabajo y el uso de la tierra de las comunidades locales para producir los principales cultivos comerciales de Pulsar, tales como la palma africana y plantas ornamentales.
El objetivo de lograr la legitimidad local también tuvo un impacto en la manera en que el gobierno empezó a implantar sus planes de conservación después de 1994. En particular, la SEMARNAP promovió un nuevo modelo de descentralización y participación local. Por ejemplo, en 1997, estableció un Consejo Técnico Asesor (CTA) con representantes de comunidades, organizaciones campesinas, instituciones académicas, dependencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. La SEMARNAP también trató de construir un consenso local a favor de la conservación. Empleando un discurso parecido al del Banco Mundial, el gobierno, en alianza con Pulsar y CIMEX, buscó acercarse a la población con el objetivo de establecer un consenso regional en torno a sus planes de desarrollo sustentable.
El mayor obstáculo para que avancen sus proyectos han sido aquellas comunidades que participan en las organizaciones independientes. En 2000, tanto el EZLN como la ARIC-Independiente y Democrática demandaron el derecho de decidir en su propio tiempo los proyectos de desarrollo y conservación que deben implantarse en sus comunidades. Ambos criticaron al gobierno de Zedillo por sus intentos de lograr el control político de la región mediante la amenaza de desalojos en la RIBMA y la militarización de aquellas comunidades que simpatizaban con el EZLN.
En el caso de la ARIC-Independiente y Democrática, la amenaza de desalojo más grave se dio en abril de 2000. Como ya señalamos, el gobierno quiso reubicar a doce comunidades de la RIBMA, aunque todas se habían establecido en la reserva antes del decreto de 1978. Eran vulnerables a acciones de desalojo porque, a pesar de haber solicitado sus títulos definitivos durante muchos años, no los habían recibido todavía. Estos problemas fueron exacerbados por la llegada a partir de 1995 de cientos de familias que huían de la violencia de grupos paramilitares en otras comunidades.
En este caso, el gobierno aceptó la necesidad de lograr una solución negociada. La oferta inicial de una hectárea por familia si se aceptaba la reubicación fue rechazada por insuficiente por la ARIC, la cual demandaba cinco hectáreas por familia para las cinco comunidades que aceptaban la reubicación, además de la entrega de los títulos definitivos de las tierras a las otras siete comunidades que se quedarían adentro de la RIBMA. Cuando el gobierno ofreció a cada individuo la cantidad de 20 mil pesos a cambio de su reubicación, los dirigentes de la ARIC reafirmaron sus peticiones de tierras. Según estos dirigentes, la razón principal por los intentos de reubicación fue el deseo del gobierno de debilitar la presencia de las organizaciones independientes en la zona para que pudiera continuar con su guerra de contrainsurgencia hacia zapatistas y completar la construcción de una carretera estratégica que vinculara la zona a la base militar de San Quintín.
En mayo de 2000, la ARIC organizó un foro con representantes de treinta comunidades locales. El foro emitió la Declaración de San Gregorio, la cual empieza denunciando la falta de atención a la salud, educación y seguridad en la tenencia de la tierra. Señaló que la pérdida de la biodiversidad no se debe a las prácticas agrícolas de los campesinos, como argumentaban algunos conservacionistas. La ARIC hizo un llamado a los ecologistas para que trabajaran conjuntamente con ellos en el diseño y ejecución de planes de desarrollo sustentable, además de demandar la defensa del conocimiento tradicional y los recursos genéticos contra las patentes, los transgénicos y las empresas transnacionales.
En el caso de Amador Hernández, los zapatistas organizaron un encuentro similar en noviembre de 2000, llamado Foro sobre la Desmilitarización, Pueblos Indígenas, el Desarrollo y la Biodiversidad. El foro demandó la salida del campamento militar y el retorno de las tierras que se les habían quitado. Exigió que los proyectos de desarrollo no estuvieran vinculados a la contrainsurgencia e hizo un llamado por la elaboración de proyectos alternativos que promovieran formas de desarrollo realmente participativas. Al igual que las declaraciones de ARIC, el foro se pronunció en contra de la privatización de los recursos naturales y la patentabilidad de los seres vivos.

Globalización e impactos locales
En 2002, han vuelto a sentirse las amenazas de desalojo en Montes Azules. Mientras el gobierno del estado niega que hay planes de llevar a cabo un operativo de este tipo, sigue temiéndose que haya desalojo, esta vez vinculado a los requirimientos del Plan Puebla Panamá. En este nuevo escenario, el PPP no logrará legitimarse en Chiapas, si no se toman en cuenta las reivindicaciones de las comunidades locales. Aunque el mercado puede ofrecer beneficios si se logra consensar proyectos sustentables que den respuesta a las necesidades locales, no es suficiente promover nuevos cultivos sin reconocer los derechos de los pueblos indígenas.
En este artículo, he argumentado que los proyectos de desarrollo sustentable en Chiapas dependen de la aceptación de las comunidades a participar en nuevas relaciones con dependencias gubernamentales y empresas privadas. Al mismo tiempo, hay varios intentos de construir y ampliar nuevos espacios de autodeterminación. Estas diferencias pueden conceptualizarse en términos de diferentes formas de ejercer la ciudadanía frente a la globalización, una más ligada a los incentivos del mercado y otra más acorde con reivindicaciones culturales y políticas. Sin embargo, no existe una rígida separación entre estas dos prácticas. En la vida cotidiana, las comunidades indígenas tienen que negociar la simultánea presencia de las condiciones económicas adversas y las demandas por una diferente inserción en la nación mexicana. En un contexto marcado por la falta de cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y la Ley COCOPA, estos dilemas se están manifestando cada vez más en divisiones entre organizaciones locales y en conflictos intracomunitarios, con costos sociales inaceptables.
Otro impacto local es el surgimiento de una red de organizaciones que se oponen al Plan Puebla Panamá. En el caso de Chiapas, esto ha llevado a muchas organizaciones sociales a participar en los encuentros realizados en Tapachula, Guatemala y Nicaragua en 2001 y 2002. Estos encuentros han reafirmado el rechazo a los planes de privatización de los recursos naturales y han abierto nuevos espacios para diseñar alternativas locales y regionales. A mi juicio, entre sus retos principales debe figurar una respuesta política a la creciente polarización social y descomposición comunitaria en el estado. Para ello, también hace falta contar con una real disposición por parte de las autoridades a crear espacios de diálogo que permitan la participación social más amplia posible en el futuro desarrollo de Chiapas.

Este artículo es traducido y revisado de la versión original en inglés “Globalization and resistance in post-Cold War Mexico: citizenship, difference and biodiversity conflicts in Chiapas”, Third World Quarterly, vol. 22, No. 6, 2001. Forma parte de un proyecto más amplio sobre biodiversidad, democracia e identidad en México para el cual reconozco el apoyo de una beca de la Fundación Macarthur (Research and Writing Grant).