C. Vicente Fox Quezada
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
C. Patricio Martínez García
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua
C. J. Alfredo Delgado
Presidente Municipal de Juárez

Les reiteramos nuestra disposición para integrar una alianza deliberada por la participación ciudadana para la eliminación de la violencia sexual y de género que se presenta en Ciudad Juárez. Deseamos fortalecer la viabilidad del derecho a la integridad física de las mujeres en Juárez y enriquecer el ejercicio de gobierno democrático. Aceptamos la invitación reiterada que el Gobierno del Estado de Chihuahua ha planteado para la participación ciudadana que asegure la cohesión social, las garantías individuales y la erradicación y esclarecimiento de la violencia femenicida.

Expresamos nuestra preocupación por la situación de los derechos de las víctimas, por las diferencias no conciliadas entre las organizaciones de familiares de jóvenes asesinadas y ante el clima de acoso político y hostigamiento a defensoras de los derechos humanos que se ha observado en las últimas semanas. En especial, manifestamos nuestra posición solidaria y respetuosa con el trabajo de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa y nos preocupa las descalificaciones que instituciones públicas realizan de las organizaciones civiles pues contradice en los hechos un discurso oficial que quiere alentar la participación.

Con base en la obligación del Estado mexicano de actuar con debida diligencia para responder a esa violencia, solicitamos que, como acciones emergentes:

  1. Se genere un mecanismo eficiente y sustentable de atención a las familias de jóvenes asesinadas. Este procedimiento debe ser transparente ante la opinión pública, y con observación de instancias como el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Chihuahuense de la Mujer, y de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados.
  2. Se informe sobre las técnicas y procedimientos para garantizar la atención a las víctimas del delito y la atención expedita y eficiente para la salud de las familias.
  3. Se incrementen los elementos para, de conformidad con la ley, cumplir las funciones de la acción judicial de manera imparcial, con firmeza y prontitud, evitando con toda diligencia la polarización entre las familias y organizaciones sociales, dado que esto enturbia la atención judicial.
  4. Se amoneste en lo pertinente a las instancias gubernamentales que hayan manifestado opiniones o realizado eventos que impliquen o afirmen que existe división en las organizaciones sociales que abogan por el esclarecimiento de los femenicidios seriales.
  5. Se conmine a esas instancias para que ejerzan una serie de acciones propositivas y proactivas para el buen funcionamiento del sistema penal y la asistencia jurídica eficaz para las familias.
  6. Se instaure una relación de los tres niveles de gobierno para que se definan precisiones respecto a la competencia y facultades en la procuración de justicia de estos crímenes seriales sexuales, y, que se integren medidas urgentes y oportunas, aún las que tengan que ser de carácter extraordinario, para sostener la vigencia del Estado de Derecho en nuestro país.
  7. Se precisen averiguaciones respecto a las denuncias puntuales de personas y agrupaciones que han sido señaladas en diversos medios en relación con la comisión de estas agrupaciones.

Atentamente

FIRMAS

De organizaciones y personas