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BOLETÍN DE PRENSA

Oaxaca, Oax., 31 de Julio de 2002.
SANTIAGO AMOLTEPEC: ¿HACIA EL ESTADO DE DERECHO?

Después de 5 homicidios, una gran cantidad de heridos, varios enfrentamientos armados, la pérdida del tejido comunitario y la paz social, la ausencia de credibilidad de las instituciones gubernamentales y el establecimiento en los hechos de las vías violentas para dirimir las diferencias internas, el día de ayer el Congreso del Estado en Sesión Extraordinaria decretó la suspensión definitiva de poderes en el Municipio de Santiago Amoltepec, Sola de Vega, Oaxaca.

Durante seis meses  el Congreso Local y particularmente diputados del PRI y PRD, prolongaron y administraron un conflicto con la finalidad de ganar cuotas de poder y sacar dividendos políticos mezquinos. Jugaron con la vida y la dignidad del municipio más pobre y marginado de Oaxaca y encontraron lo que muchas veces fue anunciado y advertido: la muerte y la violencia generalizada. El Estado de Derecho ha quedado en entredicho, no solamente en Amoltepec sino en todo el Estado de Oaxaca, por la actuación ilegal e ilegítima de la misma Cámara de Diputados, encabezada por Juan Díaz Pimentel, que pasó por encima de las Constituciones Estatal y Federal al calificar como legal la elección de Antonio Roque Cruz y Constantino Sánchez García quienes cuentan con graves antecedentes penales. El hecho enciende focos rojos no solamente en la convulsionada región donde sucedió la horrenda masacre de Agua Fría sino en todo el Estado; pues antes que la vida y la dignidad humana están los intereses de los partidos políticos. La ética en el ejercicio del poder está ausente. Sin ser el único, el conflicto de Amoltepec lo ha mostrado de manera evidente. Por ello es tarea obligada de los ciudadanos la reflexión sobre la dimensión ética en la vida pública con la finalidad de contar con instituciones capaces y creíbles en las cuales podamos dirimir nuestras diferencias.

En esta perspectiva es en la cual se ha de ubicar el restablecimiento de la convivencia pacífica en el municipio de Santiago Amoltepec. La suspención de poderes en dicho municipio no resuelve por sí mima el fondo del conflicto. El eje del restablecimiento del Estado de Derecho no se encuentra tampoco en llevar cuantiosos recursos al municipio para crear obra pública sino en la procuración de justicia que ponga fin a la impunidad y a los agravios en contra de la dignidad y derechos de los pueblos indígenas. Nos surgen preguntas como ésta: ¿Quedará impune la actuación de los representantes sociales que generaron y propiciaron la institucionalización de la violencia en Amoltepec? ¿Realmente los ciudadanos contamos con instrumentos eficaces para vigilar la actuación de los funcionarios públicos?

Recordemos que de las tres recomendaciones que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca están pendientes dos. Una es la que corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que determine dentro del término legal las averiguaciones previas iniciadas por los homicidios de Lorenzo López Jiménez y María Magdalena Torres y por el atentado sufrido por los elementos de la Policía Preventiva del Estado. Pero existen lamentablemente otros homicidios y una gran cantidad de hechos delictivos sobre los que esperamos que el organismo Estatal de Derechos Humanos siga vigilante. Otra recomendación sin acatarse es la dirigida a la Dirección de Prevención y Readaptación Social para que recapture a Antonio Roque Cruz pues no están acreditadas el cumplimiento de sus obligaciones contraídas con motivo de su libertad preliberacional.

En una situación de impunidad y excepción como la que se vive en Amoltepec sería nuevamente grave que las partes negociaran en la mesa los homicidios, los agravios, los delitos y la impunidad, negociación alentada por los partidos con la finalidad de encubrir la impunidad institucional. Con ello los ciudadanos y las comunidades interpretarán que nuevamente todo es posible.

Una tarea fundamental es reconstruir los lazos comunitarios que fueron construidos a lo largo de muchos años. Esta es una tarea de todos, pero insistimos que una parte primordial para ello es la correcta procuración de justicia y el fin de la impunidad personal e institucional. Solamente así se crearán las condiciones necesarias para restablecer el ejercicio al derecho de libre determinación del municipio de Santiago Amoltepec, reconocido por la Constitución Local y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

RED OAXAQUEÑA DE DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN DIOCESANA DE PASTORAL SOCIAL DE OAXACA
SERVICIOS PARA UNA EDUCACIÓN ALTERNATIVA A.C. EDUCA