Desmitificando el Plan Puebla Panamá:

los impactos económicos y sociales

Raúl Moreno[1]

Introducción
La creciente subordinación de nuestras vidas a la lógica que impone el proceso de globalización, nos mueve a reflexionar sobre los impactos directos e indirectos que los acuerdos, negociaciones y megaproyectos de comercio-inversión están generando en las pequeñas economías nacionales, en los territorios y en la cotidianeidad de las personas.

El propósito de este documento de trabajo es presentar algunos elementos que permitan disponer de un mejor conocimiento de la temática y agenda del Plan Puebla Panamá (PPP), procurando desmitificar los principales planteamientos del discurso oficial, el cual proyecta a los tratados y acuerdos de “libre comercio” como la panacea a los problemas de crecimiento económico, desempleo y competitividad, y como la vía automática para la generación de bienestar y desarrollo.

El PPP constituye un interesante ejemplo que muestra cómo los fenómenos globales del comercio-inversión se aterrizan y ejecutan en realidades concretas, descendiendo hasta el plano local. La lectura e interpretación de la dimensión local de la globalización abre una puerta clave en la resistencia y lucha de los pueblos frente a estos procesos que se presentan como impenetrables. En este sentido, intentaremos realizar un ejercicio para “colorear los lazos invisibles” que ligan estos tratados, acuerdos y megaproyectos de comercio-inversión con la vida de los pueblos.

Este documento está estructurado en cuatro apartados. Se parte de una breve revisión del contexto internacional en el que se inscribe el PPP, para luego identificar sus contenidos y elementos incluidos en la agenda económica del Plan. En el tercer apartado se alude a la articulación del PPP en el proceso de “libre comercio” continental, a continuación se presentan los potenciales impactos económicos y sociales, para finalizar con una reflexión final sobre la importancia de las acciones ciudadanas en el proceso.

i. Una mirada al contexto internacional del PPP

En estos tiempos en que se impone en el planeta una visión cultural universalista de la competencia y el consumo, que anula la identidad de los pueblos y reduce al mundo a aliados y enemigos --según la adhesión o no al proyecto y los intereses de la potencia hegemónica mundial--; en este mundo regido por una lógica atrofiada que confiere a la maximización de la ganancia el valor superior de las cosas, por encima de los derechos de los seres humanos y el respeto a la vida; el binomio comercio-inversión se erige como el pilar de un “desorden mundial” que, en el proceso evolutivo del capitalismo, ha llegado a  invadir los órdenes político, económico, social, cultural, laboral y ambiental de los pueblos, para determinar y afectar –directa o indirectamente—la cotidianeidad de billones de habitantes del planeta.

No cabe duda que este “desorden económico mundial”, que resulta igualador en las ideas y en los patrones que impone, pero desigual en las oportunidades y en el reparto de los pasteles que genera, ha consolidado los intereses de las corporaciones transnacionales a través de la “planetarización” de la producción, de las ventas y de la realización de las ganancias.

Uno de los rasgos relevante de este mundo “moderno” es la universalización de la política económica a través de los “combos” fabricados para las transnacionales por las instituciones financieras internacionales –IFI-- (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo), los cuales se han aplicado indiscriminadamente por los gobiernos nacionales en las más disímiles realidades y cuyos efectos continúan soportando millones de personas.

La reducción del tamaño y de las competencias del Estado, la apertura y eliminación de las regulaciones en las economías, y la venta de los activos públicos a través de los procesos de privatización, han sido los ejes de los programas de ajuste y de estabilización impulsados por las IFI; y cuyos beneficiarios directos se han concentrado un reducido grupo: las corporaciones transnacionales y los grupos económicos dominantes en cada país.

Las transnacionales adquirieron a precios “de me lo llevo” las empresas y activos públicos para constituir monopolios privados en áreas de servicios públicos, anteriormente  reservadas al Estado; y la gran empresa nacional, representada en los gobiernos de turno que implementaron el ajuste y las reformas, se benefició directamente con la aplicación “tropicalizada” de estas medidas. Esto permitió la consolidación de un grupo hegemónico empresarial, integrado por unas cuantas familias, que se repartieron “las joyas de la corona” y son ahora propietarias de las empresas insignias de El Salvador[2] .

El desarrollo de la ciencia y tecnología –en los países ricos-- aplicado a la producción, ha estimulado la emergencia de una onda tecnológica que privilegia el comercio de productos ganadores –como la robótica, la informática, la biogenética, los nuevos materiales y la microelectrónica--, en detrimento del comercio de los productos primarios o perdedores, que continúan siendo la base de los flujos transables de las economías subdesarrolladas, como las centroamericanas.

En el actual escenario económico mundial se configura un mundo multipolar, regido por una tríada hegemónica estructurada en bloques económicos regionales[3], con relaciones de cooperación horizontal, enorme capacidad para determinar la orientación de los flujos internacionales de inversión –principalmente financiera-especulativa-- y capacidad para influenciar el cauce y orientación de las normativas y regulaciones de los organismo financieros multilaterales y de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en particular.

En el mundo actual pervive una doble moral, marcada por las prácticas proteccionistas –con aranceles, subsidios y medidas no arancelarias—que aplican quienes, desde el norte, entonan los himnos del “libre comercio”, mientras exigen a los países del sur apertura y desregulación, con el favor y anuencia de los organismos multilaterales y los respectivos gobiernos nacionales.

Mientras los flujos internacionales de capital no “requieren de visa para viajar por el mundo”, pues gozan de irrestrictas ventajas y facilidades para su movilización, otorgadas por el carácter permisivo de los marcos internacionales y la modificación de las legislaciones nacionales a su favor –a través de los TLC--; el tránsito de la fuerza de trabajo hacia los países del norte choca con el dique de la rigidez de las políticas migratorias, además de las prácticas discriminatorias, xenófobas y racistas que millones de personas padecen a diario en esas sociedades “desarrolladas”.

En contraposición a los planteamientos recogidos en los discursos predominantes, que identifican a la globalización como sinónimo de integración, desarrollo y avance tecnológico; vale destacar la enorme asimetría e inequidad inherente a este proceso de “globalización neoliberal”, que resultan consustanciales al mismo. Bajo la “máscara” de progreso con que se presenta la “globalización neoliberal”, se hace cada vez más explícito el acrecentamiento de la pobreza entre países y en su interior, la expansión de la plaga de las hambrunas por el planeta, el vertiginoso proceso de deterioro del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales.

Además, la marcada profundización de las brechas de exclusión y desigualdad en todos los ámbitos de la vida, se va acentuando en el día a día, dejando cada vez más expuestos los enormes contrastes en los niveles económico y social, marcando las diferencias entre hombres y mujeres, en las condiciones de vida de las poblaciones rurales y urbanas, en la depauperización de las poblaciones indígenas y en el deterioro de las condiciones de vida de niños, niñas y personas de mayor edad.

El otro rostro de la “globalización neoliberal”, el que delinea sus verdaderos rasgos en los efectos concentradores y a la vez excluyentes, evidencia la conducción del planeta hacia una situación absurda e intolerable[4], no sólo ética sino también económicamente, y que confirma el fracaso mismo del modelo neoliberal prevaleciente. Esto nos lleva a la reflexión sobre la misma inviabilidad del modelo y el “desorden actual” de las cosas.

Por otra parte, resulta muy difícil aislarse de la dinámica económica mundial, aunque ésta sea asimétrica y generadora de desigualdades; es evidente la relevancia que el comercio y la inversión han cobrado en los últimos años y su potencialidad de convertirse en un instrumento –más que un fin—que pueda contribuya a un desarrollo justo y sustentable de los países, siempre y cuando éstos se planteen desde “otra lógica”.

Los procesos de apertura y la aprobación de tratados comerciales han demostrado que no toda inserción externa es favorable, éstos no han podido garantizar una buena inserción para los países pobres, y menos para la población de menores ingresos; de allí que sea fundamental explorar otras estrategias más integrales y sistémicas, como podría ser la integración regional, de manera que se puedan aprovechar las sinergias colectivas generadas desde los países para lograr una posición más digna en el plano internacional. Sin embargo, cualquier propuesta de inserción externa sólo tiene sentido, si está definida y articulada desde una estrategia nacional para el desarrollo.

Por ello resulta necesario e impostergable “ordenar nuestra casa”, enfrentar y superar los históricos problemas estructurales que padece nuestro país con políticas económicas adecuadas, antes de buscar la inserción externa; y de esta forma evitar que la apertura económica se traduzca principalmente en perjuicios para las empresas nacionales –con muy bajo nivel de competitividad—, para los trabajadores y trabajadoras, para los pequeños productores y para la población en general.

Enfrentar estas limitaciones exige disponer de un Estado fuerte –lo cual no implica un Estado gigante y obeso—y participativo, que trace los carriles hacia el desarrollo con base en procesos de participación democrática, transformando su accionar de manera que responda a los intereses nacionales, los cuales van mucho más allá de los intereses de los núcleos hegemónicos dominantes, y superponga los intereses domésticos por encima de la lógica del capital transnacional.

La crisis argentina constituye una clara evidencia del agotamiento del modelo de desregulación y apertura, y nos insta a volver nuestra mirada hacia “lo nacional”, a reconsiderar los procesos de privatización y liberalización de la economía  para fortalecer el rol de los Estados, desde una perspectiva que apunte a resolver las necesidades del pueblo.

ii. La agenda económica del PPP

¿Qué es y cómo surge el PPP?

El PPP constituye principalmente una iniciativa para la inversión en infraestructura, elaborada por el gobierno mexicano de Fox, que se presenta con el propósito de impulsar la integración urbana y regional de algunas ciudades mexicanas del sur sur-este, a través de la construcción de un conjunto de corredores que faciliten la circulación de las mercancías.

A la idea original de esta iniciativa, concebida para algunos Estados mexicanos de la franja del sur sur-este de México[5] se le adosaron posteriormente las repúblicas centroamericanas, para configurar una versión regional y más amplia del Plan, que permitió imprimir una viñeta con el nombre de Plan Puebla Panamá; aunque quizá hubiera sido más adecuado etiquetarlo como Plan México-Panamá o Plan Puebla-Darién[6].

Seguramente que la alternancia en la presidencia de la república mexicana ha sido un factor importante para reconocer explícitamente que “las políticas instrumentadas por el gobierno federal en las últimas cinco o seis décadas han desalentado el desarrollo en el sur de México”[7] y que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha contribuido a la ampliación de las brechas de desarrollo entre el norte y el sur de ese país.

La propuesta del PPP parte de un amplio diagnóstico en el que se dibujan los enormes contrastes existentes entre los territorios del sur y el norte de México[8], destaca al sur-sureste del país como una región tal que pese a tener abundantes y diversos recursos naturales se ha mantenido secularmente en el atraso y subdesarrollo. El diagnóstico justifica la necesidad de reformar aquéllas políticas públicas que han reprimido el desarrollo del sur-sureste de México[9], lo cual se convierte en el principal contenido del Plan y estímulo para el “supuesto desarrollo” de la región.

El sur-sureste de México abarca la cuarta parte del territorio nacional, está habitado por el 28% de la población mexicana, siendo más de la mitad de ésta población indígena; el nivel de ingreso promedio de la región sur sureste es inferior al promedio nacional, éste representa la mitad del salario mínimo mexicano. Pese a ser una región rica en recursos naturales, está habitada por población pobre, sus condiciones evidencian un notable rezago con relación al resto del país, hasta niveles similares a los de Centroamérica; en general, las localidades de la región son tan pequeñas, que registran núcleos poblacionales con un máximo de unos 2,500 habitantes, lo cual facilita considerablemente la movilidad de las localidades para integrar centros poblacionales de mayor magnitud[10].

Levy identifica como uno de los principales obstáculos al desarrollo del sur sureste de México, el marco jurídico-institucional prevaleciente y la precaria situación de la infraestructura de transporte y comunicaciones del sur-sureste; de allí que la orientación de la propuesta mexicana tenga como elemento fundamental la conectividad e identifique como ejes prioritarios la inversión pública en infraestructura y las reformas institucionales y de los marcos regulatorios.

Tomando en cuenta que el sur-sureste de México está dotado de enormes riquezas naturales en petróleo, gas natural, cursos de agua, reservas forestales y biodiversidad, no es azaroso ni gratuito que las propuestas estén orientadas hacia la modificación de los derechos de propiedad sobre los hidrocarburos y el agua, la supresión de la restricción constitucional de poseer o arrendar grandes extensiones de tierra, así como también a romper el control monopólico que el Estado mexicano ha mantenido en actividades estratégicas como electricidad, gas y petroquímica.

El PPP conduce indefectiblemente a generar un espacio jurídico e institucional que garantice la incursión de inversiones privadas en áreas estratégicas y de enorme rentabilidad; además de generar --con financiamiento público-- las condiciones materiales necesarias para su desempeño, como son las inversiones en infraestructura de transporte, electricidad y telecomunicaciones, elemento estratégico en el mejoramiento de los enlaces con los mercados del TLCAN y la Unión Europea.

El proceso de adhesión centroamericana al PPP

La iniciativa del PPP fue propuesta formalmente a los presidentes centroamericanos el 30 de noviembre de 2000; aunque éste fue dado a conocer hasta el 15 de junio de 2001 en la Cumbre de Mandatarios del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, celebrada en San Salvador, y en la cual se acuerda aprobar las ocho iniciativas y proyectos mesoamericanos, incluir al PPP como capítulo dentro del Mecanismo de Tuxtla, e instalar la Comisión Ejecutiva, el Grupo Técnico Institucional y la Comisión de Alto Nivel de Promoción y Búsqueda de Financiamiento[11].

Bastaron seis meses para que los gobiernos hicieran propias las iniciativas ajenas expresas en el PPP, sin el mínimo esfuerzo por identificar sus potenciales impactos en los sectores nacionales. Este fue asumido por las partes centroamericanas sin que se conozcan a la fecha los estudios técnicos y de impacto que permitan visibilizar las secuelas derivadas de la aplicación de los proyectos que integra, de manera que puedan dimensionarse los beneficios y/o perjuicios generados, pero sobre todo identificar los sectores ganadores y perdedores con el Plan.

En el proceso se observan fielmente los procedimientos que han caracterizado las negociaciones de los diversos tratados y acuerdos comerciales suscritos previamente por sus gobiernos: falta de transparencia, ausencia de consulta y participación de los diferentes sectores económicos y sociales en los procesos de negociación.

En la retórica del PPP destaca entre sus objetivos: “establecer procesos de participación social amplia”; sin embargo, la ausencia de participación en el diseño y en la implementación del mismo, nos hacen pensar que existe una confusión conceptual, quizá en el glosario del PPP la participación social amplia se defina como las decisiones asumidas por un grupo de funcionarios y propietarios de grandes empresas, a puerta cerrada y de manera inconsulta.

En este contexto, las concesiones unilaterales a las exportaciones de algunos productos nacionales, a través del Acuerdo Bilateral de Alcance Parcial y la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, así como la suscripción en serie de TLC y el advenimiento del ALCA, aparecen como una bendición para un país con una política económica carente de rumbo y sin instrumentos idóneos que le permitan sostener las tasas de crecimiento de la actividad económica.

Iniciativas que responden a las agendas de otros, como son el PPP, los TLC y el ALCA son asumidas de inmediato por los gobiernos, en un “acto reflejo”, pues asumen en un acto de fe, sin cuestionamiento alguno, que el comercio y la inversión resultan en todos los casos beneficiosos.

El contenido del PPP

En la Declaración Conjunta de San Salvador del 15 de junio del 2001, los presidentes de Centroamérica y México acuerdan impulsar las “Iniciativas Mesoamericanas”, que se trata de un paquete de ocho componentes que integra el PPP.

Estas iniciativas incluyen desarrollo sustentable, desarrollo humano, prevención y mitigación de desastres naturales, promoción del turismo, facilitación del intercambio comercial, integración vial, interconexión energética e integración de los servicios de telecomunicaciones.

En el documento oficial se plantea como objetivo del PPP “la potenciación de la riqueza humana re la región mesoamericana en un marco de desarrollo sustentable que respete la diversidad cultural”[12], para ello define ocho iniciativas mesoamericanas que dan el marco al conjunto de proyectos que contiene el Plan.

Aunque la revisión del contenido del PPP muestra que estas iniciativas van más allá de la inversión en infraestructura (integración vial, interconexión energética e interconexión en comunicaciones) y la promoción de actividades comerciales (promoción del turismo y facilitación del intercambio comercial), al incluir aspectos como desarrollo sustentable, desarrollo humano y la prevención y mitigación de desastres naturales; pero a juzgar por la lógica mercantil que determina el PPP, la distribución de los recursos financieros de que disponen las distintas iniciativas, los propósitos de sus principales impulsores –las corporaciones transnacionales, las IFI y los gobiernos nacionales-- y por los hechos registrados hasta la fecha, es evidente que la clave económica de la iniciativa es la conectividad.

A la base del PPP pervive la tesis asumida por los gobiernos que la liberalización del  comercio e inversión resulta beneficiosa en sí misma, y se convierte en un fin automática para la reactivación de la economía, de cuyo crecimiento por “efecto rebalse” se desparramarían los beneficios a toda la población.

Fuente: Elaboración propia en base de Antecedentes, avances y perspectivas del Plan Puebla Panamá, marzo de 2002, www.ppp.presidencia.gob.mx

Nada más alejado de la realidad, esto lo demuestran las experiencias fracasadas que han llevado hasta el colapso de países  --como Argentina--, que aplicaron al pie de la letra la ortodoxia del ajuste y liberalización de la economía.

Esa tesis también se desmitifica con la experiencia de protección y regulación de los países desarrollados, que en oposición al mandato y exigencia de apertura y desregulación en los países subdesarrollados, les permite mantener niveles de crecimiento económico suficientes como para garantizar mejores condiciones de vida a sus habitantes. Siendo así, resulta obvio que el comercio y la inversión no tienen efectos neutros e inocuos en las poblaciones, en las empresas nacionales, en  el medio ambiente, ni en los trabajadores y trabajadores.

Aunque en el texto del PPP se dibujan interesantes iniciativas que postulan por la búsqueda de un desarrollo humano y sustentable, así como el estímulo de procesos participativos y democráticos; en el mapa trazado por el BID[13] el PPP se simplifica a una Mesoamérica conectada por proyectos de infraestructura (carreteras, interconexión eléctrica, fibra óptica, puertos) y un corredor biológico, sin que asomen el bosquejo de proyectos de educación, salud, vivienda y otros vinculados con el directo bienestar de la población.

El PPP, al igual que cualquier política o programa económico, no es una construcción “inocua” y “neutral” como se podría desprender de la retórica de su texto; el PPP no es un modelo abstracto, se trata de una iniciativa amplia, que incluye un conjunto de megaproyectos a aplicar en los países de Centroamérica y algunos Estados mexicanos, sobre realidades concretas, que pese a tener un común denominador en indicadores de exclusión y pobreza, presentan enormes asimetrías en sus marcos jurídicos e institucionales, en sus capacidades competitivas y en sus estructuras productivas.

La verdadera agenda del PPP

Existe una notable convergencia en contenidos y en el énfasis en la inversión pública entre las iniciativas que integran el PPP, la Estrategia de Centroamérica para la Transformación y Modernización en el Siglo XXI y las recomendaciones que Porter hiciera a los gobernantes centroamericanos[14], todas coinciden en presentar como ejes estratégicos para el “desarrollo sustentable de la región”, la inversión en infraestructura (vial, telecomunicación y energética), el ecoturismo y la construcción de un corredor biológico mesoamericano, sin desestimar la importancia y fomento de la maquila tecnológica.

Pese a que la retórica del PPP alude a proyectos para el desarrollo humano y mejora de la calidad de vida de la población, hasta la fecha sólo se conoce de iniciativas para la conectividad de la región, como la construcción de un corredor logístico de Centroamérica (carreteras, ferrocarriles, transporte marítimo y cabotaje, transporte aéreo, telecomunicaciones) y la interconexión eléctrica (generación hidroeléctrica y termoeléctrica, hidrocarburos)[15].

En este sentido, las iniciativas que apuntan hacia el desarrollo humano y sustentable dentro del Plan resultan en la práctica componentes accesorios, que solo tienen importancia en la medida en que le imprimen al PPP el “rostro humano y ecológico” que necesita para su venta y difusión un proyecto dominado por una lógica mercantil, que antepone los intereses transnacionales a los nacionales.

Desde el análisis del Documento Base del PPP, resulta evidente que éste representa un proyecto mercantil, que pretende la re-localización regional de la producción en base de criterios económicos de maximización de ganancias, que busca aprovechar las “ventajas comparativas” de las regiones, lo cual supone promover la reducción de los costes totales, mediante la obtención de bajos costes directos (materia prima, mano de obra y energía) y bajos costes de transporte (insumos y productos)[16].

Es evidente que en la arquitectura del PPP se percibe el influjo de un enfoque de geografía económica, que aplica algunas extensiones de modelos de competencia imperfecta y de programación mixta a fin de identificar la localización de plantas productivas[17]; siendo así, la lógica que da coherencia al PPP es aquella que justifica la maximización de beneficios y minimización de costes de las empresas.

El PPP propone establecer un sistema integrado de transporte (terrestre, ferroviario, aéreo y marítimo), trazando ejes carreteros^[18] que vincularán los centros de abastecimiento de materias primas con los nodos (ciudades de ensamblaje) y los puntos de exportación, para disponer así de una red de infraestructura que posibilite la realización de la producción, con lo cual se estimula enormemente la opción preferencial de los gobiernos centroamericanos por un esquema regional basado en la actividad maquiladora.

La idea de movilizar piezas desarmadas en contenedores –que faciliten el traslado terrestre y marítimo— está íntimamente relacionado con la interconexión de ciudades “ensambladoras” o maquiladoras que se conectarían a través de los sistemas de carreteras, y que dicho de paso disponen de mano de obra barata[19].

En la letra del Plan se enfatiza en la inversión pública en infraestructura, principalmente para la construcción de un sistema de transporte que reduzca los fletes y facilite el traslado de las mercancías por canales secos trazado en circuitos que unan las zonas en que se hayan –o donde se instalarían— las empresas transnacionales y los mercados de factores y productos[20].

Con este componente de inversión en infraestructura se asegura el propósito superior del PPP de procurar la conectividad en la región, pero además abre el ámbito de las inversiones a la infraestructura hidro-agrícola, a través de proyectos de obras de irrigación para palma africana hasta por 700 mil hectáreas.

Además, el PPP abre convenios de bio-prospección y de diversidad biológica, lo cual se da en el marco vigente que establece la Organización Mundial del Comercio y de los TLC suscritos, desde los cuales se obligan a los países de la región a dar cumplimiento a la letra de los Acuerdos de Derechos de Propiedad Intelectual aplicados al Comercio (ADPIC), en los cuales se concede un derecho monopólico de hasta veinticinco años sobre las patentes registradas por las empresas transnacionales.

Esta situación abre la puerta a las corporaciones transnacionales dedicadas a la industria química farmacéutica, la biotecnología y la biogenética hacia el universo de riquezas en biodiversidad que posee la región, del cual pueden disponer sin restricción alguna. Esto con la gravedad de que las patentes que están siendo registradas con nuestros recursos naturales, seguramente serán devueltas en forma de medicamentos o productos industriales a un precio inaccesible por el poder monopólico que ejercen sobre ellos.

El otro lado del PPP está referido a las transformaciones jurídicas e institucionales necesarias para la concreción de los verdaderos propósitos del proyecto de inversión, y que están determinadas por la Constitución Política de las repúblicas, la única y  última instancia a la cual los TLC están subordinados en los marcos jurídicos de Mesoamérica.

La supresión de los factores jurídicos que “reprimen” el “desarrollo” de la región del sur-sureste de México y de Centro América, según el diagnóstico del PPP, es una de las piezas claves en la construcción del marco jurídico en que se cimentará el ALCA, dado que permitiría modificar el último hito jurídico para la liberalización completa de la inversión, como es la Constitución Política. Con ello se concluiría la faena ya iniciada los TLC, al subordinar el marco legal de cada país a la letra y contenido del tratado.

Como muestra de los factores jurídico-institucional que “reprimen el desarrollo” de las regiones más pobres de la región –pero ricas en recursos naturales—se retoman las propuestas que se encuentran a la base del componente mexicano del PPP, en el cual se plantea la necesidad de modificar los derechos de propiedad sobre los hidrocarburos y el agua, la supresión de la restricción constitucional de poseer o arrendar grandes extensiones de tierra y la ruptura del control monopólico que el Estado ha mantenido en actividades estratégicas como electricidad, gas y petroquímica

Esto hace obvio el objetivo de las reformas jurídicas e institucionales que impulsa el PPP, y no cabe duda que su concreción abriría totalmente el espacio para la incursión de las inversiones privadas en aquellas áreas estratégicas y hasta ahora reservadas para las empresas públicas.

Los recursos para financiar el PPP

Como resultado de la Cumbre de junio de 2001 en San Salvador, el gobierno mexicano anuncia modificaciones en los términos (porcentaje de bienes y servicios mexicanos a incorporarse en la ejecución de los proyectos) y condiciones financieras (flexibilización de la tasa de interés, uso y destino de los fondos) aplicables a los recursos del Acuerdo de San José para financiar los proyectos centroamericanos del PPP y proyectos de reconstrucción para países afectados por el Huracán Mitch y los terremotos de enero y febrero del 2001 en San Salvador.

Los recursos disponibles para apoyar la ejecución de proyectos centroamericanos ascienden a 159.7 millones de dólares, de los cuales 55.3 estarían destinados a proyectos de reconstrucción –con la limitación que el 96% de este monto estará disponible para ser comprometido a partir del 2003—y los 104.4 millones complementarios tienen recursos disponibles para proyectos tradicionales, como la construcción de la carretera en Honduras que conduce del Puerto Cortés-Frontera de Guatemala, pieza clave en el mapa de conectividad del PPP.

Por otra parte, con el antecedente del Grupo Consultivo Regional para la Transformación y Modernización de Centroamérica, integrado por donantes y representantes de Alemania, Canadá, España, Estados Unidos y Suecia[21], creado para la reconstrucción de los países  afectados por el Huracán Mitch en 1998 y que se reunió el 28 de mayo de 1999 en Estocolmo, Suecia; durante enero de 2001 se presentan al G-6 en Madrid, España, el paquete de iniciativas centroamericanas del PPP, conocidas como el Planteamiento de Madrid, con el propósito de encontrar recursos para su financiamiento.

Llama la atención la celeridad con que las iniciativas para la conectividad presentadas al G-6 en Madrid encontraron las promesas y desembolsos para su respectivo financiamiento, mientras que antiguas reivindicaciones –de enorme trascendencia en el desarrollo nacional y regional—como la necesidad de una banca para el desarrollo rural, la solución a la problemática de generación y abastecimiento de agua potable, las precarias condiciones de desempeño de la micro y pequeña empresa, han encontrado la secular limitación de la falta de recursos financieros.

La procedencia de los recursos financieros para poner en marcha el PPP provienen básicamente de tres fuentes: a) la inversión privada realizada por empresas transnacionales con interés en la región, entre las que destacan International Paper Company, Texas Conection, Ford Motor Company, Pulsar de Monterrey, Tribasa, Carso, GAN, ICA, e Imbursa, entre otras; b) los préstamos otorgados por los organismos internacionales y los países del G-6; y c) la inversión pública financiada por los países a través de los presupuestos nacionales.

Entre los organismos internacionales que financian el PPP se encuentran el Banco Mundial, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial –FMAM-- y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, vale destacar que el BID trabaja con el Grupo Técnico Interinstitucional del PPP, en cuya instancia también participa el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)[22].

Es evidente que la mayoría de estos proyectos serán financiados con préstamos otorgados por el BID, el BM y el BCIE, empréstitos que pagaremos los ciudadanos y ciudadanas, lo cual sin duda alguna que presionarán aún más la ya deficitaria situación de las cuentas del sector público no financiero salvadoreño, que después de la dolarización de la economía y los terremotos del 2001 han registrado niveles tan altos que se podrían tornar inmanejables.

 Por otra parte, la asimétrica distribución de los recursos financieros por iniciativas confirma la tesis del carácter mercantil del PPP y la ausencia de interés en las áreas de desarrollo humano y sustentable. El énfasis principal de éste se concentra en interconexión energética (US $ 445.7 millones) e integración vial (US $ 3,420.6 millones de dólares), ambos representan el 96% del total de los recursos financieros disponibles.

La bolsa disponible para el financiamiento de las ocho iniciativas mesoamericanas asciende a US $ 4,017.7 millones, de los cuales la iniciativa de Desarrollo Sustentable tiene asignado escasamente el 0.4% del total, la Iniciativa de Desarrollo Humano el 0.7% y la Iniciativa de Prevención y mitigación de desastres el 0.6%, lo cual demuestra la escasa importancia que se le confiere a estos componentes del PPP que desde el discurso y la retórica oficial le imprimen al Plan la lógica de desarrollo sustentable.

Del total de los US $ 4,017.7 millones, se destina a México el 45% para financiar todas sus iniciativas; además de los recursos propios incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Para 2002 el Congreso Mexicanao aprobó recursos al PPP por un monto de 7,557.1 millones de pesos, de los cuales el 83% se destina a inversiones en transporte y comunicaciones[23].

iii. El PPP y el proceso de “libre comercio” continental

El vínculo entre el PPP y el TLC-ALCA

Existe una notable coincidencia en los propósitos del PPP, y los del TLC y el ALCA, todos apuntan –desde diferentes niveles-- hacia la supresión de las regulaciones nacionales de las inversiones extranjeras y a estimular la consolidación de un bloque económico continental, que sitúe a los Estados Unidos en una posición más ventajosa frente a los bloques económicos de la Unión Europea y el constituido por las economías de la Cuenca del Pacífico de Asia.

Desde la agenda económica continental de Estados Unidos, el ALCA constituye uno de sus objetivos estratégicos, éste se va alcanzando en la medida en que se avanza en la concreción del objetivo táctico, como es la suscripción de los TLC. Estos tratados avanzan en la consecución del fin estratégico en la medida en que su ratificación modifica los marcos jurídicos nacionales, subsumiendo a la legislación nacional, y eliminando cualquier posible regulación nacional a la inversión extranjera.

El PPP, por su parte es otra pieza importante en los propósitos del ALCA, pues permite generar en Mesoamérica las condiciones de infraestructura y los marcos jurídico-institucionales que las empresas transnacionales requieren para su desempeño en esta región del continente, a través de la implementación de un manojo de proyectos de inversión financiados por las IFI y pagados finalmente por los ciudadanos y ciudadanas de la región.

El ALCA es una iniciativa creada desde y para Estados Unidos que busca suprimir cualquier tipo de regulación a las inversiones extranjeras mas que estimular los flujos de bienes y servicios que se comercian internacionalmente; en ese sentido mas que la búsqueda un área de “libre comercio”, pretende consolidar un “área de libre inversión”.

 La iniciativa del ALCA fue presentada “en sociedad” en la Cumbre de Presidentes de Miami en 1994, desde entonces ha venido avanzando la discusión exclusivamente entre los equipos negociadores de los gobiernos, con una práctica secretista y excluyente, que relega totalmente a los sectores sociales de la posibilidad de incidir en las decisiones asumidas.

A la Cumbre de Miami le siguieron las de Santiago de Chile en 1998 y la de Québec, Canadá en 2001, en ésta se planteó la formalización de un bloque económico continental[24] que entre en funcionamiento a partir de 2005.

El ALCA reafirma y profundiza los contenidos ya vigentes en los TLC, entre los que destacan: el libre acceso de las empresas transnacionales a contratos y  licitaciones gubernamentales[25]; la prohibición de que los Estados nacionales puedan imponer requisitos al desempeño de las inversiones extranjeras; la solución de controversias a manos de árbitros internacionales y la posibilidad de que una empresa pueda llevar a juicio a un Estado, con el inminente riesgo de indemnización por pérdidas a las empresas “afectadas” por las regulaciones establecidas; y la protección de los derechos de propiedad intelectual de marcas y patentes.

En consonancia con los objetivos del ALCA de crear una política energética liberalizada --controlada por las empresas transnacionales generadoras, transmisoras y distribuidoras de energía--, un mercado continental de agua y un sistema “agro empresarial” de producción de alimentos con fines de lucro –transgénicos--[26]; el PPP también se perfila hacia la liberalización de actividades estratégicas –hasta ahora controladas por el Estado—como son el petróleo, el gas natural, los cursos de agua, las reservas forestales y la biodiversidad, que sin duda representan apetecidos nichos para las inversiones privadas extranjeras.

El marco jurídico en que se inserta el PPP

El PPP, en tanto iniciativa para la inversión, cobra sentido en el marco jurídico que los TLC han dejado establecido en los países centroamericanos. La subsunción de toda la legislación secundaria nacional a los TLC ha llevado a suprimir cualquier tipo de regulación a las inversiones extranjeras por parte de los Estados, lo cual se convierte en un importante incentivo para las empresas transnacionales que operan y operarían en la región.

El Capítulo XIV del TLC suscrito entre México y los Países del Triángulo Norte de Centro América (TLCTN) imposibilita el establecimiento de requisitos al desempeño y funcionamiento de las empresas extranjeras[27].

En el marco del TLC no es posible regular las cuotas o los tipos de bienes o servicios a exportar, establecer el grado de contenido nacional de bienes y servicios, otorgar preferencia a bienes y servicios locales, restringir las ventas en el territorio generadas por la inversión, transferir tecnología u otro conocimiento reservado, actuar como proveedor  exclusivo de los bienes que produzca o servicios que preste o imponer requisitos relativos a localización geográfica, generación de empleo, capacitación de mano de obra.

Todas estas limitaciones que enfrentan los Estados que han suscrito TLC se convierten en un escenario muy atractivo para las empresas transnacionales instaladas en la región, pues les permite actuar sin regulación alguna.

Además, en el marco del TLC se abre la posibilidad que cualquier empresa transnacional pueda llevar a juicio a un Estado ante un tribunal privado ad-hoc para reclamar perjuicios o expropiación por alguna regulación impuesta por los Estados. A la fecha se conocen varios casos en los cuales los Tribunales, integrados por árbitros independientes, han resuelto el pago de millonarias sumas a las empresas transnacionales por parte de Estados que han aplicado alguna regulación que se considere como inhibición de las ganancias[28].

Dos casos ilustrativos

Metalclad

En agosto de 2000 el Tribunal del Centro Internacional para la Resolución de Disputas de Inversión (ICSID) estableció un laudo a favor de la empesa estadounidense Metalclad, por medio del cual obliga al gobierno de mexicano a pagarle más de 16 millones de dólares por trato discriminatorio y expropiación de la inversión, luego que las autoridades locales cerraran un basurero de residuos peligrosos –propiedad del Metalclad-- en Guadalcázar (San Luis Potosí, México), zona que el gobierno estatal reconociera posteriormente como reserva estatal el área natural protegida de Real de Guadalcázar con características de Reserva de la Biósfera.

Esto constituye un peligroso precedente para los países de la región, porque ha quedado reiteradamente evidenciado que los intereses de las empresas y la lógica comercial tienen primacía, y están por  encima de las consideraciones de salud y bienestar de las poblaciones y comunidades.

ICBG Maya

Un ejemplo del aprovechamiento de nuestros recursos naturales por parte de las empresas transnacionales es el convenio suscrito por el Consorcio ICBG Maya, el cual está integrado por la Universidad de Georgia, el laboratorio inglés Molecular Nature Limited y la organización Ecosur de México.

Amparados en este convenio y con la permisividad que da el marco legal prevaleciente, la Universidad de Georgia y el Molecular Nature Limited han estado recogiendo recursos genéticos de Chiapas, México, aprovechando la enorme riqueza en biodiversidad de sus selvas, para obtener aplicaciones medicinales que son utilizadas comercialmente a su favor, a través del registro de  patentes, que son protegidos por sus consabidos derechos de propiedad intelectual.

Pero estas acciones no sólo conducen al despojo de los recursos biogenéticos que pertenecen al pueblo chiapaneco y, en sentido amplio al Estado Mexicano, sino que constituyen verdaderas acciones de bio-piratería, que trascienden al aprovechamiento y utilización comercial de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.

Se trata de la mercantilización de la espiritualidad y de la cultura de los pueblos  indígenas, de etiquetar con el sello de patentes
quellos aspectos intangibles de la vida que no conocen del vocablo propiedad, pues en este mundo patas arriba la lógica del comercio es la que confiere el valor superior de las cosas, la Oficina de Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, confirma la regla: “todo lo que esté bajo el sol es patentable”.

iv. Los potenciales impactos económicos y sociales del PPP

Con los elementos hasta acá planteados se puede constatar que en las iniciativas que componen el PPP prevalece una lógica mercantil que subordina la lógica de los derechos humanos y el respeto por la vida.

En este orden de cosas, sería de esperar que los beneficios directos de este conjunto de megaproyectos se orienten principalmente hacia las “empresas”, y en particular hacia las corporaciones transnacionales y la gran empresa nacional --principalmente la de capital mexicano. El “club de ganadores” del PPP es muy estrecho y excluye entre sus miembros a las micro, pequeña, medianas  empresas (MIPEME) industriales, comerciales y agropecuarias.

Dada la complementariedad y coincidencia en contenidos y objetivos entre el PPP, los TLC y el ALCA,  los impactos derivados de su implementación han de ser de “amplio espectro” pues impactan los diversos órdenes de la vida, afectando, en general, al conjunto de ciudadanos y ciudadanas de menores ingresos, que se encontrarán en situaciones de mayor vulnerabilidad y desventaja.

Cabe señalar que pese a lo restringido del cauce de los beneficios del PPP, también en el plano general se podría observar algunos efectos indirectos y colaterales que favorezcan a algunas comunidades y personas, en la medida en que éstas obtengan beneficios derivados de economías externas relacionadas con la construcción de la infraestructura de transporte que incluidas entre las iniciativas del proyecto.

Para una mayor aproximación a los efectos derivados del PPP se presentan a continuación algunas consideraciones sobre aspectos específicos.

Empleo

No cabe duda que la propuesta de conectividad del PPP se acopla plenamente con la apuesta de los gobiernos de la región por el fomento de la actividad maquiladora, como columna vertebral para el crecimiento de las economías a través del fomento de sus exportaciones.

El énfasis en el enfoque de la absorción recogido en la definición de la política económica salvadoreña durante los noventas, conllevó a un proceso de ajuste recesivo, que marcó un sesgo anti-agropecuario y anti micro, pequeña y mediana empresa.

Durante este período “la maquila” se convirtió en la actividad económica más dinámica, y en El Salvador, sólo comparte el pedestal de la generación de divisas con los flujos de remesas familiares enviados por millones de ciudadanos y ciudadanas salvadoreñas expulsadas por el sistema económico, y que contribuyen a mantener a flote un modelo abúlico que no tiene fuerzas para crecer en forma sostenida, en base de las sinergias internas que debería generar.

Ante la carencia de una política nacional de empleo o de medidas económicas que estimulen la generación doméstica de nuevos puestos de trabajo, es “comprensible” que los gobiernos vean en la inversión maquiladora una bendición, con independencia de la evidente violación a los derechos laborales en esas empresas. Parecería que el argumento oficial que subyace a esta opción tiene su fundamente en el dicho popular que sugiere que “poco y malo es mejor que nada”.

La lógica de la conectividad también contribuye a consolidar un modelo regional basado en la actividad maquiladora, que además de servir a la contención migratoria de la población mesoamericana hacia Estados Unidos, perfila a la región como una zona de ensamblaje, con el atractivo de los incentivos fiscales para las empresas, fuerza de trabajo de bajo coste, y la inminente posibilidad de reducir los costes de transporte con la construcción de los canales secos y puertos marítimos que favorezcan el traslado de los productos hacia los mercados de exportación.

El acelerado proceso de precarización del empleo, que da inicio con los programas de ajuste estructural a través de las medidas de “flexibilización del mercado de trabajo”, juega un papel muy importante de cara a la proyección del PPP y del ALCA, pues en la medida en que se contraen los salarios, se eliminan las prestaciones sociales de trabajadores y trabajadoras, y se irrespetan los contratos colectivos, se estarían generando condiciones para reducir los costes laborales, elemento central para atraer aquella inversión extranjera, como la maquila textil, que ubica en la mano de obra barata la fuente de sus ventajas comparativas.

En un contexto en el cual la economía crece sin generar empleo, y que apuesta al PPP como vía para la consolidación y extensión de la actividad maquiladora, es de esperar que los gobiernos busquen avanzar lo más posible hacia una mayor flexibilización del mercado laboral, lo cual indefectiblemente va en detrimento de las condiciones de vida de la población ocupada.

Los recursos naturales y el medio ambiente

Por otra parte, la ratificación de la adhesión de El Salvador a la OMC en 1995, exige a partir del año 2000 la observancia de los Acuerdos de Derechos de Propiedad Intelectual aplicados al Comercio (ADPIC), elemento clave para las empresas transnacionales dedicadas a la bio-prospección que ven en las selvas y bosques del sureste mexicano y de la mayoría de países Centroamérica un apreciado botín que les permitiría apropiarse, por medio de las patentes, de los microorganismos, recursos biogenéticos y otras formas de vida allí existentes.

Si además tomamos en cuenta que los TLC vigentes imposibilitan que los Estados impongan requisitos de desempeño a las inversiones extranjeros, se hace evidente que la apertura otorgada a las inversiones privadas en áreas estratégicas como biodiversidad, causes de agua, petróleo y gas, se convierte en un cheque firmado en blanco para las empresas transnacionales, cuyos propósitos no son precisamente el bienestar de la población oriunda y menos el manejo sustentable de los recursos naturales. Con el PPP no será remoto presenciar en la región un corredor de bio-piratería.

En este marco, en inminente la posibilidad de que se repitan casos como el de Metalclad en Guadalcázar (San Luis Potosí, México), dada la imposibilidad de regular desde los países a las inversiones --aunque éstas atenten contra la salud de la población y el medio ambiente--; y además, porque la exitosa industria de la basura  en los países desarrollados requiere de nuevos botaderos, lo cual también podría facilitarse con la apertura del sistema de transporte que el PPP contempla.
Los servicios públicos: electricidad, telefonía y recursos hídricos
La experiencia salvadoreña de privatización en general, y de los servicios públicos en particular, es lo suficientemente ejemplificadora de los impactos negativos que éstas han generado sobre los usuarios y usurarias.

La traslación de servicios públicos a la esfera del mercado, bajo el control monopólico privado de empresas transnacionales, ha demostrado que los argumentos  esgrimidos en la apología de la privatización, fueron falacias para “vender ante la opinión pública” un proyecto que esencialmente les sería perjudicial.

La reforma del sector eléctrico, que derivó en la privatización de la generación térmica y de la distribución de la energía eléctrica, desdice los argumentos de eficiencia, calidad, menores tarifas y mayor cobertura. En el escenario actual del sector eléctrico se divisa una empresa --AES Corporation, de capital estadounidense—que controla el 80% del mercado de distribución, con las tarifas eléctricas son las segundas más altas del mundo, con un servicio de mala calidad y que ha sido incapaz de expandir la cobertura del servicio, como se desearía, principalmente hacia las zonas rurales del país.

Plantear la conectividad eléctrica en la región, sin duda que está referido al proyecto de inversión de alguna empresa transnacional[29] que está dispuesta a incursionar en el mercado de generación eléctrica, y que sin duda llevará a la privatización de los últimos activos públicos que quedan por vender como son las plantas geotérmicas e hidroeléctricas, con lo cual se cerraría el círculo de traslación al mercado del sector eléctrico.

En el mismo tenor, el servicio de telefonía, también privatizado en El Salvador, configura un mercado constituido por dos empresas transnacionales: Telecom de Francia y Telefónica de España, que además de Telmex estarán muy interesadas en la conectividad en telecomunicaciones propuesta en el PPP.

De igual forma, la búsqueda por romper el control monopólico que el Estado ha mantenido en actividades estratégicas como electricidad, gas y petroquímica apunta en la línea del capítulo de Compras Gubernamentales del ALCA, desde el cual se prevé la privatización de nuevos bienes y servicios públicos.

Con la modificación de los derechos de propiedad sobre los recursos hídricos se suprimiría la restricción constitucional para la explotación privada de los causes de agua. Con lo cual el PPP estaría empujando hacia la consecución de otro de los objetivos del ALCA, como es la constitución de un mercado continental de exportación e importación de agua.

Trasladar a la esfera del mercado un elemento esencial e insustituible, como el agua, tiene una enorme implicación en las condiciones de vida de la población, sobre todo en las familias con menores ingresos, que dado su precario nivel adquisitivo verían limitada la adquisición de este vital líquido.

La provisión privada de un servicio público tiene como repercusión inmediata el ajuste de las tarifas

Avanzar en el eje de privatización de los recursos hídricos también entraña la posibilidad de transformarse en un activador del detonante social y político, que en nuestras sociedades ha estado latente. La misma naturaleza del recurso a privatizar, convierte esta medida en un potencial vector de descontento, a partir del cual se podrían canalizar diversas acciones de resistencia y movilización social. 

Los consumidores y consumidoras

Los impactos del PPP en las personas consumidoras se pueden visibilizar desde la calidad y precios de los servicios públicos (agua, electricidad, telefonía, salud) hasta la calidad de los alimentos que adquiere y las repercusiones en su salud.

Prevalece una seria preocupación por la disponibilidad, calidad e inocuidad de los alimentos, sobre todo en el marco del ALCA que propende a la creación de un mercado de alimento con fines de lucro, basado en la producción de alimentos transgénicos u organismos modificados genéticamente.

Se mantiene la controversia sobre los riesgos y perjuicios derivados de los alimentos transgénicos y los potenciales impactos en la salud de las personas que los consumen. Algunos especialistas cuestionan la inocuidad de estos alimentos, pues asocian su ingesta a la presencia de alergias repentinas, destrucción de las células del sistema inmunológico, modificación del metabolismo, resistencia a los antibióticos, entre otros.

Desde esta perspectiva se reivindica el derecho de personas consumidoras a su protección frente a los riesgos para su salud y su seguridad, así como también al acceso de una información adecuada, que en la práctica representa una notable carencia.

En el marco del PPP y el ALCA es fundamental reivindicar la aplicación del principio de previsión, el cual plantea que ante la simple sospecha de existencia de un peligro para la salud, se justifica de sobre detener los flujos comerciales de estos productos perjudiciales; no obstante, en la lógica del mundo patas arriba, la previsión no es un principio superior, y es el consumidor –no la empresa—quien debe comprobar el carácter inofensivo de los productos.

Se conoce de casos en los que están demostrados los perjuicios en la salud generados por el consumo de alimentos, tales como la carne de res tratada con hormonas o ciertos alimentos transgénicos exportados desde Estados Unidos a la Unión Europea (UE), y que enfrentó la restricción a la entrada de esos productos por parte de los europeos. En la lógica absurda del comercio-inversión, la OMC autoriza una sanción aduanera contra la UE por $ 116.8 millones por la denuncia presentada por Estados Unidos en su contra.

Estas situaciones dejan en evidencia que el valor superior de las cosas no se encuentran en el respeto a la vida y a los derechos humanos, sino en la búsqueda de la ganancia.

Otro elemento crítico para los usuarios de los servicios de salud, es la incursión de empresas privadas en la prestación de servicios públicos de salud, prevista en el ALCA; pues representa un alto riesgo para todos y todas de que los derechos sociales básicos ganados por la ciudadanía y hasta ahora proveídos por los gobiernos –aunque de mala calidad y baja cobertura-- queden en manos de empresas cuya función objetivo no es el bienestar social.

En la micro, pequeña y mediana empresas

La escasa capacidad competitiva de las empresas nacionales que les garantice una posición favorable en el mercado internacional, al cual están expuestas por los procesos de apertura comercial que se han impulsado en la región desde la década anterior, les ubica en una franca situación de desventaja frente a sus homólogas mexicanas.

En las negociaciones comerciales que llevaron a la suscripción de los TLC se ha conferido un trato preferencial a las grandes empresas nacionales –muchas de las cuales tienen presencia monopólica u oligopólica en sus mercados--, y que sería de esperar que gozan de mejores condiciones tecnológicas y financieras para enfrentar la competencia que el resto de empresas, pero que en la práctica demuestran su incapacidad de soportar la competencia internacional, por lo que el Estado les provee “las muletas” que les permita mantenerse en funcionamiento.

El tratamiento otorgado al resto de empresas nacionales, principalmente las micro, pequeñas y medianas empresas es totalmente asimétrico, pues no sólo se les excluye de los procesos de negociación comercial para poder recibir un trato acorde a sus condiciones; sino que además soportan los sesgos de la política económica nacional que les impone serias restricciones para su desenvolvimiento, principalmente en el caso de la producción agropecuaria,

En un contexto de apertura, con una débil articulación productiva y baja capacidad adquisitiva, es de esperar que los flujos de importaciones de bienes cuyos precios son menores que los nacionales –pues en la mayoría de casos son subsidiados—no cabe duda que los impactos se miden en términos de la quiebra de muchas empresas que no son capaces de soportar la competencia internacional, con la subsiguiente secuela de desempleo.
v. Las acciones de resistencia y la participación ciudadana
Buscando que los eternos perdedores de las reformas económicas vean dibujadas con este Plan algunas oportunidades que vayan más allá de emplearse en alguna empresa maquiladora situada en los contornos de su territorio o vender “fruta en bolsa” o “riguas” transgénicas en alguno de los desvíos de las carreteras del sistema de transporte por donde se deslizarán los furgones de las empresas transnacionales; se hace urgente activar la participación ciudadana desde las localidades y regiones, pues sólo a través de la movilización y presión social podrían mediatizar los potenciales impactos negativos y afianzar las posibles ventajas generadas.

Lo “irremesible” de los fenómenos propios de la globalización, nos impone el reto de imprimirle a las acciones ciudadanas la mayor creatividad y audacia posible, lo cual exige mantener un profundo conocimiento del fenómeno, pero también una estrecha coordinación ciudadana en los planos locales, nacional e internacional.

La magnitud de los procesos regentados por la Organización Mundial de Comercio (OMC), y los que se impulsan desde el ALCA, los TLC y el PPP, desbordan nuestras capacidades locales y nacionales para aspirar a la posibilidad de lograr su modificación en los aspectos esenciales. Esto  usualmente nos mueve al inmovilismo, a cruzarnos de brazos o hacia la búsqueda de situaciones que generen los menores impactos negativos, y en el mejor de los casos, hacia la obtención de algunas “astillitas de los beneficios” que se puedan desprender de estos procesos.

En esta situación se hace evidente la necesidad de definir el rumbo de nuestras vidas, no podemos renunciar a ese derecho y cederlo al mercado, por ello resulta impostergable la definición de una estrategia nacional y regional de desarrollo sostenible. Sólo desde una lógica que parta y se construya desde abajo, activando la movilización ciudadana desde los territorios podremos tener alguna seguridad que abrazando las iniciativas ajenas podríamos generar el bienestar que la población demanda.

En el contexto planteado y tomando en cuenta los saldos netos negativos para la población, derivados de las diversas experiencias de inversión en muchos países, tiene sentido cuestionar y poner en duda las intenciones expresas en el texto del PPP. Mucho ha llovido en Centroamérica y, particularmente, en El Salvador durante las últimas décadas como para conceder el beneficio de la duda a un proyecto retórico que postula en su texto por el desarrollo humano y sustentable de la región.

Más allá de los planteamientos del PPP, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general debería transitar hacia la exigencia por el cumplimiento de sus necesidades más sentidas --las cuales, dicho sea de paso, están recogidas entre los derechos económicos, sociales y culturales, consignados en la misma Constitución Política de la República--. Esto supone reivindicar condiciones de vida dignas (que posibilite alimentación, educación, vivienda, vestuario, salud, seguridad), una justa distribución de los ingresos y activos, y el derecho a un trabajo digno; en esta línea habría que desmontar iniciativas como la Ley de Emergencia para la Reactivación del Empleo (LERE), que conducen a mayor precarización de las condiciones de empleo.

 El alto grado de vulnerabilidad social y ambiental que se ha puesto de manifiesto con los terremotos, las inundaciones recurrentes, los períodos de sequía, la crisis en la generación y distribución de agua potable y la pérdida constante del patrimonio nacional –nuestro suelo-- que se desliza por los causes de los ríos  hacia el mar, también nos interpela en la exigencia y búsqueda efectivas desde los localidades, que  detengan la vertiginosa tendencia al deterioro del medio ambiente.

La construcción de carreteras y puentes podría ser beneficiosa para los consumidores y comunidades, aunque ello no es automático, se requiere garantizar que los marcos jurídicos e institucionales respondan a sus intereses ante posibles casos de acciones lesivas. En este sentido, la movilización ciudadana desde los territorios es una pieza clave y fundamental, no sólo para el seguimiento y observancia, sino también para la denuncia en casos violatorios al desarrollo humano y sustentable.

También merece la pena volver la mirada hacia los potenciales impactos sociales y culturales derivados de estos procesos, para ello basta mirarnos en el espejo mexicano, que a siete años de TLCAN, ha visto como se incrementa el desarraigo cultural, la trans-culturización en las zonas rurales e indígenas, la pérdida y erosión de los tejidos sociales[30], la proliferación de la prostitución y el consumo de drogas entre la población más joven.

Finalmente, cuando en una propuesta el “valor superior de las cosas” se ubica en el beneficio económico y prevalece una lógica comercial, resulta muy difícil creer en la autenticidad de su retórica. Conceptos como “desarrollo humano”, “calidad de vida”, “desarrollo sustentable” y “participación democrática” se convierten en palabras huecas para adornar el discurso.

Sólo anteponiendo los derechos humanos y el respeto a la vida por encima de la lógica mercantil podremos tener la certeza de que los puentes, la conectividad de las redes de energía eléctrica, las carreteras y los puertos serán para el beneficio de la gente.

La lógica de este mundo patas arriba es insostenible y a nos corresponde hacer el esfuerzo de  “poner las patas en el suelo”.