El siguiente documento fue una propuesta que se presentó a la comisión organizadora
para la Marcha del 14 de noviembre y que tiene que ver con la solicitud de una
audiencia ante la Suprema Corte de la Nación para conocer el proceso juríco
en torno a las controversias constitucionales en torno de la reforma indígenista
recientemente promulgada.
El documento se leera durante el mitin que se realizará despues de la Marcha
y se entregará a la Suprema Corte.
Esta acción consideramos ímportante que se puedan adherir como una forma de
impulsar y tener presente el tema indígenas en la agenda nacional.
Atentamente
José Luis Castro
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GENARO GÓNGORA Y PIMENTEL
PRESIDENTE DE LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
P R E S E N T E
México, Distrito Federal, 14 de noviembre de 2001
Las organizaciones sociales y personas firmantes, nos dirigimos Usted y a los
Ministros que conforman la Suprema Corte, como representación del poder judicial
de la nación para manifestarles lo siguiente:
El 25 de abril de 2001 el Senado de la República aprobó el dictamen sobre el
Proyecto de Decreto en materia indígena modificando sustancialmente la iniciativa
presidencial, la cual recogía íntegramente la Iniciativa elaborada por la COCOPA.
De acuerdo con el contenido del dictamen aprobado se proponía adicionar un segundo
y tercer párrafos al artículo 1º, se reforma el artículo 2º, se deroga el párrafo
primero del artículo 4º, se adiciona un sexto párrafo al artículo 18 y un último
párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. El dictamen aprobado se envió a la Cámara de Diputados
para su discusión y el 28 de abril la Cámara de Diputados lo aprobó en sus términos.
Días después de emitido el dictamen por el Senado de la República, el Congreso
Nacional Indígena, diversas organizaciones indígenas y sociales nacionales e
internacionales, así como organismos públicos federales y estatales manifestamos
nuestra preocupación sobre el dictamen aprobado por el Senado de la República,
argumentando que el mismo no correspondía a las demandas de los pueblos indígenas,
y no reflejaba la esencia ni el espíritu de los Acuerdos de San Andrés retomado
en la Iniciativa de la COCOPA.
Específicamente, se resalta que en el dictamen no se garantiza el ejercicio
del derecho de libre determinación de los pueblos indígenas; no se les reconocía
personalidad jurídica, necesaria para poder establecer una nueva relación entre
estos, la sociedad y el Estado, al mismo tiempo que no se reconocía los derechos
territoriales, y les negaba el acceso colectivo a los recursos naturales existentes
en sus tierras y territorios.
Asimismo se reducía sus derechos puesto que se pretendía incorporar en la Constitución
Federal, líneas programáticas que técnicamente no deberían aparecer en ella,
pues su lugar corresponde a las Leyes secundarias y a los Planes y Programas
de Desarrollo.
De acuerdo con el procedimiento establecido en el Artículo 135 constitucional,
el dictamen fue turnado de inmediato a las legislaturas de los estados, mismo
que fue rechazado en los Congresos de Baja California Sur, Chiapas, Estado de
México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas;
las entidades federativas que concentran el mayor porcentaje de población indígena.
El 18 de julio de 2001, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizó
el cómputo de votos de las legislaturas locales, declaró que la minuta fue aprobada
16 Congresos, que son la mayoría más uno de los que integran la Federación Mexicana
y por tanto el proceso de la reforma quedaba consumada. El 14 de agosto el Presidente
de la República, Vicente Fox publicó dicha reforma en el Diario Oficial de la
Federación, la cual entro en vigor a partir del día siguiente.
Tanto el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional como el Congreso Nacional
Indígena tienen la plena convicción de que se trata de una reforma constitucional
ilegal e ilegitima como se expresa en el Manifiesto del 1º de mayo del CNI y
en el Comunicado de la Comandancia del , pues durante elproceso que la produjo,
no se respetaron derechos previos a los pueblos indígenas reconocidos el Convenio
169 de la OIT firmado y ratificado por el gobierno de México, en lo referente
a la consulta a través de sus propios representantes y mecanismos adecuados.
Por estas razones más de 300 municipios del país con población indígena interpusieron
controversias constitucionales con la finalidad de que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación restablezca el orden constitucional; anule el procedimiento de
reforma y; se reponga el procedimiento para que los pueblos indígenas sean tomados
en cuenta en esta reforma que les afecta directamente. En este sentido corresponde
ahora a nuestro máximo tribunal federal resolver las impugnaciones a la reforma
promovidas por los mismos pueblos, con lo que se estará aportando no sólo por
el respeto y reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas sino
también por la vigencia del Estado de derecho y lo más importante, ayudando
a resolver los orígenes de un conflicto armado que lleva más de siete años.
Pero lo más grave que nosotros como ciudadanos hemos observado, es que las votaciones
del dictamen en las legislaturas estatales no se ajustaron a los procedimientos
legislativos establecidos por sus propias normas para el caso. Además de eso,
la reforma constitucional representa un retroceso en el reconocimiento de los
derechos indígenas de nuestro país ya que la legislación internacional aceptada,
firmada y ratificada por nuestro país y diversas leyes federales contemplan
mucho más avances en esta materia.
Por todas estas razones antes mencionadas y como parte de los esfuerzos que
hemos aportado los diferentes sectores de la sociedad civil para el reconocimiento
pleno de los derechos de los pueblos indígenas, podemos enunciar entre las más
relevantes en esta etapa:
1. Participación en los estados de la república por donde pasó La Marcha de
la Dignidad Indígena -la Marcha del Color de la Tierra- para apoyar su recorrido
y, su participación en el Congreso de la Unión para defender la Iniciativa de
la COCOPA.
2. Las manifestaciones que se realizaron en los Congresos de los Estados
exigiendo el respeto integro de la Iniciativa de reformas indígenas, que retoma
los Acuerdos firmados en San Andrés entre el Gobierno Federal y el EZLN.
3. El l6 de julio, se recurrió con la actual COCOPA, y en su sede, se
les planteó la necesidad de que los legisladores respondieran a la demanda de
los pueblos indígenas y la sociedad civil.
4. El 25 de julio se efectuó una manifestación frente al Senado de la
República, pues el Congreso de la Unión, no cumplió con su responsabilidad de
votar por la paz justa y digna en Chiapas y en otros estados del país. Una comisión
de la sociedad civil fue recibida por otra comisión nombrada en el Senado, a
los que se les exigió la anulación de la reforma indigenista.
5. El 2 de agosto se realizó el Foro denominado "Estrategia jurídica
para la defensa de la Iniciativa de la COCOPA", en donde diferentes especialistas
y abogados de amplia experiencia discutieron y reflexionaron sobre los vicios
del procedimiento legislativo en la aprobación de la reforma indígena, tanto
en el Congreso de la Unión como en los Congresos estatales.
6. El 15 de agosto se realizó una concentración por diferentes sectores
de la sociedad civil, de personalidades y diputados frente al Senado de la República,
en rechazo a la promulgación de la reforma Indigenista.
7. El 20 y 21 de agosto se llevó a cabo el "Seminario de la Sociedad
Civil sobre el Incumplimiento del Convenio 169 de la OIT en nuestro país",
con especialistas en el tema y paralelamente al foro gubernamental relativo.
8. A partir de la promulgación de la reforma indigenista, hemos acudido
en diversas fechas, en apoyo de las comunidades, municipios y entidades que
han interpuesto controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad
en la SCJN.
9. El 18 de octubre una Comisión del Congreso Nacional Indígena entregó
a Ustedes un documento sobre los fundamentos de los derechos indígenas y sobre
el errático proceso de reforma constitucional y sus efectos. En esa ocasión
también se solicitó una audiencia para entablar un diálogo que nos ayude a construir
un país más justo para todos. Como hasta la fecha no se ha obtenido respuesta,
en este ocasión les reiteramos esa petición.
Con todo esto, se evidencia muy claramente la posición del Poder Ejecutivo y
Legislativo en cuanto a la demanda de reconocimiento de derechos de los pueblos
indígenas y de la sociedad civil nacional e internacional. Es el turno del Poder
Judicial a través de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, quien tiene
la enorme responsabilidad histórica de dar una resolución a las controversias
promovidas, sustentado en los argumentos jurídicos establecidos en nuestra carta
magna, por las violaciones presentadas durante el proceso legislativo de aprobación
de la reforma indígena, que se oponen al reconocimiento pleno de los Derechos
y Culturas de 62 Pueblos Indígenas de nuestro país.
Por lo tanto;
Solicitamos de acuerdo a nuestro derecho de petición formulada por escrito y
de manera pacífica y respetuosa como lo marca el artículo 8º de nuestra Constitución
mexicana. Una audiencia técnica con los ministros de la Suprema Corte de la
Nación en la fecha que nos indiquen para conocer el procedimiento en el que
se encuentra el proceso judicial promovido por los municipios indígenas.
Esperamos del máximo tribunal judicial de nuestra nación, la atención debida
a la presente y podamos establecer un acercamiento entre sociedad civil y la
instancia que representan.
Firmas de las organizaciones sociales y personas que se suman al documento en
orden alfabético. (es importante que la adhesión de firmas a este documento
se hagan llegar hasta antes de las 14:00 horas del día 14 de noviembre, ya que
se le dará lectura después de la marcha y durante el mitin político que se llevara
a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México para posteriormente entregarlo a
la SCJN).
Cualquier comentario o pregunta al respecto nos la pueden hacer llegar a éste
correo:
teotihuacan_mx@yahoo.com
- porlapaz@laneta.apc.org
o al teléfonos 55 25 09 90.