Paz con Democracía
Proyecto de Declaración para ser Presentada en el SME

Lunes 7 de mayo del 2001
(Versión revisada)

            Una vez más el poder legislativo de la Federación confirmó su alejamiento del pueblo y de las exigencias sociales, Ciego y sordo ante las demandas populares, nos entrega un dictamen que no responde ni de lejos a las  expectativas de los pueblos indios en México. Así lo han hecho saber las voces más reconocidas, representativas y legitimas del mundo  indígena y de la sociedad civil.

            El poder legislativo ni vio ni escucho el mensaje de la movilización social que ha emprendido la sociedad mexicana desde hace muchos años, y fue insensible a la gran movilización reciente encabezada por el EZLN y el  CNI, a fin de que fuera aprobada la iniciativa de reformas constitucionales que recogía los Acuerdo de San Andrés y la Ley COCOPA. El poder legislativo no vio ni escuchó las demandas de una paz justa y digna en México ni la necesidad de avanzar hacia una democracia participativa en el país.  Todo indica, en cambio, que fue sensible a las presiones e interese de los sectores más retardatarios, de aquellos que se niegan al cambio y que procuran  consolidar sus cotos de poder, explotando a quienes menos tienen y acumulando privilegios y riqueza. El poder legislativo se negó a reconocer la dignidad de los pueblos indios y sus derechos históricos en materia política, social y cultural.

            Ante estos magros resultados consideramos necesaria una revisión crítica y una reflexión colectiva sobre los objetivos y las estrategias de las luchas nacionales  en  favor de las reivindicaciones indígenas y de los cambios democráticos en  favor de las grandes mayorías de México.

            Todos tenemos presente aún que, una vez vencidas las resistencias de los grupos más conservadores de la “clase política” y de los sectores de poder económico representados en el Congreso, la nación entera pudo escuchar en el foro legislativo la voz de los indios, sus reclamos, sus propuestas de cambio y su disposición de avanzar hacia una paz negociada en el conflicto en Chiapas. Los adelantos en el cumplimiento de las “señales”, las expectativas que habían levantado las movilizaciones del EZLN y del CNI, el momento político, parecían propicios para que se alcanzara una reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas que fuera verdaderamente reivindicatoria.

            Lamentablemente la ignorancia, la insensibilidad, la inconsciencia y los prejuicios racistas y discriminatorios, así como los intereses económicos y políticos adversos a las reivindicaciones de los pueblos indios, prevalecieron entre la mayoría de los legisladores que introdujeron cambios sustanciales y no solo de forma, en un proyecto que comprendía acuerdos y compromisos previos del Ejecutivo y del propio Legislativo, como se expresaron en San Andrés y en el proyecto de ley de la COCOPA. Por tercera ocasión tales acuerdos fueron manipulados y escamoteados por el gobierno federal.

            Cuestiones fundamentales que tuvieron una amplia discusión y una difícil pero a fin de cuentas consensada formulación en la iniciativa de ley de la COCOPA, fueron desconocidos o menoscabados. Entre ellos: los pueblos indios como sujetos de derecho  público, la autonomía y la libre determinación, las tierras y los territorios, el uso y disfrute de los recursos naturales, el derecho de asociación regional. Frente  a la distorsión y a la regresión en puntos tan sustantivos, no valen los pretendidos argumentos de que se legisla para cien y no sólo para diez millones de  mexicanos, o que “ahora sí”  se está haciendo valer la soberanía e independencia del poder Legislativo en el cual, por cierto, no existe una representación indígena minimamente razonable y satisfactoria.

            No estamos de acuerdo con las reformas votadas por el Congreso federal en materia indígena. Los partidos políticos, que hasta ahora no han dado ninguna atención prioritaria ni mucho menos efectiva a las reivindicaciones de los pueblos indios, se han vuelto a equivocar. No se demandan retazos de derechos sino el pleno reconocimiento de la dignidad de los pueblos indios, no se demandan medidas de asistencia social sino el reconocimiento del ser público de los pueblos y comunidades indígenas, no se demandan mendrugos sino que se exige el reconocimiento histórico cabal de millones de mexicanos que hasta ahora han sido marginados, explotados, olvidados.

            Las antidemocráticas estructuras internas y la incapacidad del poder legislativo federal para establecer comunicación y consulta eficaces con amplias bases populares en asuntos cruciales para la nación, se pusieron una vez más de manifiesto. Por supuesto, donde haya habido errores es necesario señalarlos con sentido crítico y autocrítico, reconocerlos y rectificarlos. Pensamos, sin embargo, que con excepción de la bancada perredista y la diputación priista  oaxaqueña, la dirección cupular del PAN y del PRI –esperamos que no ocurra así con la del PRD- en lugar de rectificar intentará orientar sus acciones en el mismo sentido del voto ya emitido, cuando se de curso a la siguiente etapa de la reforma constitucional, que será el posicionamiento de los congresos locales en todas las entidades federativas.

            En la medida en que exista una voluntad de congruencia por parte del Ejecutivo, sería de esperarse una más clara definición, insistiendo en las virtudes de la ley COCOPA que asumió como iniciativa. Y esto, inclusive ejerciendo el veto ante las reformas que ignoren aspectos medulares de la iniciativa presidencial en materia de derechos y cultura indígenas. Veto que ya ha sido expresado enérgicamente por muy amplios sectores de la sociedad civil. Veto del Ejecutivo, por lo demás, que ya se ejerció ante una Ley de Desarrollo Rural de menor jerarquía e importancia política.

            Por todo ello, y con independencia de las decisiones del presidente de la República, a fin de esclarecer y actualizar objetivos, estrategias y vías para la acción concertada y coincidente en la nueva etapa de lucha por el genuino cambio democrático en nuestro país, expresamos nuestra voluntad de sumarnos a las plurales, múltiples y  diversas organizaciones de la sociedad civil para concertar nuestras acciones con los movimientos sociales y las corrientes democráticas de los partidos políticos que en México y en todo el mundo van en ascenso, alcanzando más altos niveles de participación y movilización general, derivados de una legitimidad incontestable en la medida en que no colocan como su objetivo central la conquista circunstancial de un poder político parcial y partidario, sino que trabajan para el avance de las causas de la justicia y la dignidad, la paz y la democracia para todos, independientemente de que formen parte de las mayorías o de las minorías de la población.

            Ante las embestidas de una agresiva política económica impulsada desde Washington, que busca ampliar y consolidar, en favor de las elites privilegiadas, las áreas de inversión, apropiación de recursos y libre comercio en todo el continente americano –como pudo observarse en la Cumbre de la  Américas de Québec- en las semanas y  meses por venir seguramente veremos nuevos métodos y formas de la resistencia civil organizada. La comunicación horizontal abierta y transparente, las decisiones democráticamente compartidas, la interacción concertada y la  solidaridad civil nacional e internacional entre organizaciones indígenas y campesinas, obreras y sindicales, de empleados y desempleados,  de estudiantes y jóvenes, de intelectuales y artistas, laicas y eclesiales,  urbanas y rurales, será un ejercicio indispensable e ineludible, vital, para la construcción de propuestas alternativas verdaderamente liberadoras en las sociedades pluriétnicas y multiculturales de nuestros días.

            La estrategia de reformas jurídicas a la Constitución, al Estado, a las leyes ordinarias y reglamentarias, federales, locales y municipales, no puede ser indefinida y excluyente de otras estrategias. No podemos seguir luchando solamente por impulsar o corregir una más entre las cerca de quinientas reformas  -muchas de ellas espurias- que se han hecho a la Constitución General. Ahora que los temas indígenas tendrán una alta prioridad en las agendas políticas estatales, llamamos desde luego a las organizaciones sociales y civiles de toda la República a  discutir y hacer valer sus posiciones con respecto a las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso federal sobre derechos y cultura indígenas, tomando como punto de referencia tres documentos fundamentales; los  Acuerdos de San Andrés Larrainzar, la iniciativa de la Ley COCOPA y el Convenio 169 de la OIT. Asimismo,  consideramos que la ciudadania indígena y no indígena debe conocer, rescatar y poner en práctica derechos humanos inalienables de personas y pueblos por vías pacíficas y mediante el consenso de las comunidades, tales  como el ejercicio de las autonomías y la libre determinación, el uso y disfrute de recursos naturales en los propios territorios. Es tiempo de plantearnos, más allá de las estrategias de negociación jurídica nuevas vías para la negociación económica y política a favor de los intereses legales y legítimos de los pueblos indios de México.

Por Paz con Democracia