¿Tragedia o comedia?
Andrea E. García - 23-agosto-2010 -
num.586
Centro de Estudios y Apoyo Laboral, San Salvador, El Salvador
Primer acto: El Monopolio entra en "crisis" y se tambalea... Actualmente la industria de las telecomunicaciones opera a través de redes de fibra óptica, una especie de cableado tan delgado como un cabello humano que funciona a través de la luz para transportar las ondas electromagnéticas, las cuales son muy similares a las ondas de radio. Desde 1998, comenzó la explosiva utilización de éste material por su alto potencial de transmisión de señales de diverso tipo (audio, video y datos) a miles de kilómetros de distancia, con muy buena calidad, por lo que a través de ella se puede dar el servicio de telefonía, de Internet y de televisión. Durante la crisis económica fue precisamente éste negocio uno de los pocos que no sólo no entró en recesión, sino que además se expandió y obtuvo ganancias millonarias. Este sector tiene una importancia fundamental para el desarrollo de cualquier país y es por ello que el manejo y la explotación de la fibra óptica se tornan en un tópico estratégico en lo económico, pero también en lo político. Al día de hoy, Teléfonos de México (Telmex) es la empresa de telefonía fija dominante en México, con una red de fibra óptica de alrededor de 110 mil km, que equivale a dos terceras partes de los 160 mil km totales que tiene el país. Telmex pertenece al Holding Carso Global Telecom, el cual también gestiona las operaciones de América Móvil, que funciona bajo diversas marcas como Telcel, Claro, Telecom, etc. Este holding es el megaoperador más grande de América Latina, tiene presencia en 17 países del continente, y otorga servicios a 204.6 millones de suscriptores. Hace algunos años y entendiendo bien la vitalidad de las telecomunicaciones, José Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda y Crédito Público durante el gobierno del presidente mexicano Vicente Fox, promovió que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendiera en todo el territorio nacional una red de fibra óptica que funciona a través de 36 cables y que le costó al Estado alrededor de 4 mil millones de dólares. Recientemente se ha decidido dejar esta infraestructura pública en manos de la iniciativa privada a través de una concesión de únicamente 2 de los 36 hilos de la red, que equivalen a un poco más de 21 mil km distribuidos en tres rutas regionales: la ruta Pacífico, que abarca desde Baja California hasta Oaxaca; la ruta Centro, que cruza al país de Chihuahua a Chiapas y tiene acceso hasta Tapachula y de ahí a Guatemala; y la ruta Golfo, con salidas a la frontera norte por Nuevo León y Tamaulipas, y que llega a la Península de Yucatán y se conecta con Florida mediante cableado submarino. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes valora que esos hilos de fibra óptica se traducen en 100 millones de llamadas simultáneas o 170,000 canales digitales. La decisión entraba también en el marco del "Proyecto Mesoamérica", antes llamado Plan Puebla-Panamá, ya que, coincidentemente en noviembre de 2006, se llevó a cabo en San Salvador el Foro Regional de lanzamiento de la Autopista Mesoamericana de la Información (AMI), una red de fibra óptica que los gobiernos de los países de México y Centroamérica acordaron construir utilizando la infraestructura de la línea de transmisión eléctrica del Sistema de Interconexión Eléctrica Para América Central (SIEPAC). Para la construcción de esta red regional se designó a la Red Centroamericana de Fibras Ópticas (REDCA), filial de la Empresa Propietaria de la Red S.A. (EPR). Cabe mencionar que desde 2008, la Comisión Federal de Electricidad incorporó un miembro con derecho a voto en el consejo directivo de la EPR y de su filial REDCA, al hacerse del 9% de las acciones de la megaobra. La AMI, al igual que la red que montó la CFE en México, es un tendido de 36 cables de fibra óptica que permitirán la trasferencia de voz, datos e imagen.
Concesionar la red de fibra óptica de México ha sido una decisión polémica incluso antes de que se concretara. Por ejemplo, durante algún tiempo el director de la CFE Alfredo Elías Ayub se opuso, argumentando que ésta era una cuestión de seguridad nacional. Otros, sin embargo, opinan que la razón real es que el funcionario es hermano de Arturo Elías Ayub, yerno de Carlos Slim y quien también es director de Relaciones Institucionales y Alianzas estratégicas de Telmex. Entonces ¿por qué el gobierno mexicano decidió licitar ésta red? Por un lado tenemos la explicación de carácter ideológico-político del tan citado "Neoliberalismo", que ha prosperado en parte por el auge que le han dado algunos organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Hemos visto que esta clase de gobiernos en la práctica se han encargado en los últimos 20 años de fortalecer el libre funcionamiento de los "mecanismos del mercado", a través de la reducción de los gastos sociales y las intervenciones económicas, la creación de un ejército de reserva de asalariados -batallones de desempleados- que permiten debilitar a los sindicatos, y un amplio programa de privatizaciones, que en conjunto han reducido la actuación del Estado. Pero también existe una explicación de carácter práctico, la cual habla del interés del gobierno mexicano por crear un competidor real que le haga frente al operador dominante y monopólico que hoy es Telmex. Segundo acto: Esto produce una transición hacia una política de telecomunicaciones "competitiva" y "abierta" que nos lleva a la creación de nuevas reglas del juego... Diversos organismos, como The Competitive Intelligence Unit, han seguido muy de cerca los progresos de este caso. Pese a ello, la licitación del par de hilos de fibra óptica se ha dado bajo condiciones y decisiones burdas y poco claras. Veamos un poco más de esto. Inicialmente el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), estableció un preció base para la red que ascendía a 884 millones 360 mil 440 de dólares, que algunos especialistas juzgaban como precio ganga para la inversión que el Estado había hecho, mientras otros evaluaban que el precio fijado era demasiado alto para el promedio internacional. Pero quizá lo más turbio esté en la disputa que hubo entre los interesados, pues a pesar que fueron varios los candidatos, al final fue sólo un participante el que "concursó" y ganó la concesión. Históricamente quien había hecho pública su pretensión de incursionar en el negocio de las telecomunicaciones había sido Televisa. Sin embargo, el primero en postularse como candidato fue el Grupo Salinas, a través de su empresa Iusatel. A esto y en su calidad de regulador, Juan Molinar Horcasitas, titular de la Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes (SCT), se encargó de eliminar la candidatura, pues a su juicio la empresa no cumplía con los requisitos necesarios. Más tarde, la multinacional Telefónica también declaró tener intenciones en la disputa. Aunque en México sólo se conoce a esta empresa bajo su marca de móviles MoviStar, Telefónica es otra de las grandes megaoperadoras de la región, que da servicio a alrededor de 165 millones de clientes en 14 países del continente americano, ubicada en la cuarta posición de los gigantes de la industria de las telecomunicaciones, y es la única multinacional occidental en haber incursionado en el mercado asiático al comprar el 8.6% de las acciones de su competidora China Telecom. La incursión de Telefónica en la disputa por la red de fibra óptica que licitó el gobierno mexicano se vio inicialmente limitada debido a la Ley de Inversión Extranjera, ya que ésta estipula que la inversión foránea en telecomunicaciones no debe rebasar el 49% del capital total. Para poder entrar en la justa la española tuvo que buscar alianzas, cuestión que no representaba un reto: se ha visto que ésta corporación ha logrado su expansión en el mundo gracias a las buenas alianzas que establece con las élites locales de los países en donde se establece. Por ejemplo, el primer país a donde llegó y con el que inició su expansión transnacional fue Chile. Ahí estableció fuertes lazos con grupos cercanos a Pinochet quien más adelante daría el Golpe de Estado y le ofrecería la concesión de las telecomunicaciones tras privatizar la industria. De esta forma y, para poderse hacer de la red de fibra óptica evadiendo la legislación, la multinacional española logra explotar la ambición de la élite de los Azcárraga y se alía con Televisa y una empresa cablera llamada Megacable. La decisión aprobatoria de la Comisión Federal de Competencia (CFC) para formar el "Grupo de Inversionistas", no fue muy bien vista por parte de algunos actores políticos como las empresas del Grupo Salinas. La gran crítica se centraba en el hecho de que se unieran la televisora más importante del país, el segundo operador de telefonía móvil más importante de América Latina (uno de los 5 más grandes del mundo), y uno de los cableros más influyentes. La CFC argumentó que no encontró en ello ningún riesgo para el mercado. Por ello no hubo sorpresa alguna el 9 de junio pasado cuando el gobierno mexicano confirmó que la decisión de adjudicar a Televisa, Telefónica y Megacable la concesión de fibra óptica durante 20 años con posibilidad de prorrogarse hasta 30. En la conferencia de prensa, Horcasitas manifestó que el proceso se dio de "manera transparente y apegado a la legalidad", y que "fue el mercado, y no el gobierno, quien decidió que sólo hubiese un participante en la licitación". Así, el Grupo de Inversionistas deberá pagar por el beneficio únicamente 883.8 millones de pesos, sólo el 3% más de la cifra que originalmente había fijado el Indaabin, y que aunque suena impresionante, algunos analistas estiman que de haber habido competencia el preció se pudo haber elevado incluso al doble. Tercer acto: conforme todos los actores se ciñen a las nuevas reglas, se "consolida" la "competencia en la industria"... La concesión otorga en manos de privados la segunda red de fibra óptica más importante de México, con lo que se abre un frente de competencia real para Telmex. Las estimaciones giran alrededor de que esto se traducirá en mayor calidad en la oferta de telecomunicaciones al desconcentrarse algunos de los mercados claves. Incluso Grupo Financiero Ixe valora que un nuevo actor en el sector podría reducir las tarifas de interconexión entre un 15% y un 25%, cosa que se vería reflejada en el bolsillo de los usuarios. Aún con las grandes expectativas, al haberse licitado únicamente dos cables de la red, la concesión resultará obsoleta en 10 años, pues dos cables no serán suficientes para dar atención a la creciente demanda. Por otro lado, recordemos que México tiene ya una experiencia con la "competencia" del duopolio televisivo Televisa-TV Azteca, el cual hasta la fecha no ha devenido en mejor calidad de contenidos. Veamos algunas aristas adicionales. Telmex ha pedido al gobierno le otorgue los permisos necesarios para operar el llamado triple play, que es la oferta de voz, datos y video a través de servicios telefónicos, de Internet y de televisión y, aunque la empresa de Carlos Slim tiene toda la infraestructura para ofrecer un servicio de calidad, el gobierno no le ha dado luz verde para poderlo poner en marcha, bajo el argumento que esto la convertiría no sólo en operador dominante sino controlador del sector. En contraste, la nueva concesión si otorga la posibilidad de ofrecer el triple play a Telefónica, compañía extranjera. Esto resulta ser una decisión contradictoria y arbitraria de parte del gobierno, además de ser sumamente susceptible, pues está abierto a que Telmex apele a su derecho de participar en el triple play y a que Iusatel, empresa del Grupo Salinas que fue descalificada de la licitación, emprenda acciones legales en contra del proceso a pesar de que ya se haya emitido el fallo. Otro de los puntos, ahora que están tan en boga las discusiones futboleras, es aquel 10 de octubre de 2009, durante el último partido de México contra El Salvador. Esa noche mientras miles de mexicanos y mexicanas se mantenían al pendiente del marcador, el gobierno de Felipe Calderón decidió intervenir las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), para después emitir un decreto de disolución de la paraestatal alegando que resultaba ser un lastre para las finanzas públicas. Más allá de lo que se pueda o no estar de acuerdo con la lucha del SME, o en cómo procedió el sindicato a partir de su disolución, la cuestión de fondo y el análisis fino está en ver que justamente el sindicato era un obstáculo, dada la decisión gubernamental de entregar al sector privado la explotación de la red de fibra óptica, que en ese momento estaba bajo control de CFE y de LyFC. De hecho, curiosamente hace unos días la subcontratista multinacional más grande del mundo Manpower declaró que la Copa Mundial de Fútbol podría reducir la "competitividad" de los trabajadores hasta en un 20%, por querer estar siguiendo los partidos durante horas laborales. Basándose en ello Arturo Mendicuti, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en México, señala que los patrones deben ser flexibles para permitir a sus empleados ver los partidos, e incluso sugiere instalar televisores en los centros de trabajo. Mejor si los trabajadores se preocupan de la disputa de 11 tipos por un balón, que ocuparse de cuestiones relativas a la relación laboral misma. Una vez preparado el escenario para exacerbar la emoción y el fanatismo, el Presidente de la República viaja a Sudáfrica (con un inmenso equipo al cual también se le cubren gastos del erario público), el día 11 de junio para presenciar el partido inaugural del Mundial. Tan sólo unas horas después de haberse concretado la concesión de la red de fibra óptica al Grupo de Inversores. ¿Tarjeta Roja al gobierno? Una vez más pareciera que se está tratando de desviar la atención de los mexicanos y evitar que la población viera cómo una enorme inversión del Estado pasó de manera muy turbia a manos de unos cuantos capitales privados. Un par de cosas más, sólo por no dejarlas de lado. Desde su llegada a México, Telefónica se ha distinguido por pisotear los derechos de los trabajadores simulando que tiene una relación laboral sana, a través de una organización llamada Sindicato Progresista de Trabajadores de Comunicaciones y Transportes de la República Mexicana. El Sindicato es regenteado por Ramón Gámez Martínez, famoso pederasta(1) que persigue la INTERPOL y a quien algunos conocen como el "Zar de los Contratos de Protección Patronal". Los principales sindicatos globales y la Confederación Sindical Internacional CSI, mantienen una campaña contra los "Contratos Colectivos de Protección Patronal" por considerarlos una práctica bastante arraigada en México que se ha convertido en uno de los atentados más graves a la libertad sindical. Y son precisamente los empleados mexicanos de Telefónica en sus diferentes centros de trabajo que sufren de la falta de representación de ésta inexistente organización, que a su vez permite y encubre los abusos que acomete la empresa, en cuestiones como el no pago de vacaciones, utilidades, horas extras, entre otras. El punto resulta pertinente si recordamos que en campaña electoral Calderón se auto proclamó el "presidente del empleo". Los escasos empleos que ahora están surgiendo -entre ellos los generados por Telefónica en México- carecen de condiciones dignas para los trabajadores, son inestables y no cuentan con seguridad social ni económica. Finalmente, no podemos dejar de lado el flagrante tráfico de influencias que se dio en este caso. Las declaraciones del secretario de Comunicaciones y Transportes en las que manifiesta que "se cumplieron los preceptos contenidos en el artículo 134 de la Constitución sobre honradez, transparencia, eficacia y economía", encubren el turbio manejo del asunto. Con razón se dio la cálida felicitación del Presidente Regional del Telefónica al Presidente Calderón. Pero ¿quién es este hombre tan complacido con las autoridades mexicanas? Este personaje ha sido acusado penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) de México por abuso de autoridad y falsedad de declaraciones en un juicio de amparo; es famoso por haber convocado a una licitación pública para autorizar la prestación de servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados con el despacho aduanero, para meses más tarde y de manera polémica, otorgarle los permisos para operar como agentes aduanales a seis familiares en línea directa e indirecta, de acuerdo con documentos públicos. Este hombre, hoy Presidente Ejecutivo de Telefónica en México y Centroamérica, no es otro que Francisco Gíl Díaz, el mismo que, como ya hemos dicho, sugirió la construcción de la red, ahora concesionada a Telefónica. El mismo que ha sido imputado de utilizar el cargo para ejercer terrorismo fiscal en contra de quienes consideraba sus enemigos, así como de negociar en beneficio del grupo español "Telefónica", que en un periodo gozó de ser la única empresa con Tasa Cero en el cobro de IVA en los servicios de larga distancia internacional. ¿Trágico o cómico? El esquema de "competencia" que se dio en México por la licitación de la fibra óptica de la CFE se torna en una cuestión relevante para la agenda política y económica regional, pues en ella se comienzan a perfilar cuáles serán las tendencias en las que se ubiquen tanto América Móvil de Carso Global Telecom y Telefónica de España, pues ambas están interesadas en la explotación de la Autopista Mesoamericana de la Información. Actualmente el progreso de las negociaciones para saber quien la explotará y en qué tramos se encuentra al 90%. A pesar que el proceso se ha mantenido bajo total discreción, algunas tendencias geográficas se han dejado ver. Por ejemplo, actualmente Managua Nicaragua es la sede de la oficina de administración de la empresa Red Centroamericana de Fibras Ópticas, encargada de la construcción de la AMI, mientras en Guatemala está la Comisión Reguladora y en El Salvador el ente Operador de Vigilancia. Precisamente en un principio el responsable de impulsar la Iniciativa Mesoamericana de Integración de los Servicios de Telecomunicaciones era el Comisionado Presidencial de El Salvador, el ex Viceministro de Relaciones Exteriores, Lic. Eduardo Cálix, quien además coordinaba también el Foro de Altas Autoridades de Telecomunicaciones de la Región. Telón; aplausos. Andrea E. García es colaboradora de CIEPAC, estudió Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autonóma de México. Actualmente radica en San Salvador, El Salvador, donde es parte del equipo del Centro de Estudios y Apoyo Laboral cooperando en programas de investigación y capacitación sobre derechos laborales, con afiliados de diferentes organizaciones sindicales de la región Centroaméricana. Referencias consultadas:
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